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Etiqueta: congreso bc

Congreso de BC establece Consejos Municipales de Paz para fortalecer la prevención social de la violencia

  • Estarán integrados mayoritariamente por ciudadanos y serán presididos indelegablemente por alcaldes.
  • “Lo que ahora estamos haciendo es institucionalizar la participación ciudadana y el control del pueblo sobre la política de seguridad más allá de trienios y sexenios”, dijo el diputado inicialista Jorge Ramos.

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el conjunto de reformas impulsadas por el diputado Jorge Ramos Hernández, orientadas a fortalecer la prevención social del delito desde el ámbito municipal mediante la creación de un Consejo Municipal para la Paz y la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en cada ayuntamiento de Baja California.

Estos Consejos serán órganos colegiados encargados de formular programas, diseñar estrategias integrales, dar seguimiento a resultados y fomentar la participación ciudadana en las políticas de prevención.

“El alcance de esta reforma trasciende la manera tradicional de atender la política pública de seguridad; estamos institucionalizando la participación ciudadana y el control del pueblo sobre la política de seguridad más allá de trienios y sexenios”, subrayó el legislador.

Las nuevas instancias municipales estarán integradas mayoritariamente por ciudadanos de reconocida solvencia moral, así como representantes vecinales, de la sociedad civil, del sector académico y autoridades municipales y estatales. Serán presididas de manera indelegable por las y los presidentes municipales, quienes asumirán la responsabilidad política directa de conducir las estrategias de prevención en sus demarcaciones.

Jorge Ramos enfatizó que los alcaldes no podrán delegar su presencia ni participación cuando se trate de actividades relacionadas con el Consejo y las políticas de prevención del delito y de las violencias en sus ayuntamientos.

Entre las atribuciones de los Consejos Municipales de Paz destacan la aprobación de Programas Municipales de Prevención; el diseño de estrategias con metas e indicadores de reducción de violencia; la evaluación de la inversión pública en prevención; la coordinación entre dependencias municipales y estatales; el fomento de comités comunitarios y campañas educativas; y la emisión de recomendaciones a autoridades locales.

Asimismo, se contempla la coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Centro Estatal de Prevención Social, alineando esfuerzos con la Estrategia Nacional de Pacificación en materia de seguridad pública.

Durante la votación del Dictamen No. 3 de Fortalecimiento Municipal, la diputada Yohana Gilvaja presentó una reserva para establecer un catálogo de espacios públicos donde puedan desarrollarse actividades deportivas, culturales, laborales y de prevención social del delito, reportando al Consejo Municipal las condiciones de utilidad y mantenimiento.

La reforma también garantiza la participación de habitantes de colonias y poblados rurales en las acciones impulsadas, así como la planeación, instrumentación y evaluación de programas de administración del tiempo libre dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con invitación a madres y padres de familia.

Con esta aprobación se reformaron diversos artículos de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana y la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California, fortaleciendo el marco jurídico para una política de seguridad con enfoque preventivo y participación ciudadana.

Exhorta diputada Montse Murillo a la SICT a rehabilitar la carretera Transpeninsular en San Quintín

  • Busca priorizar acciones de mantenimiento y mejora integral en beneficio de la población de San Quintín.

La diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó un exhorto dirigido al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno Federal, Jesús Antonio Esteva Medina, así como al director general del Centro SICT Baja California, Enrique Sydney Caraveo, para que consideren la implementación prioritaria de acciones de rehabilitación, mantenimiento mayor y mejora integral de la carpeta asfáltica de la carretera Transpeninsular en su tramo correspondiente al municipio de San Quintín.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que San Quintín es el corazón de su distrito y representa para el estado y para México un baluarte de esfuerzo, productividad y riqueza cultural.

Precisó que, conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la carretera es de competencia federal; sin embargo, destacó que, amparados en el derecho humano a la movilidad y en los valores de fraternidad nacional, es necesario sumar esfuerzos con la federación para atender problemáticas que impactan directamente en la vida diaria de la población.

Murillo López subrayó que la carretera Transpeninsular no es solo infraestructura, sino la columna vertebral de la vida cotidiana de las y los sanquintinenses, ya que por ella transitan estudiantes, personas enfermas, trabajadores del campo y familias que dependen de esta vía para su seguridad y desarrollo.

San Quintín es una tierra donde miles de familias trabajan diariamente para alimentar a la nación y fortalecer nuestra economía. Sin embargo, para que este potencial se traduzca verdaderamente en bienestar social, es indispensable contar con vías de comunicación que estén a la altura de la grandeza de su gente”, expresó.

La diputada explicó que el exhorto deriva de un ejercicio democrático y abierto realizado en coordinación con el Poder Ejecutivo del Estado, donde se escucharon directamente las demandas ciudadanas respecto a las condiciones de la carretera.

Finalmente, reiteró que el llamado a la SICT se realiza con espíritu constructivo y de colaboración republicana, reconociendo la labor del Gobierno Federal y buscando fortalecer la coordinación interinstitucional para atender una demanda prioritaria de la población de San Quintín.

Diputada pide a la CEDHBC a informar sobre recomendaciones en materia de desaparición forzada

  • La diputada Alejandra Ang solicita informe de las medidas emitidas para fortalecer la búsqueda e investigación de personas desaparecidas.

Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones institucionales en materia de desaparición forzada, la diputada Alejandra María Ang Hernández presentó ante el Congreso del Estado una proposición de acuerdo económico para solicitar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) un informe actualizado sobre el cumplimiento de la Recomendación General No. 1/2021.

Desde tribuna, la legisladora planteó que el informe detalle el avance en la adopción de 20 medidas dirigidas a diversas autoridades estatales, relacionadas con la prevención, investigación y erradicación de la desaparición forzada en la entidad.

Subrayó que este delito constituye una violación grave a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. Citó datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que reporta más de 132 mil personas desaparecidas en el país de 1964 a enero de 2026, una proporción significativa correspondiente a mujeres jóvenes.

Añadió que México ha impulsado avances normativos tras la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, incluida la expedición de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en 2017 y la armonización legislativa en las entidades.

En el caso de Baja California, destacó que en abril de 2024 el Congreso local expidió la Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado, además de aprobar presupuestos para el fortalecimiento institucional, la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, la inversión en nuevas instalaciones, el fortalecimiento del Centro Estatal de Ciencias Forenses, así como la ampliación de capacidades de la Comisión Local de Búsqueda y del Servicio Médico Forense.

No obstante, advirtió que el contexto continúa siendo complejo, con reportes de hasta ocho desapariciones diarias en 2024 y un incremento de casos en Tijuana, lo que obliga a reforzar la coordinación y la evaluación permanente de las políticas públicas implementadas.

Con base en ello, se exhorta al titular de la CEDHBC, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, a remitir a la Presidencia de la Mesa Directiva un informe escrito, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, sobre el grado de cumplimiento de la Recomendación General No. 1/2021, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y garantizar una atención integral a víctimas y sus familias.

Aprueban iniciativa en beneficio de la niñez en estado de orfandad en Baja California

  • Reforman la Ley de Asistencia Social para incluir a niñas, niños y adolescentes en esta situación como grupo prioritario.
  • Señalan que cuando carecen de cuidados parentales enfrentan un riesgo elevado de exclusión social, deserción escolar, explotación y afectaciones a su desarrollo integral.

En sesión de la Comisión de Bienestar del Congreso del Estado, fue aprobada la iniciativa presentada por la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, mediante la cual se reforma la Ley de Asistencia Social para Baja California con el objetivo de incluir expresamente a niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad como sujetos prioritarios de atención.

Durante el análisis del proyecto, se destacó que el desarrollo social implica garantizar igualdad, justicia y bienestar integral a través de políticas públicas que atiendan los factores estructurales que afectan a familias y personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo además la cohesión comunitaria.

La Comisión de Bienestar, presidida por la diputada Michelle Tejeda, consideró que los argumentos expuestos por la inicialista fueron sólidos y suficientemente fundamentados para respaldar la reforma.

Con esta modificación, se busca que la asistencia social en Baja California atienda de manera prioritaria a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, entendida como la condición en la que una persona menor de 18 años ha perdido a uno o ambos progenitores o tutores legales y carece de redes familiares funcionales que garanticen su bienestar.

La inclusión de este grupo en la Ley permitirá generar un impacto positivo al garantizar un entorno seguro y estable, asegurando que sus necesidades básicas —como alimentación, vivienda, educación y atención médica— estén cubiertas. Asimismo, se contempla el acceso a apoyo emocional y psicológico mediante profesionales capacitados y redes de acompañamiento.

Se subrayó que cuando las y los menores carecen de cuidados parentales enfrentan un riesgo elevado de exclusión social, deserción escolar, explotación y afectaciones a su desarrollo integral.

La legisladora también señaló que la orfandad infantil es un problema creciente en el país. De acuerdo con datos de UNICEF, millones de niñas y niños han perdido a uno o ambos progenitores, situación que incrementa su vulnerabilidad y limita sus oportunidades de desarrollo.

Finalmente, se advirtió que tanto a nivel nacional como estatal existen deficiencias en los registros y mecanismos de seguimiento a menores en condición de orfandad, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la atención institucional y la supervisión pública en esta materia.

Aprueban en BC iniciativas para proteger a niños y mujeres víctimas de trata y violencia química

  • Los diputados avalan que no se criminalice a personas víctimas de trata; se proteja a las infancias, personas con discapacidad y a mujeres víctimas de violencia química.
  • También aprueban reforma al Código Penal para ampliar protección en casos de homicidio y lesiones calificados.

En sesión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, presidida por la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, fueron aprobadas diversas iniciativas de reforma en materia de trata de personas, homicidio, lesiones y violencia química, con opinión técnica de la Dirección de Consultoría Legislativa.

Las diputaciones integrantes avalaron los dictámenes por unanimidad —seis votos a favor, cero en contra y cero abstenciones— con el objetivo de fortalecer la protección a niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de agresiones y personas con discapacidad.

Entre los proyectos aprobados se encuentra el Dictamen No. 21, derivado de la iniciativa presentada por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, que reforma la Ley para Prevenir, Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos en Baja California.

La propuesta incorpora el principio de no criminalización como eje rector de la legislación, con el fin de evitar que las víctimas sean procesadas o sancionadas por conductas derivadas de su situación de explotación.

Este principio se suma a otros ya contemplados, como la máxima protección, el interés superior de la infancia, el derecho a la reparación del daño y la garantía de no revictimización.

Asimismo, se aprobó el Dictamen No. 22, que unifica iniciativas de reforma al artículo 147 del Código Penal deBaja California, presentadas por las diputadas Michelle Tejeda y Adriana Padilla Mendoza, para ampliar el rango de protección en los delitos de homicidio y lesiones calificados, incluyendo de manera expresa a personas menores de dieciocho años y a personas con discapacidad.

De igual forma, fue avalado el Dictamen No. 23, correspondiente a la iniciativa presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, que reforma el artículo 143 TER del Código Penal Estatal para ampliar y especificar los tipos de violencia química contra la mujer, además de robustecer las obligaciones del Ministerio Público en la protección de las víctimas.

La reforma establece que, en estos casos, la fiscalía deberá actuar con perspectiva de género y coordinarse con las autoridades competentes para decretar las medidas de protección previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado.

En la sesión participaron también las diputaciones Ramón Vázquez, Juan Manuel Molina García, Jaime Cantón, Araceli Geraldo y Diego Echevarría Ibarra, así como el director de la Consultoría Legislativa, Israel Ceseña, con la asistencia de representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Con estas acciones, la Comisión de Justicia refrenda su compromiso de fortalecer el marco jurídico estatal en favor de los derechos humanos y la protección integral de los sectores más vulnerables.

Comisión de Igualdad de BC impulsa reformas contra violencia económica y violencia en el noviazgo

  • Desde el Congreso de Baja California se fortalecen herramientas legales para proteger a mujeres.
  • También aprueban convocatoria al Muro de Honor y foro sobre el Sistema Nacional de Cuidados.

Bajo la conducción de la diputada Michel Sánchez Allende, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado aprobó diversas reformas orientadas a fortalecer el marco jurídico para prevenir y atender la violencia económica y la violencia en el noviazgo, así como para establecer capacitación obligatoria con perspectiva de género en el servicio público.

La legisladora destacó que estas modificaciones permiten actualizar la legislación para responder a problemáticas reales que enfrentan las mujeres, como el control de recursos, el impago de obligaciones económicas y las agresiones que pueden presentarse desde etapas tempranas de las relaciones afectivas.

Entre los dictámenes avalados se encuentran reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de ampliar el alcance de las políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres, fortalecer el reconocimiento y atención de la violencia económica e incorporar con mayor precisión la violencia en el noviazgo como una modalidad que requiere prevención y atención institucional.

Asimismo, se aprobó la reforma a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, en armonización con la Ley Daryela, para establecer cursos, talleres y pláticas obligatorias bajo el principio de perspectiva de género en el ámbito público, como medida preventiva para transformar prácticas institucionales y evitar conductas discriminatorias o violentas.

En materia de reconocimiento, la Comisión declaró procedente la reforma a la Ley del Muro de Honor a las Mujeres Destacadas en el Estado de Baja California, fortaleciendo este mecanismo para visibilizar a mujeres que han contribuido al desarrollo de la entidad en ámbitos como innovación, emprendimiento, salud y labor social.

También se aprobó la convocatoria al Muro de Honor de las Mujeres Destacadas de Baja California, cuyo periodo de registro iniciará al día siguiente de su publicación en medios oficiales y concluirá el 27 de marzo de 2026.

Además, se avaló la realización de un Parlamento Abierto en modalidad de foro titulado “Derecho al Cuidado y la Construcción Concurrente del Sistema Nacional de Cuidados”, con el objetivo de recoger propuestas de personas cuidadoras, colectivas, academia, especialistas, autoridades y sociedad civil, y avanzar hacia un marco jurídico estatal que garantice el derecho al cuidado.

En la sesión participaron las diputadas Julia Andrea González Quiroz, Dunnia Montserrat Murillo López, Alejandra María Ang Hernández y Evelyn Sánchez Sánchez, así como el diputado Juan Manuel Molina García.

También asistieron representantes de dependencias estatales, de la Secretaría de las Mujeres, del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de los municipios de Rosarito y Mexicali, así como de instituciones académicas como El Colegio de la Frontera Norte, quienes refrendaron el compromiso institucional de avanzar hacia la igualdad sustantiva en Baja California.

Avanza reforma para garantizar un turismo libre de discriminación en Baja California

  • Aprueban iniciativa que prohíbe la discriminación por orientación sexual o identidad de género en los servicios turísticos.

En sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Turismo e Inversión y de la Diversidad del Congreso del Estado, se aprobó el dictamen relativo a la iniciativa presentada por la diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, que reforma el artículo 2 de la Ley de Turismo para prevenir y eliminar todo tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género en las actividades y servicios turísticos de Baja California.

Durante el análisis del proyecto, la legisladora subrayó que el turismo dirigido a la comunidad LGBTTTQ+ debe ser respetado y reconocido, estableciendo medidas claras contra actos de discriminación en hoteles, restaurantes, agencias y demás prestadores de servicios turísticos.

Ruiz Mendoza destacó que las personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual han ejercido su derecho a alzar la voz frente a situaciones de exclusión, por lo que consideró fundamental que el Congreso atienda esta demanda con responsabilidad y sensibilidad.

Por su parte, el diputado Jaime Cantón celebró que se continúe legislando a favor de la igualdad y la inclusión, señalando que el Congreso envía un mensaje claro de que todas las personas, sin distinción de género, orientación sexual, raza o religión, tienen los mismos derechos ante la ley.

El legislador enfatizó que Baja California es un destino diverso que recibe con apertura a visitantes de la comunidad de la diversidad sexual, y advirtió que los casos de negación de servicios por motivos discriminatorios no deben repetirse, ya que enfrentarán las sanciones correspondientes conforme a la ley.

En la Comisión mixta fungió como presidenta la diputada Tere Ruiz y como secretario el diputado Jaime Cantón.

Como vocales participaron las diputaciones Michelle Tejeda, Araceli Geraldo, Fidel Mogollón, Juan Manuel Molina García y Julia González, quienes refrendaron el compromiso de avanzar hacia un turismo incluyente, respetuoso y libre de discriminación en la entidad.

Con esta reforma, el Congreso busca proyectar a Baja California como un destino turístico diverso y respetuoso de los derechos humanos, fortaleciendo su competitividad y reputación a nivel nacional e internacional.

Impulsa Comisión de Medio Ambiente reformas para fortalecer la política ambiental y la gestión de residuos en Baja California

  • Aprueban proyectos sobre reforestación, prevención de incendios, denuncia de delitos ambientales y sanciones con trabajo comunitario.

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, presidida por el diputado Diego Echevarría Ibarra, celebró sesión ordinaria en la que se aprobaron diversos proyectos orientados a fortalecer la política ambiental y la gestión integral de residuos en Baja California.

Entre los dictámenes avalados destaca la iniciativa presentada por la diputada Araceli Geraldo, enfocada en reforzar la política de prevención de incendios forestales. La propuesta establece que las acciones de prevención, detección, capacitación, combate y control de incendios deberán tener carácter prioritario en la agenda ambiental del Estado.

Asimismo, fue respaldada la iniciativa del legislador Diego Echevarría para establecer un convenio de colaboración entre la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el fin de ampliar los puntos de recepción de denuncias ciudadanas por delitos ambientales, ya que actualmente estas solo pueden presentarse en Mexicali.

En materia de conservación, se aprobó una propuesta que crea un programa integral de reforestación en casos de aprovechamiento o eliminación de vegetación forestal.

La medida obliga a propietarios, poseedores o usufructuarios a realizar la restauración correspondiente con especies endémicas o nativas, asegurando la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales.

También se dictaminó una reforma integral para atender los riesgos epidemiológicos y ambientales derivados de los tiraderos a cielo abierto, impulsando la transición hacia un modelo de gestión regional e intermunicipal de residuos sólidos.

Estas iniciativas, junto con la que faculta a los municipios para implementar medidas preventivas en la disposición final de residuos conforme a las normas oficiales mexicanas, fueron presentadas por el diputado Ramón Vázquez.

Por otra parte, la Comisión avaló la iniciativa de la diputada Michelle Tejeda, que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado, con el propósito de incluir el trabajo comunitario dentro del catálogo de sanciones aplicables.

En estos trabajos legislativos participaron también las diputaciones Jorge Ramos, Angélica Peñaloza, Jaime Cantón, Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza y Daylín García, quienes refrendaron el compromiso de fortalecer el derecho de la población a un entorno sano y sustentable.

Al cierre de la sesión, Echevarría Ibarra informó que sostuvo una reunión con la nueva secretaria de Medio Ambiente, Elvia Martínez, a quien planteó diversos temas pendientes de la Comisión, entre ellos la reforma relativa al inventario de emisiones.

Señaló que la funcionaria manifestó su disposición para acudir a una próxima reunión y presentar sus consideraciones técnicas ante las y los legisladores.

Diputado Juan Manuel Molina exige revisión integral por carencias en el Hospital de San Felipe

  • El exhorto aprobado se dirige al Secretario de Salud de Baja California y al IMSS-Bienestar para garantizar excelencia operativa.
  • “La verdadera eficacia del servicio radica en la armonía entre suficiencia técnica y cuadros profesionales altamente calificados”, señaló Molina García.

Con el propósito de garantizar que el Hospital del municipio de San Felipe opere bajo los más altos estándares de calidad y eficacia, el diputado Juan Manuel Molina García presentó un exhorto dirigido al secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, así como al organismo IMSS-Bienestar, para que se realice una revisión técnica integral de la unidad médica.

La proposición fue respaldada por las y los integrantes de la XXV Legislatura y tiene como finalidad asegurar que el nosocomio cuente con personal especializado, estabilidad en los cuadros médicos y programas de formación continua que permitan responder con eficacia a las necesidades de la población.

Durante su intervención, el legislador señaló que la vigencia plena del derecho a la salud no se limita a la existencia de instalaciones modernas, sino que depende de la suficiencia técnica y de contar con profesionales altamente calificados que garanticen una atención médica adecuada.

Molina García explicó que, en sus recorridos por el séptimo municipio, ha recogido la inquietud ciudadana sobre la necesidad de fortalecer la capacidad operativa del hospital, a fin de que mantenga un nivel de excelencia acorde con el crecimiento demográfico y las particularidades geográficas de la región.

El exhorto enfatiza que el Hospital de San Felipe representa el eje rector de la seguridad sanitaria en una zona que históricamente ha enfrentado retos derivados de la lejanía con los principales centros urbanos, por lo que resulta indispensable consolidar su autonomía operativa y capacidad de respuesta ante emergencias críticas.

“El servicio de salud es un bien público supremo y no admite demora; debemos actuar con celeridad para que el pueblo de San Felipe cuente con un hospital de excelencia operativa que reduzca la vulnerabilidad y el desamparo”, concluyó el diputado.

Con esta acción legislativa, el Congreso de BC busca fortalecer la coordinación entre los órdenes de gobierno estatal y federal, asegurando que la infraestructura hospitalaria opere bajo estándares que brinden certeza médica y jurídica a la ciudadanía.

Diputada Maythé Méndez impulsa acceso a vivienda para policías, comunicadores y sectores vulnerables en Baja California

  • El Congreso solicita a INDIVI-BC un informe detallado sobre los programas de vivienda social proyectados para 2026.

La diputada María Teresa Méndez Vélez presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la directora general del Instituto para el Desarrollo Urbano de la Vivienda de Baja California (INDIVI-BC), Guadalupe Cuellar Escoto, a rendir un informe detallado sobre los programas de vivienda social proyectados para el ejercicio 2026.

La legisladora reconoció los avances logrados mediante el programa Vivienda Violeta, impulsado por el INDIVI-BC para atender a madres autónomas y facilitarles el acceso a un patrimonio.

Destacó que cuando las políticas públicas se focalizan en necesidades sociales concretas, los resultados se traducen en beneficios tangibles para la población.

El exhorto plantea que las políticas de vivienda del Estado garanticen el acceso a un patrimonio digno para sectores históricamente desatendidos, como jóvenes trabajadores, madres autónomas, familias de escasos recursos, elementos de corporaciones policíacas y comunicadores de medios escritos y digitales.

Maythé Méndez subrayó que los policías desempeñan un servicio público de alto riesgo en labores de prevención y protección, por lo que consideró que el Estado debe reconocer su función e incluirlos en los programas de vivienda social.

Asimismo, señaló que el gremio de comunicadores merece ser contemplado, al tratarse de un sector que ha contribuido al fortalecimiento democrático y al ejercicio de la libertad de expresión en Baja California.

El punto de acuerdo solicita que el informe incluya el número total de viviendas proyectadas por municipio, los recursos públicos destinados, los costos estimados, los sectores beneficiados y las fechas de inicio y conclusión de los programas.

También se pide precisar si existe algún convenio con el gobierno federal para la construcción conjunta de vivienda y si se cuenta con un programa de recuperación de casas abandonadas.

Finalmente, se requiere confirmar si dentro de los programas de vivienda social se contempla destinar un porcentaje específico de viviendas a policías y comunicadores.

La proposición fue respaldada por unanimidad del Pleno de la XXV Legislatura, reforzando el compromiso institucional de avanzar hacia una política de vivienda más incluyente y con visión de justicia social para Baja California.