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Instituye Congreso dos fechas contra la violencia vicaria y la manipulación coercitiva en Baja California

  • Se establecen el 11 de mayo y el 26 de julio como días estatales de sensibilización y memoria pública.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el Dictamen No. 75 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se instituyen dos fechas conmemorativas en Baja California: el 11 de mayo como Día Estatal contra la Violencia Vicaria y el 26 de julio como Día Estatal de Conmemoración a las Personas Sobrevivientes de Manipulación Coercitiva.

El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, misma que fue analizada por la comisión dictaminadora, donde se revisaron antecedentes legislativos, exposición de motivos y viabilidad constitucional, concluyendo que la propuesta cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

En el análisis jurídico se determinó que la iniciativa no contraviene disposiciones federales ni locales, y se sustenta en principios de derechos humanos, representación social y en las facultades constitucionales del Congreso para emitir posicionamientos institucionales frente a problemáticas sociales que requieren visibilización y memoria pública.

La Comisión de Gobernación destacó que la institucionalización de fechas conmemorativas constituye una herramienta para fomentar la sensibilización social, la prevención de violencias y el reconocimiento de luchas colectivas que históricamente han permanecido invisibilizadas.

Asimismo, se señaló que estos días permitirán fortalecer el debate público, generar políticas de atención y promover una cultura de respeto a los derechos humanos, particularmente en contextos de violencia estructural que afectan de manera diferenciada a mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

Con esta aprobación, la XXV Legislatura establece de manera oficial el 11 de mayo y el 26 de julio como fechas estatales conmemorativas, orientadas a la reflexión colectiva, la memoria social y la erradicación de prácticas de violencia y control en el ámbito familiar y social.

Aprueban reforma para fortalecer la participación ciudadana en Baja California

  • La modificación incorpora principios de inclusión, accesibilidad y perspectiva de género en el marco jurídico estatal.
  • La reforma planteada por la diputada Araceli Geraldo responde a la tendencia normativa que busca fortalecer la participación desde un enfoque de derechos humanos y equidad social.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el Dictamen No. 77 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se reforman la Constitución Política del Estado de Baja California y la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de fortalecer los principios rectores de los mecanismos de participación democrática.

El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, en la que se establecen como principios rectores la accesibilidad, inclusión, interculturalidad, no discriminación y perspectiva de género, a fin de garantizar una participación ciudadana plena, efectiva y en condiciones de igualdad sustantiva.

La reforma constitucional genera la necesidad de armonizar la legislación secundaria, particularmente la Ley de Participación Ciudadana, para evitar vacíos normativos y asegurar la coherencia jurídica que permita el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía.

De acuerdo con el análisis de la Comisión dictaminadora, la incorporación de estos principios rectores permitirá fortalecer la legitimidad de los instrumentos de participación, ampliar su alcance y consolidar una democracia más representativa, incluyente y con enfoque de derechos humanos y equidad social.

Asimismo, se subrayó que la participación ciudadana debe garantizarse eliminando barreras físicas, sociales, culturales y normativas que históricamente han limitado el acceso de diversos sectores de la población a los procesos democráticos.

Una vez aprobada por el Pleno, la reforma constitucional será turnada a los Ayuntamientos del Estado para su análisis y votación, y de obtenerse la aprobación de la mayoría de los Cabildos, se procederá a realizar la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.

Diputado Diego Echevarría propone castigar con cárcel el el ingreso y posesión de celulares a prisiones

  • El diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa para sancionar penalmente el ingreso, posesión y suministro de celulares y dispositivos tecnológicos en centros penitenciarios, al señalar que facilitan delitos como extorsión y coordinación criminal.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control en los centros de reinserción social de Baja California, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para crear un nuevo tipo penal que sancione el ingreso, posesión y suministro ilegal de equipos de comunicación y tecnología en los penales del estado.

En la exposición de motivos, el legislador del PAN advirtió sobre el uso creciente de dispositivos tecnológicos desde el interior de las cárceles para vulnerar la seguridad pública. Señaló que resulta inaceptable que los centros penitenciarios se conviertan en espacios desde donde se ordenan y ejecutan delitos, incluso de alto impacto.

Indicó que recientemente se han documentado casos donde personas privadas de la libertad realizan transmisiones en vivo, publican videos en redes sociales y exhiben presuntos privilegios desde el interior de los penales, evidenciando fallas en el control institucional.

Echevarría Ibarra subrayó que un teléfono celular dentro de un penal no es un objeto ordinario, sino una herramienta que facilita delitos como la extorsión telefónica, la coordinación de células delictivas y el control de grupos criminales hacia el exterior.

Actualmente, explicó, la prohibición del ingreso de celulares se regula únicamente mediante sanciones administrativas, lo que ha permitido prácticas de corrupción que favorecen el flujo de tecnología a las cárceles.

La iniciativa propone imponer penas de uno a tres años de prisión y de 50 a 200 días multa a quien introduzca, posea o suministre celulares, radios, dispositivos de transmisión de datos, chips, cargadores o accesorios indispensables para su funcionamiento.

Asimismo, se plantea agravar la pena hasta en una mitad más cuando los hechos sean cometidos por servidores públicos o custodios penitenciarios, además de aplicar destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos. También se incrementaría la sanción cuando la finalidad sea facilitar la comisión de delitos desde el interior de los centros penitenciarios.

“La ausencia de sanciones penales ha alimentado un mercado negro que corrompe a custodios y fortalece a los internos, perpetuando la imagen de las cárceles como verdaderas escuelas del crimen”, sostuvo el diputado.

Nueva preparatoria impulsará la cobertura educativa en Tijuana: diputada Evelyn Sánchez

  • La diputada Evelyn Sánchez Sánchez afirmó que la construcción de una nueva preparatoria en Tijuana permitirá reducir rezagos históricos en educación media superior y ampliar oportunidades para miles de jóvenes.

La diputada Evelyn Sánchez Sánchez destacó que el anuncio de la construcción de una nueva preparatoria en Tijuana representa un avance decisivo para fortalecer la cobertura de educación media superior, al ampliar las opciones para que más jóvenes puedan continuar sus estudios.

Durante un posicionamiento presentado ante el Pleno del Congreso del Estado, la legisladora subrayó la relevancia del anuncio realizado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sobre la edificación de un nuevo plantel de bachillerato en la ciudad fronteriza.

La diputada señaló que por años Tijuana ha enfrentado un rezago histórico en espacios de educación media superior, lo que ha dejado fuera del sistema educativo a miles de jóvenes, no por falta de capacidad o interés, sino por la insuficiencia de lugares disponibles.

Precisó que la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 290, junto con la ampliación de espacios en otros planteles, representa una apuesta clara por el futuro de las juventudes y da cumplimiento al compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de saldar una deuda histórica con este sector.

Asimismo, subrayó que invertir en educación es una estrategia clave para fortalecer la paz, el bienestar y el desarrollo social, al generar alternativas reales y reducir brechas asociadas a la desigualdad y la falta de oportunidades.

“La educación deja de concebirse como un privilegio y se consolida como un derecho efectivo, cumpliendo con una deuda histórica con las juventudes de Baja California por parte del Gobierno de México”, afirmó.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir acompañando y defendiendo acciones que fortalezcan el acceso y la permanencia escolar, al considerar que cada nuevo espacio educativo contribuye a la construcción de proyectos de vida y al futuro de Tijuana y del país.

Proponen reformar ley estatal contra contaminación auditiva y visual en Baja California

  • La iniciativa busca incorporar ambos conceptos a la legislación ambiental por su impacto directo en la salud y calidad de vida.
  • La saturación de anuncios, cableado eléctrico y arquitectura invasiva genera efectos negativos como estrés y distracciones peligrosas, dice la legisladora Michelle Medina.

La diputada local Michelle Medina, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección al Ambiente del Estado, con el objetivo de incorporar un apartado específico sobre contaminación auditiva y contaminación visual, ante el crecimiento de estos problemas en zonas urbanas como Mexicali y Tijuana.

De acuerdo con la propuesta, el exceso de ruido en espacios abiertos o cerrados altera las condiciones del ambiente y afecta directamente la salud física y emocional de la población.

Factores como el tráfico vehicular, las obras de construcción y las actividades nocturnas generan niveles de ruido que superan los 100 decibeles, mientras que en Mexicali se registraron más de 10 mil reportes por exceso de ruido durante el primer cuatrimestre de 2022, a través del C4.

En el caso de Tijuana, los vuelos nocturnos conocidos como “tecolotes” han encendido alertas entre especialistas ambientales, debido a que sobrevuelan zonas densamente pobladas y afectan el descanso de miles de personas.

Los demás municipios de Baja California también presentan distintos niveles de contaminación acústica, de acuerdo con sus dinámicas urbanas.

La iniciativa señala que la contaminación por ruido vulnera el derecho al descanso, incrementa el estrés y reduce la calidad de vida, además de generar impactos negativos en la salud mental y emocional.

El documento también aborda la contaminación visual, definida como la saturación del campo visual por elementos artificiales que afectan el paisaje urbano y natural. Entre los factores más comunes se encuentran la publicidad desordenada, el cableado eléctrico, la acumulación de basura, el exceso de iluminación artificial y la arquitectura invasiva.

Este tipo de contaminación puede provocar dolores de cabeza, estrés, distracciones peligrosas para conductores y el desplazamiento de fauna, lo que genera desequilibrios ecológicos en zonas urbanas y periurbanas.

La propuesta plantea que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable implemente campañas de información y orientación sobre emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, gases, olores, vapores y contaminación visual, sin invadir las competencias reglamentarias de los municipios.

Diputada Yohana Gilvaja exige resultados de la Policía Cibernética en combate a la extorsión en Baja California

  • Gran parte de las amenazas y cobros de “derecho de piso” se siguen operando desde los Centros Penitenciarios, acusó la legisladora.
  • La extorsión a comercios ha provocado el cierre de cientos de negocios y la pérdida de empleos en la entidad.

La diputada Yohana Gilvaja exigió resultados concretos en el combate a la extorsión en Baja California y solicitó que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comparezca ante la XXV Legislatura para informar sobre el desempeño de la Unidad de Prevención de Delitos Cibernéticos.

Durante sesión ordinaria, la legisladora advirtió que cientos de negocios han cerrado y se han perdido empleos debido a las amenazas y cobros de derecho de piso, los cuales —señaló— en gran medida continúan operándose desde los Centros Penitenciarios mediante llamadas, mensajes y redes sociales.

Gilvaja subrayó que mientras los grupos delictivos actúan con rapidez, organización y uso intensivo de la tecnología, las instituciones encargadas de la seguridad reaccionan tarde o no lo hacen.

Añadió que la extorsión se ha vuelto parte de la vida cotidiana de pequeños y medianos comerciantes, a quienes se les imponen cuotas, condiciones y horarios para operar.

La diputada insistió en que la Policía Cibernética no puede quedar solo como un proyecto en papel, y debe contar con recursos suficientes, personal capacitado y facultades reales para enfrentar este delito que afecta la economía y el tejido social.

El exhorto fue respaldado por diputaciones de todas las fuerzas políticas. Por acuerdo del Pleno, se determinó solicitar inicialmente un informe al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre los avances en la implementación de la Policía Cibernética, así como requerir a la Secretaría de Hacienda detalles sobre la planeación presupuestal destinada a combatir la extorsión en la entidad.

Autorizan contratar deuda pública para impulsar Desaladora de Rosarito y garantizar agua en Zona Costa

  • Según el secretario de Hacienda de Baja California, José Andrés Pulido Saavedra, la inversión se destinará a la Desaladora y no impacta en las tarifas de los recibos de agua de Tijuana ni de Ensenada, porque será subsidiado.
  • El decreto se aprobó en el seno de la Comisión dictaminadora, por ocho votos a favor, uno en contra (Alejandrina Corral) y cero abstenciones.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado de Baja California aprobó el proyecto que da origen al Dictamen No. 127, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a gestionar y contratar deuda pública para realizar inversión pública productiva, específicamente para el proyecto de la Desaladora de Rosarito.

La iniciativa cuenta con la opinión jurídica favorable de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), la cual consideró viable la contratación del financiamiento, siempre que se cumplan las condiciones presupuestales establecidas por el Ejecutivo, a fin de garantizar recursos suficientes para el pago del servicio de la deuda y la continuidad de los programas operativos anuales.

De acuerdo con el dictamen, los recursos obtenidos deberán destinarse exclusivamente a inversiones públicas productivas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica en la entidad y garantizar el derecho humano al acceso al agua en la Zona Costa.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión, la diputada Julia Andrea González, señaló que los tratados de agua firmados a mediados del siglo pasado con Estados Unidos enfrentan actualmente riesgos por la sequía del río Colorado, además del alto costo que implica el traslado del recurso a esta región del estado.

En ese sentido, afirmó que es necesario generar alternativas que permitan garantizar el acceso al agua para la población, y destacó que el proyecto de la desaladora forma parte de una estrategia de coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, en la que ambas instancias aportarán recursos.

Por su parte, el secretario de Hacienda del Estado, José Andrés Pulido Saavedra, explicó que la fuente de pago del financiamiento autorizado será el Impuesto Sobre Nómina, también conocido como Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, y aseguró que no habrá impacto en los recibos de agua de los usuarios de las comisiones de servicios públicos de Tijuana y Ensenada, ya que el servicio se mantendrá subsidiado.

El diputado Eligio Valencia destacó que la construcción de infraestructura hídrica es una responsabilidad intergeneracional, al señalar que sería irresponsable heredar escenarios de escasez, conflictos por el agua y freno al desarrollo, además de recordar que el acceso al agua es una obligación constitucional del Estado.

El dictamen fue aprobado en la Comisión por ocho votos a favor, uno en contra (Alejandrina Corral) y cero abstenciones. En la misma sesión, también se avaló el Acuerdo No. 1, mediante el cual se dará seguimiento puntual a la aplicación de los recursos una vez que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Finalmente, se informó que en próximos días se realizará una invitación a las y los 25 legisladores para llevar a cabo un recorrido por la zona del proyecto, con la participación de la gobernadora del Estado, a fin de conocer los alcances técnicos, ambientales y financieros de la obra.

En la sesión participaron las diputadas y diputados Julia Andrea González, Eligio Valencia, Michel Sánchez, Jaime Cantón, Alejandra Ang, Juan Manuel Molina, Michelle Tejeda, Adriana Padilla y Alejandrina Corral, así como el diputado Ramón Vázquez, además del Auditor Superior del Estado, Arnulfo Zárate, y funcionarios de la Secretaría de Hacienda estatal.

Eleva Congreso de Baja California a rango constitucional el derecho humano a ser buscado

  • La reforma fue aprobada por unanimidad y busca fortalecer la protección de personas desaparecidas y sus familias en todos los municipios de Baja California.

El Pleno del Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad el dictamen 73 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se reforma la Constitución Política del Estado para elevar a rango constitucional el derecho humano de toda persona a ser buscada en casos de desaparición.

La iniciativa, presentada por la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, establece que el Estado tiene la obligación de realizar acciones de búsqueda en situaciones de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares u otras formas de privación ilegal de la libertad, conforme a lo que determinen las leyes aplicables.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido este derecho como una obligación absoluta para todas las autoridades, señalando que las búsquedas deben ser inmediatas, exhaustivas, continuas y con perspectiva de género.

De acuerdo con el análisis de la Comisión dictaminadora, la desaparición de personas representa una de las problemáticas más graves en materia de derechos humanos en Baja California, con un impacto directo en las víctimas y sus familias, por lo que se consideró jurídicamente procedente incorporar este derecho a nivel constitucional.

Con esta aprobación, se fortalece el marco jurídico estatal para la protección de las personas desaparecidas, al reconocer de manera explícita el derecho humano a ser buscado y reforzar la responsabilidad del Estado frente a este fenómeno social.

El dictamen será turnado a los Ayuntamientos del Estado para el trámite correspondiente y, una vez que sea aprobado por la mayoría de los Cabildos, se realizará la declaratoria de incorporación constitucional.

Entregan unidad todo terreno para reforzar combate de incendios forestales en Mexicali

  • La nueva unidad permitirá a los bomberos forestales acceder a zonas agrestes y atender emergencias de manera más eficiente.
  • En próximas semanas entregará un camión de bomberos tipo forestal a la estación Carranza, en el Valle de Mexicali.

El diputado local Juan Manuel Molina García entregó una unidad todo terreno de rescate a la división de incendios forestales del Heroico Cuerpo de Bomberos de Mexicali, con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias en zonas de difícil acceso.

De acuerdo con el legislador, la adquisición de este vehículo surgió a partir de la necesidad expuesta por los propios bomberos durante los incendios registrados en la Sierra de Juárez, donde se evidenció la falta de unidades de doble tracción para trasladar equipo especializado y llegar a áreas agrestes.

La unidad tuvo un costo superior a los 150 mil pesos y fue adquirida con recursos de la partida de gestión social que reciben las diputadas y diputados del Congreso del Estado de Baja California. Molina García explicó que el vehículo cuenta con adaptaciones especiales en suspensión, transmisión, diferencial y llantas de uso rudo, además de compartimentos para transportar herramientas de rescate y equipo contra incendios.

Por su parte, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Mexicali, Rubén Darío Osuna, agradeció el apoyo, al señalar que esta unidad permitirá ingresar a zonas donde anteriormente era imposible operar debido al peso y limitaciones de las máquinas convencionales.

Asimismo, el diputado anunció que en las próximas semanas entregará un camión de bomberos tipo forestal a la estación Carranza, ubicada en el Valle Sur de Mexicali, el cual podrá combatir incendios en movimiento, lo que incrementará la capacidad de respuesta en emergencias forestales.

Exhorta Congreso a Estado y municipios a dotar de dispositivos no letales a policías de Baja California

  • La propuesta del diputado Diego Echevarría busca fortalecer la seguridad pública y prevenir tragedias mediante el uso de herramientas de contención no letales.

El Congreso del Estado de Baja California aprobó una proposición presentada por el diputado Diego Echevarría Ibarra, mediante la cual se exhorta a la titular del Poder Ejecutivo y a los Ayuntamientos a realizar las gestiones necesarias para dotar, equipar y capacitar a sus cuerpos policiales en el uso de armas y dispositivos no letales, conforme lo permita la suficiencia presupuestal.

De acuerdo con el legislador, esta medida permitirá fortalecer la seguridad pública, salvaguardar la vida de las personas y garantizar el respeto a los derechos humanos en el ejercicio de las funciones policiales, al ofrecer alternativas de contención distintas al uso de armas de fuego.

El exhorto plantea que las corporaciones cuenten con inmovilizadores eléctricos, gases incapacitantes y bastones policiales, con el objetivo de reducir riesgos tanto para los agentes como para la ciudadanía en situaciones de conflicto o detención.

Diego Echevarría advirtió que actualmente muchos policías se enfrentan a escenarios de alta violencia donde la única herramienta disponible es el arma de fuego, lo que genera un vacío operativo que incrementa la posibilidad de desenlaces fatales incluso en incidentes menores.

Asimismo, señaló que en municipios como Mexicali y Tijuana, la inversión en dispositivos no letales podría tener un impacto inmediato en el control de situaciones de riesgo, evitando que hechos de baja intensidad escalen a tragedias por la falta de opciones de contención.

Finalmente, el diputado subrayó que dotar a las corporaciones de este equipamiento no solo brinda mayor protección física y jurídica a los policías, sino que también contribuye a una actuación más proporcional, responsable y acorde a los principios de un modelo de seguridad con enfoque de derechos humanos.