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Etiqueta: congreso bc

Piden a organismos del agua agilizar acuerdos del Plan de Justicia para pueblos indígenas de San Quintín

  • Montserrat Murillo exhorta a CNA, CONAGUA y CESPE a informar su cumplimiento.
  • Señala que busca alinearse a las acciones de justicia hídrica y social impulsadas por la Presidenta Sheimbaum.

La diputada Montserrat Murillo López presentó un exhorto para que autoridades federales y estatales informen y agilicen el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Plan de Justicia para los pueblos y comunidades indígenas de San Quintín, particularmente en materia de infraestructura y regularización.

La legisladora dirigió su solicitud al titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales; al director del Organismo de Cuenca Península de Baja California de Conagua, Manuel Guerrero; así como al director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Alonso Centeno, con el objetivo de conocer los avances y acelerar la ejecución de las acciones contempladas en este plan.

Murillo López explicó que la petición busca alinearse a las acciones de justicia hídrica y social impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en beneficio de los pueblos yumano, cochimí y de las comunidades indígenas residentes en el municipio de San Quintín.

Durante la exposición de motivos, la diputada señaló que la paz social y el desarrollo de Baja California deben construirse sobre la base de la justicia para los pueblos originarios y las comunidades indígenas que habitan la región.

Asimismo, indicó que la reciente visita de la presidenta de México a San Quintín representa un acto de justicia histórica y una reafirmación del compromiso institucional con las comunidades que por décadas han demandado atención en temas de infraestructura, vivienda, educación y salud.

La legisladora subrayó que es necesario que las dependencias responsables agilicen los procesos técnicos y administrativos para concretar las acciones comprometidas, con el fin de que los acuerdos del plan se traduzcan en obras y servicios tangibles para la población.

Finalmente, destacó que el Plan de Justicia para los pueblos yumano y cochimí busca atender rezagos históricos y resarcir las deudas acumuladas por años de marginación, mediante políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas en Baja California.

Aprueban en BC diversas reformas en materia de salud mental, pública y prevención de adicciones

  • La Comisión de Salud aborda el bienestar psicológico, disposiciones que regulan acciones de salud así como los procesos de identificación forense de personas fallecidas no identificadas, entre otros temas.

En sesión de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, presidida por la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, se aprobaron cinco proyectos de dictamen orientados a fortalecer el marco legal en materia de salud mental, salud pública y prevención de adicciones en Baja California.

La sesión se llevó a cabo en las instalaciones de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Tijuana, en la colonia Praderas de la Mesa, donde las diputaciones integrantes avalaron por unanimidad las distintas propuestas.

En primer término, se aprobó el proyecto de dictamen correspondiente a la iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental de Baja California, presentada por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, con el objetivo de fortalecer las acciones institucionales en materia de prevención, atención y promoción del bienestar psicológico de la población.

Posteriormente, fue avalado el dictamen relativo a la iniciativa de reforma a la Ley de Salud Pública del Estado, promovida por el diputado Eligio Valencia López, la cual busca mejorar las disposiciones que regulan las acciones de salud pública y reforzar la coordinación institucional.

También se aprobó la iniciativa presentada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, que reforma la Ley de Salud Pública del Estado para establecer acciones permanentes de prevención y registro estadístico sobre golpe de calor, especialmente en zonas con altas temperaturas como Mexicali y San Felipe.

Asimismo, se avaló el proyecto de dictamen de la iniciativa impulsada por la diputada Maythé Méndez Vélez, que reforma la Ley de Salud de Baja California para priorizar los procesos de identificación forense de personas fallecidas no identificadas sobre los plazos sanitarios ordinarios, fortaleciendo el derecho de las familias a la verdad y a la búsqueda de sus seres queridos.

Finalmente, fue aprobado el dictamen de la iniciativa del diputado Ramón Vázquez Valadez, que reforma la Ley de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones de Baja California, incorporando la perspectiva de género, inclusión y no discriminación en los centros de atención para personas con adicciones.

En la sesión participaron las diputaciones integrantes de la Comisión: Gloria Miramontes, Ramón Vázquez, Daylín García, Maythé Méndez y Evelyn Sánchez. Asimismo, asistieron representantes de la Consultoría Legislativa del Congreso del Estado y de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

Diputada Daylín García pide recursos federales extraordinarios para atender crisis de salud en Baja California

  • Legisladora solicita la intervención de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para restablecer servicios de salud pública y cubrir pagos de sueldos al personal médico.

En sesión ordinaria, la diputada Daylín García Ruvalcaba presentó un respetuoso exhorto a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, para que se destinen recursos federales extraordinarios que permitan atender de manera urgente la crisis del sistema de salud pública en Baja California.

La legisladora señaló que Baja California enfrenta un escenario crítico marcado por el desabasto de medicamentos, la falta de insumos médicos y el deterioro de la infraestructura hospitalaria, situación que ha generado incertidumbre y preocupación entre miles de familias.

“En Baja California la salud dejó de sentirse como un derecho y comenzó a vivirse como una preocupación constante. No hablamos de cifras ni de trámites, hablamos de vidas, hablamos de dignidad, de personas que solo piden que tengan medicamentos, que tengan sus tratamientos y que sus cirugías estén a tiempo”, expresó.

Daylín García subrayó que, ante lo que calificó como insuficiencia de soluciones por parte del gobierno estatal, la enfermedad se ha convertido en una carga económica adicional para muchas familias bajacalifornianas, quienes enfrentan gastos imprevistos para poder continuar con sus tratamientos.

Asimismo, destacó la labor del personal médico y de enfermería, que pese a la falta de pagos y condiciones adecuadas, continúa brindando atención con vocación y compromiso. Por ello, el exhorto también solicita la intervención federal para cubrir adeudos pendientes y regularizar de inmediato el pago de sueldos y prestaciones del personal de salud.

La proposición contó con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Pleno del Congreso de Baja California, reflejando el consenso en torno a la necesidad de atender de forma inmediata la crisis sanitaria que atraviesa el estado.

Exhorta diputada Araceli Geraldo a garantizar mayor transparencia en aplicación de infracciones a conductores

  • “Muchos conductores manifiestan no haber sido informados sobre el artículo específico que presuntamente infringieron para calcular el importe de la multa”, dice.

La diputada Araceli Geraldo presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un punto de acuerdo para exhortar a las corporaciones municipales de seguridad pública a instruir a las y los agentes de tránsito a informar de manera clara el sustento legal al momento de imponer una multa.

La propuesta establece que, al levantar una infracción, los elementos policiacos muestren y expliquen el reglamento aplicable, señalando el artículo específico, la fracción correspondiente y los factores considerados para determinar el monto de la sanción. El objetivo es fortalecer los principios de legalidad, transparencia y seguridad jurídica.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que uno de los reclamos más recurrentes de la ciudadanía es la falta de claridad respecto a los motivos y montos de las multas de tránsito, situación que ha generado desconfianza y percepción de arbitrariedad en la actuación de la autoridad.

“Muchos conductores manifiestan no haber sido informados sobre el artículo específico que presuntamente infringieron ni sobre los criterios utilizados para calcular el importe de la multa, lo que provoca incertidumbre y una sensación de indefensión frente al ejercicio del poder sancionador”, señaló.

Indicó que la transparencia en la imposición de multas no solo protege los derechos de las y los conductores, sino que también fortalece la legitimidad de la autoridad y fomenta una cultura de respeto a la legalidad, al permitir que la ciudadanía conozca directamente las normas que regulan la circulación vial.

Asimismo, subrayó que la exhibición del reglamento al momento de la infracción ayudaría a prevenir abusos de autoridad, ya que el agente debe actuar con estricto apego a la norma y la ciudadanía puede verificar la legalidad de la sanción impuesta, fortaleciendo la rendición de cuentas y reduciendo la discrecionalidad.

La diputada Geraldo concluyó que esta medida contribuiría a la transparencia, la educación vial y al fortalecimiento del Estado de derecho, beneficiando tanto a la ciudadanía como a las instituciones encargadas de velar por el orden y la seguridad en la vía pública.

Aclara diputado Juan Manuel Molina representación amplia y percepciones en Congreso de Baja California

  • Señala que cada diputación en BC representa hasta 170 mil habitantes, cifra superior a otros estados del país.
  • “Dividir el presupuesto entre el número de diputados no sería el parámetro más adecuado para considerar el costo de una diputación”, dice Molina.

El diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró diversos señalamientos sobre el presupuesto y las percepciones en el Congreso del Estado, destacando que en Baja California cada diputación representa entre 160 y 170 mil habitantes, una cifra considerablemente superior a la de otras entidades como Colima, donde cada legislador atiende entre 25 mil y 30 mil personas.

Explicó que el presupuesto asignado al Congreso de Baja California incluye tanto al Poder Legislativo como a la Auditoría Superior del Estado, lo que implica mayores responsabilidades administrativas, operativas y de personal, además de la integración de 25 diputaciones de distintas fuerzas políticas.

“Dividir el presupuesto entre el número de diputados no sería el parámetro más adecuado para considerar el costo de una diputación”, puntualizó, al subrayar que la dimensión territorial también representa un reto adicional, ya que, por ejemplo, el quinto distrito local tiene una extensión superior al propio estado de Colima.

Molina García recordó que en legislaturas anteriores incluso se planteó aumentar el número de diputaciones de 25 a 40, lo que bajo ciertos parámetros colocaría al Congreso local entre los de menor costo relativo; sin embargo, consideró que ese tipo de comparaciones no reflejan con precisión la realidad administrativa y territorial del estado.

Asimismo, lamentó que algunos medios difundieran información imprecisa respecto a supuestos bonos, pagos adicionales por presidir comisiones o percepciones extraordinarias.

En ese sentido, aseguró que las percepciones de las diputaciones en Baja California se encuentran entre las más bajas del país. “Aquí percibimos 62 mil pesos, no hay bonos, no hay seguros de vida, no hay aguinaldos ni primas vacacionales, inclusive no contamos con seguridad social ni servicios de salud”, afirmó.

Finalmente, expresó que ante la próxima reforma constitucional anunciada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a homologar presupuestos y percepciones en los congresos estatales, en Baja California existe disposición para realizar ajustes con responsabilidad.

“Si hay que reducir partidas y eficientar áreas, estamos listos para hacerlo con responsabilidad”, concluyó.

Aborda diputado Beto Valle problemática por falta de docentes en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad

  • “Sin que funcionen plenamente, no hay inclusión real”, señala en tribuna.

El diputado Beto Valle presentó un posicionamiento en la Máxima Tribuna para visibilizar la problemática generada por la falta de docentes en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), situación que afecta directamente a personas con discapacidad y sus familias en Baja California.

“Hoy quiero hablar de una realidad que viven todos los días estudiantes con discapacidad y sus familias en Baja California, como es la falta de docentes en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad”, expresó el legislador.

Los CAED son instituciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ofrecen bachillerato no escolarizado a personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o intelectual. El diputado advirtió que lo que ocurre no es un problema menor ni aislado, sino una falla estructural que impide que estos centros cumplan plenamente con su función, aun cuando existen personas capacitadas que podrían impartir clases.

Con base en datos del Censo 2020 y de la ENADID 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Baja California más de 18 mil niñas y niños menores de 14 años viven con alguna discapacidad, y aproximadamente 17 mil 700 jóvenes de entre 15 y 29 años se encuentran en edad de cursar educación media superior o superior.

En total, más de 35 mil niñas, niños y jóvenes cuya trayectoria educativa depende de políticas públicas con enfoque de inclusión.

Para muchas personas con discapacidad, el CAED no es una opción adicional, sino la única oportunidad real de cursar la preparatoria. Sin suficientes docentes, explicó, el avance académico se vuelve más lento, el personal se sobrecarga y el derecho a la educación se debilita.

Desde tribuna, Beto Valle hizo un llamado directo a facilitar soluciones: permitir que maestros de base colaboren en los CAED sin perder derechos laborales, evitar que se les reduzcan horas o ingresos y reconocer que estos centros requieren reglas especiales por su naturaleza.

“No se trata de privilegios, se trata de sentido común y de justicia educativa. Sin docentes, no hay educación; sin reglas justas, no hay docentes. Y sin que funcionen estos centros plenamente, no hay inclusión real”, concluyó.

Exhorta diputado Jaime Cantón a PROFECO a investigar prácticas de Telcel sobre uso de datos personales

  • Impulsa además reforma para prohibir el condicionamiento de servicios a la entrega de datos con fines comerciales.

El diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha presentó ante el Pleno un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), César Iván Escalante Ruiz, a realizar una revisión técnica y jurídica del contrato de adhesión utilizado por Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel), empresa con mayor participación de mercado en telecomunicaciones en el país.

El exhorto fue acompañado por una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el propósito de prohibir expresamente que cualquier empresa condicione la venta, adquisición o suministro de bienes y servicios a la aceptación del tratamiento de datos personales para finalidades secundarias o comerciales.

La acción legislativa se sustenta en una denuncia documentada por la asociación civil PRODECO (Protección de los Derechos del Consumidor), presidida por Sergio Moctezuma Martínez, en la que se identifican cláusulas dentro del aviso de privacidad de Telcel que, a juicio de la organización, condicionan la prestación del servicio a que el usuario autorice el uso comercial de sus datos personales.

Entre las disposiciones señaladas se encuentran el análisis de datos del consumidor —incluida información proveniente de redes sociales— para generar perfiles con fines publicitarios; la compartición de dichos perfiles con empresas del mismo grupo y socios comerciales; así como la posible transferencia de datos a terceros, incluyendo instituciones financieras, salvo oposición expresa del usuario.

La iniciativa establece que ningún proveedor podrá condicionar la relación comercial a la aceptación del tratamiento de datos para finalidades distintas a las estrictamente necesarias para la prestación del servicio.

Es decir, no se restringe la posibilidad de solicitar consentimiento de datos personales para usos comerciales, pero se exige que éste sea libre, informado y no condicionado.

El diputado Cantón fundamentó su propuesta también en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en su artículo 185 reconoce la protección de datos y el derecho a no recibir comunicaciones no solicitadas, así como en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que establece el principio de consentimiento libre y los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) sobre el tratamiento de datos personales.

Con esta propuesta, el legislador busca reforzar la protección de los derechos de las y los consumidores frente a prácticas que puedan resultar coercitivas, privilegiando la transparencia, la libertad de elección y el respeto a la privacidad.

Presenta diputada Mayola Gaona su postura relativa a la atención de jóvenes en riesgo y prevención del delito en BC

  • La seguridad no solo se construye con inteligencia policial, también reconstruyendo el tejido social desde sus bases juveniles
  • Baja California merece que sus juventudes crezcan con esperanza de un futuro mejor, y no con miedo

La seguridad de Baja California no solo se construye con inteligencia policial, también reconstruyendo el tejido social desde sus bases juveniles, indicó la diputada María Yolanda Gaona Medina, al presentar un posicionamiento ante el Pleno.

Su postura se refiere a la problemática relativa a la atención de jóvenes en riesgo y a la importancia de fortalecer la prevención del delito, por considerar que: “es momento de poner verdaderamente el corazón, reconociendo que cada vida joven que se pierde es un fracaso en nuestra misión de heredar un futuro más justo y una vida mejor y más digna para todos**”.

“Como representantes populares —dijo— debemos ser el resultado de las decisiones que la ciudadanía exige, y nuestra responsabilidad primordial es garantizar derechos y circunstancias que permitan una vida digna para las familias de Baja California”.

Luego mencionó que en el estado existen jóvenes atrapados en un ciclo de violencia y falta de oportunidades, situación que no puede seguir siendo ignorada, puesto que los datos son alarmantes y obligan a actuar con carácter urgente.

Añadió la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) que, como legisladores, “no debemos ser observadores pasivos de estas circunstancias que considerábamos superadas, porque hoy enmarcan un presente de miedo para nuestros jóvenes”.

Mayola Gaona precisó, al hacer uso de la Máxima Tribuna, que se requiere ser congruentes con la responsabilidad de alzar la voz, exigiendo la atención inmediata y prioritaria mediante políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la prevención del delito y la atención de jóvenes en riesgo.

Dichas políticas deben tener entre otros objetivos:

  • Institucionalizar programas deportivos de alta disciplina en los siete municipios del estado, siguiendo modelos de éxito como el Escuadrón Juvenil Deportivo.
  • Implementar programas y talleres artísticos en las colonias identificadas con mayor vulnerabilidad.
  • Establecer convenios de colaboración con el sector privado para garantizar la inserción laboral de jóvenes en riesgo.
  • Facilitar el acceso a servicios psicológicos gratuitos y programas de tamizaje en escuelas para la detección oportuna de trastornos mentales y consumo de sustancias, combatiendo el suicidio desde la prevención primaria.

Esto es un llamado a la conciencia sobre la crisis silenciosa que asfixia a nuestras juventudes, porque cada joven que logramos arrebatar a la atracción del dinero fácil, a la deserción escolar y a la delincuencia, para integrarlo a una vida laboral digna, es una victoria de la civilidad sobre la violencia”.

Finalmente, la legisladora local enfatizó que Baja California merece que sus juventudes crezcan con esperanza de un futuro mejor y no con miedo.

Apruébales Congreso de Baja California reforma contra la violencia en el noviazgo

  • La iniciativa presentada por la diputada Evelyn Sánchez fortalece el marco legal para proteger a mujeres jóvenes y adolescentes

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado aprobó el Dictamen número 12, mediante el cual se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, con el objetivo de reconocer y definir expresamente la violencia en el noviazgo como una modalidad de violencia contra las mujeres.

La reforma, presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchezmodifica el artículo 4 y adiciona un artículo 7 Bis a la citada ley, con el fin de incorporar el concepto de noviazgo y establecer la definición jurídica de violencia en este tipo de relaciones afectivas.

La diputada inicialista presentó una reserva para modificar la definición de noviazgo, ya que actualmente en la ley se presupone que es una relación temporal y que busca la formalización permanente, lo cual excluiría del ámbito de protección las relaciones de noviazgo que no aspiran a dicha situación. Por ello, se busca privilegiar la práctica social y la conciencia del mismo, ampliando los alcances de protección a las víctimas de esta modalidad de violencia.

De acuerdo con el dictamen, que fue aprobado en lo general y en lo particular, se entenderá por noviazgo la relación sentimental voluntaria y temporal entre dos personas que no están unidas por vínculo matrimonial ni concubinato.

Asimismo, se define la violencia en el noviazgo como toda acción u omisión intencional, de naturaleza abusiva, ejercida por quien sea o haya sido pareja sentimental de la mujer, con el propósito de dominar, controlar, agredir, manipular, humillar, hostigar o ejercer presión que lesione su dignidad, integridad o libertad.

El dictamen señala que la reforma tiene sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, sin restringir su protección únicamente al ámbito familiar tradicional.

Tras el estudio de constitucionalidad y técnica legislativa, la Comisión consideró procedente la iniciativa, con ajustes de redacción para otorgar mayor claridad y certeza jurídica, evitando ambigüedades y armonizando su contenido con el resto de la ley vigente.

Beto Valle proponen tipificar como intento de homicidio ataques con combustible en casas y comercios

  • El diputado tecatense presentó una iniciativa para que el derrame de sustancias inflamables en inmuebles con personas en su interior sea sancionado como tentativa de homicidio. La propuesta fue turnada a comisión.

El diputado, Beto Valle presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para sancionar como tentativa de homicidio el derrame de combustible u otras sustancias inflamables en viviendas o comercios cuando haya personas al interior.

El legislador tecatense argumentó que estas conductas representan un riesgo directo contra la vida, pero actualmente pueden ser clasificadas como amenazas o daños, lo que consideró insuficiente frente a la gravedad del acto.

Señaló que la propuesta surge tras casos recientes en los que el combustible ha sido utilizado como mecanismo de intimidación en robos y extorsiones, generando peligro de muerte por incineración o asfixia.

Valle añadió que la iniciativa retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de tentativa del delito, con el objetivo de cerrar vacíos legales y sancionar conductas de extrema violencia.

La propuesta fue turnada a comisión para su análisis y eventual dictaminación.