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Etiqueta: congreso bc

Diputado Beto Valle pide aliviar carga fiscal de mujeres con cáncer y personas en situación de vulnerabilidad

  • El exhorto busca que los siete ayuntamientos de Baja California incorporen perspectiva de género e inclusión social en las cargas recaudatorias.

El diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros exhortó a los siete ayuntamientos de Baja California a realizar ajustes a sus proyectos de leyes de ingresos, con el objetivo de incorporar una perspectiva de género, inclusión social y atención prioritaria a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, en particular mujeres con enfermedades oncológicas.

Durante su exposición, el legislador señaló que una parte significativa de las cargas recaudatorias impacta de manera desproporcionada a mujeres jefas de familia o solteras, quienes además de sostener sus hogares enfrentan los costos de tratamientos médicos especializados como quimioterapia o radioterapia, así como gastos adicionales de transporte, atención médica y cuidados familiares.

Beto Valle indicó que una situación similar enfrentan las personas con discapacidad, quienes deben cubrir gastos recurrentes relacionados con terapias, aparatos de movilidad, transporte accesible y servicios especializados, indispensables para garantizar una vida digna. Ignorar estas condiciones en la política fiscal, advirtió, profundiza la precariedad económica de numerosas familias.

Valle Ballesteros subrayó que es necesario avanzar hacia un sistema tributario con enfoque humano y estructural, que evite revictimizar a quienes ya se encuentran en desventaja social y que, por el contrario, implemente políticas fiscales progresivas que alivien su carga económica.

Como parte de la propuesta, el diputado planteó que los ayuntamientos y las autoridades recaudatorias estatales consideren la aplicación de descuentos, tarifas preferenciales o facilidades de pago en conceptos como el Impuesto Predial, derechos por licencias de conducir y trámites vehiculares, así como en servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

El legislador recordó que estas acciones se encuentran alineadas con el Plan Estatal de Desarrollo de Baja California 2022–2027 y con el Programa Sectorial de Bienestar para Todas y Todos, los cuales reconocen como prioridad a mujeres, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, enfatizó que el exhorto busca traducir esa planeación estatal en medidas fiscales concretas, duraderas y efectivas, que contribuyan a reducir las desigualdades sociales en el estado.

Ante efectos de la Ley de Aguas, Michelle Tejeda propone crear un fondo para agricultores del Valle de Mexicali

  • Especialmente personas adultas mayores y productores con problemas de salud, movilidad o discapacidad.

Durante el análisis del Presupuesto de Egresos, la diputada Michelle Tejeda realizó un llamado institucional para atender la situación de vulnerabilidad que enfrentan diversos usuarios del Distrito de Riego 014, especialmente personas adultas mayores y productores con problemas de salud, movilidad o discapacidad.

La legisladora advirtió que, con la entrada en vigor de la Ley de Aguas Nacionales, muchos podrían ver comprometido su patrimonio al no poder transferir sus concesiones en determinadas circunstancias, lo que impactaría la economía familiar y la actividad agrícola del Valle de Mexicali.

La diputada reconoció la apertura del Gobierno del Estado y recordó que la propia Gobernadora ha expresado públicamente su disposición para construir soluciones que eviten dejar desprotegido a este sector.

En este contexto, Tejeda propuso la creación de un Programa Compensatorio destinado a brindar acompañamiento institucional a quienes enfrenten limitaciones para realizar trámites vinculados al uso y aprovechamiento del agua.

Adelantó que ya existen trabajos de coordinación con la Federación para integrar un censo y establecer reglas de operación que garanticen transparencia y certeza.

Asimismo, planteó la necesidad de considerar en el Presupuesto de Egresos un ajuste moderado que permita dotar al programa de una base financiera mínima sin alterar la estructura global del gasto.

Subrayó la urgencia de anticiparse a posibles afectaciones, señalando que cada ciclo agrícola perdido representa un golpe directo para las familias del Valle de Mexicali.

La diputada afirmó que el fondo es viable y solicitó que su implementación sea acompañada formalmente por el Congreso del Estado, al destacar que anticipar soluciones es un acto de justicia social y una oportunidad para fortalecer a un sector históricamente clave para el desarrollo regional.

CEDHBC proyecta un gasto de 59.7 mdp para 2026 durante revisión ante el Congreso

  • El organismo estatal justificó el incremento presupuestal por obligaciones fiscales y el principio de progresividad en derechos humanos.

En sesión ampliada de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por la diputada Julia Andrea González Quiroz, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) presentó su proyecto de egresos para el ejercicio fiscal 2026, a cargo del Ombudsman Jorge Álvaro Ochoa Orduño.

De acuerdo con el titular del organismo, el presupuesto asciende a 59 millones 788 mil pesos, lo que representa un incremento global de 13.48% respecto al monto autorizado al inicio de 2025.

Explicó que el aumento responde principalmente a la necesidad de contar con recursos suficientes en el grupo 10000, lo que permitirá efectuar la retención total y el entero del Impuesto Sobre la Renta, una observación recurrente por parte de la ASEBC.

Ochoa Orduño señaló que la propuesta presupuestal se elaboró conforme a la normatividad vigente y se vincula con el principio de progresividad de los derechos humanos, bajo la premisa de que el Estado debe avanzar y no retroceder en la garantía de estos derechos.

El Ombudsman afirmó que el organismo presentó el proyecto con responsabilidad y compromiso para ejercer los recursos con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia.

Durante la comparecencia, las diputaciones Alejandrina Corral, Montserrat Murillo, Jaime Cantón, Alejandra Ang, Adriana Padilla, Mayola Gaona, Michelle Tejeda y la presidenta de la comisión, Julia González, plantearon cuestionamientos sobre diversos temas.

Entre ellos destacaron las condiciones laborales, educativas y de salud de la población indígena migrante de San Quintín, así como la situación administrativa y financiera del organismo derivada de recargos y multas por adeudos del impuesto sobre remuneraciones al trabajo.

También se abordaron asuntos relacionados con la atención a personas de la comunidad sexual, la capacitación de elementos policiacos, la supervisión en centros de rehabilitación para garantizar la integridad de las personas internas y las quejas por presuntas violaciones de derechos humanos de personas con discapacidad.

El Ombudsman estuvo acompañado por la secretaria ejecutiva Ixchelt Guadalupe Barboza, el director de Administración y Finanzas Emilio Rodríguez López, la secretaria de Derechos Humanos de las Mujeres y Perspectiva de Género Minerva Nájera, y el visitador general central Julio César Paz Rodríguez.

Congreso BC analiza Ley de Ingresos 2026 de la CESPE entre cuestionamientos por proyectos en San Quintín

  • Diputados de la Comisión de Hacienda y Presupuesto revisaron la propuesta del organismo, que mantendrá tarifas en 2026 y prevé una recaudación de 1 mil 668 millones de pesos.

El Congreso de Baja California, a través de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que preside la diputada Julia Andrea González Quiroz, recibió la propuesta de Ley de Ingresos 2026 de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), presentada por su director Alonso Centeno Hernández, quien informó que se estima una recaudación de 1,668 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal.

Durante su exposición, el titular del organismo señaló que para 2026 se mantendrá la tarifa vigente, además de conservar los programas de subsidios y apoyos dirigidos a sectores en condición de vulnerabilidad en Ensenada y San Quintín.

En la ronda de cuestionamientos, las diputaciones Montserrat Murillo, Alejandrina Corral, Tere Ruiz, Adriana Padilla, Mayola Gaona, Michelle Tejeda, Jaime Cantón y Julia González solicitaron información sobre los proyectos para atender la crisis hídrica en el valle de San Quintín, la eventual creación de un organismo operador en ese municipio y posibles irregularidades en procesos de contratación de obra.

También se abordaron temas como la atención a fugas, cortes y baja presión, los controles sobre residuos de empresas y restaurantes, el adeudo del Ayuntamiento de Ensenada con la paraestatal, las capacitaciones en materia de género y la inversión del Bono Verde.

Las diputaciones agradecieron el trabajo del organismo, destacando el alcance del programa “Cascos Rosas”, orientado a fortalecer la igualdad de género y promover una gestión incluyente del agua y el saneamiento en la zona costa.

En respuesta, Alonso Centeno indicó que los esfuerzos se concentran en habilitar nuevas fuentes de abastecimiento, con 10 pozos en operación en San Quintín. Agregó que avanza el proyecto de la planta desaladora impulsada por la Gobernadora del Estado, el cual beneficiará a Ensenada y San Quintín y garantizará suministro para las próximas tres décadas.

En materia de saneamiento, explicó que existe coordinación con la Secretaría de Salud, mediante COEPRIS, para realizar mediciones en playas y pozos. En el caso de San Quintín, dijo que se han reforzado acciones con recursos propios, aunque ya se presentó a Hacienda y a la Secretaría del Agua la necesidad de avanzar hacia un organismo operador propio.

Respecto a los procesos administrativos, Alonso Centeno señaló que las licitaciones y adjudicaciones directas están disponibles en el portal de transparencia.

En cuanto a las fugas, precisó que durante dos décadas no se realizaron mantenimientos preventivos, lo que genera afectaciones que actualmente se atienden con la mayor prontitud, además de que algunas fallas en el suministro derivan directamente de las reparaciones en curso.

Sobre el control de descargas, el director de la CESPE mencionó que se desarrolla un programa de trampas de grasa para restaurantes y comercios, y que en industrias con sistemas de tratamiento se realizan inspecciones para verificar el cumplimiento normativo.

Agregó que el Ayuntamiento de Ensenada mantiene un adeudo de 50 millones 735 mil pesos, correspondiente a 19 meses, originado durante la administración de Armando Ayala.

En materia de capacitación, informó que el 65% del personal ha recibido formación con enfoque en la Ley Daryela, y que el objetivo para 2026 es alcanzar la cobertura total. Añadió que durante el presente año se han ejercido 298 millones de pesos del Bono Verde y que en ejercicios anteriores se han asignado recursos adicionales para reducir el rezago en infraestructura hídrica.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto continuará con el análisis de la propuesta para elaborar el dictamen que será turnado al Pleno, conforme a las etapas del proceso legislativo.

Aprueban reformas para blindar a la niñez ante violencia digital y riesgos de Inteligencia Artificial

  • Diputados avalaron cambios legales que buscan prevenir agresiones digitales y manipulación de identidad de menores en Baja California.
  • Araceli Geraldo y Ramón Vázquez impulsaron la propuesta de reforma.

El Congreso de Baja California aprobó reformas orientadas a proteger a niñas, niños y adolescentes frente a violencia cibernética, agresiones en entornos digitales y riesgos derivados del uso de inteligencia artificial (IA), ante el aumento de suplantaciones, difusión indebida de imágenes y manipulación tecnológica de identidades.

De acuerdo con la diputada Araceli Geraldo Núñez, la acelerada digitalización y el crecimiento de herramientas basadas en IA han modificado la forma en que se ejercen y vulneran derechos fundamentales como la intimidad, privacidad e imagen, lo que coloca a personas menores de edad en nuevas situaciones de riesgo. Señaló que persisten vacíos jurídicos que deben atenderse para garantizar una protección efectiva en el entorno digital.

El diputado Ramón Vázquez Valadez destacó la necesidad de armonizar la legislación estatal con criterios recientemente validados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen la legitimidad de regular conductas vinculadas a la violencia generada mediante inteligencia artificial.

Subrayó que la capacidad tecnológica para manipular imágenes o crear representaciones digitales de menores constituye un riesgo creciente que el Estado no puede ignorar.

Por unanimidad, el Pleno respaldó el Dictamen 9 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, que reforma los artículos 11 y 45 de la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

Las modificaciones reconocen expresamente el derecho de la niñez a vivir libre de violencia cibernética, digital y aquella generada mediante inteligencia artificial, además de establecer la obligación de todas las autoridades para prevenir, atender y erradicar estas conductas, fortaleciendo las medidas de protección en Baja California.

CESPTE proyecta 578 mdp en ingresos para 2026 y detalla apoyos por fugas internas

  • Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate expuso inversiones por 174 millones de pesos y respondió cuestionamientos sobre cartera vencida, mecanismos de bonificación y detección de lecturas anómalas del medidor.

Ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXV Legislatura, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE) presentó su proyección de ingresos para 2026, estimados en 578.3 millones de pesos derivados de la venta de agua.

Durante la comparecencia, el director general Manuel Alejandro Castro Luna informó que Tecate mantiene una cobertura de 96.1 por ciento en agua potable. Explicó que el organismo contempla una inversión total de 174 mdp, los cuales se distribuirán entre Proagua (37.6 mdp), recursos propios (99.5 mdp), Prodder (30.2 mdp) y Prosanear (6.7 mdp).

Las diputaciones plantearon dudas sobre el avance de la Planta La Nopalera, la cuota única de conexión, la reposición de tuberías, las acciones de cultura del agua, la vigilancia para combatir el huachicol de agua, la detección de lecturas anómalas y otros aspectos operativos del organismo.

En la fase de participaciones, Castro Luna respondió a una consulta de la diputada Alejandra Ang, señalando que la CESPTE administra 44 mil cuentas y que actualmente no registra deudores de gran escala.

El subdirector comercial Rolando Urbina añadió que el organismo presenta una eficiencia comercial del 92% y una eficiencia física del 85%. Indicó que la cartera vencida inició el año en 52 mdp y se han recuperado 17 mdp, manteniéndose como principal adeudo la cuenta histórica del CETIS 25.

La presidenta de la Comisión, Julia González, cuestionó al funcionario sobre los retos financieros y operativos del organismo para el próximo año, a lo que respondió que la CESPTE no mantiene deuda pública debido al cumplimiento constante de las personas usuarias.

González también consultó sobre el mecanismo de apoyo para quienes enfrentan un incremento inusual en su recibo por una fuga interna. Castro Luna explicó que el organismo verifica primero la causa mediante una inspección en el domicilio o revisión del medidor.

Si el consumo elevado deriva de una fuga, la persona usuaria es canalizada al Comité de Bonificaciones; y si se detecta un posible fallo del medidor, el equipo técnico realiza su verificación en laboratorio con la presencia del interesado.

En esta sesión ampliada participaron las diputaciones Alejandra Ang, Adriana Padilla, Mayté Méndez, Alejandrina Corral, Tere Ruiz, Mayola Gaona, Humberto Valle y Michell Tejeda, además de la presidenta Julia González.

Acompañaron al compareciente el director técnico Javier Acosta, la jefa de Estudios y Proyectos Dora Valeria Martínez, el subdirector comercial Rolando Urbina, la jefa de Cobranza Marisol Ibarra y el jefe de Administración Financiera Antonio Matiori Rivera, junto con personal de la CESPTE.

CESPT proyecta ingresos de 7 mil 864 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026

  • En sesión de la CHyP conducida por Diputada Julia González, dice el director del organismo que se contempla crecimiento de los servicios de agua potable para Tijuana y Rosarito.

El Director General de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Jesús García Castro, presentó su propuesta de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2026 durante la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto (CHyP), presidida por la diputada Julia Andrea González Quiroz.

El proyecto contempla un ingreso total de 7 mil 864 millones de pesos (mdp), de los cuales 7 mil 131 mdp provienen de la eficiencia comercial y 271 mdp corresponden a la recuperación de adeudos de usuarios morosos, representando ambos rubros el 94.12 por ciento de los ingresos. La propuesta busca garantizar el bienestar de la población, asegurar el financiamiento del gasto público y optimizar la utilización de los recursos, impulsando el crecimiento de los servicios de agua potable y saneamiento en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.

Durante la sesión ampliada de la CHyP participaron las diputadas y diputados Tere Ruiz, Adriana Padilla, Jaime Cantón Rocha, Michelle Tejeda, Montse Murillo, Alejandra Ang y Mayola Gaona. En la ronda de preguntas, la diputada Adriana Padilla consultó sobre el porcentaje de la red de agua en Tijuana que ha superado su vida útil y los planes de sustitución. García Castro indicó que el 30 por ciento de la red requiere reemplazo, con una vida útil promedio de 25 años, y mencionó la reparación de 250 metros lineales del acueducto Aguaje-Florido en Los Pinos, que garantizará funcionamiento sin fugas por alrededor de tres décadas.

En cuanto a la ampliación de cobertura, el Titular de la Unidad de Planeación, Alberto Machado, explicó que al inicio de la administración en 2022 la cobertura de agua potable era del 98 por ciento, y cada año la inversión ha beneficiado a más de 40 mil habitantes, logrando que actualmente la cobertura alcance el 99.7 por ciento de la población total de 2.2 millones de habitantes, incluyendo Tijuana y Rosarito.

Los diputados realizaron cuestionamientos sobre deterioro de la red de agua potable y alcantarillado, pavimentación, reducción de tandeos y bacheo, así como avances en la cobertura de agua potable.

El Director de CESPT estuvo acompañado por la Subdirectora de Administración y Finanzas, Amelia Cornejo Arminia; Titular de la Unidad Jurídica, Karely Ruíz Berumen; Subdirector Técnico, José Díaz Verdugo; Subdirector Comercial, Marco Antonio Barraza Diarte; y Titular de la Unidad de Planeación, Carlos Alberto Machado.

Avalan nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con enfoque de derechos e inclusión

  • La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el Dictamen 100, que fortalece la rendición de cuentas y moderniza la gestión financiera en Baja California.

En sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se avaló por unanimidad el proyecto que integrará la nueva Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Baja California y sus Municipios, iniciativa presentada por la diputada Julia Andrea González Quiroz, presidenta del órgano legislativo.

El análisis contó con la opinión del Auditor Superior del Estado, Arnulfo Zárate, quien destacó que la propuesta incorpora cambios sustanciales, como un lenguaje más claro, incluyente y no sexista; nuevos conceptos y términos; identificadores para acciones de transversalidad, así como procedimientos adicionales para fortalecer la planeación y el ejercicio del gasto público.

De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado (ASEBC), la nueva Ley busca incentivar una gestión responsable de las finanzas públicas, aumentar la estabilidad hacendaria y promover el crecimiento económico en el Estado y los municipios. También integra un enfoque de derechos humanos, igualdad e inclusión en la planeación, programación y presupuestación del gasto.

La iniciativa fue presentada originalmente el 30 de junio de 2025, y posteriormente se incorporó una adenda el 28 de noviembre, que incluyó aportaciones de las diputadas Alejandra Ang, Michelle Tejeda, Liliana Michel Sánchez y del diputado Ramón Vásquez. A su vez, se reconoció la contribución previa de las legisladoras Alejandrina Corral y Michelle Tejeda, cuyos proyectos fueron considerados para la redacción final.

Durante la sesión, la diputada Julia González destacó el trabajo colaborativo que permitió robustecer la nueva Ley, señalando que sustituirá a la actual Ley de Presupuesto y Gasto Público: “Es muy importante este esfuerzo conjunto con distintas fuerzas políticas y diputaciones para construir un marco actualizado y eficaz”.

La legisladora agradeció también las aportaciones de la Secretaría de Hacienda, del equipo técnico de la Comisión, de la Secretaria Técnica Adriana Domínguez y de la Lic. Judith Montes, quienes participaron en mesas de trabajo junto con la Auditoría.

En la sesión participaron las diputaciones Eligio Valencia López, Michel Sánchez, Alejandra Ang, Juan Manuel Molina, Michelle Tejeda, Adriana Padilla y Alejandrina Corral, así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda del Estado: el director de Egresos, David Gutiérrez, la procuradora fiscal Adriana González Sánchez y el subprocurador fiscal Francisco Ortiz. Por parte de la Secretaría de Gobierno, asistió Luis Alonso López.

Comisión de Hacienda revisa proyección de ingresos de la CESPM para 2026

  • La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali prevé invertir en agua potable, alcantarillado, saneamiento y obras estratégicas en Mexicali, Valle Sur y San Felipe.
  • Los principales deudores continúan siendo usuarios domésticos, reconoció la paraestatal.

En sesión ampliada de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Armando Carrasco López, presentó su propuesta de Ley de Ingresos 2026, que contempla una proyección de 3 mil 335.7 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal.

De acuerdo con la Comisión, el director informó que en 2026 se prevén inversiones de 163.5 millones de pesos en agua potable, 125.1 mdp en alcantarillado y saneamiento, y 53.7 mdp en alcantarillado pluvial, sin considerar incrementos en la tarifa de consumo más allá de los ajustes inflacionarios.

Durante la sesión, diputaciones plantearon dudas relacionadas con el Bono Verde, cartera vencida, campañas de uso responsable del agua, atención de fugas, accesibilidad para personas con discapacidad, obras en Valle Sur y San Felipe, así como la situación con FISAMEX, la rehabilitación de drenajes y acciones de capacitación en igualdad de género.

En este apartado participaron las diputadas y los diputados Julia Andrea González Quiroz, presidenta de la Comisión; Alejandra Ang, Adriana Padilla, Michelle Tejeda, Julia González, Juan Manuel Molina, Diego Echevarría, Michel Sánchez, Alejandrina Corral y Daylín García.

Carrasco López explicó que los reportes financieros del Bono Verde son revisados por un comité técnico, encargado de evaluar proyectos, autorizar inversiones y supervisar su ejecución. Indicó que la cartera vencida se redujo este año en más del 30%, equivalente a 104.3 millones de pesos, mediante estrategias jurídicas y acercamiento con usuarios; sin embargo, los deudores domésticos mantienen un rezago de 771 millones de pesos.

Detalló que, durante el año, se invirtieron 221 millones de pesos en reposición de tuberías, 202 mdp en drenaje sanitario y 31 mdp en infraestructura pluvial. En obras nuevas, se ejercieron 87 mdp en agua potable, 137 mdp en drenaje sanitario y 44 mdp en pluvial, acumulando una inversión total de 722 millones de pesos.

Respecto a las campañas de cultura del agua, expuso proyectos como el Museo del Agua, jornadas de limpieza, actividades comunitarias, el programa Cine y Cultura en Movimiento, así como acciones en escuelas y colonias orientadas al uso responsable del recurso.

Sobre accesibilidad, destacó que todas las oficinas cuentan con rampas y accesos adecuados, además de programas de apoyo para asociaciones civiles y religiosas.

En cuanto a fugas, señaló que la atención es compartida entre usuario y organismo, y que, al detectarse variaciones en el medidor, la CESPM aplica ajustes conforme a su manual de bonificación.

Respecto a San Felipe, informó que este año se rehabilitaron pozos, se construyeron redes y se avanzó en el acueducto, con una inversión de 86 millones de pesos; para 2026 se contempla la reconstrucción de la red de agua potable y del drenaje sanitario. En el Valle Sur, la inversión acumulada asciende a 594 mdp.

Sobre FISAMEX, precisó que las devoluciones efectuadas se realizaron en cumplimiento de una sentencia de amparo, y que la CESPM mantiene un juicio en curso contra dicha empresa. También informó que el personal recibió capacitaciones en temas como Ley Daryela, prevención del abuso sexual infantil, inclusión y violencia de género.

Finalmente, diputadas y diputados reconocieron a la CESPM como uno de los organismos mejor administrados del estado y agradecieron el trabajo realizado durante el año, especialmente en temporada de lluvias, cuando se refuerzan las acciones de mantenimiento, atención y respuesta inmediata para proteger a la población.

Diputados cuestionan resultados de la Fiscalía General del Estado durante glosa del informe anual

  • La titular de la Fiscalía General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, compareció ante la Junta de Coordinación Política.
  • Legisladores de todas las fuerzas políticas plantearon dudas sobre extorsiones, desapariciones, violencia contra mujeres, depuración institucional, clasificación de delitos y otros casos específicos en municipios de Baja California.

En cumplimiento del proceso de glosa del informe anual, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, compareció ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en una sesión ampliada con la participación de todas las fuerzas políticas de la XXV Legislatura, para revisar el estado que guarda la procuración de justicia en Baja California.

De acuerdo con la Jucopo, la Fiscal presentó avances en investigación del delito, fortalecimiento de áreas especializadas, sentencias condenatorias, atención a víctimas y desarrollo en genética forense.

Tras ello, diputadas y diputados centraron sus cuestionamientos en temas como extorsión, personas desaparecidas, violencia familiar, controles ante conductas arbitrarias de agentes, tiempos de respuesta del número de emergencias, infraestructura en San Quintín, infiltración criminal y resultados en carpetas de investigación.

También se abordaron asuntos relacionados con maltrato animal, denuncias sobre ISSSTECALI en Ensenada, casos vinculados a FISAMEX, atención a personas indígenas y afromexicanas, delitos cometidos por adolescentes, registro de agresores sexuales y la clasificación de homicidios y desapariciones, con la finalidad de evitar manipulación estadística.

Diputadas y diputados plantearon inquietudes sobre el salario de agentes, investigaciones por fosas clandestinas en La Rumorosa, la negativa de la Fiscalía en levantamientos de cuerpos en Rosarito, así como avances en asuntos de San Felipe vinculados a mandos policiacos y el caso de Sunshine Rodríguez.

Durante la sesión, también se reconoció que, pese a la falta de agentes y personal fiscal, en diversas zonas de Tijuana se ha registrado una disminución de delitos, destacándose avances en extorsión en la Central de Abastos, la resolución del primer caso de halconeo, y el esclarecimiento del caso de la funeraria Latinoamericana.

En sus respuestas, la titular de la FGE detalló que la unidad especializada en extorsiones ha detenido bandas provenientes de otros estados y que en Tijuana y Mexicali ya operan espacios exclusivos para la atención de familias de personas desaparecidas.

Andrade Ramírez indicó que se fortalecieron los mecanismos de control interno mediante Asuntos Internos y Visitaduría, y precisó que la Fiscalía cuenta con herramientas como los cateos para atender denuncias.

En materia de violencia contra las mujeres, la funcionaria estatal informó que se emitieron 5,536 medidas de protección en 2024 y más de 11 mil en 2025.

Sobre San Quintín, dijo que se rehabilitaron instalaciones y se enviarán cinco vehículos adicionales para mejorar la atención. Respecto a la depuración institucional, señaló que continúan procedimientos administrativos y penales, incluido el caso de robo de droga en Tijuana.

La Fiscal explicó que, en maltrato animal, se han recibido 22 denuncias y rescatado 32 caninos, y que en los casos de ISSSTECALI y FISAMEX se cuenta con peritaje y personas identificadas para investigación.

Añadió que actualmente hay seis intérpretes en el estado y se abrirán dos plazas más, y que los delitos cometidos por adolescentes corresponden principalmente a robos. Sobre el registro de agresores sexuales, instruyó dar seguimiento inmediato a cada caso.

La titular de la FGE subrayó que la clasificación de delitos se basa únicamente en el reporte del hecho, sin posibilidad de manipulación. En cuanto a La Rumorosa, reconoció que tras una crisis de seguridad, el municipio acumula más de dos meses sin delitos de alto impacto.

Respecto al levantamiento de cuerpos en Rosarito, se comprometió a convocar una reunión inmediata con autoridades estatales y municipales para evitar costos adicionales a las familias.

Sobre el número de emergencias, Andrade Ramírez explicó que el 911 es operado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y enlazado con el C5, lo que permite una atención inmediata.

En cuanto a los casos de San Felipe, señaló que se trata de hechos vinculados a delincuencia organizada, y que las carpetas continúan en investigación. Sobre el homicidio de Sunshine Rodríguez, informó que hay dos personas detenidas, entre ellas un autor intelectual y uno material, y que la indagatoria sigue abierta.

La titular de la FGE estuvo acompañada por Jesús Manuel López Moreno, director jurídico; Miguel Ángel Gaxiola Rodríguez, fiscal especializado en Delitos contra la Vida; Juan Carlos Buenrostro Molina, coordinador de Gabinete; Ricardo Garduño, oficial mayor; Hortensia Noriega, fiscal especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género; y José Antonio Lozano, fiscal central.

En este ejercicio participaron las diputadas y los diputados Fidel Mogollón, Mayola Gaona, Gloria Miramontes, Montserrat Murillo, Jorge Ramos, Tere Ruiz, Diego Echevarría, Evelyn Sánchez, Angélica Peñaloza, Michel Sánchez, Alejandrina Corral, Yohana Gilvaja, Maythé Méndez, Alejandra Ang, Araceli Geraldo, Ramón Vázquez, Adriana Padilla, Diego Lara, Daylín García, Michelle Tejeda, Eligio Valencia, así como el presidente de la Jucopo, Juan Manuel Molina García.