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120 iniciativas: Diputados locales de PAN presente su Primer Informe de Actividades Legislativas

  • Las diputadas María Yolanda Gaona, Alejandrina Corral y el diputado Diego Echevarría presentaron 120 iniciativas, 60 proposiciones y 16 posicionamientos.

Las diputadas María Yolanda Gaona Medina, Santa Alejandrina Corral Quintero y el diputado Diego Echevarría Ibarra, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) de la XXV Legislatura del Congreso de Baja California, presentaron su Primer Informe de Actividades Legislativas, al que asistió la presidenta estatal, Lizbeth Mata Lozano.

Durante el informe, los legisladores destacaron su asistencia a 50 sesiones del Pleno del Congreso, la presentación de 120 iniciativas, 60 proposiciones y 16 posicionamientos, su participación en más de 180 debates legislativos, la asistencia a 152 sesiones de trabajo en diferentes comisiones y, en apoyo a las familias bajacalifornianas, la entrega de más de 140 mil apoyos de primera necesidad.

La diputada María Yolanda Gaona, representante del segundo distrito local, subrayó que su mayor prioridad es estar cerca de la gente, recorrer las colonias y atender diversas problemáticas. “Sabemos que la mejor forma de representarlos es estar en territorio. Hemos avanzado en temas laborales, del campo, seguridad, salud y servicios públicos, entre otros”, indicó.

Por su parte, la diputada Alejandrina Corral, del tercer distrito local, destacó que el trabajo de Acción Nacional se basa en el compromiso cívico con la ciudadanía y la convicción de servir con responsabilidad. “Rendir cuentas no es sólo un trámite legal, es un acto de respeto hacia quienes depositaron en nosotros su esperanza y su voto”, expresó. Además, mencionó que ha presentado iniciativas en salud, seguridad, educación y derechos humanos, y que su compromiso social continúa recorriendo calles y colonias para apoyar a quienes más lo necesitan.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, diputado Diego Echevarría, del cuarto distrito local, señaló que “hemos hecho de la calle nuestra oficina principal, escuchando las necesidades de las familias y proponiendo soluciones concretas y viables, lo que se refleja en nuestro trabajo legislativo”. Añadió que la meta sigue siendo la misma: “que el orden y la paz vuelvan a las comunidades, manteniendo la política al servicio de la gente”.

En su intervención, la dirigente estatal Lizbeth Mata reconoció la labor de los diputados, tanto en el Congreso como en territorio, y su acompañamiento a la ciudadanía mediante gestiones sociales y apoyos, “cada uno hace su trabajo, pero bajo la coordinación de la fracción parlamentaria, se logra que la voz de todos se escuche en el Congreso”.

El evento se realizó en la sede del Teatro del Estado en Mexicali, con la participación de la Escolta y banda de guerra de la escuela secundaria Francisco Zarco #1, turnos matutino y vespertino, así como de la banda de guerra de la escuela secundaria número 96 Héroes del Agrarismo.

Entre los asistentes destacaron el Director Nacional de Elecciones del PAN, Ricardo García, la diputada local Tere Ruiz Mendoza, el diputado Humberto Valle Ballesteros, el secretario del Ayuntamiento de Mexicali Rodrigo Llantada, regidores del PAN de Mexicali Gustavo Magallanes y Rude García, de Ensenada Adrián García, de San Quintín Gabriel Soria, así como militantes y ciudadanía, quienes dieron testimonio del trabajo realizado por los legisladores durante su primer año de gestión.

Aprueba Congreso nueva Ley de Justicia Alternativa en Baja California

  • La XXV Legislatura avaló por unanimidad un nuevo marco legal que permitirá resolver conflictos de forma más rápida, accesible y con menor costo para la ciudadanía.
  • La iniciativa fue presentada por Alejandro Isaac Fragozo, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y promover la solución de conflictos mediante mecanismos más ágiles, flexibles y cercanos a la ciudadanía.

La iniciativa fue presentada por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López, quien expuso que este nuevo ordenamiento permitirá fomentar la cultura del diálogo y la negociación, reduciendo tiempos y costos en procedimientos relacionados con materias civil, familiar, mercantil y laboral.

De acuerdo con los argumentos expuestos, la nueva legislación garantiza el derecho de las personas al acceso efectivo a la justicia, da cumplimiento a la reforma constitucional de 2008 que prevé los mecanismos alternativos de solución de controversias, y armoniza el marco estatal con la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada en 2024.

El autor recordó que Baja California ha sido entidad pionera en esta materia, al contar desde 2007 con una Ley de Justicia Alternativa y con sedes en Mexicali, Tijuana y Ensenada, así como servicios en juzgados de Tecate, Playas de Rosarito y de forma gradual en San Felipe y San Quintín.

La nueva Ley de Justicia Alternativa se integra por 147 artículos ordinarios, distribuidos en 11 capítulos y acompañados de 12 disposiciones transitorias, lo que la convierte en un ordenamiento robusto y actualizado.

Además, el nuevo marco normativo visibiliza a las personas indígenas y afromexicanas, al reconocer mecanismos para la resolución de conflictos en ámbitos administrativos, comunitarios y escolares, respetando los derechos humanos y la normatividad aplicable.

Con esta aprobación unánime, el Congreso del Estado consolida a Baja California como referente nacional en justicia alternativa, alineando su legislación con los parámetros federales y fortaleciendo un modelo de justicia más eficiente, incluyente y cercano a la sociedad.

Piden esclarecer donación de predios escolares ante incertidumbre en San Quintín

  • El Congreso exhorta a autoridades estatales y municipales a transparentar la situación jurídica de los terrenos de la Secundaria General No. 212 para brindar certeza a la comunidad estudiantil.

El Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Educación de Baja California y al Ayuntamiento de San Quintín a informar de manera clara y documentada sobre la donación y posible reversión de los predios vinculados a la Secundaria General No. 212, con el fin de brindar certeza a estudiantes, docentes y familias.

De acuerdo con la proposición presentada por las diputaciones Dunnia Montserrat Murillo López y Juan Manuel Molina García, la problemática se origina en actos administrativos realizados durante administraciones municipales pasadas, cuando San Quintín aún formaba parte del municipio de Ensenada, que habrían modificado el destino original del terreno donado para uso educativo.

La diputada Montserrat Murillo señaló que la educación no puede estar sujeta a dudas o disputas administrativas, por lo que es indispensable que las autoridades responsables proporcionen información oficial y verificable sobre la situación jurídica del predio, a fin de garantizar su uso en beneficio de la comunidad escolar.

Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina advirtió que la indefinición ha generado alarma social y movilizaciones de padres de familia, docentes y vecinos, quienes demandan certeza sobre la permanencia de la escuela y la continuidad del servicio educativo.

El exhorto aprobado solicita a la Secretaría de Educación de Baja California, encabezada por Irma Martínez Manríquez, así como a la alcaldesa de San Quintín, Miriam Elizabeth Cano Núñez, transparentar los antecedentes legales del predio y, en su caso, informar sobre posibles procesos de reversión o regularización.

Las y los integrantes de la XXV Legislatura coincidieron en que el acceso a la educación debe estar protegido frente a conflictos administrativos, por lo que subrayaron la necesidad de una solución que garantice seguridad jurídica, rendición de cuentas y confianza para la comunidad estudiantil del municipio.

Propone Diputado Molina García blindar la autonomía sindical en Baja California

  • Iniciativa busca eliminar prácticas de injerencia patronal y garantizar la libertad de asociación en el servicio público.
  • El decreto obliga a las entidades federativas a adecuar su marco jurídico para proteger la autonomía sindical en el ámbito del servicio público.

El diputado Juan Manuel Molina García presentó una iniciativa de reforma para fortalecer la autonomía sindical y garantizar la libertad de asociación de las y los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios de Baja California, mediante la adición de un artículo 69 Bis a la Ley del Servicio Civil y un artículo 51 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Durante la exposición de motivos, el legislador señaló que el país atraviesa un proceso de transformación en sus relaciones laborales, orientado a consolidar un modelo de democracia sindical, basado en la participación libre y auténtica de las y los trabajadores. En ese sentido, subrayó que la libertad de asociación, establecida en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye no solo un derecho laboral, sino también un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La propuesta legislativa tiene como finalidad erradicar prácticas históricas de injerencia patronal y gubernamental en la vida interna de las organizaciones sindicales, garantizando que estas puedan redactar sus estatutos, elegir libremente a sus dirigentes y definir sus programas de acción sin interferencia de las autoridades públicas.

Molina García explicó que la iniciativa responde al mandato de armonización normativa derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2025, el cual obliga a las entidades federativas a adecuar su marco jurídico para proteger la autonomía sindical en el ámbito del servicio público.

El diputado destacó que con estas reformas se busca asegurar que los procesos internos de elección sindical se realicen mediante voto personal, libre, directo y secreto, fortaleciendo la representación legítima de las organizaciones gremiales y evitando presiones o condicionamientos por parte de las autoridades.

Finalmente, indicó que la propuesta pretende consolidar en Baja California un sindicalismo autónomo, democrático y representativo, que garantice la defensa efectiva de los derechos laborales y contribuya a relaciones de trabajo más justas y equilibradas dentro del sector público.

Diputado plantea educación flexible para niños con enfermedades crónicas

  • El diputado Ramón Vázquez presentó una iniciativa para que puedan seguir estudiando sin rezagos ni exclusión, mediante esquemas educativos flexibles.

Ante el aumento de enfermedades crónicas entre la población infantil, el Congreso de Baja California analiza una iniciativa que busca evitar que la salud sea un obstáculo para que niñas, niños y adolescentes continúen con su formación escolar.

La propuesta fue presentada por el diputado Ramón Vázquez Valadez, quien planteó modificar el Artículo 39 de la Ley de Educación del Estado para asegurar que estudiantes con padecimientos prolongados cuenten con trayectorias educativas continuas, sin discriminación ni rezagos académicos.

El planteamiento incluye modalidades educativas flexibles, apoyos pedagógicos y una mayor coordinación entre educación y salud, con el objetivo de que las escuelas estén preparadas para atender a estudiantes que, por su condición médica, no siempre pueden seguir un esquema tradicional de asistencia.

De acuerdo con lo expuesto, Baja California registra un incremento sostenido de padecimientos como diabetes, hipertensión, asma y enfermedades autoinmunes en edades cada vez más tempranas, una realidad que ha puesto presión sobre el modelo educativo actual.

El legislador señaló que la escuela es un espacio clave para el desarrollo social y emocional de la niñez, por lo que limitar el acceso educativo por motivos de salud profundiza brechas y afecta el derecho a la educación.

Con esta reforma, se busca avanzar hacia un sistema de educación inclusiva, donde el bienestar físico, emocional y académico de las y los estudiantes sea atendido de forma integral, alineado con los principios de equidad e interés superior de la niñez.

Aprueban desincorporar predios para vivienda social y servicios del Banco del Bienestar

  • La Comisión de Hacienda avaló la desincorporación de predios estatales para destinarlos al INFONAVIT e INDIVI y a la instalación de servicios bancarios del Banco del Bienestar.

En sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto (CHyP), presidida por la diputada Julia Andrea González Quiroz, las diputaciones integrantes aprobaron tres proyectos de dictamen con el objetivo de desincorporar diversos predios del patrimonio de dominio público del Estado, para destinarlos a programas de vivienda social y a la prestación de servicios bancarios a personas beneficiarias de programas sociales.

El Dictamen No. 124 corresponde a la iniciativa de decreto para desincorporar un predio ubicado en la colonia Chula Vista, en el municipio de Playas de Rosarito, e incorporarlo al patrimonio privado del Estado, con el fin de enajenarlo de manera gratuita a favor del Banco del Bienestar.

De acuerdo con lo expuesto, este proyecto tiene como propósito ofrecer servicios bancarios directos a las personas beneficiarias de programas sociales y eliminar el uso de efectivo en la dispersión de recursos públicos. Tras cumplir con los requisitos de procedencia establecidos en la Ley General de Bienes del Estado, el dictamen fue aprobado por siete votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

Posteriormente, se avaló el Dictamen No. 125, relativo a la desincorporación de cuatro predios ubicados en el municipio de Mexicali, para ser destinados al INFONAVIT, a fin de que sean utilizados para brindar acceso a vivienda a la población en rezago habitacional y marginada, conforme a los lineamientos del Programa Estatal de Vivienda 2022-2027.

Este proyecto fue aprobado por unanimidad, con siete votos a favor, incorporando precisiones propuestas por el diputado Juan Manuel Molina García y por el representante de la Consejería Jurídica del Estado, Fernando Velardez.

Asimismo, se aprobó el Dictamen No. 126, correspondiente a la iniciativa para desincorporar el lote identificado como resto del predio del Lote 3, Manzana 7, ubicado en el fraccionamiento Granjas Los Arcos, en el municipio de Tecate, con el fin de enajenarlo gratuitamente a favor del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI).

El objetivo de esta acción es que el instituto realice las gestiones técnicas y jurídicas necesarias para proveer patrimonio a la ciudadanía que cumpla con los requisitos establecidos en su normatividad. Este dictamen también fue aprobado por unanimidad, con algunas precisiones derivadas de su análisis.

En la sesión participaron, además de la diputada Julia Andrea González Quiroz, las diputaciones Juan Manuel Molina, Alejandra Ang, Jaime Cantón, Alejandrina Corral, Adriana Padilla y la presidenta del Congreso, Michel Sánchez.

Asimismo, se contó con la asistencia del Auditor Superior del Estado, Arnulfo Zárate Chávez; del representante de la Subsecretaría de Gobierno, Luis Alonso López, y del representante de la Consejería Jurídica del Estado, Fernando Velardez.

Propone Fidel Mogollón fortalecer sanción a la extorsión digital en Baja California

  • La iniciativa busca precisar el delito de extorsión cuando se comete mediante medios digitales y reforzar la protección jurídica de las víctimas.

Con el objetivo de fortalecer el marco legal frente a las nuevas modalidades de extorsión que se cometen a través de entornos digitales, el diputado Fidel Mogollón Pérez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California para precisar y robustecer la regulación de este delito cuando se realiza mediante medios electrónicos y tecnológicos.

El legislador expuso que la extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social, por lo que resulta indispensable adecuar el derecho penal a la realidad tecnológica actual, a fin de cerrar espacios de impunidad y dotar a las instituciones de herramientas claras y eficaces para su investigación y sanción.

Recordó que en 2025 el Congreso del Estado aprobó una reforma integral en materia de extorsión, la cual fortaleció el tipo penal y armonizó la legislación local con el marco jurídico nacional; sin embargo, advirtió que la migración de este delito hacia plataformas digitales ha generado nuevas formas de victimización que requieren un tratamiento normativo más preciso.

Entre las conductas que han cobrado mayor relevancia se encuentran la extorsión telefónica, la “sextorsión”, la suplantación de identidad digital, las amenazas mediante redes sociales, el uso indebido de datos personales y los secuestros virtuales, prácticas que generan afectaciones patrimoniales, psicológicas y emocionales de especial gravedad.

Mogollón Pérez señaló que, si bien el Código Penal vigente contempla el uso de medios electrónicos como circunstancia agravante, esta previsión resulta general y no desarrolla de manera expresa las características propias de la extorsión cometida en entornos digitales ni sus particularidades frente a las modalidades tradicionales.

La iniciativa plantea definir de forma expresa cuándo la extorsión se considera cometida mediante medios digitales y adicionar supuestos agravantes específicos, como el uso de datos personales o contenidos íntimos, la suplantación de identidad, la reiteración sistemática de la conducta y la afectación directa a actividades comerciales o productivas.

Finalmente, el legislador precisó que la propuesta no crea un nuevo delito ni modifica la pena base, sino que reforma el Artículo 224 BIS del Código Penal estatal, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica, facilitar la investigación del delito y reforzar la protección de las víctimas, sin generar impacto presupuestal ni invadir competencias federales.

Comisión de Gobernación aprueba nueva Ley de Justicia Administrativa y amplía derechos ciudadanos

  • Las nuevas disposiciones fortalecen la justicia administrativa en Baja California, amplían la participación ciudadana y reconocen nuevas garantías en materia de derechos humanos.
  • Además, se institucionalizan fechas conmemorativas contra la violencia vicaria y la manipulación coercitiva.

En sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se aprobaron por unanimidad diversos dictámenes que reforman el marco constitucional y legal del Estado, así como nuevas disposiciones de carácter social y simbólico orientadas a fortalecer los derechos ciudadanos.

Entre los asuntos destacados se encuentra la aprobación del dictamen que crea la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Baja California, impulsada por el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, con el objetivo de consolidar un sistema especializado para la resolución de controversias entre particulares y autoridades administrativas.

De acuerdo con lo expuesto, esta nueva legislación fortalece el acceso a la justicia y la tutela efectiva de derechos, al establecer procedimientos claros y un marco jurídico específico para la atención de conflictos en materia administrativa.

Asimismo, se norman mecanismos alternativos para la solución de disputas sin necesidad de acudir a juicio, siempre que los derechos involucrados sean negociables y no se encuentren legalmente restringidos, lo que permitirá agilizar procesos y reducir cargas administrativas.

En el ámbito social, se aprobó la iniciativa de la diputada Michel Sánchez para instituir el 11 de mayo como “Día Estatal contra la Violencia Vicaria” y el 26 de julio como “Día Estatal en conmemoración a las personas sobrevivientes de Manipulación Coercitiva”, con el propósito de visibilizar formas de violencia que generan graves afectaciones emocionales, familiares y sociales.

También fue dictaminada como favorable la propuesta de la misma legisladora para remitir al Congreso de la Unión una reforma a la Ley Federal del Trabajo, a fin de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las autoridades laborales de las entidades federativas emitan un modelo de protocolo que establezca los elementos mínimos para la prevención, atención y búsqueda de personas en los centros de trabajo y sus alrededores.

A iniciativa de la diputada Araceli Geraldo Núñez, se aprobaron reformas al Artículo 5 de la Constitución Política del Estado y al Artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana, incorporando los principios de accesibilidad, inclusión, interculturalidad, no discriminación y perspectiva de género como ejes rectores de la participación ciudadana.

Por su parte, la diputada Mayola Gaona presentó la reforma al Artículo 8 de la Constitución Estatal, cuyo dictamen resultó favorable, con el objetivo de fortalecer y ampliar los derechos de niñas, niños y adolescentes en Baja California, reconociendo su derecho a la interculturalidad, inclusividad, participación, opinión e igualdad.

En materia de derechos humanos, la diputada Alejandrina Corral impulsó la reforma al Artículo 7, apartado E, de la Constitución Política del Estado, estableciendo expresamente el derecho de toda persona a ser buscada en casos de desaparición forzada, cometida por particulares u otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, imponiendo al Estado la obligación de garantizar acciones de búsqueda, localización e identificación.

Finalmente, se avaló la propuesta para declarar como Benemérita a la Escuela Secundaria Magisterio No. 18, ubicada en el municipio de Mexicali, en reconocimiento a su trayectoria educativa y su compromiso con la formación docente.

En los trabajos legislativos participaron el presidente de la Comisión, diputado Juan Manuel Molina García, junto con las diputadas Alejandra Ang, Michel Sánchez, Maythé Méndez, Daylín García y el diputado Diego Echevarría, quienes respaldaron con su voto los dictámenes aprobados.

Rinde su primer informe de labores legislativas la diputada Evelyn Sánchez Sánchez

  • Destacó la creación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y la incorporación de las Fiscalías Regionales de SF y SQ

Ante funcionarios estatales y municipaleslíderes empresarialesbarras de abogados y miembros de los pueblos y comunidades indígenas de Baja California, la diputada local de Morena, Evelyn Sánchez Sánchez, rindió su Primer Informe de Actividades Legislativas, en el que destacó la creación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas, así como la incorporación de las Fiscalías Regionales de San Felipe y San Quintín.

Durante el periodo que se informa, la legisladora ha presentado 27 iniciativas, todas enfocadas en fortalecer el marco jurídico de Baja California, garantizar los derechos, promover la inclusión, la transparencia, el desarrollo sostenible y proteger a quienes históricamente habían sido olvidados.
“Con estos resultados en materia de los pueblos indígenas y afromexicanos, pasamos de la exclusión histórica al reconocimiento jurídico, porque un país que no escucha a sus pueblos originarios pierde su raíz”.

En su calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la diputada actualizó el nombre de la Comisión, impulsó la creación de la Unidad Técnica de Consultas, encargada de llevar a cabo las consultas previas, libres e informadas, para que ninguna decisión que afecte a las comunidades sea tomada sin escuchar su voz.
Promovió también una reforma integral a la Ley de Entrega y Recepción para que los procesos en el gobierno sean públicos, claros y con lenguaje incluyente.

“Este informe es un compromiso renovado, seguiré legislando con convicción, con enfoque de género y derechos humanos, trabajando en el territorio de Baja California para que nadie se quede atrás”, dijo la representante popular.

Entre otros temas, resaltó el trabajo en reformas a la Ley de Personas con Discapacidad, para ampliar sus derechos y garantizar su accesibilidad, incluyendo a personas de talla baja; el fortalecimiento de la Ley de Atención y Protección a Personas con Autismo, y la creación de la Ley de Protección a Madres Solteras Jefas de Familia, para que el Estado garantice su atención preferencial.

En materia de seguridad, impulsó reformas al Código Penal estatal para tipificar la violencia en espectáculos, sancionar las agresiones físicas o verbales en eventos masivos, reforzar las penas por extorsión agravada, reconocer la violencia química en contra de las mujeres y retirar la licencia de conducir a quienes reincidan en manejar bajo los efectos del alcohol o drogas.

Previo al informe de la diputada local, se realizó un ritual de purificación mixteco de San Miguel el Grande, a cargo de Silvia Ramírez CuevasJosefina CuevasCirenia Ramírez y Felicitas Aparicio, con el fin de visibilizar a las comunidades indígenas.

Al evento asistieron las diputadas Gloria Miramontes Plantillas y Angélica Peñaloza Escobedo, los diputados Ramón Vázquez Valadez y Fidel Mogollón Pérez; así como del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Administración, el Magistrado Carlos Alberto Ferré, la Subsecretaria de Derechos Humanos estatal, Melba Adriana Olvera, la Directora General de CEJUMMagdalena Bautista, el titular de la oficina de representación INPI Baja CaliforniaElías Espinoza, así como RegidorasRegidores, representantes de la Guardia Nacional y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

También se contó con la presencia del Presidente de la Asociación Oaxaqueña de MexicaliPablo Vázquez, y del representante y presidente autoridad tradicional triqui de la Colonia Nuevo San Juan Copala, municipio de San QuintínAntonio de Jesús López, entre otros.

Diputada propone reducir el Impuesto Sobre Nómina en Baja California

  • La diputada Mayola Gaona Medina presentó una iniciativa para disminuir el Impuesto sobre Remuneración al Trabajo Personal del 4.25 al 3.50 por ciento.

La diputada Mayola Gaona Medina presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado, enfocada en reducir la tasa del Impuesto sobre Remuneración al Trabajo Personal, también conocido como Impuesto Sobre Nómina, del 4.25 al 3.50 por ciento.

La propuesta fue turnada a la comisión legislativa correspondiente para su análisis y dictaminación. De acuerdo con la legisladora, una menor carga impositiva en la nómina permitiría a las empresas contar con mayores recursos para inversión, innovación y expansión, además de fortalecer la formalización del empleo en Baja California.

En su exposición de motivos, Gaona Medina recordó que durante 2025 representantes del sector empresarial manifestaron públicamente la necesidad de reducir este impuesto hasta el 3 por ciento. Aunque la iniciativa no contempla dicha cifra, la diputada consideró que la reducción propuesta generaría beneficios similares, aunque en menor escala, con impacto positivo para la economía estatal.

La legisladora señaló que esta medida busca un equilibrio entre la recaudación pública y el impulso al desarrollo económico, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que enfrentan una de las cargas fiscales más relevantes a través de este impuesto.

Datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) indican que, a inicios de 2025, las MIPyMEs representaban el 99.95 por ciento de los 6.09 millones de establecimientos económicos registrados en el país, lo que las convierte en un pilar fundamental de la economía nacional.

Finalmente, la diputada subrayó que, de aprobarse la reforma, se aliviaría la carga fiscal, se incentivaría la actividad productiva y se fortalecería la formalidad laboral, con beneficios que impactarían no solo al sector empresarial, sino al bienestar general de la ciudadanía.