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Etiqueta: congreso bc

Sanciones graves para ataques con ácido: Diputada de BC propone reforma

  • La reforma busca robustecer la ley y garantizar mecanismos de prevención, protección, atención y reparación del daño a las víctimas.

Con el objetivo de que se amplíen y especifiquen los tipos de violencia química contra la mujer, así como robustecer las obligaciones del Ministerio Público para garantizar la reparación integral del daño y la protección de la víctima con perspectiva de género, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el estado de Baja California.

Señaló que en México esta modalidad de violencia ha ido en aumento y ha evidenciado la necesidad de que los marcos normativos sean más claros, específicos y eficaces en su combate.

Al respecto explicó que, si bien en el Código Penal del Estado de Baja California se contempla este delito, no cuenta con una descripción suficientemente amplia y precisa que permita incluir todas las formas de violencia química, así como las herramientas jurídicas que le concedan facultades al Ministerio Público para actuar con debida diligencia y perspectiva de género.

En ese sentido, se debe visibilizar que los ataques con ácido son una forma extrema de violencia de género que causa daños físicos, psicológicos y sociales severos. Aunque no existen estadísticas específicas sobre este tipo de violencia en Baja California, su gravedad y consecuencias justifican la necesidad de una tipificación clara en el Código Penal del estado.

Destacó que la importancia de esta iniciativa es colocar a Baja California a la par de entidades como la Ciudad de México, donde ya se contempla de forma expresa la violencia ácida como un tipo penal autónomo con agravantes específicas y con un enfoque centrado en la reparación del daño.

Por lo tanto, es fundamental que el Código Penal estatal fortalezca la descripción de la violencia ácida dentro de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, lo que permitiría visibilizar esta grave forma de agresión, garantizar mecanismos de prevención, protección, atención y reparación del daño a las víctimas.

“Al reconocerla legalmente, se fortalecen las políticas públicas enfocadas en erradicar la impunidad y en brindar apoyo integral a las sobrevivientes, asegurando su acceso a la justicia, rehabilitación y reinserción social, con un enfoque centrado en los derechos de las mujeres y la erradicación de toda forma de violencia de género”, detalló.

Impulsa Michelle Tejeda reforma para promover la adopción y dignificar los refugios de animales

  • La Diputada busca promover la adopción responsable, regular los refugios y frenar la venta informal de mascotas.

Con el objetivo de impulsar una cultura de adopción de mascotas, regular adecuadamente los refugios y atender el problema del comercio informal de animales, la diputada Michelle Tejeda presentó iniciativa de reforma a la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado.

La proponente explicó que la adopción y los refugios son asignaturas estrechamente interconectadas, por lo que deben incluirse en el ordenamiento legal como parte de una política pública integral en favor del bienestar animal.

Señaló la importancia de incentivar una cultura de adopción, especialmente de perros y gatos, para reducir su permanencia en refugios y ofrecerles una vida digna mediante hogares responsables.

Asimismo, advirtió sobre el crecimiento de la venta indiscriminada de especies por internet, sin regulación efectiva, lo que ha derivado en condiciones inapropiadas, abandono y maltrato. Indicó que muchos cachorros vendidos provienen de criadores informales o son animales silvestres capturados ilegalmente.

La iniciativa contempla que los refugios cuenten con un médico veterinario con cédula profesional vigente, registrado y autorizado por las autoridades. Esto garantizaría la salud de los animales y fomentaría la adopción frente a la venta informal y sin regulación.

Finalmente, propuso que los Ayuntamientos incluyan en su presupuesto de egresos recursos suficientes para la operación y mantenimiento de los albergues. También planteó que quienes adopten asuman obligaciones mínimas, como garantizar revisión médica, atención veterinaria, y mantener actualizado el plan de vacunación.

Proponen regular información nutrimental en establecimientos de comida rápida y bebidas

  • Somos un Estado con un alto índice en obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial y diabetes: diputada Araceli Geraldo
  • Estos alimentos contienen más calorías, sodio y grasas saturadas que las comidas preparadas en casa, como los alimentos ultra procesados

Con el objetivo de establecer la obligación para los establecimientos dedicados a la preparación y servicio de comida y bebidas para consumo rápido de publicitar de forma clara la cantidad de calorías contenidas en sus productos, la diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California.

Al respecto, la legisladora recordó que el 8 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Señaló que, en el contexto actual, donde el ritmo de vida es acelerado, la población consume aproximadamente un tercio de sus calorías fuera del hogar, a través de alimentos que, en general, contienen mayor cantidad de calorías, sodio y grasas saturadas en comparación con los preparados en casa. Además, se mantiene un alto consumo per cápita de alimentos ultraprocesados.

Ante esta realidad, la diputada subrayó que Baja California no puede permanecer indiferente:

“Somos un estado con un alto índice en obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial y diabetes, por lo que debemos sumar esfuerzos desde el ámbito estatal para prevenir estos padecimientos, apoyando las acciones que ya impulsa la federación”.

Por ello, propone establecer como obligación normativa que los establecimientos de comida rápida informen claramente el contenido calórico de los productos que ofrecen, permitiendo a las y los consumidores tomar decisiones más informadas y optar por alternativas más saludables.

Finalmente, indicó que la iniciativa contempla en sus disposiciones transitorias un periodo de vacatio legis, es decir, un lapso entre la publicación y la entrada en vigor de la reforma, para que tanto los establecimientos de venta de comida rápida como la Secretaría de Saludrealicen las acciones necesarias para su cumplimiento.

Plantea Diputada Montse Murillo adición a la ley de educación en BC

  • Su objeto es que se implementen programas de orientación vocacional y tutorías, desde la educación secundaria y media superior
  • En un mundo donde las opciones académicas y laborales son cada vez más amplias, se convierte en una herramienta indispensable para tomar decisiones informadas y construir un camino hacia el éxito

Con el objetivo de que se implementen programas de orientación vocacional y tutoríasdesde la educación secundaria y media superior, la diputada Montse Murillo Lópezpresentó una iniciativa de adición a la Ley de Educación del Estado.

La congresista de Morena afirmó que dichos programas son una herramienta valiosa para guiar a los estudiantes en la elección de una carrera, mejorar su autoconocimientotomar decisiones informadas y prepararse para el futuro profesional.

Destacó que lograr que más jóvenes accedan a la universidad es crucial para el desarrollo individual, social y económico, ya que la educación superior brinda habilidades, conocimientos y oportunidades que mejoran la calidad de vida.

Asimismo, subrayó que elegir una carrera es un reto significativo, ya que esta decisión marca el rumbo de vida de cada persona. Indicó que se deben considerar múltiples factores como prioridades, intereses, capacidades y el impacto familiar de dicha elección.

Murillo López puntualizó que, en un mundo con opciones académicas y laborales cada vez más amplias, la orientación vocacional es una herramienta indispensable para construir un camino hacia el éxito.

Finalmente, recordó que, de acuerdo con el artículo 3° de la Constitución, toda persona tiene derecho a la educación, y corresponde al Estado, Federación, entidades federativas y municipios impartir y garantizar la educación en todos sus niveles: inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Transporte público inclusivo en BC: Propone Diputada estímulos fiscales para empresas

  • La diputada, Gloria Miramontes presenta reforma a Ley en la materia, fundamentada en un marco jurídico que reconoce la movilidad como un derecho humano.

La Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas presentó una iniciativa, con el objeto de implementar un programa de estímulos fiscales o de otra naturaleza, a las empresas de transporte público que realicen acciones que permitan el uso integral de sus servicios, por parte de personas con discapacidad.

Afirmó que la reforma a la Ley en la materia que propone no es una concesión graciosa, sino una deuda histórica con las personas con discapacidad, que deben ser reconocidas como ciudadanas plenas, sujetas de derechos y no como excepciones administrativas.

Por ello, garantizar su acceso al transporte público, representa una acción concreta que da contenido real al discurso de igualdad e inclusión, agregó la Congresista de Morena en su exposición de motivos.

Además, expuso que, al establecer un sistema de estímulos fiscales y administrativos para empresas de transporte público, Baja California envía un mensaje contundente: que la equidad no es solo un principio ético, sino una política pública activa que permea en todos los ámbitos, desde el transporte hasta el reconocimiento social de las diversidades humanas.

Para una mejor comprensión —dijo— la implementación de dicho programa podría permitir que, en un plazo de cinco años, al menos el 80 por ciento de las unidades del transporte público estén adaptadas con criterios de accesibilidad universal. Esta meta no solo es alcanzable, sino estratégica.

Por tales motivos, presentó una iniciativa que adiciona la fracción XVI y se recorre la subsecuente del artículo 8 de la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California, y se fundamenta en un marco jurídico robusto que reconoce el derecho a la movilidad como un derecho humano.

Contempla esta propuesta: Deducciones o exenciones en impuestos estatales (como el Impuesto sobre Nómina o derechos de renovación de concesiones); Subsidios directos o cofinanciamiento para la compra o adaptación de unidades accesibles; Reconocimiento oficial o certificaciones de responsabilidad social para empresas incluyentes.

Este enfoque busca cambiar el paradigma tradicional de fiscalización sancionadora por uno de colaboración e incentivo positivo, alineado con prácticas exitosas en otros estados y países.

Según el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), más del 60 por ciento de las personas con discapacidad en México enfrentan algún tipo de barrera para acceder al transporte público, y esto influye directamente en que solo el 39 por ciento participe en actividades laborales remuneradas.

BC podría quitar a su gobernante: Reforman para la revocación de mandato ¡En marcha!

  • Indicó que en el país la figura de la revocación de mandato fue incorporada a nivel constitucional en el año 2019.

La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en materia de revocación de mandato de la persona Titular del Poder Ejecutivo estatal.

La legisladora refirió que el objetivo principal de esta reforma es establecer en la ley el derecho de las y los bajacalifornianos de participar en los procesos de revocación de mandato; además dijo que, en un contexto fronterizo, la participación ciudadana es esencial para construir políticas públicas sensibles a las necesidades reales de la población.

Asimismo, indicó que en el país la figura de la revocación de mandato fue incorporada a nivel constitucional en el año 2019 y con este mecanismo se permite que la ciudadanía decida si, a la mitad de su mandato, la Presidenta o el Presidente de la República debe continuar o no en el cargo.

En ese sentido, la diputada Alejandrina Corral señaló que los mecanismos de control contemplados en nuestra legislación local, como el juicio político, la declaración de procedencia y los procedimientos de responsabilidad administrativa, no han sido suficientes para remover a los servidores públicos de elección popular que no cumplen con sus obligaciones constitucionales, debido a que las decisiones en la resolución se encuentran sujetas a la voluntad política y no a la voluntad de la ciudadanía.

Abundó que, con la presente iniciativa, se atiende lo establecido en la reforma constitucional federal en materia de consulta popular y revocación del mandato publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableciendo en la Constitución local que la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado pueda ser sujeta a la revocación de mandato; así mismo, contemplar las características que deben de tener los procesos de revocación de mandato.

Por lo que la intención legislativa es reformar el artículo 5; adicionar un Capítulo III denominado “De la Revocación del Mandato del Gobernador del Estado” conformado por la incorporación de los artículos 12 BIS y 12 TER; así mismo se reforman los artículos 44 y 46, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

“Considero al ejercicio de la revocación del mandato, como un instrumento democrático y un derecho fundamental de la ciudadanía para decidir si la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado debe de continuar o no el cargo, por lo que no puede ser restringido por ninguna situación específica de naturaleza jurídica o política”, precisó la inicialista.

La iniciativa debe ser aprobada por el pleno del Congreso del Estado para poder entrar en vigor.

Emite Congreso del Estado declaratoria de procedencia de reformas sobre igualdad sustantiva

  • Se armoniza la Constitución local con las reformas federales y el Estado garantiza el cumplimiento de los derechos de igualdad en el ámbito estatal

En sesión extraordinaria del Pleno del Congreso, encabezada por la presidenta de la Mesa Directivadiputada Michelle Alejandra Tejeda Medina, se emitió la Declaratoria de Procedencia de la reforma en materia de igualdad sustantivaperspectiva de géneroderecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la erradicación de la brecha salarial por razones de género.

Durante la sesión, la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo (Morena), secretaria de la Mesa Directiva, dio lectura al documento y señaló que con estas modificaciones se armoniza la Constitución local con las reformas federales, garantizando la coherencia normativa y el cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito estatal.

Como antecedente, se informó que el 5 de junio se aprobó por unanimidad el Dictamen 35de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, relacionado con iniciativas de reforma a la Constitución local, presentadas por la diputada Michel Sánchez Allende y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Posteriormente, se recibieron los oficios aprobatorios de la mayoría de los Cabildos municipales, lo que permitió al Congreso emitir la declaratoria oficial, dando por concluido el proceso legislativo correspondiente.

En cumplimiento con los artículos 112 de la Constitución Política del Estado y 50 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declaró formalmente la reforma a los artículos 7, 8, 72, 97 y 98 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California.

A partir de esta reforma, la paridad de género en las titularidades del gabinete legal y ampliado deberá implementarse gradualmente en un plazo no mayor a 180 días, con el objetivo de garantizar una correcta entrega-recepción, la continuidad institucional y la debida implementación de políticas públicas a nivel estatal y municipal.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) contará con 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las modificaciones reglamentarias necesariasque aseguren el cumplimiento de la nueva normatividad.

Impulsa Maythé Méndez reforma para que exhortos del Congreso no queden en el olvido

  • La iniciativa de la diputada plantea que la Presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política asuman la responsabilidad de dar seguimiento a los exhortos aprobados por el Pleno.

Al señalar la reiterada falta de respuesta por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno y de organismos autónomos a los exhortos emitidos por el Congreso del Estado, la diputada María Teresa Méndez Vélez presentó una iniciativa que busca fortalecer el seguimiento de estos llamados mediante un órgano interno del Poder Legislativo.

Maythé Méndez destacó que, al ser aprobadas por el Pleno, las Proposiciones de Acuerdo Económico se convierten en resoluciones de un Poder del Estado, por lo que deben tener el mismo seguimiento y seriedad que cualquier otro acto legislativo.

“Esta herramienta parlamentaria ha sido ampliamente utilizada para dirigir exhortos a diversas autoridades, pero se ha observado una constante falta de respuesta, lo que refleja una preocupante desatención a las solicitudes formales aprobadas por el Congreso del Estado”, señaló.

Actualmente, el artículo 145 BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo regula los requisitos y el trámite de estas proposiciones, permitiendo su presentación y aprobación en una misma sesión. A su vez, el artículo 27 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo obliga a los servidores públicos a responder los exhortos en un plazo no mayor a 30 días naturales.

La iniciativa plantea que la Presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política asuman la responsabilidad de dar seguimiento a los exhortos aprobados por el Pleno.

En caso de no obtener respuesta en un plazo razonable, estos órganos podrían enviar recordatorios, informar al superior jerárquico del servidor público implicado o dar por concluido el asunto y archivarlo.

También se propone elaborar un informe detallado con el estado de los exhortos aprobados, que será enviado a los mencionados órganos con apoyo de la Dirección de Procesos Parlamentarios.

Con esta reforma, se busca garantizar el respeto a las resoluciones del Congreso y asegurar su cumplimiento efectivo, en beneficio de las comunidades bajacalifornianas que esperan atención a sus demandas.

Diputada Yohana Gilvaja exhorta a Fiscalía y Gobierno Estatal a proteger a periodistas amenazados en BC

  • La legisladora pidió investigar las amenazas contra Adela Navarro y garantizar la libertad de expresión en el Estado
  • El Pleno del Congreso respaldó el exhorto por votación unánime

En Sesión Ordinaria, el Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto promovido por la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, mediante el cual se solicita a la titular de la Fiscalía General del Estado y al Secretario General de Gobierno dar seguimiento puntual a las denuncias y activar con carácter urgente los mecanismos de protección a periodistas, tras las amenazas recibidas por la directora del Semanario ZETA, Adela Navarro.

“La vocación por la democracia es el signo distintivo en Baja California”, expresó la legisladora desde tribuna, destacando que la entidad se caracteriza por su participación ciudadana y pluralidad política. Sin embargo, advirtió que estas condiciones sólo pueden mantenerse si se garantizan plenamente las libertades civiles y políticas.

Como ejemplo de la vulneración de dichas libertades, Hinojosa Gilvaja expuso el caso de Adela Navarro, quien denunció al menos ocho llamadas de intimidación al medio que dirige, tras la publicación de un reportaje sobre una fosa clandestina en el Cañón de las Carretas.

Lamentó que la periodista haya tenido que exponer públicamente el tema en varias ocasiones para que se activaran los protocolos de protección, y señaló que, a pesar de ello, el Secretario de Seguridad Ciudadana no actuó de forma inmediata.

“Ante la parálisis de las autoridades competentes, muchas veces a la espera de denuncias formales, corresponde a este Congreso —como defensor de la vida democrática— exhortar con firmeza a que se adopte una actitud proactiva ante los ataques a las libertades civiles. Es indispensable que las autoridades se acerquen a las víctimas y les brinden de manera oportuna los mecanismos de protección disponibles”, subrayó la diputada.

El exhorto solicita a la Fiscal Estatal, Ma. Elena Andrade Ramírez, que tome conocimiento formal del caso e inicie una investigación judicial contra los responsables. Asimismo, se pide al Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, que instruya al coordinador del mecanismo de protección a periodistas para brindar atención inmediata a la comunicadora.

Finalmente, Yohana Hinojosa hizo un llamado a no permitir privilegios entre medios y a garantizar que los mecanismos de protección se extiendan a todas y todos los periodistasque enfrenten situaciones de riesgo.

Aprueban castigos más duros por robo, violencia familiar y daños a autos en Baja California

  • Las reformas clave al Código Penal y Ley de Violencia Familiar en BC fueron votadas por la Comisión de Justicia aprueba.

En sesión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, presidida por la diputada Norma Angélica Peñaloza, se aprobaron diversos proyectos de dictamen de reformas legislativas orientadas a fortalecer el Código Penal y la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en Baja California.

En primer lugar, por cuatro votos a favor, se avaló el Dictamen No. 6, correspondiente a la iniciativa de reforma al artículo 201 del Código Penal, presentada por la diputada Peñaloza, cuyo propósito es clarificar el rango en el monto de lo robado para establecer sanciones más precisas. El artículo reformado establece penas de seis meses a tres años de prisión, y multas de hasta 100 UMAs, cuando lo robado no exceda 80 veces el valor diario de esta unidad.

Posteriormente, se aprobó por cinco votos a favor el Dictamen No. 7, derivado de la propuesta del diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, para reformar el artículo 245 del Código Penal. La iniciativa busca tipificar como delito el uso de objetos punzocortantes (como abrojos, cuchillas o púas) colocados en la vía pública para dañar neumáticos con la finalidad de cometer otros delitos.

También fue aprobado el Dictamen No. 8, promovido por la diputada Montse Murillo López, que reforma los artículos 1 y 2 de la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar Estatal, con el objetivo de adicionar la modalidad de violencia patrimonial al marco legal. El nuevo texto reconoce como violencia familiar toda conducta que cause daño, incluyendo violencia económica o patrimonial, dentro o fuera del domicilio.

Finalmente, el Dictamen No. 9, impulsado por la diputada Gloria Arcelia Miramontes, también recibió aprobación. Esta iniciativa adiciona el artículo 229 Bis al Código Penal para incrementar la pena de 5 a 10 años a quienes provoquen incendios, explosiones o inundaciones que afecten viviendas, edificios públicos, escuelas o archivos, y establece un aumento adicional de hasta una tercera parte de la pena si el delito ocurre en un área natural protegida.

La sesión se llevó a cabo en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Tijuana, donde también se presentó un informe de iniciativas turnadas a la comisión y se aprobó el acta de una sesión anterior.

Además de las diputaciones ya mencionadas, participaron los legisladores Araceli Geraldo, Ramón Vázquez y Juan Manuel Molina, así como el director de Consultoría Legislativa, Israel Ceseña. También estuvieron presentes representantes del Poder Judicial, Estefany Díaz Guzmán y Paola Martínez López; del Poder Ejecutivo, Luis Alonso López; y de la Consejería Jurídica.