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Etiqueta: congreso bc

Diputada Michel Sánchez impulsa exhorto para revisar avances de la Ley Daryela en Baja California

  • A un año de su entrada en vigor, el Congreso solicita informes sobre la capacitación obligatoria en perspectiva de género.

El Congreso del Estado aprobó un exhorto promovido por la diputada Michel Sánchez Allende, mediante el cual se solicita a los Ayuntamientos de Baja California y a la Secretaría de las Mujeres informar sobre los avances en la implementación de la llamada Ley Daryela.

La legislación, publicada en febrero de 2025, establece la capacitación obligatoria y anual en perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres para todas las personas servidoras públicas y quienes prestan servicios profesionales al Estado.

A un año de su entrada en vigor, la legisladora señaló que resulta indispensable conocer el nivel de cumplimiento de esta normativa, particularmente en los gobiernos municipales, a fin de evaluar su efectividad y detectar áreas de oportunidad.

La Ley Daryela busca no solo establecer obligaciones formales, sino transformar la manera en que las instituciones públicas atienden, previenen y erradican la violencia contra las mujeres, incorporando la perspectiva de género y el enfoque interseccional en el ejercicio del servicio público.

De acuerdo con el marco legal vigente, la Secretaría de las Mujeres tiene la responsabilidad de coordinar la estrategia estatal de capacitación, mientras que los Ayuntamientos deben diseñar e implementar sus propios planes de formación, capacitar a su personal, informar avances y garantizar que las nuevas incorporaciones reciban la instrucción correspondiente dentro de los plazos establecidos.

“La capacitación no puede quedarse solo en el papel; necesitamos saber qué se ha hecho, qué falta y cómo mejorar para que esta ley tenga un impacto real en la vida de las mujeres”, enfatizó la diputada promovente.

Con este exhorto, el Congreso de BC busca fortalecer la coordinación interinstitucional, garantizar transparencia y rendición de cuentas, y asegurar que la Ley Daryela se traduzca en acciones concretas que contribuyan a una vida libre de violencia para las mujeres en Baja California.

Avanzan en comisión tres dictámenes que fortalecen la protección infantil y justicia social en Baja California

  • Diputados aprueban reformas que incorporan el bienestar social como principio rector y reconocen la orfandad infantil como condición de atención prioritaria.
  • También se fortalece el marco jurídico para garantizar entornos educativos seguros y libres de violencia.

La Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores del Congreso del Estado avanzó en la consolidación de un marco jurídico orientado a la protección infantil y al desarrollo social, tras aprobar tres proyectos de dictamen que fortalecen la justicia social y garantizan entornos educativos seguros.

Durante la sesión ordinaria, encabezada por la diputada Michelle Tejeda, se avaló la propuesta presentada por la legisladora Dunnia Montserrat Murillo López, mediante la cual se adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley de Desarrollo Social, incorporando el bienestar social como principio rector de las políticas públicas estatales y municipales.

Esta reforma establece que el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas sociales deberán orientarse a la reducción de desigualdades, el acceso efectivo a servicios públicos y la mejora integral de la calidad de vida de la población.

En un segundo dictamen, la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas impulsó la modificación al artículo 5 de la Ley de Asistencia Social del Estado, con el objetivo de reconocer a las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad como sujetos de atención prioritaria, al tratarse de una condición que implica alta vulnerabilidad social, emocional y económica.

Finalmente, se aprobó la iniciativa de la diputada Araceli Gerardo Núñez, que reforma la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estableciendo que el derecho a una educación de calidad debe ejercerse en entornos seguros y libres de violencia, obligando a las autoridades estatales y municipales a prevenir, atender y sancionar cualquier forma de agresión dentro de los centros educativos.

En los trabajos legislativos participaron también las diputadas Mayola Gaona y el legislador Jaime Cantón. Los Dictámenes 13, 14 y 15 continuarán su proceso legislativo para ser sometidos a votación ante el Pleno del Congreso del Estado.

Diputada Tere Ruiz exige acciones urgentes en centros de transferencia de Tecate por riesgos ambientales y de salud

  • El exhorto pide al Alcalde Román Cota, un análisis técnico del nuevo Centro de Transferencia en Paso del Águila para prevenir incendios.
  • Además, se le solicita cumplir el compromiso de rehabilitar el antiguo centro de la colonia Guajardo y destinarlo como zona verde y de esparcimiento.

La diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza presentó un exhorto ante el Pleno del Congreso del Estado de Baja California dirigido al presidente municipal de Tecate, Román Cota Muñoz, para que implemente acciones inmediatas frente a los incendios recurrentes registrados en el nuevo Centro de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos, ubicado en Paso del Águila.

La legisladora advirtió que la situación representa un riesgo directo para la salud pública, la protección civil y el medio ambiente, ya que los siniestros constantes generan contaminación, afectaciones a la población cercana y posibles daños irreversibles al entorno.

En el resolutivo del exhorto se establece la necesidad de realizar estudios técnicos de riesgo por incendios superficiales y subterráneos, una evaluación del impacto ambiental y a la salud, así como un diagnóstico integral de operación y manejo de residuos, con el fin de implementar medidas correctivas que eviten la recurrencia de los siniestros.

Asimismo, Ruiz Mendoza solicitó al Alcalde de Tecate cumplir con el compromiso público de rehabilitar el antiguo centro de transferencia de la colonia Guajardo y destinarlo como un espacio verde y de esparcimiento, mediante un proyecto de saneamiento y recuperación ambiental que beneficie directamente a las familias de la zona.

La propuesta también contempla una coordinación efectiva con instancias estatales como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Coordinación Estatal de Protección Civil, para brindar acompañamiento técnico en la atención y prevención de incendios, garantizando transparencia y rendición de cuentas.

Durante la exposición de motivos, se recordó que el nuevo centro de transferencia fue inaugurado como una solución sustentable con capacidad de hasta cuatro mil toneladas mensuales; sin embargo, actualmente presenta deficiencias operativas, quema recurrente de residuos y falta de infraestructura adecuada para un manejo ambiental responsable.

“Este llamado institucional es una exigencia ciudadana para que Tecate cuente con espacios seguros, limpios y dignos, y para que se priorice la protección de la salud de las personas sobre cualquier omisión administrativa”, subrayó la diputada.

El exhorto fue aprobado por unanimidad por las diputaciones presentes, con el respaldo particular de las legisladoras Maythé Méndez, Araceli Geraldo y del diputado Beto Valle, quienes coincidieron en la urgencia de atender los riesgos ambientales y de salud que enfrenta la población de Tecate.

Congreso de BC pide a alcaldesa de Mexicali entregar contrato del Teatro Lux donde opera el Registro Civil

  • Diputaciones aprueban exhorto unánime para garantizar transparencia en el arrendamiento del inmueble donde ofrece servicio el Registro Civil.

El Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, para que cumpla con el compromiso adquirido ante el Pleno y remita copia auténtica del contrato de arrendamiento del inmueble conocido como Teatro Lux, donde actualmente operan las oficinas del Registro Civil.

Durante la sesión, la diputada Yohana Gilvaja, promotora del exhorto, subrayó que el Registro Civil es una institución por la que transita la vida jurídica de todas las personas, por lo que resulta indispensable que exista certeza sobre la sede en la que se prestan sus servicios y las condiciones legales bajo las cuales se ocupa el inmueble.

La legisladora petista recordó que el compromiso de entregar el contrato fue asumido públicamente por la presidenta municipal durante su comparecencia ante esta soberanía, sin que hasta la fecha se haya cumplido, lo que hace necesario que el Congreso exija formalmente la entrega del documento.

Gilvaja destacó que las instalaciones deben ser funcionales, cómodas y accesibles para la ciudadanía, y que contar con la información contractual permitirá conocer con claridad los términos del arrendamiento, así como verificar que se trate de una decisión administrativa adecuada y transparente.

Asimismo, recordó que el Poder Legislativo ha impulsado medidas para fortalecer el acceso a los servicios del Registro Civil, como la gratuidad en el levantamiento del acta de nacimiento y el primer atestado, por lo que resulta coherente exigir también claridad en la administración de los espacios donde se brindan dichos servicios.

Con la aprobación de este exhorto, el Congreso de BC busca garantizar que la presidenta municipal cumpla con lo prometido y remita la documentación correspondiente, reafirmando que la rendición de cuentas y la transparencia son principios fundamentales para el ejercicio responsable del gobierno.

¡No los dejaron ni entrar! Recibe Michel Sánchez a extrabajadores de Autolite y va contra empresas “golondrinas”

  • Las y los afectados relataron que encontraron las puertas cerradas y se les negó el acceso a su centro de trabajo, sin previo aviso ni acompañamiento institucional.

La diputada Liliana Michel Sánchez Allende recibió en el Congreso del Estado a 51 extrabajadores de Autolite, quienes denunciaron haber sido despedidos sin indemnización ni notificación formal tras el cierre repentino de la planta en enero.

Durante el encuentro en la Sala Mujeres de Baja California: Forjadoras de la Patria, las y los afectados relataron que encontraron las puertas cerradas y se les negó el acceso a su centro de trabajo, sin previo aviso ni acompañamiento institucional.

Entre las personas afectadas hay trabajadores con antigüedad de seis meses hasta 21 años, además de casos con más de 30 años de servicio. La mayoría tiene entre 48 y 70 años, lo que dificulta su reinserción laboral ante la falta de alternativas inmediatas.

La legisladora subrayó que el caso evidencia la necesidad de fortalecer el marco legal y recordó que en el Congreso se impulsa la “Ley antigolondrinas”, una reforma al Código Penal que busca tipificar como delito el cierre repentino de empresas, el impago de salarios y el abandono laboral.

Michel Sánchez se comprometió a gestionar apoyos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo, además de coordinarse con la Secretaría de Economía e Innovación y la Secretaría de Bienestar para generar oportunidades laborales y respaldar proyectos de emprendimiento.

Finalmente, hizo un llamado a mantener la unidad y fortalecer la organización colectiva, independientemente de que los casos se judicialicen por la vía pública o privada, al considerar que el acompañamiento institucional es clave para defender los derechos laborales en Baja California.

Legisladores exigen esclarecer hechos vinculados a la Guardia Nacional en Tijuana, Baja California

  • Demandan a los distintos órdenes acciones inmediatas para garantizar transparencia y depuración en los cuerpos de seguridad.
  • El 4 de febrero, uniformados irrumpieron el domicilio particular de una familia en la ciudad de Tijuana, Baja California.

El Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto para exigir el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el municipio de Tijuana, donde sujetos armados con uniformes de la Guardia Nacional irrumpieron de manera violenta en el domicilio de una familia de médicos en el fraccionamiento Chapultepec.

Desde tribuna, el diputado Jorge Ramos Hernández advirtió que este tipo de hechos representan una señal de alerta para la seguridad pública, ya que recuerdan episodios del pasado en los que grupos delictivos actuaban bajo la apariencia de autoridades. Subrayó que no se puede permitir que el miedo vuelva a dominar a las familias tijuanenses.

El legislador señaló que los hechos registrados la madrugada del 4 de febrero no deben considerarse aislados, ya que podrían evidenciar riesgos de infiltración del crimen organizado en corporaciones encargadas de brindar seguridad.

En ese sentido, Jorge Ramos afirmó que ninguna estrategia de paz puede sostenerse sin procesos reales de “depuración y moralización institucional”.

Aunque reconoció los esfuerzos sociales del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el diputado puntualizó que estos no serán suficientes si existe la posibilidad de que los cuerpos de seguridad estén vulnerados por intereses criminales.

Como resultado del debate, el Pleno acordó enviar un exhorto a la Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos; al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; y al Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Baja California, David Morales Hernández, para que informen sobre los avances de las investigaciones y las medidas adoptadas.

Finalmente, Jorge Ramos anunció que presentará una iniciativa para crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de los Cuerpos de Seguridad de Baja California, con el objetivo de contar con una instancia autónoma que investigue, prevenga y sancione la infiltración del crimen en las corporaciones encargadas de proteger a la ciudadanía.

Congreso de BC aprueba deuda pública para desaladora sin aumentar tarifa de agua en Tijuana, Ensenada y Rosarito

  • De acuerdo con legisladores, el financiamiento de la planta desalinizadora en Rosarito no impactará en las tarifas de los servicios públicos de la Zona Costa y será supervisado por las comisiones legislativas de Hacienda y Fiscalización.
  • El plazo máximo autorizado para el pago de la deuda será de hasta 30 años.

El Congreso de Baja California aprobó el Dictamen No. 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo estatal a gestionar y contratar deuda pública destinada a inversión pública productiva, como la construcción de la Desaladora de Rosarito, con el objetivo de garantizar el abasto de agua en la zona costa.

La iniciativa fue avalada con 19 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, incorporando una adenda presentada por la diputada Julia Andrea González Quiroz, presidenta de la Comisión dictaminadora, para fortalecer el contenido de diversos artículos del decreto.

Asimismo, se aprobó una reserva al artículo quinto, propuesta por el diputado Juan Manuel Molina García, en la que se establece que el servicio de la deuda no tendrá impacto en las tarifas de las Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada.

El legislador explicó que el financiamiento se cubrirá con un porcentaje de los ingresos derivados del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (Impuesto sobre Nómina), con el fin de no afectar la economía de las familias bajacalifornianas, reiterando el compromiso del grupo parlamentario de Morena de mantener estables las tarifas de los servicios básicos.

De acuerdo con el decreto, el Gobierno de Baja California, a través de la Secretaría de Hacienda, podrá contratar uno o varios financiamientos con instituciones del sistema financiero mexicano, siempre bajo las mejores condiciones de mercado y dentro de los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

El plazo máximo autorizado para el pago de la deuda será de hasta 30 años, con la posibilidad de establecer un periodo de gracia de hasta 36 meses, contados a partir de la primera disposición de los recursos o desde la celebración de los contratos correspondientes.

Finalmente, el Congreso de BC también aprobó un acuerdo para que la Secretaría de Hacienda rinda informes semestrales sobre la aplicación de los recursos, mientras que las comisiones de Fiscalización del Gasto Público y de Hacienda y Presupuesto serán las encargadas de dar seguimiento permanente al uso del financiamiento, hasta la liquidación total de las obligaciones adquiridas.

Diputada denuncia presunto intento de reclutamiento para prostitución en secundaria de Tijuana

  • La legisladora del PT, Yohana Gilvaja exhortó a autoridades educativas y de procuración de justicia a coordinar acciones urgentes para prevenir y sancionar la trata de menores en Baja California.

En sesión de Pleno, la diputada Yohana Gilvaja expuso la gravedad de un caso registrado en la Escuela Secundaria No. 6 Ignacio Zaragoza, en Tijuana, donde presuntamente alumnas intentaron reclutar a otra estudiante para prostituirse, supuestamente mediante hostigamiento y acoso dentro del plantel.

La legisladora subrayó que, si bien Baja California busca consolidar oportunidades educativas para niñas, niños y adolescentes, la vocación social del gobierno también debe reflejarse en la protección de la niñez frente a amenazas que vulneran su libertad sexual, integridad personal y desarrollo.

Advirtió que este hecho no es aislado, sino parte de un patrón observado en regiones con crisis de seguridad, violencia y pobreza, como Cancún y Acapulco, y que ahora comienza a manifestarse en Tijuana.

Aunque la dirección del plantel actuó de manera inmediata al dar de baja a las alumnas involucradas, la diputada señaló que la medida resulta insuficiente, pues existe la presunción de que detrás del caso hay redes dirigidas por adultos.

En ese sentido, exhortó a la Fiscalía General del Estado a investigar a los autores intelectuales, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la policía cibernética, a rastrear los mecanismos de captación y las comunicaciones relacionadas.

Finalmente, Yohana Gilvaja llamó a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Educación a coordinar acciones inmediatas de prevención y combate a la trata de menores, y propuso que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad implemente un programa preventivo en zonas de alto riesgo. La propuesta recibió respaldo de diversas fuerzas políticas en la XXV Legislatura, al reconocerse la urgencia y delicadeza del tema.

Congreso declara Benemérita a la Escuela Secundaria Magisterio No. 18 de Mexicali

  • El reconocimiento destaca casi 65 años de trayectoria educativa, formación cívica y servicio ininterrumpido a generaciones de estudiantes del oriente de la ciudad.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó declarar como Benemérita a la Escuela Secundaria Magisterio No. 18 de Mexicali, en reconocimiento a su mérito, trayectoria y aportación a la formación académica y cívica de miles de estudiantes durante casi 65 años de servicio ininterrumpido.

La iniciativa fue presentada por la diputada María Yolanda Gaona Medina, quien destacó que esta institución ha fomentado de manera constante el civismo y el respeto por los símbolos patrios, particularmente a través de su escolta y banda de guerra, que se han convertido en referentes dentro del sistema educativo estatal.

En su exposición, la legisladora subrayó que el plantel ha impulsado valores fundamentales como la disciplina, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la concentración y la perseverancia, herramientas que acompañan a las y los alumnos no solo en su formación académica, sino también en su desarrollo personal.

Como antecedente histórico, se recordó que la escuela inició operaciones en septiembre de 1960, cuando un grupo de docentes buscó establecer una secundaria en el oriente de Mexicali, una zona que en ese entonces carecía de opciones educativas de este nivel, lo que representó una oportunidad clave para cientos de jóvenes de la región.

Ubicada en las calles República de Ecuador y Salvador Díaz Mirón, en la colonia Alamitos, la secundaria se consolidó como un pilar educativo para la comunidad, atendiendo durante décadas a generaciones de estudiantes que encontraron en este plantel un espacio de formación integral.

El Dictamen No. 78 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales fue aprobado por 19 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, estableciendo además que se realicen las gestiones administrativas ante la Secretaría de Educación para formalizar el nuevo nombre de la institución en todos los documentos y registros oficiales.

Con esta declaratoria, el Congreso del Estado reconoce la aportación histórica de la Benemérita Escuela Secundaria Magisterio No. 18, como una institución que ha marcado de manera positiva el desarrollo educativo y social de Mexicali.

Plantean implementar programa de salud mental en escuelas de educación básica en Baja California

  • La iniciativa de la diputada Montse Murillo busca que la Secretaría de Salud establezca atención psicológica en planteles como medida preventiva ante la violencia y el rezago social.

La diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa para que la Secretaría de Salud de Baja California implemente un programa de salud mental en los planteles de educación básica, con el objetivo de atender problemáticas emocionales en la niñez y adolescencia.

De acuerdo con la legisladora, la inversión en bienestar psicológico representa una estrategia de seguridad pública y cohesión social a largo plazo, ya que la falta de atención oportuna en la infancia se traduce en la vida adulta en conductas antisociales, deserción escolar y baja productividad.

La propuesta plantea que, además de identificar casos, se establezcan protocolos claros de canalización inmediata hacia servicios especializados, con el fin de eliminar barreras burocráticas que actualmente limitan el acceso a atención profesional.

Montse Murillo destacó que la implementación de este programa permitiría consolidar una coordinación técnica entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, posicionando a Baja California como un referente en la garantía de derechos integrales de la niñez.

Datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) señalan que uno de cada siete niños y adolescentes en México vive con un trastorno mental diagnosticable, lo que confirma que la salud mental infantil es una crisis de salud pública que requiere atención urgente.

La iniciativa de reforma a la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California fue turnada a la comisión legislativa correspondiente para su análisis.