• El diputado Juan Manuel Molina presentó una reforma para impedir que servidores públicos ganen más que la persona titular del Poder Ejecutivo estatal y establecer topes a jubilaciones y pensiones.

El diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer límites claros y transparentes a las remuneraciones, jubilaciones y pensiones de las personas servidoras públicas en Baja California.

La propuesta busca armonizar la Constitución de Baja California con el artículo 127 de la Constitución Federal, atendiendo el mandato del Congreso de la Unión para adecuar el marco jurídico estatal.

“La reforma planteada es apremiante desde la perspectiva de la disciplina presupuestal y la justicia social. Tolerar prestaciones que superen los límites constitucionales federales representa un dispendio injustificado”, señaló el legislador.

Entre los cambios propuestos se establece que las remuneraciones de los servidores públicos deberán ser congruentes con la situación socioeconómica del estado y las condiciones de la Hacienda Pública, además de que ningún funcionario podrá recibir un sueldo superior al de la persona titular del Poder Ejecutivo de Baja California.

Asimismo, se plantea prohibir que un servidor público perciba ingresos iguales o superiores a los de su superior jerárquico, salvo en casos específicos de carácter técnico o contractual.

La iniciativa también contempla que los tabuladores salariales sean públicos y detallen todos los componentes de las remuneraciones, tanto en efectivo como en especie, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos estatales y municipales deberán respetar los topes máximos establecidos en el artículo 127 de la Constitución federal.

“Este Congreso tiene la responsabilidad de garantizar remuneraciones justas y transparentes, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones y cerrando espacios a privilegios y excesos en el aparato público”, subrayó Molina García.