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Etiqueta: congreso bc

Acuerdan Congreso y Sindicato contrato colectivo de trabajo; garantizan derechos laborales y responsabilidad financiera

  • En reunión de trabajo entre la administración del Congreso, líder sindical y diputados acordaron las condiciones las cuales serán retroactivas a partir del 1 de enero

El Congreso del Estado y el Sindicato de Burócratas firmaron el contrato colectivo de trabajo, en el que se acordó un aumento del 6% al salario de los trabajadores.

Durante la mesa de trabajo, participaron la Presidenta de la Mesa DirectivaMichelle Tejeda Medina; el Presidente de la Junta de Coordinación PolíticaJuan Manuel Molina García; el presidente de la Comisión de Administración y FinanzasJaime Cantón Rocha; el director de AdministraciónJosé Antonio Olivas Arredondo; y la líder sindicalSelene Cota Bernal, quienes acordaron distintos puntos respetando los derechos laborales y la responsabilidad financiera del Congreso.

El director de AdministraciónJosé Antonio Olivas, señaló que las nuevas condiciones laborales firmadas reconocen el compromiso de los trabajadores de base, y al mismo tiempo son coherentes con la disciplina financiera del Poder Legislativo.

“Hoy firmamos las nuevas Condiciones Generales de Trabajo, mismas que se convierten en un justo reconocimiento al compromiso de las y los trabajadores de base, sin perder de vista la disciplina financiera que busca el Congreso del Estado. ¡Enhorabuena por este avance!”, finalizó.

Por su parte, el diputado Jaime Cantón Rocha hizo énfasis en que las y los diputados de Morena trabajan para dar certeza laboral a quienes forman parte del Congreso del Estado, al mismo tiempo que se cuidan las finanzas del Poder Legislativo.

Comisión de Fiscalización reprueban cuentas públicas 2023 de INMUJER y DIF Tecate

  • Entre los señalamientos está la falta de pago o retención de ISR; falta de emisión de CFDI por pagos de liquidaciones y finiquitos; entre otros.

La Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que preside la diputada Alejandra María Ang Hernández, llevó a cabo su Octava Sesión Ordinaria para realizar el análisis de las cuentas públicas de diversos entes fiscalizados, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, con lo que suma 105 dictámenes emitidos.

La Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) presentó los Informes Individuales correspondientes al Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada (IMJUVENS); COPLADEM Ensenada; IMDER Rosarito; IMPLAN Rosarito; ADMINCARGA; INDE; INMUJER Tecate; DIF Tecate; el Patronato Juventud 2000 de Mexicali y el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Baja California (CCL).

De estos informes, se dictaminaron como no aprobatorias las cuentas públicas del IMJUVENS, COPLADEM Ensenada, INMUJER Tecate y el DIF Tecate.

Por otro lado, cabe destacar que el IMDER y IMPLAN Rosarito fueron las entidades fiscalizadas con la máxima puntuación, al obtener 100 puntos en la evaluación cuantitativa realizada.

Entre los temas más relevantes de las observaciones derivadas de los resultados de la auditoría a las cuentas no aprobadas, se informa: falta de pago o retención de ISR; falta de emisión de CFDI por pagos de liquidaciones y finiquitos; saldo en cuentas por pagar; diferencias en cuentas por cobrar; servicios generales por adjudicación directa; y contratos de honorarios asimilables que no cumplen con la normatividad legal, entre otros.

En la reunión estuvieron presentes, además de la presidenta, las diputadas Dunnia Montserrat Murillo López, Liliana Michel Sánchez Allende, Julia Andrea González Quiroz, Mayola Gaona Medina, Teresita Ruiz Mendoza, y los diputados Fidel Mogollón Pérez y Jaime Cantón Rocha; así como el Auditor Superior del Estado, Arnulfo Zárate Chávez, junto con titulares y representantes de las entidades fiscalizadas.

Congreso de BC pide oficina permanente de CONAPESCA en el estado

  • El exhorto fue promovido por el diputado Danny Fidel Mogollón Pérez y logró el respaldo del Pleno del Congreso.

El Congreso del Estado aprobó enviar un exhorto a la CONAPESCA (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca) para que establezca una oficina permanente en Baja California, o al menos envíe personal con capacidad de gestión y resolución, que atienda mensualmente los asuntos del sector pesquero y acuícola, evitando los viajes hasta Mazatlán, Sinaloa, donde se ubican las oficinas centrales de la Comisión.

El exhorto fue promovido por el diputado Danny Fidel Mogollón Pérez y logró el respaldo del Pleno del Congreso.

En su exposición, el legislador de Morena citó datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), los cuales indican que Baja California produjo en 2022 más de 112 mil toneladas de productos pesqueros y acuícolas, posicionándose en el quinto lugar nacional en producción y en el cuarto lugar en valor económico, con una derrama superior a los 3,000 millones de pesos anuales. Estas cifras reflejan la magnitud del sector y su impacto directo en la economía regional.

En los municipios de Ensenada, San Quintín, Playas de Rosarito, Tijuana y San Felipe, se desarrollan actividades como la pesca ribereña, la pesca industrial, la acuacultura en aguas interiores, la maricultura y la recolección de especies altamente valoradas como langosta, erizo, abulón, almeja, sardina, jurel, ostión y camarón.

También existen zonas con potencial de desarrollo en comunidades indígenas y pesqueras del sur profundo de la entidad, como Punta Colonet, El Rosario, Isla de Cedros, Bahía de los Ángeles y otras.

A pesar de esta gran relevancia productiva, en todo el estado no existe una oficina permanente de la CONAPESCA. La dependencia federal mantiene su sede central en Mazatlán, Sinaloa, y muchas de las gestiones más importantes, como la obtención o renovación de permisos, concesiones, informes técnicos o trámites de inspección y vigilancia, requieren acudir personalmente hasta esa ciudad, a más de 2,000 kilómetros de distancia.

Para el sector pesquero y acuícola, compuesto mayoritariamente por cooperativas, permisionarios sociales, comunidades rurales e indígenas, este obstáculo geográfico representa un gasto que en muchas ocasiones es imposible cubrir, provocando rezagos administrativos, pérdida de apoyos y, en ocasiones, pesca en informalidad involuntaria.

¿Rentaste y no quieren salir? Diputado Echevarría propone cárcel para quienes se ‘adueñan’ de casas o predios ajenos en BC

  • La iniciativa busca sancionar la negativa dolosa de inquilinos a desocupar una vivienda tras el vencimiento del contrato
  • El delito se configurará cuando el arrendatario permanezca sin justificación legal más de 45 días en el inmueble

Con el objetivo de frenar una práctica abusiva que afecta a cientos de arrendadores en Baja California, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa para adicionar el artículo 226 Bis al Código Penal del Estado, a fin de crear el delito de Despojo Equiparado y sancionar a quienes, de manera dolosa, se nieguen a entregar la posesión de un inmueble una vez vencido el contrato de arrendamiento.

Al fundamentar su propuesta, el legislador panista explicó que, por desconocimiento de la ley o con mala fe, algunos inquilinos asumen erróneamente que el paso del tiempo les confiere derechos sobre la propiedad, lo que fomenta la ocupación ilegal de viviendas o locales.

“Esta creencia equivocada, sumada a una deficiente cultura de legalidad, lleva a muchas personas a permanecer en la vivienda incluso después de que ha terminado el contrato o aun cuando el arrendador ha solicitado la entrega del bien”, señaló el diputado.

Echevarría indicó que bajo el marco legal vigente, los propietarios enfrentan procesos largos, costosos y desgastantes para recuperar sus bienes, lo que incluye juicios civiles, apelaciones y amparos, mientras los arrendatarios se aprovechan de la lentitud del sistema judicial.

En este contexto, el nuevo artículo 226 Bis plantea que, cuando hayan transcurrido 45 días naturales después de la fecha de vencimiento del contrato y el inquilino permanezca en el inmueble sin justificación legal, se configure el delito de despojo equiparado, aplicando las mismas sanciones establecidas en la ley para el delito de despojo común.

“Se trata de fortalecer las herramientas legales del arrendador y enviar un mensaje claro: la ley protege la legítima propiedad y posesión”, subrayó Echevarría Ibarra.

Finalmente, el diputado reiteró que esta reforma busca garantizar la justicia cotidiana, proteger el derecho de propiedad y reducir las pérdidas económicas que enfrentan muchas familias por no poder disponer legalmente de sus inmuebles.

Hasta 6 años de cárcel a policías que simulen enfermedades en BC: Diputado Jorge Ramos

  • En su iniciativa plantea prisión de seis meses a seis años a elementos que finjan incapacidades médicas
  • Las falsas enfermedades afectan la seguridad ciudadana y agravan el déficit de agentes

El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para sancionar penalmente a los elementos de instituciones policiales que simulen enfermedades con el objetivo de evadir sus responsabilidades laborales.

Ramos Hernández señaló que la seguridad pública, en los tres niveles de gobierno, ha sido uno de los servicios más cuestionados por la ciudadanía bajacaliforniana en los últimos años, y que no ha cumplido con las expectativas, lo que ha generado una exigencia social cada vez más fuerte y justificada.

Destacó que la simulación de incapacidades físicas o mentales por parte de agentes de seguridad representa una grave forma de corrupción administrativa, que tiene un impacto directo en la operatividad y eficacia de las corporaciones de seguridad.

“Creemos que estas incapacidades médicas que surgen de una enfermedad simulada deben tratarse de manera distinta, ya que el hecho de que un agente de seguridad pública finja estar enfermo para no presentarse a laborar tiene un gran impacto negativo en el servicio de seguridad ciudadana”, expresó el legislador.

La propuesta plantea adicionar los artículos 221 Bis y 273 Ter al Código Penal del Estado, para establecer penas de 6 meses a 6 años de prisión y hasta 200 días multaa quienes deliberadamente finjan una enfermedad para evitar cumplir con su deber en materia de seguridad.

Asimismo, se contempla sancionar a personal médico que, de forma consciente, expida certificados de incapacidad sin justificación médica real, colaborando en la simulación.

El diputado reveló que, tan solo en 2024, el gobierno municipal de Tijuana reportó más de 300 elementos incapacitados, algunos de los cuales presuntamente utilizan este recurso para realizar actividades ajenas o incluso contrarias a la seguridad pública, lo que merma la capacidad de respuesta institucional ante hechos delictivos.

“Si a la baja tasa de policías por cada mil habitantes que ya tiene nuestro estado, se le suma el probable uso indebido de incapacidades médicas, resulta urgente detener esta práctica y sancionar a quien abuse del sistema”, concluyó Jorge Ramos.

Proponen que sea declarada como benemérita la escuela primaria “Senador Belisario Domínguez” en Mexicali

  • La propuesta fue presentada por la diputada Michel Sánchez para reconocer el servicio y la calidad educativa que se brinda a las infancias
  • Cuenta con más de 63 años de trabajo y fue la primera en levantarse en “Los Santorales” en la capital del estado

Con más de 63 años de trayectoria formando a la niñez bajacaliforniana, la Escuela Primaria Estatal Matutina “Senador Belisario Domínguez”, ubicada en la zona conocida como “Los Santorales” en Mexicali, podría ser declarada como Benemérita gracias a la iniciativa presentada por la diputada Michel Sánchez Allende ante el Congreso del Estado.

La legisladora destacó que esta institución fue la primera primaria establecida en esa área de la capital del estado, y desde entonces ha brindado un servicio educativo de calidad, reflejado en su alta demanda, su numerosa matrícula y en los primeros lugares de aprovechamiento escolar a nivel zona y municipio.

En su exposición de motivos, Michel Sánchez subrayó que la escuela ha sido semillero de alumnas y alumnos destacados en concursos académicos, cívicos y deportivos. Entre sus logros se encuentran tres designaciones como “Niña o Niño Funcionario Municipal” en el cargo de Presidente Municipal, así como premiaciones en concursos de escoltas y en torneos de fútbol, basquetbol y voleibol. Además, el plantel ha sido seleccionado para participar en el Proyecto STEAM impulsado por Cetys Universidad.

La diputada dio a conocer que recibió un oficio formal por parte del director David Naranjo Zárate, solicitando que el Congreso declare a la escuela, con clave 02EPR0131M de la Zona Escolar XIII, como Benemérita, en reconocimiento a su legado educativo y social.

Sánchez Allende resaltó también el profundo arraigo de esta primaria en la comunidad, ya que fue fundada en la Colonia Santa Isabel, en terrenos donados por el Dr. Marcos Ibarra Robles con el propósito de destinarlos a un parque y una escuela. Hoy, muchas de las y los estudiantes actuales son nietos y bisnietos de quienes conformaron las primeras generaciones del plantel.

Por ello, en uso de las facultades que le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la diputada propuso al Pleno de la XXV Legislatura declarar como Benemérita a la Escuela Primaria “Senador Belisario Domínguez”, como un merecido reconocimiento a su historia, logros y compromiso con la educación.

Plantean que no accedan a las candidaturas personas sancionadas por corrupción en BC

  • Con este “candado” a la Constitución local la Diputada Mayola Gaona busca que aspirantes a gobernador, diputados o alcaldes, no tengan antecedentes penales o sanciones por faltas administrativas graves
  • El desvío de recursos, contratación indebida, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias, son algunas de las faltas graves previstas por la Ley en la materia

La diputada María Yolanda Gaona Medina presentó una iniciativa para que las personas que aspiren a cargos de elección popular como gobernadordiputado local o integrante de ayuntamientos, no puedan hacerlo si cuentan con antecedentes penales o han sido sancionadas por faltas administrativas graves.

Mediante una propuesta de adición a dos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, se busca que quienes hayan sido sancionados por actos de corrupción, tanto por la vía penal como administrativa, queden inelegibles para ocupar una candidatura.

Esta medida, explicó la legisladora, tiene como fin garantizar que los servidores públicosactúen dentro del marco legal, absteniéndose de incurrir en conductas que afecten la Hacienda Pública Estatal o Municipal o el patrimonio de los entes públicos.

Con este “candado constitucional”, no solo se aplicarían las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, sino que además se prohibiría el acceso a candidaturas a quienes hayan cometido faltas graves como: cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, entre otras.

Finalmente, Mayola Gaona subrayó que excluir a quienes hayan cometido actos de corrupción es esencial para proteger la integridad de las instituciones democráticasfortalecer la confianza ciudadana y promover la transparencia en el gobierno.

Propone diputada Peñaloza crear la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor

  • Adultos mayores población en crecimiento que sigue sufriendo discriminación, abusos, y violación a sus derechos humanos.

La diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para expedir la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Baja California, cuyo objetivo es crear una institución especializada, autónoma y con capacidad de gestión para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

La propuesta legislativa, turnada a comisiones para su análisis y dictaminación, contempla 68 artículos permanentes y cuatro transitorios, distribuidos en ocho capítulos.

La legisladora subrayó que el envejecimiento poblacional es una realidad creciente en nuestra sociedad. De acuerdo con datos oficiales, el número de personas mayores de 60 años ha crecido de manera sostenida en las últimas décadas y se espera que continúe en ascenso.

A pesar de los avances normativos, las personas adultas mayores siguen enfrentando discriminación, abandono, violencia, deficiencias en el acceso a servicios de saludpensiones insuficientes y exclusión en la toma de decisiones que afectan su vida diaria. Por ello, enfatizó la necesidad de contar con un organismo independiente, con enfoque integral y capacidad para incidir en políticas públicas.

Peñaloza Escobedo afirmó que esta iniciativa busca salda una deuda histórica con las y los adultos mayores, reconociendo su dignidad, autonomía y el derecho a vivir con bienestaren todas las etapas de la vida.

Advirtió que la planificación del desarrollo debe considerar el proceso de envejecimiento poblacional desde una visión preventiva. En el corto plazo, es indispensable atender las necesidades de este sector, eliminando barreras que impidan su plena participación en la sociedad y fortaleciendo las políticas públicas orientadas a su bienestar y calidad de vida.

Actualmente, en Baja California habitan 502,479 personas mayores de 60 años, lo que representa el 13.3% de la población total. De ellas, el 37.9% son económicamente activas. Muchas enfrentan violencia por abandono, negligencia, uso indebido de su dinero, bienes o propiedades, así como agresiones físicas y psicológicas.

En lo que respecta a la propuesta, el artículo tercero establece que la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor tendrá su domicilio legal en Mexicali, y se prevé la instalación de oficinas en Tijuana y Ensenada, sin perjuicio de establecer presencia en otros municipios conforme a las necesidades operativas y disponibilidad presupuestaria.

Proponen reforma para erradicar basureros a cielo abierto en Baja California

  • El proyecto de ley del diputado Ramón Vázquez Valadez contempla adicionar fracciones que permitan eliminar prácticas inadecuadas de disposición.

El diputado, Ramón Vázquez Valadez propuso una reforma a la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos, para combatir el problema de los basureros a cielo abierto, con el objetivo de cuidar el medio ambiente y proteger la salud de las familias bajacalifornianas.

“La disposición final de residuos en tiraderos a cielo abierto y su quema representa un grave riesgo para el ecosistema, contamina el suelo y el agua, y afecta la calidad de vida de las comunidades cercanas”, advirtió el legislador, al referirse a las prácticas que aún predominan en muchas regiones del país y del estado.

Su proyecto de ley contempla adicionar fracciones que permitan eliminar prácticas inadecuadas de disposición, impulsar acciones legislativas y de política pública, así como fomentar la construcción de infraestructura adecuada, en línea con estándares internacionales.

Erradicar los tiraderos es una prioridad ambiental, social y de salud pública”, subrayó el diputado, quien consideró indispensable que el Ejecutivo estatal adopte un enfoque regional o intermunicipal en su programa de gestión de residuos. Esto, dijo, permitirá atender las diferencias técnicas, financieras y de infraestructura entre los municipios, favoreciendo soluciones equitativas y sostenibles.

Además, Ramón Vázquez destacó la importancia de sumar a la ciudadanía, al sector privado y a organizaciones ambientales a este esfuerzo: “La participación ciudadana permite una gestión más eficiente. La denuncia de tiraderos clandestinos, la cultura del reciclaje y la corresponsabilidad con las autoridades son fundamentales para avanzar hacia una verdadera economía circular en Baja California”.

Con esta iniciativa, el inicialista busca sentar las bases para una transformación integral en el manejo de residuos del estado, fortaleciendo la corresponsabilidad social y gubernamental como eje central para mejorar el entorno y la salud de las y los bajacalifornianos.

¿Por qué pagar otra vez? Diputada propone que el acta de nacimiento no pierda vigencia

  • Dunnia Montserrat Murillo López explicó que siempre y cuando sea legible, o sobrevenga cambio de nombre, estado familiar, y no afecte los datos inscritos.

El acta de nacimiento es un registro vital que documenta el nacimiento de una persona y es esencial para obtener otros documentos de identidad y ejercer derechos ciudadanos, indicó la diputada, Dunnia Montserrat Murillo López.

Al presentar una Iniciativa de adición de un párrafo al artículo 35 del Código Civil del Estado, dijo, para que este documento no tenga caducidad, siempre y cuando sea legible, o sobrevenga cambio de nombre, estado familiar, u otro que afecte los datos inscritos.

En su exposición de motivos, mencionó que es apremiante para miles de familias bajacalifornianas, que este documento no tenga temporalidad de validez, debido a que es solicitado de manera “actualizada“, sin algún argumento o consideración que afecte el contenido del mismo, impactando en la economía de estas familias.

Lo que genera un costo, apuntó, por cada expedición de la misma, debiendo ser, siempre y cuando este documento se encuentre de manera ilegible, dañado o roto que impida que los datos personales del menor o de la persona no puedan ser entendibles. Mientras tanto, dijo que debe ser vigente sin tiempo establecido, salvo en alguno de los casos anteriores.

En ese sentido, resulta contradictorio que, si está en buenas condiciones un acta de nacimiento, se requiera de nueva cuenta este mismo documento oficial, sin cambio alguno, pero sí generando el cobro del mismo, enfatizó.

Solo deberá ser necesario el requerimiento de un acta de nacimiento “actualizada“, siempre y cuando se encuentre dañada o rota y con los datos personales ilegibles, que no permita el reconocimiento y lectura de los mismos, señala la propuesta.

Esto, a fin de promover la confianza en el sistema legal de que el documento oficial expedido como acta de nacimiento podrá ser utilizada de manera consecutiva para diversos trámites, sin necesidad de estar generando una para cada ocasión diversa, puntualizó.