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Etiqueta: congreso bc

Diputada Tere Ruíz propone que agresores extranjeros de mujeres enfrenten consecuencias migratorias

  • La reforma obligaría a notificar al INAMI cuando un extranjero sea sentenciado en BC por delitos de violencia contra mujeres
  • El objetivo es asegurar que las condenas penales tengan consecuencias migratorias inmediatas.

La diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, con el propósito de que las sentencias condenatorias contra personas extranjeras por delitos de violencia familiar, violencia de género, abuso sexual, violación o feminicidio en grado de tentativa tengan efectos inmediatos en el ámbito migratorio, mediante la notificación obligatoria al Instituto Nacional de Migración (INAMI).

En su propuesta establece que el órgano jurisdiccional deberá notificar de manera inmediata al INAMI, remitir copia certificada de la resolución judicial y dar seguimiento a las solicitudes de información de las autoridades migratorias federales.

“No podemos permitir que quienes atentan contra la vida y dignidad de las mujeres encuentren refugio en nuestro estado. Esta iniciativa asegura que las sentencias penales activen también las consecuencias migratorias que correspondan”, sostuvo la congresista del PES.

Por otra parte, enfatizó que Baja California, por su condición fronteriza y dinámica migratoria, requiere mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y federales.

La Constitución Política Federal establece que la expulsión de extranjeros corresponde al Ejecutivo Federal, pero las autoridades locales deben colaborar cuando existan conductas que ameriten revisión de la situación migratoria.

“La reforma no expulsa directamente, porque esa es facultad federal, pero sí obliga a que el engrane judicial active el migratorio. Con ello fortalecemos la protección de las víctimas y cerramos espacios de impunidad”, puntualizó la legisladora del PES.

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el proyecto de reforma fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio y análisis correspondiente.

Exigen revisar Seguro Escolar en Baja California para garantizar protección a estudiantes

  • Diputada Alejandra Ang Hernández solicita al titular de la Secretaría de Hacienda de Baja California que informe sobre las condiciones del programa.

El Congreso del Estado de Baja California emitió un exhorto para evaluar la eficacia del programa de Seguro Escolar, ante inquietudes de madres, padres de familia y personal educativo sobre su funcionamiento y cobertura.

La propuesta, impulsada por la diputada Alejandra Ang Hernández, solicita al titular de la Secretaría de Hacienda de Baja California, José Andrés Pulido Saavedra, que informe sobre las condiciones presupuestales, contractuales y operativas del programa.

Entre los aspectos a transparentar se encuentran la cobertura del seguro, los procedimientos para su activación, la red hospitalaria disponible y los montos de atención establecidos en la póliza vigente contratada con Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V..

La legisladora explicó que el Seguro Escolar es un instrumento clave para brindar atención médica y respaldo económico a estudiantes de educación básica en escuelas públicas de Baja California, ante accidentes ocurridos dentro de planteles, en actividades escolares o durante el trayecto a sus hogares.

Precisó que el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos es responsable de la operación del programa, mientras que la Secretaría de Hacienda debe garantizar que la contratación y el uso de recursos públicos se realicen conforme a la normatividad vigente.

En ese sentido, destacó que contar con información clara y actualizada permitirá evaluar la eficacia del programa, detectar áreas de mejora y asegurar una atención oportuna a la comunidad estudiantil.

Finalmente, subrayó que la correcta operación y suficiencia del seguro son fundamentales para garantizar entornos escolares seguros y brindar certeza a las familias.

Van por protección constitucional para madres buscadoras en Baja California

  • La Comisión de Derechos Humanos del Congreso impulsa reformas para garantizar el derecho a ser buscado y fortalecer la protección a madres buscadoras.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Baja California, presidida por la diputada Alejandrina Corral Quintero, realizó un conversatorio para analizar propuestas orientadas a fortalecer la protección de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas.

Durante el encuentro, se abordaron iniciativas como la reforma constitucional para reconocer el derecho de toda persona a ser buscada, así como una propuesta para establecer la protección especial de personas buscadoras, con el objetivo de reforzar las políticas públicas en materia de desaparición.

La legisladora destacó que desde el Congreso del Estado de Baja California se impulsa una agenda centrada en las víctimas y sus familias, con el compromiso de fortalecer medidas integrales de atención, protección y acompañamiento institucional.

En este contexto, se expuso la iniciativa ya aprobada por el Pleno para elevar a rango constitucional el derecho a ser buscado, lo que obligaría a todas las autoridades a actuar bajo este principio y alinear leyes, programas y acciones de gobierno.

Asimismo, se analizó una segunda propuesta que busca reconocer a las personas buscadoras como sujetos de especial protección del Estado, contemplando una atención integral con enfoque de derechos humanos, acceso a la información y mecanismos para evitar la revictimización.

Durante el conversatorio, Soraya Anna Villarreal, fundadora de la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California, subrayó la importancia de aplicar protocolos con perspectiva de derechos humanos y reconocer a las familias como actores clave en los procesos de búsqueda.

Entre las propuestas destacadas se encuentra la participación activa de las madres buscadoras en la toma de decisiones, la garantía de protección durante operativos, así como el acceso a programas sociales, atención psicológica, asesoría legal y financiamiento para colectivos.

Finalmente, la Comisión aprobó un acuerdo para presentar el libro “Yo no nací madre buscadora” al personal del Poder Legislativo, como una acción de sensibilización sobre la realidad que enfrentan las familias de personas desaparecidas.

En la sesión participaron también diputadas integrantes de la Comisión, así como representantes de organismos de derechos humanos y colectivos de búsqueda en la entidad.

Maltrato animal podría castigarse con hasta 8 años de prisión en Baja California

  • La reforma aprobada en Comisión de Justicia endurece sanciones por maltrato animal y crea un registro estatal de agresores.

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Baja California, presidida por la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, aprobó por unanimidad el Dictamen No. 24 que reforma el Código Penal del Estado y la Ley de Protección de Animales Domésticos.

La iniciativa fue impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila y plantea equiparar la crueldad y el maltrato animal, además de ampliar los supuestos que pueden ser sancionados como delitos.

Entre los principales cambios, se establece un esquema de sanciones diferenciadas: de uno a cinco años de prisión para casos de menor lesividad y de tres a ocho años para conductas más graves.

Durante la sesión, la legisladora Peñaloza señaló que también se consideraron propuestas de las diputadas Gloria Miramontes y Michelle Tejeda, así como del diputado Humberto Valle, con el objetivo de fortalecer la protección de los animales, en especial los domésticos.

La reforma también contempla la creación del Registro Estatal de Agresores de Animales, una base de datos administrativa que permitirá identificar a personas con sentencia firme por delitos de maltrato o crueldad animal.

De acuerdo con lo expuesto, esta medida busca reforzar la aplicación del marco legal, en concordancia con el artículo 4º constitucional que prohíbe el maltrato a los seres sintientes, además de fortalecer la protección animal en la entidad.

El dictamen aprobado será turnado al Pleno del Congreso para su discusión y eventual votación.

Proponen crear Defensoría del Contribuyente en Baja California

  • Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa para crear la Defensoría del Contribuyente, que vea por los derechos de las personas contribuyentes ante autoridades fiscales.

El diputado Diego Echevarría Ibarra presentó ante el Congreso del Estado de Baja California una iniciativa para crear la Defensoría del Contribuyente de Baja California, un organismo público descentralizado enfocado en la asesoría y defensa de los derechos de las personas contribuyentes.

La propuesta busca establecer una institución con autonomía técnica y funcional que actúe como contrapeso frente a posibles excesos de las autoridades fiscales estatales y municipales, brindando representación legal y acompañamiento a la ciudadanía.

De acuerdo con el legislador, esta Defensoría permitiría garantizar asesoría y defensa gratuita, especialmente para quienes no cuentan con recursos, además de detectar prácticas indebidas y emitir recomendaciones que mejoren la actuación de la autoridad fiscal.

Echevarría Ibarra señaló que el objetivo es fortalecer la confianza en las instituciones y promover una cultura de legalidad en materia tributaria, al considerar que el contribuyente debe ser reconocido como un sujeto de derechos y no como un adversario del Estado.

Asimismo, indicó que la creación de este organismo contribuiría a la protección del patrimonio de las familias, al tiempo que fortalecería el Estado de Derecho y la relación entre gobierno y sociedad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de BC para su análisis y eventual dictaminación.

Exigen suspensión definitiva de parquímetros en zona turística de Tecate

  • A propuesta de la diputada Tere Ruiz, el Congreso del Estado exhorta al Ayuntamiento a priorizar la actividad turística y la economía local en el Pueblo Mágico.

El Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto para solicitar la suspensión definitiva de los parquímetros en la zona turística de Tecate, con el objetivo de fortalecer la economía del centro histórico y preservar su vocación como destino turístico.

La propuesta fue presentada por la diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, quien planteó que el uso de estos dispositivos en áreas de alta afluencia puede representar una barrera para visitantes y afectar directamente a los comercios locales.

Durante la sesión de Pleno, la legisladora señaló que, aunque los parquímetros buscan ordenar la movilidad urbana y generar ingresos municipales, su implementación en zonas turísticas puede resultar contraproducente.

“Cobrar por estacionarse puede parecer una medida de orden urbano, pero en realidad se convierte en una barrera que aleja visitantes y debilita la economía de los comerciantes locales”, manifestó en la sesión de Pleno.

El exhorto está dirigido al presidente municipal de Tecate, Román Cota Muñoz, para que evalúe alternativas que permitan equilibrar las necesidades de recaudación con el impulso al turismo local.

De acuerdo con lo expuesto, negocios como restaurantes, cafés y comercios del centro histórico dependen en gran medida del flujo de visitantes, por lo que mantener espacios accesibles y sin cobros adicionales contribuiría a mejorar la percepción del municipio como un destino amigable.

Finalmente, se subrayó la importancia de implementar estrategias que promuevan la llegada de turistas, fortalezcan la economía local y mantengan un entorno urbano accesible, en beneficio tanto de residentes como de visitantes.

Piden crear centros CAPASITS para fortalecer la atención del VIH/SIDA en Baja California

  • Diputado Fidel Mogollón señala necesidad de instalar estos espacios en Playas de Rosarito, Tecate, San Felipe y San Quintín, con el fin de garantizar el acceso oportuno a servicios especializados.

El Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud de Baja California y al IMSS Bienestar para iniciar gestiones que permitan la creación de Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en VIH/SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) en distintos municipios de la entidad.

La propuesta fue presentada por el diputado Fidel Mogollón Pérez, quien destacó la necesidad de instalar estos centros en Playas de Rosarito, Tecate, San Felipe y San Quintín, con el fin de garantizar el acceso oportuno a servicios especializados.

El legislador señaló que estas zonas presentan condiciones de riesgo por su alta afluencia turística y la realización de eventos masivos, lo que hace necesario reforzar las estrategias de prevención para evitar el incremento de infecciones.

Explicó que los CAPASITS son unidades especializadas que brindan atención gratuita, confidencial y ambulatoria, lo que permite descentralizar los servicios de salud y acercarlos a la población.

Actualmente, municipios como Playas de Rosarito carecen de esta infraestructura, lo que obliga a las personas a trasladarse a ciudades como Tijuana o Mexicali para recibir atención, situación que puede derivar en abandono de tratamientos y mayores riesgos a la salud pública.

El exhorto contempla que las autoridades realicen la planeación técnica, presupuestal y operativa, así como las gestiones necesarias ante instancias federales para la validación de estos centros y el suministro de medicamentos e insumos.

Además, se destacó que estos espacios no solo ofrecen tratamiento antirretroviral, sino también pruebas rápidas de detección de VIH, sífilis y hepatitis C, así como acciones preventivas como la distribución de preservativos y el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP).

Con esta propuesta, el Congreso de BC busca ampliar la cobertura de atención en VIH/SIDA en Baja California, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población y reducir riesgos sanitarios en la entidad.

Van por mayor seguridad en gimnasios: plantean nueva regulación en BC

  • La legisladora, Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado.

La diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Estado, con el objetivo de que los gimnasios sean considerados establecimientos de riesgo específico y estén obligados a contar con Programas Internos de Protección Civil.

La propuesta busca garantizar la prevención de accidentes, atención oportuna de emergencias y protección de la integridad física de las personas usuarias de estos espacios.

Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que, aunque el fomento al ejercicio es una política pública clave, el crecimiento de gimnasios con entrenamientos de alta intensidad y uso de maquinaria pesada no ha sido acompañado por una actualización normativa adecuada.

Advirtió que actividades como el levantamiento de pesas, ejercicios cardiovasculares intensos y entrenamiento funcional implican riesgos que pueden derivar en caídas, esguinces, fracturas o incluso fallecimientos, si no se cuenta con medidas preventivas.

Por ello, subrayó la necesidad de elevar la regulación y clasificar estos espacios como de riesgo específico, obligándolos a implementar protocolos que permitan actuar antes, durante y después de una emergencia.

La diputada aclaró que la iniciativa no busca penalizar al sector empresarial, sino profesionalizar los servicios deportivos, garantizando que cada persona que acuda a un gimnasio regrese sana a su hogar.

Finalmente, enfatizó que la protección de la vida humana debe prevalecer, y que la omisión de medidas de Protección Civil en estos establecimientos representa un riesgo inaceptable para la población.

Diputada Maythé Méndez demanda vivienda para familias de policías caídos en servicio en Baja California

  • Propone incluir partidas presupuestales a los municipios y a las corporaciones estatales para garantizar vivienda
  • Sus beneficiarios enfrentan vulnerabilidad jurídica, económica y psicológica: advirtió la legisladora

“Las y los policías caídos en servicio son homenajeados por sus corporaciones para reconocer su valor y méritos en la seguridad pública; sin embargo, poco se habla de las consecuencias jurídicas, económicas y psicológicas que enfrentan sus familiares”, señaló la diputada María Teresa Méndez Vélez al presentar un exhorto desde la Tribuna Parlamentaria.

Actualmente, la ley reconoce diversos derechos sociales para policías, entre ellos el acceso a créditos de vivienda, financiados con aportaciones del Estado y de los integrantes de corporaciones.

“El derecho a la vivienda se garantiza durante su vida laboral; sin embargo, ante el fallecimiento, se omite ampliarlo a sus beneficiarios, dejándolos en estado de vulnerabilidad”, precisó Maythé Méndez.

Agregó que una de las principales responsabilidades institucionales es que las Instituciones de Seguridad Públicaestatales y municipales otorguen de manera oportuna los derechos que por ley corresponden a los familiares de policías.

En ese sentido, propuso que alcaldes de los siete municipios, así como titulares de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, revisen la inclusión de partidas presupuestales para garantizar vivienda a beneficiarios de policías caídos.

La diputada Maythé Méndez afirmó que este llamado busca dignificar la memoria de quienes dieron su vida y brindar certeza a sus familias, evitando que queden en el abandono.

Al tratarse de un tema de justicia social y reconocimiento institucional, la propuesta contó con el respaldo de la XXV Legislatura, destacando la necesidad de garantizar vivienda digna a las familias afectadas.

Exhorta Congreso BC a fortalecer atención a estudiantes que generan violencia escolar

  • La propuesta de la diputada Alejandra Ang Hernández plantea establecer protocolos claros de intervención que incluyan acompañamiento psicológico, programas de educación socioemocional.

El Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto para fortalecer la atención integral a estudiantes que presentan conductas violentas, con el objetivo de prevenir la violencia escolar y mejorar la convivencia en los centros educativos.

La propuesta fue presentada por la diputada Alejandra Ang Hernández, quien planteó la necesidad de que la Secretaría de Educación de Baja California refuerce los mecanismos de seguimiento dirigidos a este sector estudiantil.

El exhorto propone establecer protocolos claros de intervención que incluyan acompañamiento psicológico, programas de educación socioemocional y la participación activa de madres, padres y tutores, con un enfoque preventivo y formativo.

Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que la violencia escolar es una de las problemáticas más sensibles en Baja California, ya que afecta el desarrollo académico, emocional y social de niñas, niños y adolescentes, además de generar entornos de inseguridad que pueden derivar en deserción escolar.

Indicó que, aunque existen disposiciones para atender el acoso escolar, es necesario sistematizar mecanismos específicos de seguimiento continuo y especializado, priorizando un enfoque restaurativo que evite la estigmatización de los estudiantes.

Asimismo, destacó que la intervención temprana debe considerar factores sociales, familiares y emocionales, con el fin de modificar conductas, prevenir la reincidencia y fomentar comunidades escolares más armónicas.

Como antecedente, se mencionó un caso reciente de agresión física entre estudiantes en un plantel de Mexicali, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención y erradicación de la violencia escolar.