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Etiqueta: congreso bc

Aclara diputado Juan Manuel Molina representación amplia y percepciones en Congreso de Baja California

  • Señala que cada diputación en BC representa hasta 170 mil habitantes, cifra superior a otros estados del país.
  • “Dividir el presupuesto entre el número de diputados no sería el parámetro más adecuado para considerar el costo de una diputación”, dice Molina.

El diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró diversos señalamientos sobre el presupuesto y las percepciones en el Congreso del Estado, destacando que en Baja California cada diputación representa entre 160 y 170 mil habitantes, una cifra considerablemente superior a la de otras entidades como Colima, donde cada legislador atiende entre 25 mil y 30 mil personas.

Explicó que el presupuesto asignado al Congreso de Baja California incluye tanto al Poder Legislativo como a la Auditoría Superior del Estado, lo que implica mayores responsabilidades administrativas, operativas y de personal, además de la integración de 25 diputaciones de distintas fuerzas políticas.

“Dividir el presupuesto entre el número de diputados no sería el parámetro más adecuado para considerar el costo de una diputación”, puntualizó, al subrayar que la dimensión territorial también representa un reto adicional, ya que, por ejemplo, el quinto distrito local tiene una extensión superior al propio estado de Colima.

Molina García recordó que en legislaturas anteriores incluso se planteó aumentar el número de diputaciones de 25 a 40, lo que bajo ciertos parámetros colocaría al Congreso local entre los de menor costo relativo; sin embargo, consideró que ese tipo de comparaciones no reflejan con precisión la realidad administrativa y territorial del estado.

Asimismo, lamentó que algunos medios difundieran información imprecisa respecto a supuestos bonos, pagos adicionales por presidir comisiones o percepciones extraordinarias.

En ese sentido, aseguró que las percepciones de las diputaciones en Baja California se encuentran entre las más bajas del país. “Aquí percibimos 62 mil pesos, no hay bonos, no hay seguros de vida, no hay aguinaldos ni primas vacacionales, inclusive no contamos con seguridad social ni servicios de salud”, afirmó.

Finalmente, expresó que ante la próxima reforma constitucional anunciada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a homologar presupuestos y percepciones en los congresos estatales, en Baja California existe disposición para realizar ajustes con responsabilidad.

“Si hay que reducir partidas y eficientar áreas, estamos listos para hacerlo con responsabilidad”, concluyó.

Aborda diputado Beto Valle problemática por falta de docentes en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad

  • “Sin que funcionen plenamente, no hay inclusión real”, señala en tribuna.

El diputado Beto Valle presentó un posicionamiento en la Máxima Tribuna para visibilizar la problemática generada por la falta de docentes en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), situación que afecta directamente a personas con discapacidad y sus familias en Baja California.

“Hoy quiero hablar de una realidad que viven todos los días estudiantes con discapacidad y sus familias en Baja California, como es la falta de docentes en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad”, expresó el legislador.

Los CAED son instituciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ofrecen bachillerato no escolarizado a personas con discapacidad visual, auditiva, motriz o intelectual. El diputado advirtió que lo que ocurre no es un problema menor ni aislado, sino una falla estructural que impide que estos centros cumplan plenamente con su función, aun cuando existen personas capacitadas que podrían impartir clases.

Con base en datos del Censo 2020 y de la ENADID 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Baja California más de 18 mil niñas y niños menores de 14 años viven con alguna discapacidad, y aproximadamente 17 mil 700 jóvenes de entre 15 y 29 años se encuentran en edad de cursar educación media superior o superior.

En total, más de 35 mil niñas, niños y jóvenes cuya trayectoria educativa depende de políticas públicas con enfoque de inclusión.

Para muchas personas con discapacidad, el CAED no es una opción adicional, sino la única oportunidad real de cursar la preparatoria. Sin suficientes docentes, explicó, el avance académico se vuelve más lento, el personal se sobrecarga y el derecho a la educación se debilita.

Desde tribuna, Beto Valle hizo un llamado directo a facilitar soluciones: permitir que maestros de base colaboren en los CAED sin perder derechos laborales, evitar que se les reduzcan horas o ingresos y reconocer que estos centros requieren reglas especiales por su naturaleza.

“No se trata de privilegios, se trata de sentido común y de justicia educativa. Sin docentes, no hay educación; sin reglas justas, no hay docentes. Y sin que funcionen estos centros plenamente, no hay inclusión real”, concluyó.

Exhorta diputado Jaime Cantón a PROFECO a investigar prácticas de Telcel sobre uso de datos personales

  • Impulsa además reforma para prohibir el condicionamiento de servicios a la entrega de datos con fines comerciales.

El diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha presentó ante el Pleno un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), César Iván Escalante Ruiz, a realizar una revisión técnica y jurídica del contrato de adhesión utilizado por Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. (Telcel), empresa con mayor participación de mercado en telecomunicaciones en el país.

El exhorto fue acompañado por una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el propósito de prohibir expresamente que cualquier empresa condicione la venta, adquisición o suministro de bienes y servicios a la aceptación del tratamiento de datos personales para finalidades secundarias o comerciales.

La acción legislativa se sustenta en una denuncia documentada por la asociación civil PRODECO (Protección de los Derechos del Consumidor), presidida por Sergio Moctezuma Martínez, en la que se identifican cláusulas dentro del aviso de privacidad de Telcel que, a juicio de la organización, condicionan la prestación del servicio a que el usuario autorice el uso comercial de sus datos personales.

Entre las disposiciones señaladas se encuentran el análisis de datos del consumidor —incluida información proveniente de redes sociales— para generar perfiles con fines publicitarios; la compartición de dichos perfiles con empresas del mismo grupo y socios comerciales; así como la posible transferencia de datos a terceros, incluyendo instituciones financieras, salvo oposición expresa del usuario.

La iniciativa establece que ningún proveedor podrá condicionar la relación comercial a la aceptación del tratamiento de datos para finalidades distintas a las estrictamente necesarias para la prestación del servicio.

Es decir, no se restringe la posibilidad de solicitar consentimiento de datos personales para usos comerciales, pero se exige que éste sea libre, informado y no condicionado.

El diputado Cantón fundamentó su propuesta también en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en su artículo 185 reconoce la protección de datos y el derecho a no recibir comunicaciones no solicitadas, así como en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que establece el principio de consentimiento libre y los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) sobre el tratamiento de datos personales.

Con esta propuesta, el legislador busca reforzar la protección de los derechos de las y los consumidores frente a prácticas que puedan resultar coercitivas, privilegiando la transparencia, la libertad de elección y el respeto a la privacidad.

Presenta diputada Mayola Gaona su postura relativa a la atención de jóvenes en riesgo y prevención del delito en BC

  • La seguridad no solo se construye con inteligencia policial, también reconstruyendo el tejido social desde sus bases juveniles
  • Baja California merece que sus juventudes crezcan con esperanza de un futuro mejor, y no con miedo

La seguridad de Baja California no solo se construye con inteligencia policial, también reconstruyendo el tejido social desde sus bases juveniles, indicó la diputada María Yolanda Gaona Medina, al presentar un posicionamiento ante el Pleno.

Su postura se refiere a la problemática relativa a la atención de jóvenes en riesgo y a la importancia de fortalecer la prevención del delito, por considerar que: “es momento de poner verdaderamente el corazón, reconociendo que cada vida joven que se pierde es un fracaso en nuestra misión de heredar un futuro más justo y una vida mejor y más digna para todos**”.

“Como representantes populares —dijo— debemos ser el resultado de las decisiones que la ciudadanía exige, y nuestra responsabilidad primordial es garantizar derechos y circunstancias que permitan una vida digna para las familias de Baja California”.

Luego mencionó que en el estado existen jóvenes atrapados en un ciclo de violencia y falta de oportunidades, situación que no puede seguir siendo ignorada, puesto que los datos son alarmantes y obligan a actuar con carácter urgente.

Añadió la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) que, como legisladores, “no debemos ser observadores pasivos de estas circunstancias que considerábamos superadas, porque hoy enmarcan un presente de miedo para nuestros jóvenes”.

Mayola Gaona precisó, al hacer uso de la Máxima Tribuna, que se requiere ser congruentes con la responsabilidad de alzar la voz, exigiendo la atención inmediata y prioritaria mediante políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la prevención del delito y la atención de jóvenes en riesgo.

Dichas políticas deben tener entre otros objetivos:

  • Institucionalizar programas deportivos de alta disciplina en los siete municipios del estado, siguiendo modelos de éxito como el Escuadrón Juvenil Deportivo.
  • Implementar programas y talleres artísticos en las colonias identificadas con mayor vulnerabilidad.
  • Establecer convenios de colaboración con el sector privado para garantizar la inserción laboral de jóvenes en riesgo.
  • Facilitar el acceso a servicios psicológicos gratuitos y programas de tamizaje en escuelas para la detección oportuna de trastornos mentales y consumo de sustancias, combatiendo el suicidio desde la prevención primaria.

Esto es un llamado a la conciencia sobre la crisis silenciosa que asfixia a nuestras juventudes, porque cada joven que logramos arrebatar a la atracción del dinero fácil, a la deserción escolar y a la delincuencia, para integrarlo a una vida laboral digna, es una victoria de la civilidad sobre la violencia”.

Finalmente, la legisladora local enfatizó que Baja California merece que sus juventudes crezcan con esperanza de un futuro mejor y no con miedo.

Apruébales Congreso de Baja California reforma contra la violencia en el noviazgo

  • La iniciativa presentada por la diputada Evelyn Sánchez fortalece el marco legal para proteger a mujeres jóvenes y adolescentes

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado aprobó el Dictamen número 12, mediante el cual se reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, con el objetivo de reconocer y definir expresamente la violencia en el noviazgo como una modalidad de violencia contra las mujeres.

La reforma, presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchezmodifica el artículo 4 y adiciona un artículo 7 Bis a la citada ley, con el fin de incorporar el concepto de noviazgo y establecer la definición jurídica de violencia en este tipo de relaciones afectivas.

La diputada inicialista presentó una reserva para modificar la definición de noviazgo, ya que actualmente en la ley se presupone que es una relación temporal y que busca la formalización permanente, lo cual excluiría del ámbito de protección las relaciones de noviazgo que no aspiran a dicha situación. Por ello, se busca privilegiar la práctica social y la conciencia del mismo, ampliando los alcances de protección a las víctimas de esta modalidad de violencia.

De acuerdo con el dictamen, que fue aprobado en lo general y en lo particular, se entenderá por noviazgo la relación sentimental voluntaria y temporal entre dos personas que no están unidas por vínculo matrimonial ni concubinato.

Asimismo, se define la violencia en el noviazgo como toda acción u omisión intencional, de naturaleza abusiva, ejercida por quien sea o haya sido pareja sentimental de la mujer, con el propósito de dominar, controlar, agredir, manipular, humillar, hostigar o ejercer presión que lesione su dignidad, integridad o libertad.

El dictamen señala que la reforma tiene sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, sin restringir su protección únicamente al ámbito familiar tradicional.

Tras el estudio de constitucionalidad y técnica legislativa, la Comisión consideró procedente la iniciativa, con ajustes de redacción para otorgar mayor claridad y certeza jurídica, evitando ambigüedades y armonizando su contenido con el resto de la ley vigente.

Beto Valle proponen tipificar como intento de homicidio ataques con combustible en casas y comercios

  • El diputado tecatense presentó una iniciativa para que el derrame de sustancias inflamables en inmuebles con personas en su interior sea sancionado como tentativa de homicidio. La propuesta fue turnada a comisión.

El diputado, Beto Valle presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para sancionar como tentativa de homicidio el derrame de combustible u otras sustancias inflamables en viviendas o comercios cuando haya personas al interior.

El legislador tecatense argumentó que estas conductas representan un riesgo directo contra la vida, pero actualmente pueden ser clasificadas como amenazas o daños, lo que consideró insuficiente frente a la gravedad del acto.

Señaló que la propuesta surge tras casos recientes en los que el combustible ha sido utilizado como mecanismo de intimidación en robos y extorsiones, generando peligro de muerte por incineración o asfixia.

Valle añadió que la iniciativa retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de tentativa del delito, con el objetivo de cerrar vacíos legales y sancionar conductas de extrema violencia.

La propuesta fue turnada a comisión para su análisis y eventual dictaminación.

Cumple Congreso de BC con Ley Daryela e inicia capacitaciones en materia de género

  • Se consolida un paso institucional hacia la erradicación de la violencia de género y el fortalecimiento de la función pública.
  • El incumplimiento a la ley puede derivar en sanciones para los legisladores como la inhabilitación hasta por un año.

En el marco del Día Naranja, que se conmemora el 25 de cada mes para visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, el Congreso del Estado llevó a cabo la primera capacitación en materia de género dirigida a las diputaciones integrantes de la XXV Legislatura, en cumplimiento de la Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres para el Estado de Baja California, conocida como Ley Daryela.

La convocatoria fue emitida por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, presidenta de la Mesa Directiva; el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO); y la titular de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado, Patricia Ochoa Valle.

Con esta primera capacitación, el Congreso de Baja California consolida un paso institucional hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres y el fortalecimiento de una función pública con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

La formación estuvo a cargo de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de Baja California, con el objetivo de dotar a las y los legisladores de herramientas para incorporar la perspectiva de género en los procesos legislativos y consolidar el derecho como un instrumento efectivo de transformación social para el empoderamiento de las mujeres.

Entre los principales objetivos del curso destacan: incorporar la perspectiva de género en la elaboración de iniciativas, en el proceso de dictaminación y discusión; dar a conocer el marco jurídico internacional en materia de género y derechos humanos de las mujeres; así como identificar y aplicar los enfoques que integran la perspectiva de género en la normatividad.

Con esta acción, el Poder Legislativo refrenda su compromiso con la congruencia institucional al cumplir con la ley Daryela que aprobó y envía un mensaje claro: la obligación de formarse en perspectiva de género aplica para todas las personas servidoras públicas, sin distinción de cargo o jerarquía.

De acuerdo con la Ley Daryela, a partir del 8 de febrero de 2026 la capacitación en esta materia es obligatoria para todas las personas funcionarias públicas, y su incumplimiento puede derivar en sanciones como la inhabilitación hasta por un año y la imposibilidad de ser promovidas a cargos superiores.

XXV Legislatura de Baja California respalda reforma federal para reducir la jornada laboral a 40 horas

  • El Congreso de Baja California aprobó la minuta enviada por el Congreso de la Unión que establece una reducción gradual de la jornada laboral hacia 2030.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó la Minuta con proyecto de decreto remitida por el Congreso de la Unión, mediante la cual se reforman las fracciones IV y XI del Apartado A del Artículo 123 de la Constitución, con el objetivo de reducir de manera gradual la jornada laboral en beneficio de las y los trabajadores del país.

La iniciativa fue presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y establece como meta alcanzar una jornada laboral de 40 horas semanales hacia el año 2030, con reducciones progresivas a partir de 2026.

La reforma también regula el trabajo extraordinario, señalando que no podrá exceder de 12 horas por semana, distribuidas en un máximo de cuatro horas extras diarias.

Estas horas extras deberán pagarse con un incremento del 100 por ciento sobre el salario ordinario y, en caso de rebasar ese límite, la remuneración será del 200 por ciento. Asimismo, se mantiene la prohibición de que menores de 18 años laboren tiempo extraordinario.

La minuta fue presentada ante el Pleno mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, encabezada por el diputado Juan Manuel Molina García, quien dio lectura al documento para su discusión y posterior aprobación.

Con este respaldo, la XXV Legislatura de Baja California ratifica su compromiso con la justicia social y el fortalecimiento del marco jurídico nacional, al considerar que la reducción de la jornada laboral representa un avance que busca equilibrar la vida laboral y personal, además de armonizar la legislación mexicana con estándares internacionales de bienestar y productividad.

La aprobación se realiza conforme al procedimiento establecido en el Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que requiere el aval de las legislaturas estatales para concretar reformas constitucionales de alcance nacional.

Beto Valle exhibe falta de docentes en CAED y pide eliminar barreras administrativas

  • El diputado advirtió que la escasez de personal y trabas laborales afectan la atención de estudiantes con discapacidad en Baja California.

Durante sesión del Congreso del Estado, el diputado Humberto Valle presentó un posicionamiento sobre la falta de docentes en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) en Baja California.

El legislador señaló que la escasez de personal educativo, así como las condiciones laborales precarias de asesores, generan retrasos en la atención académica y una sobrecarga para el personal disponible.

Asimismo, expuso que existen barreras administrativas que impiden a docentes con plaza de base integrarse a los CAED sin perder estabilidad laboral o ingresos, lo que limita la cobertura y dificulta ampliar la atención a más estudiantes.

Beto Valle subrayó que esta situación impacta directamente a jóvenes con discapacidad, para quienes estos centros representan, en muchos casos, la única alternativa para cursar el bachillerato en condiciones de inclusión.

Finalmente, hizo un llamado a revisar el modelo administrativo vigente para facilitar la incorporación de más docentes y garantizar condiciones que fortalezcan la educación inclusiva en la entidad.

Diputado Ramón Vázquez propone reforma y cambio de nombre de la Ley para la Igualdad en Baja California

  • Busca armonizarla con el marco nacional de igualdad sustantiva y fortalecer a la Secretaría de las Mujeres.

El diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Baja California, con el propósito de armonizarla con la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y actualizar su denominación para reflejar el enfoque de igualdad sustantiva.

Al sustentar su propuesta, el legislador señaló que la violencia contra las mujeres constituye una de las violaciones más graves y persistentes a los derechos humanos, y es reflejo de un orden social discriminatorio que debe transformarse desde el ámbito normativo e institucional.

Indicó que la iniciativa se enmarca en las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026, impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, las cuales establecen la obligación de armonizar la legislación en todas las entidades federativas.

“Es indispensable avanzar en la transversalización de la perspectiva de género y en la igualdad sustantiva, para que las mujeres puedan ejercer de manera plena sus derechos y vivir libres de violencias”, puntualizó Ramón Vázquez.

La propuesta también fortalece las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Baja California, al adecuar sus competencias y sustituir funciones que anteriormente correspondían al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de consolidar un cambio cultural e institucional más profundo.

“Este esfuerzo legislativo busca desmantelar las estructuras que reproducen desigualdad y exclusión, y garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de las mujeres, adolescentes y niñas”, manifestó el diputado.

Finalmente, explicó que el cambio de nombre de la ley pretende brindar mayor claridad y coherencia normativa, asegurando que el marco jurídico estatal se encuentre plenamente alineado con los estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad sustantiva y derechos humanos.