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Etiqueta: congreso bc

Hasta 6 años de cárcel a policías que simulen enfermedades en BC: Diputado Jorge Ramos

  • En su iniciativa plantea prisión de seis meses a seis años a elementos que finjan incapacidades médicas
  • Las falsas enfermedades afectan la seguridad ciudadana y agravan el déficit de agentes

El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para sancionar penalmente a los elementos de instituciones policiales que simulen enfermedades con el objetivo de evadir sus responsabilidades laborales.

Ramos Hernández señaló que la seguridad pública, en los tres niveles de gobierno, ha sido uno de los servicios más cuestionados por la ciudadanía bajacaliforniana en los últimos años, y que no ha cumplido con las expectativas, lo que ha generado una exigencia social cada vez más fuerte y justificada.

Destacó que la simulación de incapacidades físicas o mentales por parte de agentes de seguridad representa una grave forma de corrupción administrativa, que tiene un impacto directo en la operatividad y eficacia de las corporaciones de seguridad.

“Creemos que estas incapacidades médicas que surgen de una enfermedad simulada deben tratarse de manera distinta, ya que el hecho de que un agente de seguridad pública finja estar enfermo para no presentarse a laborar tiene un gran impacto negativo en el servicio de seguridad ciudadana”, expresó el legislador.

La propuesta plantea adicionar los artículos 221 Bis y 273 Ter al Código Penal del Estado, para establecer penas de 6 meses a 6 años de prisión y hasta 200 días multaa quienes deliberadamente finjan una enfermedad para evitar cumplir con su deber en materia de seguridad.

Asimismo, se contempla sancionar a personal médico que, de forma consciente, expida certificados de incapacidad sin justificación médica real, colaborando en la simulación.

El diputado reveló que, tan solo en 2024, el gobierno municipal de Tijuana reportó más de 300 elementos incapacitados, algunos de los cuales presuntamente utilizan este recurso para realizar actividades ajenas o incluso contrarias a la seguridad pública, lo que merma la capacidad de respuesta institucional ante hechos delictivos.

“Si a la baja tasa de policías por cada mil habitantes que ya tiene nuestro estado, se le suma el probable uso indebido de incapacidades médicas, resulta urgente detener esta práctica y sancionar a quien abuse del sistema”, concluyó Jorge Ramos.

Proponen que sea declarada como benemérita la escuela primaria “Senador Belisario Domínguez” en Mexicali

  • La propuesta fue presentada por la diputada Michel Sánchez para reconocer el servicio y la calidad educativa que se brinda a las infancias
  • Cuenta con más de 63 años de trabajo y fue la primera en levantarse en “Los Santorales” en la capital del estado

Con más de 63 años de trayectoria formando a la niñez bajacaliforniana, la Escuela Primaria Estatal Matutina “Senador Belisario Domínguez”, ubicada en la zona conocida como “Los Santorales” en Mexicali, podría ser declarada como Benemérita gracias a la iniciativa presentada por la diputada Michel Sánchez Allende ante el Congreso del Estado.

La legisladora destacó que esta institución fue la primera primaria establecida en esa área de la capital del estado, y desde entonces ha brindado un servicio educativo de calidad, reflejado en su alta demanda, su numerosa matrícula y en los primeros lugares de aprovechamiento escolar a nivel zona y municipio.

En su exposición de motivos, Michel Sánchez subrayó que la escuela ha sido semillero de alumnas y alumnos destacados en concursos académicos, cívicos y deportivos. Entre sus logros se encuentran tres designaciones como “Niña o Niño Funcionario Municipal” en el cargo de Presidente Municipal, así como premiaciones en concursos de escoltas y en torneos de fútbol, basquetbol y voleibol. Además, el plantel ha sido seleccionado para participar en el Proyecto STEAM impulsado por Cetys Universidad.

La diputada dio a conocer que recibió un oficio formal por parte del director David Naranjo Zárate, solicitando que el Congreso declare a la escuela, con clave 02EPR0131M de la Zona Escolar XIII, como Benemérita, en reconocimiento a su legado educativo y social.

Sánchez Allende resaltó también el profundo arraigo de esta primaria en la comunidad, ya que fue fundada en la Colonia Santa Isabel, en terrenos donados por el Dr. Marcos Ibarra Robles con el propósito de destinarlos a un parque y una escuela. Hoy, muchas de las y los estudiantes actuales son nietos y bisnietos de quienes conformaron las primeras generaciones del plantel.

Por ello, en uso de las facultades que le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la diputada propuso al Pleno de la XXV Legislatura declarar como Benemérita a la Escuela Primaria “Senador Belisario Domínguez”, como un merecido reconocimiento a su historia, logros y compromiso con la educación.

Plantean que no accedan a las candidaturas personas sancionadas por corrupción en BC

  • Con este “candado” a la Constitución local la Diputada Mayola Gaona busca que aspirantes a gobernador, diputados o alcaldes, no tengan antecedentes penales o sanciones por faltas administrativas graves
  • El desvío de recursos, contratación indebida, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias, son algunas de las faltas graves previstas por la Ley en la materia

La diputada María Yolanda Gaona Medina presentó una iniciativa para que las personas que aspiren a cargos de elección popular como gobernadordiputado local o integrante de ayuntamientos, no puedan hacerlo si cuentan con antecedentes penales o han sido sancionadas por faltas administrativas graves.

Mediante una propuesta de adición a dos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, se busca que quienes hayan sido sancionados por actos de corrupción, tanto por la vía penal como administrativa, queden inelegibles para ocupar una candidatura.

Esta medida, explicó la legisladora, tiene como fin garantizar que los servidores públicosactúen dentro del marco legal, absteniéndose de incurrir en conductas que afecten la Hacienda Pública Estatal o Municipal o el patrimonio de los entes públicos.

Con este “candado constitucional”, no solo se aplicarían las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, sino que además se prohibiría el acceso a candidaturas a quienes hayan cometido faltas graves como: cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, entre otras.

Finalmente, Mayola Gaona subrayó que excluir a quienes hayan cometido actos de corrupción es esencial para proteger la integridad de las instituciones democráticasfortalecer la confianza ciudadana y promover la transparencia en el gobierno.

Propone diputada Peñaloza crear la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor

  • Adultos mayores población en crecimiento que sigue sufriendo discriminación, abusos, y violación a sus derechos humanos.

La diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para expedir la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Baja California, cuyo objetivo es crear una institución especializada, autónoma y con capacidad de gestión para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

La propuesta legislativa, turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, contempla 68 artículos permanentes y cuatro transitorios, distribuidos en ocho capítulos.

La legisladora subrayó que el envejecimiento poblacional es una realidad creciente en nuestra sociedad. De acuerdo con datos oficiales, el número de personas mayores de 60 años ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas y se espera que continúe en ascenso.

A pesar de los avances normativos, las personas adultas mayores siguen enfrentando discriminación, abandono, violencia, deficiencias en el acceso a servicios de saludpensiones insuficientes y exclusión en la toma de decisiones que afectan su vida diaria. Por ello, enfatizó la necesidad de contar con un organismo independiente, con enfoque integral y capacidad para incidir en políticas públicas.

Peñaloza Escobedo afirmó que esta iniciativa busca salda una deuda histórica con las y los adultos mayores, reconociendo su dignidad, autonomía y el derecho a vivir con bienestaren todas las etapas de la vida.

Advirtió que la planificación del desarrollo debe considerar el proceso de envejecimiento poblacional desde una visión preventiva. En el corto plazo, es indispensable atender las necesidades de este sector, eliminando barreras que impidan su plena participación en la sociedad y fortaleciendo las políticas públicas orientadas a su bienestar y calidad de vida.

Actualmente, en Baja California habitan 502,479 personas mayores de 60 años, lo que representa el 13.3% de la población total. De ellas, el 37.9% son económicamente activas. Muchas enfrentan violencia por abandono, negligencia, uso indebido de su dinero, bienes o propiedades, así como agresiones físicas y psicológicas.

En lo que respecta a la propuesta, el artículo tercero establece que la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor tendrá su domicilio legal en Mexicali, y se prevé la instalación de oficinas en Tijuana y Ensenada, sin perjuicio de establecer presencia en otros municipios conforme a las necesidades operativas y disponibilidad presupuestaria.

Proponen reforma para erradicar basureros a cielo abierto en Baja California

  • El proyecto de ley del diputado Ramón Vázquez Valadez contempla adicionar fracciones que permitan eliminar prácticas inadecuadas de disposición.

El diputado, Ramón Vázquez Valadez propuso una reforma a la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos, para combatir el problema de los basureros a cielo abierto, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y proteger la salud de las familias bajacalifornianas.

“La disposición final de residuos en tiraderos a cielo abierto y su quema representa un grave riesgo para el ecosistema, contamina el suelo y el agua, y afecta la calidad de vida de las comunidades cercanas”, advirtió el legislador, al referirse a las prácticas que aún predominan en muchas regiones del país y del estado.

Su proyecto de ley contempla adicionar fracciones que permitan eliminar prácticas inadecuadas de disposición, impulsar acciones legislativas y de política pública, así como fomentar la construcción de infraestructura adecuada, en línea con estándares internacionales.

Erradicar los tiraderos es una prioridad ambiental, social y de salud pública”, subrayó el diputado, quien consideró indispensable que el Ejecutivo estatal adopte un enfoque regional o intermunicipal en su programa de gestión de residuos. Esto, dijo, permitirá atender las diferencias técnicas, financieras y de infraestructura entre los municipios, favoreciendo soluciones equitativas y sostenibles.

Además, Ramón Vázquez destacó la importancia de sumar a la ciudadanía, al sector privado y a organizaciones ambientales a este esfuerzo: “La participación ciudadana permite una gestión más eficiente. La denuncia de tiraderos clandestinos, la cultura del reciclaje y la corresponsabilidad con las autoridades son fundamentales para avanzar hacia una verdadera economía circular en Baja California”.

Con esta iniciativa, el inicialista busca sentar las bases para una transformación integral en el manejo de residuos del estado, fortaleciendo la corresponsabilidad social y gubernamental como eje central para mejorar el entorno y la salud de las y los bajacalifornianos.

¿Por qué pagar otra vez? Diputada propone que el acta de nacimiento no pierda vigencia

  • Dunnia Montserrat Murillo López explicó que siempre y cuando sea legible, o sobrevenga cambio de nombre, estado familiar, y no afecte los datos inscritos.

El acta de nacimiento es un registro vital que documenta el nacimiento de una persona y es esencial para obtener otros documentos de identidad y ejercer derechos ciudadanos, indicó la diputada, Dunnia Montserrat Murillo López.

Al presentar una Iniciativa de adición de un párrafo al artículo 35 del Código Civil del Estado, dijo, para que este documento no tenga caducidad, siempre y cuando sea legible, o sobrevenga cambio de nombre, estado familiar, u otro que afecte los datos inscritos.

En su exposición de motivos, mencionó que es apremiante para miles de familias bajacalifornianas, que este documento no tenga temporalidad de validez, debido a que es solicitado de manera “actualizada“, sin algún argumento o consideración que afecte el contenido del mismo, impactando en la economía de estas familias.

Lo que genera un costo, apuntó, por cada expedición de la misma, debiendo ser, siempre y cuando este documento se encuentre de manera ilegible, dañado o roto que impida que los datos personales del menor o de la persona no puedan ser entendibles. Mientras tanto, dijo que debe ser vigente sin tiempo establecido, salvo en alguno de los casos anteriores.

En ese sentido, resulta contradictorio que, si está en buenas condiciones un acta de nacimiento, se requiera de nueva cuenta este mismo documento oficial, sin cambio alguno, pero sí generando el cobro del mismo, enfatizó.

Solo deberá ser necesario el requerimiento de un acta de nacimiento “actualizada“, siempre y cuando se encuentre dañada o rota y con los datos personales ilegibles, que no permita el reconocimiento y lectura de los mismos, señala la propuesta.

Esto, a fin de promover la confianza en el sistema legal de que el documento oficial expedido como acta de nacimiento podrá ser utilizada de manera consecutiva para diversos trámites, sin necesidad de estar generando una para cada ocasión diversa, puntualizó.

Diputado Lara Arregui en contra de que se graven remesas que envían paisanos a sus familias en México

  • Respaldo a lucha que la gobernadora Marina del Pilar Avila ha dado desde la CONAGO

El diputado Diego Alejandro Lara Arregui fijó un firme posicionamiento en contra de que se graven las remesas que envían los mexicanos desde Estados Unidos a sus familias en México, y respaldó la defensa que ha encabezado la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en su calidad de presidenta de la CONAGO, quien logró frenar la intención de imponer un impuesto a las remesas.

Lo que estamos viviendo no es solo una amenaza económica. Es una señal clara de que las decisiones políticas de otros países pueden, si no estamos atentos, erosionar la dignidad y los derechos de millones de mexicanas y mexicanos”, advirtió el legislador.

Lara Arregui recordó que Estados Unidos ha vuelto a poner sobre la mesa la idea de gravar las remesas, una propuesta que en 2016 surgió como una bravata de campaña, y que hoy se perfila como una política intransigente y regresiva. “Es inaceptable, es inhumano y, sobre todo, es un retroceso moral”, subrayó.

Destacó que las remesas no representan un lujo ni un flujo de capital especulativo, sino el fruto del trabajo honrado de millones de personas que, con grandes sacrificios, dejaron atrás su hogar para convertirse en el sostén económico de sus familias. “Cada dólar enviado representa amor, esfuerzo y esperanza”.

Subrayó que este no es un tema partidista, sino un asunto de nación, ya que las remesas simbolizan el sacrificio silencioso de quienes siguen construyendo México desde el exterior.

Finalmente, reconoció y respaldó con firmeza el liderazgo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacando su postura clara, firme y valiente como presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). “No solo ha defendido las remesas con argumentos sólidos, sino que ha convocado a los gobernadores de todas las entidades a cerrar filas ante esta amenaza”, concluyó.

Cárcel y multas a funcionarios públicos que retengan pago de finiquitos en BC: diputada Alejandrina Corral

  • Se impondrán de seis meses a doce años de prisión y una multa de treinta a ciento cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización

Con el propósito de garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, la diputada Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para sancionar penalmente a los servidores públicos de las Autoridades Públicas Patronales que omitan el pago de finiquitos laborales o incumplan laudos, sentencias o convenios firmes emitidos por las autoridades laborales.

La propuesta establece que incurre en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que, estando obligado al pago de prestaciones laborales, no las cubra dentro de los 15 días posteriores a la terminación de la relación laboral, o bien, que incumpla sin causa justificada con resoluciones laborales firmes en perjuicio de los trabajadores.

A quien cometa este delito, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, así como una multa de 30 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión del ilícito.

En su argumentación, la legisladora señaló que, aunque tanto la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California como la Ley Federal del Trabajo contemplan mecanismos de defensa para exigir estos pagos, los procedimientos resultan frecuentemente tediosos y prolongados, afectando el acceso efectivo a la justicia laboral.

“Con esta propuesta buscamos inhibir las malas prácticas arraigadas en algunas administraciones estatales y municipales que, con el fin de evadir su responsabilidad, utilizan artimañas para no cumplir con sus obligaciones, vulnerando así los derechos fundamentales de las y los trabajadores”, subrayó Corral Quintero.

Añadió que el pago íntegro y oportuno de las prestaciones laborales constituye un derecho humano esencial, ya que tiene un impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. “El incumplimiento afecta no solo la estabilidad económica, sino también la salud emocional y las relaciones familiares de quienes han dedicado su servicio al Estado”, concluyó.

Nueva aduana ferroviaria en Tijuana es una apuesta estratégica: Araceli Geraldo

  • “El desarrollo de esta infraestructura para la exportación en Tijuana no sólo es relevante: es indispensable”, señala la legisladora.

La construcción y próxima operación de la aduana de exportación ferroviaria en Tijuana representa un avance estratégico y estructural de alto impacto para la economía de Baja California y para la integración logística de México con los Estados Unidos, por lo que la diputada Araceli Geraldo Núñez se pronunció sobre la importancia de estas obras de infraestructura para el comercio internacional.

Al exponer su posicionamiento, la congresista refirió que “actualmente Baja California es la única entidad en el país con infraestructura ferroviaria sin exportaciones activas, a pesar de contar con más de mil industrias instaladas; esta limitación ha generado cuellos de botella logísticos que impiden a muchas empresas operar a plena capacidad productiva, debido a los tiempos y restricciones que enfrenta el transporte por carretera”.

Señaló que cada vagón de ferrocarril sustituiría hasta cinco tractocamiones, por lo que, con una capacidad estimada de 60 vagones por cruce en tan sólo 30 minutos, equivaldría al movimiento de 300 camiones; lo cual impacta directamente en la reducción del tráfico, la mejora ambiental y el incremento en la eficiencia de las cadenas de suministro.

“Por ello, es mi obligación como legisladora destacar, mediante el presente posicionamiento, que este proyecto ejemplifica la visión del gobierno federal de impulsar una infraestructura moderna, eficiente y estratégica que fortalezca la soberanía comercial del país y consolide su liderazgo regional”.

Además, mencionó que la obra viene acompañada de la modernización del cruce Tijuana–San Ysidro, “esta modernización, supervisada por la Secretaría de la Defensa Nacional, no sólo habilita el cruce, sino que establece un precedente para el diseño de aduanas ferroviarias a nivel nacional”.

En ese contexto, recalcó que el desarrollo de esta infraestructura para la exportación en Tijuana no sólo es relevante: es indispensable, ya que posiciona a Baja California como un nodo logístico fundamental dentro de la red ferroviaria internacional y con la posibilidad de interconectar con los corredores de San Diego y Los Ángeles, se amplían las oportunidades de intercambio, almacenamiento, procesamiento y exportación de mercancías.

Propone Diputado Fidel Mogollón crear la ley de voluntad anticipada para Baja California

  • Permitiría a enfermos terminales morir con dignidad evitando vida artificial contra su voluntad
  • Se expresaría la voluntad del enfermo mediante formato expedido por instituciones de salud o notario público

El diputado Danny Fidel Mogollón Pérez presentó una iniciativa para crear la Ley de Voluntad Anticipada, la cual permitiría que una persona, por escrito y mediante un formato emitido por instituciones de salud o a través de un notario público, pueda expresar su decisión de aceptar o rechazar tratamientos médicos que busquen prolongar su vida en caso de encontrarse en fase terminal.

La propuesta incluye modificaciones al Código Penal para eximir de responsabilidad al personal médico que atienda a pacientes terminales respetando dicha voluntad. Se aclara que no se trata de eutanasia ni suicidio asistido, sino de apoyar al paciente con cuidados paliativos, evitando el sufrimiento físico extremo y el uso de métodos artificiales para mantener la vida, siempre respetando la dignidad humana.

En su exposición de motivos, el legislador precisó que en México está prohibida tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido, lo cual está establecido en la Ley General de Salud. No obstante, destacó que la voluntad anticipada es una herramienta legal que busca garantizar el respeto a la decisión personal en situaciones donde no sea posible prolongar la vida de forma natural.

“La voluntad anticipada es la decisión de una persona de ser o no sometida a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal, protegiendo en todo momento su dignidad”, explicó.

También introdujo el concepto de ortotanasia, definido como una “muerte correcta”, que distingue entre curar y cuidar, evitando provocar la muerte activa o indirectamente, pero sin recurrir a tratamientos obstinados, desproporcionados o inútiles. En su lugar, se proponen cuidados paliativos, medidas mínimas ordinarias y tanatológicas, e incluso sedación controlada, según sea el caso.

El diputado subrayó que la voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida, sino que respeta el momento natural de la muerte y promueve una atención digna, humana y sin intervenciones médicas innecesarias al final de la vida.

Además, la iniciativa contempla que personas adultas en buen estado de salud puedan llenar un formato oficial donde manifiesten su voluntad anticipada en caso de enfrentar una etapa terminal, así como su consentimiento para donar órganos, si así lo deciden.