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Diputada busca multas de hasta 821 mil pesos a universidades en BC por frenar títulos

Escrito por Esther Hernández en . Publicado en ESTATAL, MEXICALI.

  • La iniciativa contempla sanciones de hasta 821 mil pesos a instituciones privadas que omitan tramitar documentos o condicionen su entrega a pagos no autorizados.

La diputada de Morena Maythé Méndez Vélez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal para sancionar a las instituciones educativas privadas que obstaculicen la obtención de títulos profesionales o condicionen su trámite a pagos no autorizados.

La legisladora señaló que en Baja California existen alrededor de 60 instituciones privadas de educación superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), y advirtió que hay casos de egresados que han tenido que recurrir a instancias judiciales para obtener sus títulos.

“Quienes concluyen una carrera y cumplen con los requisitos académicos deben contar con la posibilidad de obtener su título profesional, sin enfrentar obstáculos injustificados por parte de la institución educativa”, expresó Méndez Vélez.

La propuesta contempla modificar la fracción XXVI del artículo 126 de la Ley de Educación estatal para sancionar la omisión en el trámite de certificados, constancias, diplomas y títulos, así como el condicionamiento de estos documentos al pago de contraprestaciones que no estén autorizadas en los planes y programas correspondientes.

Como sustento jurídico, la diputada retomó un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoce que las universidades privadas pueden equipararse a una autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omiten tramitar o entregar un título profesional a una persona egresada que cumple con los requisitos aplicables.

Las sanciones económicas previstas en la legislación van de mil a siete mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a multas de 117 mil a 821 mil pesos, conforme al valor vigente en 2026.

Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología para su análisis y trámite legislativo.

Propone diputado Daniel Razo digitalizar la entrega-recepción de recursos públicos en Baja California

Escrito por Redacción en . Publicado en ESTATAL, MEXICALI.

  • La iniciativa plantea crear un Sistema Electrónico de Entrega-Recepción para registrar y consultar información institucional, fortalecer la transparencia y dar continuidad a las responsabilidades de las dependencias públicas.

El diputado Jesús Daniel Razo Córdova presentó una iniciativa para incorporar un Sistema Electrónico de Entrega-Recepción en Baja California, con el objetivo de modernizar y transparentar los procesos mediante los cuales las personas servidoras públicas transfieren asuntos, archivos y recursos al concluir sus funciones.

Al presentar la propuesta, el legislador de Morena señaló que, a partir de un estudio comparado, identificó la posibilidad de integrar herramientas digitales al procedimiento para capturar, almacenar, consultar y disponer de información institucional de manera segura y trazable.

“Es necesario incorporar herramientas tecnológicas que permitan sistematizar la información y fortalecer los mecanismos de control, transparencia y eficiencia en la administración pública”, sostuvo el diputado.

El sistema permitiría concentrar información relacionada con recursos humanos, materiales y financieros; obras públicas; derechos y obligaciones; archivos en trámite, de concentración e históricos; activos intangibles, así como asuntos prioritarios, relevantes o pendientes que requieran atención inmediata.

Con esta herramienta, se busca facilitar la transferencia ordenada de información entre quienes concluyen una responsabilidad pública y quienes asumen el cargo, además de favorecer la continuidad de las actividades institucionales.

Iniciativa plantea controles digitales y plazos de planeación

La propuesta también contempla establecer plazos de planeación anticipada, ampliar los sujetos obligados y fortalecer la participación de los órganos de control mediante mecanismos digitales que permitan dar seguimiento al proceso de entrega-recepción.

De acuerdo con el planteamiento, estas medidas contribuirían a reducir los riesgos de pérdida de información y opacidad durante la transición entre administraciones o titulares de dependencias.

“Buscamos que Baja California cuente con un instrumento que facilite la entrega de información, fortalezca la trazabilidad del proceso y contribuya a la continuidad institucional y la rendición de cuentas”, afirmó Razo Córdova.

¿Qué cambios propone la iniciativa?

Para implementar el sistema, el proyecto legislativo contempla reformar los artículos 2, 4, 5, 11, 19, 20 y 21, además de adicionar los artículos 4 Bis y 11 Bis de la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California.

La iniciativa busca incorporar herramientas tecnológicas al marco legal vigente para fortalecer el control y la transparencia en la transferencia de información, asuntos y recursos públicos.

La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para determinar su eventual aprobación y entrada en vigor.

Propone diputado aumentar penas por robo de auto con tecnología y robo a casa habitada en BC

Escrito por Redacción en . Publicado en ESTATAL, MEXICALI.

  • La iniciativa de Bryan Castillo plantea sumar hasta cuatro años de prisión por el uso de dispositivos electrónicos para robar vehículos y hasta seis años cuando el robo a casa habitación se cometa con personas dentro del inmueble.

Utilizar dispositivos tecnológicos para robar vehículos o cometer un robo en una vivienda mientras sus habitantes se encuentran dentro podría implicar penas adicionales de prisión en Baja California, de aprobarse una iniciativa presentada por el diputado Bryan Manuel Castillo Trinidad.

La propuesta busca reformar el Código Penal de Baja California para incorporar sanciones específicas por estas modalidades delictivas, además de ampliar los conceptos de reparación del daño a las víctimas.

Hasta cuatro años adicionales de prisión

La iniciativa plantea agregar de uno a cuatro años de prisión a las penas correspondientes cuando se utilicen dispositivos, equipos o programas informáticos para inhibir señales, interceptar o reproducir la señal de una llave, o programar y clonar llaves y códigos de acceso o encendido del vehículo.

El diputado señaló que los sistemas de seguridad de los vehículos pueden ser vulnerados mediante herramientas tecnológicas que facilitan el robo sin necesidad de forzar cerraduras, por lo que considera necesario que la legislación contemple expresamente estas prácticas.

Hasta seis años adicionales si hay personas dentro

Para el robo a casa habitación, la propuesta contempla sumar de dos a seis años de prisión a las sanciones correspondientes cuando el delito se cometa mientras una o más personas que habitan el inmueble se encuentren en su interior, así como en otros supuestos vinculados con agravantes previstos en el Código Penal.

Castillo Trinidad argumentó que estos hechos afectan tanto el patrimonio familiar como la seguridad de quienes se encuentran en su hogar.

Además, plantea que los casos comprendidos en esta disposición se persigan de oficio, de modo que la actuación de las autoridades no dependa de que la víctima presente una denuncia formal.

Proponen ampliar la reparación del daño

La iniciativa también busca incluir dentro de la reparación del daño los gastos de arrastre y depósito de vehículos recuperados, la reposición de cerraduras y sistemas de seguridad dañados para cometer el delito, así como la reposición de documentos sustraídos.

El proyecto de reforma fue turnado a la Comisión de Justicia del Congreso de Baja California, donde será analizado como parte del proceso legislativo. Las modificaciones aún no están vigentes y deberán ser aprobadas para incorporarse al Código Penal estatal.

Michel Sánchez propone apoyo económico para cuidadores sin salario en Baja California

Escrito por Redacción en . Publicado en ESTATAL, MEXICALI.

  • La iniciativa plantea crear un programa social para personas cuidadoras en situación de vulnerabilidad económica, con acceso preferente a apoyos y recursos para aliviar la carga de los cuidados familiares.

Las personas que cuidan a familiares sin recibir un salario podrían acceder a apoyos económicos y programas sociales preferentes en Baja California, de aprobarse una iniciativa presentada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende.

La propuesta contempla reformar la Ley de Asistencia Social y la Ley de Desarrollo Social del Estado, para reconocer como población prioritaria a quienes cuidan a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores o personas con alguna enfermedad, siempre que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Acceso preferente a programas sociales

La iniciativa plantea incorporar a las personas cuidadoras no remuneradas entre los sectores prioritarios de los programas de asistencia social, así como facilitar su acceso a apoyos económicos y alimentarios.

De acuerdo con la legisladora, el objetivo es respaldar a quienes asumen estas tareas sin recibir una remuneración y brindarles mayores posibilidades de estudiar, trabajar o realizar otras actividades cotidianas.

La propuesta también busca promover una distribución más corresponsable de las labores de cuidado, para evitar que esta responsabilidad recaiga exclusivamente en las familias.

Mujeres destinan más tiempo a estas labores

La iniciativa cita datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, según los cuales el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en Baja California representa un promedio de 56.6 horas semanales por persona.

A nivel nacional, las mujeres dedican en promedio 39.7 horas por semana a estas actividades, frente a 18.2 horas en el caso de los hombres.

Michel Sánchez señaló que estas labores son fundamentales para el bienestar social, pero que con frecuencia se realizan sin remuneración, seguridad social ni mecanismos suficientes de protección para quienes las desempeñan.

¿Cuándo podría comenzar el programa?

Si el Congreso aprueba la reforma, el Poder Ejecutivo estatal tendría un plazo de 180 días para instrumentar el programa social dirigido a personas cuidadoras no remuneradas en situación de vulnerabilidad económica.

La puesta en marcha estaría sujeta a la disponibilidad presupuestaria que determine la Secretaría de Hacienda de Baja California.

Por ahora, se trata de una iniciativa legislativa y no de un apoyo vigente, por lo que su aplicación dependerá de la aprobación de las reformas y de la posterior implementación del programa.

Exhorta Congreso a Román Cota a cobrar el predial sin privilegios en Tecate

Escrito por Redacción en . Publicado en ESTATAL, MEXICALI.

  • El Pleno respaldó por unanimidad la propuesta de la diputada Maythé Méndez para fortalecer la recaudación del impuesto predial y evitar excepciones en su cobro.

El Congreso de Baja California exhortó al alcalde de Tecate, Román Cota Muñoz, a implementar, en coordinación con el Gobierno del Estado, acciones para ampliar la base de contribuyentes y fortalecer la recaudación del impuesto predial durante el último trimestre de 2026.

La propuesta fue presentada por la diputada de Morena Maythé Méndez Vélez, quien señaló que el predial es una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos, pues permite financiar obras y servicios públicos.

“Nadie puede estar por encima de la ley, quienes tengan un inmueble en Tecate deben cumplir con su obligación de pagar el impuesto predial, sin privilegios ni distinciones”, sostuvo la legisladora.

Méndez Vélez recordó que en mayo de 2025 se publicó un convenio de coordinación administrativa entre el Ayuntamiento de Tecate y el Gobierno del Estado, cuyo objetivo es incrementar los ingresos por este concepto, particularmente mediante acciones dirigidas a contribuyentes con adeudos pendientes.

La diputada señaló que la recaudación del predial en Tecate continúa siendo baja y estimó que, durante 2026, solo cuatro de cada diez contribuyentes cumplirán con esta obligación. Por ello, consideró necesario reforzar los mecanismos de cobro.

“Los amigos, parientes, servidores públicos, empresarios o comerciantes con vínculos de amistad o familiar con las autoridades hacendarias deben ser los primeros en cumplir con sus obligaciones ciudadanas”, indicó.

Asimismo, enfatizó que ninguna persona debe contar con privilegios para evadir el pago de contribuciones o evitar los requerimientos de cobro. Añadió que el incremento en la recaudación permitiría a los gobiernos municipales disponer de mayores recursos para atender las necesidades de la población.

El exhorto recibió el respaldo unánime del Pleno. Durante la discusión, legisladores coincidieron en la importancia de fortalecer el cumplimiento de esta obligación fiscal y extendieron el llamado a los demás ayuntamientos de Baja California para que garanticen el cobro del predial sin privilegios.

Aprueba Congreso reforma para sancionar el nepotismo en Baja California

Escrito por Redacción en . Publicado en ESTATAL, MEXICALI.

  • La reforma reconoce el nepotismo como falta administrativa grave y establece medidas contra la intervención de funcionarios en la contratación de familiares dentro de las instituciones públicas.

El Congreso de Baja California aprobó una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado para incorporar el nepotismo como falta administrativa grave y fortalecer los mecanismos para prevenir y sancionar esta práctica en el servicio público.

La reforma deriva de una iniciativa presentada en enero de 2026 por la diputada con licencia Araceli Geraldo Núñez, quien propuso establecer disposiciones para impedir que las personas servidoras públicas utilicen sus cargos o facultades para favorecer la contratación de familiares en instituciones gubernamentales.

Mediante la aprobación del Dictamen número 118, elaborado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se reformó el artículo 7 y se adicionó el artículo 63 Quater de la legislación estatal.

Las modificaciones establecen como nepotismo la intervención directa o indirecta de una persona servidora pública en el nombramiento o contratación de familiares dentro de la institución en la que ejerce sus funciones. La disposición contempla puestos de confianza, de estructura, de base y contrataciones por honorarios.

El supuesto comprende relaciones de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el segundo grado, así como vínculos matrimoniales o de concubinato.

En la exposición de motivos, la legisladora señaló que el nepotismo afecta los principios de igualdad y equidad en el acceso al servicio público, además de debilitar la confianza ciudadana en las instituciones. Por ello, planteó establecer reglas para evitar que los cargos públicos se utilicen para otorgar beneficios particulares.

La reforma también busca armonizar la legislación estatal con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que contempla disposiciones relacionadas con la prohibición del nepotismo.

Con esta aprobación, el Congreso estatal incorpora disposiciones específicas para fortalecer la prevención y sanción del favoritismo familiar en las instituciones públicas.

Beto Valle propone hasta 18 años de prisión por maltrato a perros K9 en Baja California

Escrito por Redacción en . Publicado en ESTATAL, MEXICALI.

  • La iniciativa del diputado Beto Valle plantea sanciones por maltrato y uso indebido de binomios caninos, además de atención veterinaria, condiciones laborales adecuadas y un retiro digno.

El diputado Beto Valle, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para fortalecer la protección de los binomios caninos K9 que trabajan en las corporaciones de seguridad pública de Baja California. Estos animales participan en tareas especializadas de detección de drogas y explosivos, búsqueda de personas y apoyo en operativos de seguridad.

La propuesta plantea establecer penas de hasta 18 años de prisión para quienes priven de la vida, lesionen o envenenen a un perro de trabajo, así como para quienes interfieran deliberadamente con sus funciones.

También contempla sanciones para servidores públicos que incurran en negligencia, nieguen atención veterinaria o utilicen a los K9 fuera de los protocolos establecidos, incluso con fines de intimidación, represalia o beneficio personal.

Entre las medidas propuestas se encuentran revisiones veterinarias mensuales, identificación mediante microchip, límites a los horarios de servicio, periodos de descanso durante la jornada y transporte en unidades climatizadas.

Asimismo, la iniciativa plantea crear un Fondo de Retiro y Bienestar K9 para garantizar alimento, atención veterinaria y medicamentos a los perros una vez concluida su etapa de servicio.

El proyecto también establece el retiro de los ejemplares al cumplir siete años de servicio o cuando una incapacidad les impida continuar con sus funciones. Además, propone prohibir la eutanasia por el solo hecho de que el animal haya concluido su vida útil.

En cuanto al retiro, la iniciativa contempla que el manejador tenga derecho preferente de adopción y que el perro reciba un reconocimiento como “Servidor Público K9 Jubilado”. También propone brindar apoyo psicológico a los manejadores que pierdan a su compañero durante el servicio.

Evelyn Sánchez propone sincronizar Catastro y Registro Público de la Propiedad en Baja California

Escrito por Redacción en . Publicado en ESTATAL, MEXICALI.

  • La diputada plantea sincronizar los sistemas estatal y municipal para reducir inconsistencias en los registros de inmuebles y evitar problemas en trámites de propiedad.

La diputada Evelyn Sánchez Sánchez propuso establecer un mecanismo legal para sincronizar el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) con el Catastro Municipal, con el objetivo de reducir inconsistencias en la información de los inmuebles y fortalecer la certeza jurídica de los propietarios en Baja California.

La propuesta fue presentada durante el foro “Catastro y Registro Público en Sincronía”, donde representantes del sector inmobiliario, notarial y de vivienda coincidieron en señalar problemas derivados de la falta de coordinación entre ambas instancias.

¿Qué diferencia hay entre el Registro Público y Catastro?

El Registro Público de la Propiedad y de Comercio, dependiente del Gobierno del Estado, concentra la inscripción de actos jurídicos relacionados con los inmuebles, como compraventas, hipotecas, embargos y sucesiones. Su función es brindar certeza sobre la titularidad legal de una propiedad.

Por su parte, el Catastro Municipal registra información física y fiscal de los inmuebles, como superficie, ubicación, valor catastral y cuenta predial. Estos datos también sirven como base para el cobro del impuesto predial y la planeación urbana.

La diputada señaló que la falta de coordinación entre ambos sistemas puede generar diferencias en la información, trámites pendientes, problemas para identificar a propietarios o vendedores, inconsistencias fiscales y dificultades para acceder a créditos hipotecarios.

Reforma busca reducir problemas en trámites de propiedad

Durante el foro, el presidente del Colegio de Notarios de Baja California, Gabriel Tobías Duarte, expuso algunas de las dificultades que enfrentan los propietarios al realizar trámites notariales cuando existen inconsistencias entre la información de Catastro Municipal y el Registro Público estatal.

Por su parte, Fermín Kim King, presidente del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California (CEPIBC), destacó la importancia de realizar modificaciones a la legislación inmobiliaria para fortalecer la certeza jurídica de los propietarios ante las autoridades.

La iniciativa contempla reformas a la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio y a la Ley del Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California, las cuales serán presentadas ante el Pleno del Congreso.

Evelyn Sánchez señala antecedentes de familias afectadas

La diputada señaló que la propuesta surgió también a partir de casos ciudadanos relacionados con problemas en materia inmobiliaria y registral.

De acuerdo con Evelyn Sánchez, existe el antecedente de 500 familias que fueron afectadas por distintos problemas relacionados con operaciones inmobiliarias y el registro de sus propiedades, situación que, afirmó, evidenció la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones involucradas.

Al foro asistieron representantes de asociaciones inmobiliarias, organismos de vivienda, notarios y dependencias estatales, entre ellos Miguel Legorreta Cortez, vicepresidente de ASAI; Yeni Hilario, de la Comisión de RPCP de CANADEVI; Mario Fajardo Solana, presidente de ASAI, y Sergio Sodelo, delegado de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

La propuesta continuará su proceso legislativo en el Congreso de Baja California, donde se analizarán las modificaciones planteadas para establecer una mayor coordinación entre Catastro Municipal y Registro Público de la Propiedad.

La infancia no se recluta, no se utiliza y no se abandona, se protege: Diputada Angélica Peñaloza

Escrito por Jose Luis en . Publicado en ESTATAL, MEXICALI.

  • Exhorta a las y los alcaldes a implementar campañas de prevención de factores de riesgo relacionados con el reclutamiento
  • También solicita al Secretario de Seguridad Ciudadana y a la Secretaria de Educación de Baja California que fortalezcan la prevención

Para la Diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo prevenir el reclutamiento es en esencia, proteger proyectos de vida; es impedir que la violencia les arrebate a las niñas, niños y adolescentes la posibilidad de decidir libremente quiénes desean ser y qué futuro quieren construir.

Esto fue señalado por la legisladora, al exhortar a las y los alcaldes de los ayuntamientos del Estado a que, a través de sus áreas responsables de prevención del delito y seguridad pública, fortalezcan e implementen campañas permanentes de prevención, y detección temprana de factores de riesgo, relacionados con el reclutamiento.

Así mismo que estas sean de prevención de captación, utilización o vinculación de infancias y adolescencias por parte de organizaciones o grupos dedicados a actividades ilícitas, privilegiando en todo momento su protección integral y el principio del interés superior de la niñez.

También dirigió su solicitud al Secretario de Seguridad Ciudadana y a la Secretaria de Educación, ambos de Baja California, para que a través de sus áreas responsables fortalezcan dichas campañas de prevención.

La protección de la infancia debe partir de una perspectiva de derechos humanos. UNICEF ha señalado la importancia de reconocerlos como víctimas de violencia a las y los menores reclutados o utilizados por grupos delictivos, evitando narrativas que los estigmaticen o criminalicen, y promover su protección, desvinculación y restitución de derechos.

No podemos esperar a que hayan sido víctimas para comenzar a actuar. Por ello, la prevención debe llegar a las escuelas, colonias, comunidades y también a los espacios digitales donde actualmente interactúan nuestras juventudes.

Debemos proporcionar herramientas a las familias y al personal educativo, para reconocer señales de alerta, pero también debemos brindar a nuestra niñez alternativas reales: educación, deporte, cultura, acompañamiento, participación comunitaria y oportunidades para construir un futuro distinto.

Por ello -dijo- este Congreso debe fortalecer las acciones preventivas desde una perspectiva integral, coordinada y de derechos humanos, colocando en el centro de toda política pública el interés superior de la niñez.

Finalmente, Angélica Peñaloza enfatizó en que ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente, debe ser utilizado por la delincuencia. La infancia no se recluta, no se utiliza y no se abandona: se protege.

Aprueba Congreso de Baja California iniciativa para garantizar acceso libre a las playas

Escrito por Redacción en . Publicado en ESTATAL, MEXICALI.

  • La diputada Tere Ruiz busca que se eliminen restricciones y cobros, así como establecer accesos públicos en la playa.

El Pleno de la XXV Legislatura del Congreso de Baja California aprobó presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales, con el objetivo de garantizar el acceso libre a las playas, sin restricciones ni cobros, aun cuando existan concesiones o propiedades colindantes.

Iniciativa plantea eliminar cobros y restricciones

La propuesta, presentada por la diputada Tere Ruiz Mendoza, plantea que las personas físicas o morales que cuenten con concesiones o títulos de propiedad colindantes con playas permitan el libre tránsito y acceso a estas en condiciones de seguridad y dignidad, sin exigir pago alguno, de manera directa o indirecta.

La iniciativa también propone que la autoridad competente habilite, señalice y mantenga accesos públicos suficientes y adecuados cada tres kilómetros a lo largo de las franjas costeras de playas del territorio nacional.

Asimismo, contempla establecer sanciones para quienes impidan, bloqueen o restrinjan el libre acceso a las playas.

De acuerdo con los argumentos de la iniciativa, aunque la legislación federal establece que el acceso a las playas debe ser libre y no puede ser restringido o condicionado, existen zonas donde llegar a ellas resulta complicado debido a la presencia de propiedades privadas, concesiones o la falta de caminos y accesos públicos.

Ruiz Mendoza señaló que las playas son bienes nacionales de uso común y sostuvo que su acceso debe estar garantizado para la ciudadanía.

En ese sentido, propuso eliminar del artículo 127 la palabra “convenga”, al considerar que puede dar lugar a interpretaciones discrecionales sobre el acceso, así como la expresión “mediando compensación”, con el propósito de evitar que el ingreso sea condicionado económicamente.

La propuesta también establece la colaboración de autoridades municipales y estatales en la vigilancia y promoción efectiva de este derecho, con el objetivo de fortalecer las condiciones para que la población pueda ejercer el acceso libre a las playas.

El dictamen será enviado al Congreso de la Unión

El Dictamen No. 113 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales fue aprobado por unanimidad y será remitido al Congreso de la Unión, debido a que la reforma planteada corresponde a un ordenamiento de competencia federal.