Skip to main content

Etiqueta: congreso bc

¡No los dejaron ni entrar! Recibe Michel Sánchez a extrabajadores de Autolite y va contra empresas “golondrinas”

  • Las y los afectados relataron que encontraron las puertas cerradas y se les negó el acceso a su centro de trabajo, sin previo aviso ni acompañamiento institucional.

La diputada Liliana Michel Sánchez Allende recibió en el Congreso del Estado a 51 extrabajadores de Autolite, quienes denunciaron haber sido despedidos sin indemnización ni notificación formal tras el cierre repentino de la planta en enero.

Durante el encuentro en la Sala Mujeres de Baja California: Forjadoras de la Patria, las y los afectados relataron que encontraron las puertas cerradas y se les negó el acceso a su centro de trabajo, sin previo aviso ni acompañamiento institucional.

Entre las personas afectadas hay trabajadores con antigüedad de seis meses hasta 21 años, además de casos con más de 30 años de servicio. La mayoría tiene entre 48 y 70 años, lo que dificulta su reinserción laboral ante la falta de alternativas inmediatas.

La legisladora subrayó que el caso evidencia la necesidad de fortalecer el marco legal y recordó que en el Congreso se impulsa la “Ley antigolondrinas”, una reforma al Código Penal que busca tipificar como delito el cierre repentino de empresas, el impago de salarios y el abandono laboral.

Michel Sánchez se comprometió a gestionar apoyos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo, además de coordinarse con la Secretaría de Economía e Innovación y la Secretaría de Bienestar para generar oportunidades laborales y respaldar proyectos de emprendimiento.

Finalmente, hizo un llamado a mantener la unidad y fortalecer la organización colectiva, independientemente de que los casos se judicialicen por la vía pública o privada, al considerar que el acompañamiento institucional es clave para defender los derechos laborales en Baja California.

Legisladores exigen esclarecer hechos vinculados a la Guardia Nacional en Tijuana, Baja California

  • Demandan a los distintos órdenes acciones inmediatas para garantizar transparencia y depuración en los cuerpos de seguridad.
  • El 4 de febrero, uniformados irrumpieron el domicilio particular de una familia en la ciudad de Tijuana, Baja California.

El Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto para exigir el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el municipio de Tijuana, donde sujetos armados con uniformes de la Guardia Nacional irrumpieron de manera violenta en el domicilio de una familia de médicos en el fraccionamiento Chapultepec.

Desde tribuna, el diputado Jorge Ramos Hernández advirtió que este tipo de hechos representan una señal de alerta para la seguridad pública, ya que recuerdan episodios del pasado en los que grupos delictivos actuaban bajo la apariencia de autoridades. Subrayó que no se puede permitir que el miedo vuelva a dominar a las familias tijuanenses.

El legislador señaló que los hechos registrados la madrugada del 4 de febrero no deben considerarse aislados, ya que podrían evidenciar riesgos de infiltración del crimen organizado en corporaciones encargadas de brindar seguridad.

En ese sentido, Jorge Ramos afirmó que ninguna estrategia de paz puede sostenerse sin procesos reales de “depuración y moralización institucional”.

Aunque reconoció los esfuerzos sociales del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el diputado puntualizó que estos no serán suficientes si existe la posibilidad de que los cuerpos de seguridad estén vulnerados por intereses criminales.

Como resultado del debate, el Pleno acordó enviar un exhorto a la Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos; al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; y al Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Baja California, David Morales Hernández, para que informen sobre los avances de las investigaciones y las medidas adoptadas.

Finalmente, Jorge Ramos anunció que presentará una iniciativa para crear la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de los Cuerpos de Seguridad de Baja California, con el objetivo de contar con una instancia autónoma que investigue, prevenga y sancione la infiltración del crimen en las corporaciones encargadas de proteger a la ciudadanía.

Congreso de BC aprueba deuda pública para desaladora sin aumentar tarifa de agua en Tijuana, Ensenada y Rosarito

  • De acuerdo con legisladores, el financiamiento de la planta desalinizadora en Rosarito no impactará en las tarifas de los servicios públicos de la Zona Costa y será supervisado por las comisiones legislativas de Hacienda y Fiscalización.
  • El plazo máximo autorizado para el pago de la deuda será de hasta 30 años.

El Congreso de Baja California aprobó el Dictamen No. 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo estatal a gestionar y contratar deuda pública destinada a inversión pública productiva, como la construcción de la Desaladora de Rosarito, con el objetivo de garantizar el abasto de agua en la zona costa.

La iniciativa fue avalada con 19 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, incorporando una adenda presentada por la diputada Julia Andrea González Quiroz, presidenta de la Comisión dictaminadora, para fortalecer el contenido de diversos artículos del decreto.

Asimismo, se aprobó una reserva al artículo quinto, propuesta por el diputado Juan Manuel Molina García, en la que se establece que el servicio de la deuda no tendrá impacto en las tarifas de las Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada.

El legislador explicó que el financiamiento se cubrirá con un porcentaje de los ingresos derivados del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (Impuesto sobre Nómina), con el fin de no afectar la economía de las familias bajacalifornianas, reiterando el compromiso del grupo parlamentario de Morena de mantener estables las tarifas de los servicios básicos.

De acuerdo con el decreto, el Gobierno de Baja California, a través de la Secretaría de Hacienda, podrá contratar uno o varios financiamientos con instituciones del sistema financiero mexicano, siempre bajo las mejores condiciones de mercado y dentro de los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

El plazo máximo autorizado para el pago de la deuda será de hasta 30 años, con la posibilidad de establecer un periodo de gracia de hasta 36 meses, contados a partir de la primera disposición de los recursos o desde la celebración de los contratos correspondientes.

Finalmente, el Congreso de BC también aprobó un acuerdo para que la Secretaría de Hacienda rinda informes semestrales sobre la aplicación de los recursos, mientras que las comisiones de Fiscalización del Gasto Público y de Hacienda y Presupuesto serán las encargadas de dar seguimiento permanente al uso del financiamiento, hasta la liquidación total de las obligaciones adquiridas.

Diputada denuncia presunto intento de reclutamiento para prostitución en secundaria de Tijuana

  • La legisladora del PT, Yohana Gilvaja exhortó a autoridades educativas y de procuración de justicia a coordinar acciones urgentes para prevenir y sancionar la trata de menores en Baja California.

En sesión de Pleno, la diputada Yohana Gilvaja expuso la gravedad de un caso registrado en la Escuela Secundaria No. 6 Ignacio Zaragoza, en Tijuana, donde presuntamente alumnas intentaron reclutar a otra estudiante para prostituirse, supuestamente mediante hostigamiento y acoso dentro del plantel.

La legisladora subrayó que, si bien Baja California busca consolidar oportunidades educativas para niñas, niños y adolescentes, la vocación social del gobierno también debe reflejarse en la protección de la niñez frente a amenazas que vulneran su libertad sexual, integridad personal y desarrollo.

Advirtió que este hecho no es aislado, sino parte de un patrón observado en regiones con crisis de seguridad, violencia y pobreza, como Cancún y Acapulco, y que ahora comienza a manifestarse en Tijuana.

Aunque la dirección del plantel actuó de manera inmediata al dar de baja a las alumnas involucradas, la diputada señaló que la medida resulta insuficiente, pues existe la presunción de que detrás del caso hay redes dirigidas por adultos.

En ese sentido, exhortó a la Fiscalía General del Estado a investigar a los autores intelectuales, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la policía cibernética, a rastrear los mecanismos de captación y las comunicaciones relacionadas.

Finalmente, Yohana Gilvaja llamó a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Educación a coordinar acciones inmediatas de prevención y combate a la trata de menores, y propuso que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad implemente un programa preventivo en zonas de alto riesgo. La propuesta recibió respaldo de diversas fuerzas políticas en la XXV Legislatura, al reconocerse la urgencia y delicadeza del tema.

Congreso declara Benemérita a la Escuela Secundaria Magisterio No. 18 de Mexicali

  • El reconocimiento destaca casi 65 años de trayectoria educativa, formación cívica y servicio ininterrumpido a generaciones de estudiantes del oriente de la ciudad.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó declarar como Benemérita a la Escuela Secundaria Magisterio No. 18 de Mexicali, en reconocimiento a su mérito, trayectoria y aportación a la formación académica y cívica de miles de estudiantes durante casi 65 años de servicio ininterrumpido.

La iniciativa fue presentada por la diputada María Yolanda Gaona Medina, quien destacó que esta institución ha fomentado de manera constante el civismo y el respeto por los símbolos patrios, particularmente a través de su escolta y banda de guerra, que se han convertido en referentes dentro del sistema educativo estatal.

En su exposición, la legisladora subrayó que el plantel ha impulsado valores fundamentales como la disciplina, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la concentración y la perseverancia, herramientas que acompañan a las y los alumnos no solo en su formación académica, sino también en su desarrollo personal.

Como antecedente histórico, se recordó que la escuela inició operaciones en septiembre de 1960, cuando un grupo de docentes buscó establecer una secundaria en el oriente de Mexicali, una zona que en ese entonces carecía de opciones educativas de este nivel, lo que representó una oportunidad clave para cientos de jóvenes de la región.

Ubicada en las calles República de Ecuador y Salvador Díaz Mirón, en la colonia Alamitos, la secundaria se consolidó como un pilar educativo para la comunidad, atendiendo durante décadas a generaciones de estudiantes que encontraron en este plantel un espacio de formación integral.

El Dictamen No. 78 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales fue aprobado por 19 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, estableciendo además que se realicen las gestiones administrativas ante la Secretaría de Educación para formalizar el nuevo nombre de la institución en todos los documentos y registros oficiales.

Con esta declaratoria, el Congreso del Estado reconoce la aportación histórica de la Benemérita Escuela Secundaria Magisterio No. 18, como una institución que ha marcado de manera positiva el desarrollo educativo y social de Mexicali.

Plantean implementar programa de salud mental en escuelas de educación básica en Baja California

  • La iniciativa de la diputada Montse Murillo busca que la Secretaría de Salud establezca atención psicológica en planteles como medida preventiva ante la violencia y el rezago social.

La diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa para que la Secretaría de Salud de Baja California implemente un programa de salud mental en los planteles de educación básica, con el objetivo de atender problemáticas emocionales en la niñez y adolescencia.

De acuerdo con la legisladora, la inversión en bienestar psicológico representa una estrategia de seguridad pública y cohesión social a largo plazo, ya que la falta de atención oportuna en la infancia se traduce en la vida adulta en conductas antisociales, deserción escolar y baja productividad.

La propuesta plantea que, además de identificar casos, se establezcan protocolos claros de canalización inmediata hacia servicios especializados, con el fin de eliminar barreras burocráticas que actualmente limitan el acceso a atención profesional.

Montse Murillo destacó que la implementación de este programa permitiría consolidar una coordinación técnica entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, posicionando a Baja California como un referente en la garantía de derechos integrales de la niñez.

Datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) señalan que uno de cada siete niños y adolescentes en México vive con un trastorno mental diagnosticable, lo que confirma que la salud mental infantil es una crisis de salud pública que requiere atención urgente.

La iniciativa de reforma a la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California fue turnada a la comisión legislativa correspondiente para su análisis.

Instituye Congreso dos fechas contra la violencia vicaria y la manipulación coercitiva en Baja California

  • Se establecen el 11 de mayo y el 26 de julio como días estatales de sensibilización y memoria pública.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el Dictamen No. 75 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se instituyen dos fechas conmemorativas en Baja California: el 11 de mayo como Día Estatal contra la Violencia Vicaria y el 26 de julio como Día Estatal de Conmemoración a las Personas Sobrevivientes de Manipulación Coercitiva.

El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, misma que fue analizada por la comisión dictaminadora, donde se revisaron antecedentes legislativos, exposición de motivos y viabilidad constitucional, concluyendo que la propuesta cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

En el análisis jurídico se determinó que la iniciativa no contraviene disposiciones federales ni locales, y se sustenta en principios de derechos humanos, representación social y en las facultades constitucionales del Congreso para emitir posicionamientos institucionales frente a problemáticas sociales que requieren visibilización y memoria pública.

La Comisión de Gobernación destacó que la institucionalización de fechas conmemorativas constituye una herramienta para fomentar la sensibilización social, la prevención de violencias y el reconocimiento de luchas colectivas que históricamente han permanecido invisibilizadas.

Asimismo, se señaló que estos días permitirán fortalecer el debate público, generar políticas de atención y promover una cultura de respeto a los derechos humanos, particularmente en contextos de violencia estructural que afectan de manera diferenciada a mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

Con esta aprobación, la XXV Legislatura establece de manera oficial el 11 de mayo y el 26 de julio como fechas estatales conmemorativas, orientadas a la reflexión colectiva, la memoria social y la erradicación de prácticas de violencia y control en el ámbito familiar y social.

Aprueban reforma para fortalecer la participación ciudadana en Baja California

  • La modificación incorpora principios de inclusión, accesibilidad y perspectiva de género en el marco jurídico estatal.
  • La reforma planteada por la diputada Araceli Geraldo responde a la tendencia normativa que busca fortalecer la participación desde un enfoque de derechos humanos y equidad social.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el Dictamen No. 77 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se reforman la Constitución Política del Estado de Baja California y la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de fortalecer los principios rectores de los mecanismos de participación democrática.

El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, en la que se establecen como principios rectores la accesibilidad, inclusión, interculturalidad, no discriminación y perspectiva de género, a fin de garantizar una participación ciudadana plena, efectiva y en condiciones de igualdad sustantiva.

La reforma constitucional genera la necesidad de armonizar la legislación secundaria, particularmente la Ley de Participación Ciudadana, para evitar vacíos normativos y asegurar la coherencia jurídica que permita el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía.

De acuerdo con el análisis de la Comisión dictaminadora, la incorporación de estos principios rectores permitirá fortalecer la legitimidad de los instrumentos de participación, ampliar su alcance y consolidar una democracia más representativa, incluyente y con enfoque de derechos humanos y equidad social.

Asimismo, se subrayó que la participación ciudadana debe garantizarse eliminando barreras físicas, sociales, culturales y normativas que históricamente han limitado el acceso de diversos sectores de la población a los procesos democráticos.

Una vez aprobada por el Pleno, la reforma constitucional será turnada a los Ayuntamientos del Estado para su análisis y votación, y de obtenerse la aprobación de la mayoría de los Cabildos, se procederá a realizar la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.

Diputado Diego Echevarría propone castigar con cárcel el el ingreso y posesión de celulares a prisiones

  • El diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa para sancionar penalmente el ingreso, posesión y suministro de celulares y dispositivos tecnológicos en centros penitenciarios, al señalar que facilitan delitos como extorsión y coordinación criminal.

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control en los centros de reinserción social de Baja California, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para crear un nuevo tipo penal que sancione el ingreso, posesión y suministro ilegal de equipos de comunicación y tecnología en los penales del estado.

En la exposición de motivos, el legislador del PAN advirtió sobre el uso creciente de dispositivos tecnológicos desde el interior de las cárceles para vulnerar la seguridad pública. Señaló que resulta inaceptable que los centros penitenciarios se conviertan en espacios desde donde se ordenan y ejecutan delitos, incluso de alto impacto.

Indicó que recientemente se han documentado casos donde personas privadas de la libertad realizan transmisiones en vivo, publican videos en redes sociales y exhiben presuntos privilegios desde el interior de los penales, evidenciando fallas en el control institucional.

Echevarría Ibarra subrayó que un teléfono celular dentro de un penal no es un objeto ordinario, sino una herramienta que facilita delitos como la extorsión telefónica, la coordinación de células delictivas y el control de grupos criminales hacia el exterior.

Actualmente, explicó, la prohibición del ingreso de celulares se regula únicamente mediante sanciones administrativas, lo que ha permitido prácticas de corrupción que favorecen el flujo de tecnología a las cárceles.

La iniciativa propone imponer penas de uno a tres años de prisión y de 50 a 200 días multa a quien introduzca, posea o suministre celulares, radios, dispositivos de transmisión de datos, chips, cargadores o accesorios indispensables para su funcionamiento.

Asimismo, se plantea agravar la pena hasta en una mitad más cuando los hechos sean cometidos por servidores públicos o custodios penitenciarios, además de aplicar destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos. También se incrementaría la sanción cuando la finalidad sea facilitar la comisión de delitos desde el interior de los centros penitenciarios.

“La ausencia de sanciones penales ha alimentado un mercado negro que corrompe a custodios y fortalece a los internos, perpetuando la imagen de las cárceles como verdaderas escuelas del crimen”, sostuvo el diputado.

Nueva preparatoria impulsará la cobertura educativa en Tijuana: diputada Evelyn Sánchez

  • La diputada Evelyn Sánchez Sánchez afirmó que la construcción de una nueva preparatoria en Tijuana permitirá reducir rezagos históricos en educación media superior y ampliar oportunidades para miles de jóvenes.

La diputada Evelyn Sánchez Sánchez destacó que el anuncio de la construcción de una nueva preparatoria en Tijuana representa un avance decisivo para fortalecer la cobertura de educación media superior, al ampliar las opciones para que más jóvenes puedan continuar sus estudios.

Durante un posicionamiento presentado ante el Pleno del Congreso del Estado, la legisladora subrayó la relevancia del anuncio realizado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sobre la edificación de un nuevo plantel de bachillerato en la ciudad fronteriza.

La diputada señaló que por años Tijuana ha enfrentado un rezago histórico en espacios de educación media superior, lo que ha dejado fuera del sistema educativo a miles de jóvenes, no por falta de capacidad o interés, sino por la insuficiencia de lugares disponibles.

Precisó que la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 290, junto con la ampliación de espacios en otros planteles, representa una apuesta clara por el futuro de las juventudes y da cumplimiento al compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de saldar una deuda histórica con este sector.

Asimismo, subrayó que invertir en educación es una estrategia clave para fortalecer la paz, el bienestar y el desarrollo social, al generar alternativas reales y reducir brechas asociadas a la desigualdad y la falta de oportunidades.

“La educación deja de concebirse como un privilegio y se consolida como un derecho efectivo, cumpliendo con una deuda histórica con las juventudes de Baja California por parte del Gobierno de México”, afirmó.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir acompañando y defendiendo acciones que fortalezcan el acceso y la permanencia escolar, al considerar que cada nuevo espacio educativo contribuye a la construcción de proyectos de vida y al futuro de Tijuana y del país.