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Etiqueta: congreso bc

IMACTE reprueba en fiscalización 2023; detectan fallas en pagos, contratos y seguridad social

  • La falta de pago o retención de ISR; falta de emisión de CFDI por pagos de liquidaciones y finiquitos, son algunas de las observaciones de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tecate (IMACTE) fue una de las dos dependencias estatales que no aprobaron su cuenta pública 2023, de acuerdo con el último dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, presidida por la diputada Alejandra Ang Hernández.

Durante la Novena Sesión Ordinaria, la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) presentó los Informes Individuales de varias instituciones, entre ellas el IMACTE, donde se detectaron irregularidades administrativas y financieras que derivaron en una calificación no aprobatoria.

Entre las observaciones más relevantes al IMACTE se encuentran:

  • Falta de pago o retención del ISR
  • Ausencia de comprobantes fiscales (CFDI) en pagos por liquidaciones y finiquitos
  • Errores y deficiencias en la Matriz de Indicadores
  • Saldos pendientes por cobrar sin justificación
  • Pasivos con más de un año de antigüedad
  • Falta de afiliación a seguridad social para empleados
  • Servicios prestados sin contratos formales

En la misma sesión se revisaron las cuentas públicas del Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM), COPLADEM Rosarito, IMMUJER Tijuana, IMCUDHE Ensenada, CONALEP, UABC, TJEBC, IMJUVER Rosarito y la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), siendo esta última también dictaminada como no aprobatoria.

En contraste, COPLADEM Rosarito y CONALEP obtuvieron la calificación máxima (100 puntos) en la evaluación cuantitativa, destacando como ejemplos de cumplimiento en el manejo financiero.

A la sesión asistieron, además de la presidenta de la comisión, las diputadas Dunnia Murillo, Liliana Sánchez, Norma Peñaloza, Mayola Gaona, Teresita Ruiz, el diputado Jaime Cantón Rocha, el Auditor Superior del Estado, Arnulfo Zárate Chávez, y representantes de los entes fiscalizados.

El caso del IMACTE resalta entre los informes presentados, al evidenciar falta de control interno y omisiones clave en la administración pública, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas si no se corrigen a tiempo.

Presenta Dip. Fidel Mogollón iniciativa para apoyar a familiares de personas desaparecidas en BC

  • Propone que se brinde atención psicosocial y económica a familiares y se castiguen omisiones de autoridades
  • Respaldo, apoyo material y de seguridad a colectivos de búsqueda, otro de los temas en la propuesta de reforma

Con el objetivo de fortalecer el marco normativo en materia de derechos humanos y brindar atención efectiva a las familias de personas desaparecidas, el diputado Danny Fidel Mogollón Pérez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas del Estado de Baja California.

La propuesta busca establecer protocolos específicos para la atención de familiares de personas desaparecidas, contemplando un programa de atención psicosocial y económica, el reconocimiento y respaldo a los colectivos de búsqueda, así como la tipificación de omisiones o actos de revictimización por parte de autoridades como faltas graves.

Para garantizar la aplicación de estas medidas, el legislador propone la creación de una partida presupuestal específica destinada a la atención integral de las víctimas indirectas, que incluya un apoyo económico temporal.

Mogollón Pérez subrayó que la desaparición de personas en Baja California constituye una grave crisis humanitaria, la cual exige respuestas institucionales sensibles, articuladas y eficaces.

“Las familias enfrentan múltiples violencias: la incertidumbre ante la ausencia, la indiferencia institucional y, en muchos casos, la revictimización. Es urgente reconocer sus derechos, garantizar apoyos concretos y coordinar esfuerzos entre instituciones”, señaló el legislador.

Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentran:

  • Reconocer a familiares como víctimas indirectas sin necesidad de resolución judicial.
  • Establecer principios rectores como la presunción de vida, la búsqueda inmediata y la participación activa de las víctimas.
  • Instruir a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para implementar un Programa Especial de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas, que contemple:
  • Atención psicológica, médica y psiquiátrica.
  • Acompañamiento jurídico integral.
  • Apoyo económico temporal.
  • Acceso preferente a programas sociales estatales.
  • Mecanismos de protección personal cuando exista riesgo asociado a la búsqueda.

La iniciativa propone reformar los artículos 4, 5 y 15, así como adicionar los artículos 27 Bis, 28 Bis, 28 Ter y 41 Bis de la citada ley.

Con esta propuesta, el diputado busca sentar bases legales para una respuesta institucional humanitaria, digna y comprometida con las víctimas, en una problemática que afecta profundamente el tejido social del estado.

Propone Diputada reforzar la protección del patrimonio de adultos mayores en Baja California

  • Gloria Miramontes presenta iniciativa con el fin de que cuenten con asesoría jurídica para la salvaguarda de su patrimonio personal y familiar, y en su caso testar sin coacción o violencia.

La diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas destacó la importancia de brindar asesoría legal especializada a las personas adultas mayores para garantizar su bienestar financiero y emocional conforme avanza su edad.

Subrayó que la protección del patrimonio personal y familiar debe abordarse de forma integral, contemplando aspectos legales, financieros y de salud, ajustados a las necesidades y deseos específicos de este sector.

Miramontes Plantillas recalcó que la asesoría jurídica adecuada, especialmente en el derecho a testar sin coacción ni violencia, ha cobrado relevancia en un contexto donde es común que familiares busquen despojarlos de sus bienes, sin dejarles beneficios directos.

También señaló que es urgente revisar el marco normativo que rige los juicios sobre estos casos, ya que en la práctica jurisdiccional se presentan acciones abusivas que vulneran sus derechos patrimoniales.

Como ejemplo, mencionó al Estado de México, donde la situación demográfica y social refleja buena parte de la problemática que vive el país respecto a la protección jurídica de los adultos mayores. Casos como la falsificación de firmas para vender bienes o la falta de testamento que brinde certeza jurídica, son algunas de las situaciones más frecuentes.

Recordó que, desde 2015, el Semanario Judicial de la Federación reconoce a las personas adultas mayores como un grupo que requiere protección especial por parte del Estado.

En respuesta a esta realidad, la congresista de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en Baja California, con el objetivo de fortalecer su defensa patrimonial y garantizar una vejez digna.

Hasta 8 años de cárcel a quienes instalen retenes falsos en Baja California: Diputado

  • Diego Echevarría Ibarra señala que se busca sancionar con mayor severidad la simulación de retenes por personas ajenas a instituciones de seguridad pública.

Ante el incremento de denuncias por retenes falsos en caminos y carreteras estatales, principalmente en zonas rurales de Mexicali, Tecate y Ensenada, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa de reforma para sancionar con hasta ocho años de prisión a quienes, sin pertenecer a una institución de seguridad, instalen retenes simulados, limiten el paso y aparenten un control oficial.

Estos puntos falsos de revisión no solo suplantan funciones del Estado, sino que representan un grave riesgo para la ciudadanía, advirtió Echevarría, al señalar que han sido utilizados para extorsionar, robar e incluso cometer delitos mayores.

La propuesta legislativa busca adicionar el artículo 318 Bis al Código Penal de Baja California, con una agravante cuando la usurpación de funciones implique la instalación de este tipo de retenes.

El diputado explicó que los puntos de control oficiales, como los retenes de alcoholímetro o los relacionados con operativos contra el crimen organizado, están regulados por ley y deben contar con protocolos claros y personal debidamente acreditado.

No podemos permitir que delincuentes suplanten a nuestras instituciones para delinquir. Por eso proponemos una pena más severa cuando se simule un retén sin pertenecer a una corporación autorizada, subrayó.

Durante el último año, se han registrado casos donde falsos agentes, disfrazados de policías o militares, han instalado estos puntos de revisión ilegales, usando uniformes apócrifos, vehículos clonados y cometiendo delitos como extorsión y robo.

Actualmente, el Código Penal ya contempla penas de uno a seis años de prisión por usurpación de funciones públicas (artículo 318), así como sanciones por uso indebido de insignias, uniformes o condecoraciones oficiales (artículo 319).

Esta iniciativa responde al reclamo ciudadano de vivir sin miedo. Queremos que cada persona que transite por nuestras carreteras tenga la certeza de que quien los detiene realmente representa la ley, no a la delincuencia, concluyó Echevarría.

Sanciones graves para ataques con ácido: Diputada de BC propone reforma

  • La reforma busca robustecer la ley y garantizar mecanismos de prevención, protección, atención y reparación del daño a las víctimas.

Con el objetivo de que se amplíen y especifiquen los tipos de violencia química contra la mujer, así como robustecer las obligaciones del Ministerio Público para garantizar la reparación integral del daño y la protección de la víctima con perspectiva de género, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el estado de Baja California.

Señaló que en México esta modalidad de violencia ha ido en aumento y ha evidenciado la necesidad de que los marcos normativos sean más claros, específicos y eficaces en su combate.

Al respecto explicó que, si bien en el Código Penal del Estado de Baja California se contempla este delito, no cuenta con una descripción suficientemente amplia y precisa que permita incluir todas las formas de violencia química, así como las herramientas jurídicas que le concedan facultades al Ministerio Público para actuar con debida diligencia y perspectiva de género.

En ese sentido, se debe visibilizar que los ataques con ácido son una forma extrema de violencia de género que causa daños físicos, psicológicos y sociales severos. Aunque no existen estadísticas específicas sobre este tipo de violencia en Baja California, su gravedad y consecuencias justifican la necesidad de una tipificación clara en el Código Penal del estado.

Destacó que la importancia de esta iniciativa es colocar a Baja California a la par de entidades como la Ciudad de México, donde ya se contempla de forma expresa la violencia ácida como un tipo penal autónomo con agravantes específicas y con un enfoque centrado en la reparación del daño.

Por lo tanto, es fundamental que el Código Penal estatal fortalezca la descripción de la violencia ácida dentro de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, lo que permitiría visibilizar esta grave forma de agresión, garantizar mecanismos de prevención, protección, atención y reparación del daño a las víctimas.

“Al reconocerla legalmente, se fortalecen las políticas públicas enfocadas en erradicar la impunidad y en brindar apoyo integral a las sobrevivientes, asegurando su acceso a la justicia, rehabilitación y reinserción social, con un enfoque centrado en los derechos de las mujeres y la erradicación de toda forma de violencia de género”, detalló.

Impulsa Michelle Tejeda reforma para promover la adopción y dignificar los refugios de animales

  • La Diputada busca promover la adopción responsable, regular los refugios y frenar la venta informal de mascotas.

Con el objetivo de impulsar una cultura de adopción de mascotas, regular adecuadamente los refugios y atender el problema del comercio informal de animales, la diputada Michelle Tejeda presentó iniciativa de reforma a la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado.

La proponente explicó que la adopción y los refugios son asignaturas estrechamente interconectadas, por lo que deben incluirse en el ordenamiento legal como parte de una política pública integral en favor del bienestar animal.

Señaló la importancia de incentivar una cultura de adopción, especialmente de perros y gatos, para reducir su permanencia en refugios y ofrecerles una vida digna mediante hogares responsables.

Asimismo, advirtió sobre el crecimiento de la venta indiscriminada de especies por internet, sin regulación efectiva, lo que ha derivado en condiciones inapropiadas, abandono y maltrato. Indicó que muchos cachorros vendidos provienen de criadores informales o son animales silvestres capturados ilegalmente.

La iniciativa contempla que los refugios cuenten con un médico veterinario con cédula profesional vigente, registrado y autorizado por las autoridades. Esto garantizaría la salud de los animales y fomentaría la adopción frente a la venta informal y sin regulación.

Finalmente, propuso que los Ayuntamientos incluyan en su presupuesto de egresos recursos suficientes para la operación y mantenimiento de los albergues. También planteó que quienes adopten asuman obligaciones mínimas, como garantizar revisión médica, atención veterinaria, y mantener actualizado el plan de vacunación.

Proponen regular información nutrimental en establecimientos de comida rápida y bebidas

  • Somos un Estado con un alto índice en obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial y diabetes: diputada Araceli Geraldo
  • Estos alimentos contienen más calorías, sodio y grasas saturadas que las comidas preparadas en casa, como los alimentos ultra procesados

Con el objetivo de establecer la obligación para los establecimientos dedicados a la preparación y servicio de comida y bebidas para consumo rápido de publicitar de forma clara la cantidad de calorías contenidas en sus productos, la diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California.

Al respecto, la legisladora recordó que el 8 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reformó diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de sobrepeso, obesidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Señaló que, en el contexto actual, donde el ritmo de vida es acelerado, la población consume aproximadamente un tercio de sus calorías fuera del hogar, a través de alimentos que, en general, contienen mayor cantidad de calorías, sodio y grasas saturadas en comparación con los preparados en casa. Además, se mantiene un alto consumo per cápita de alimentos ultraprocesados.

Ante esta realidad, la diputada subrayó que Baja California no puede permanecer indiferente:

“Somos un estado con un alto índice en obesidad, sobrepeso, hipertensión arterial y diabetes, por lo que debemos sumar esfuerzos desde el ámbito estatal para prevenir estos padecimientos, apoyando las acciones que ya impulsa la federación”.

Por ello, propone establecer como obligación normativa que los establecimientos de comida rápida informen claramente el contenido calórico de los productos que ofrecen, permitiendo a las y los consumidores tomar decisiones más informadas y optar por alternativas más saludables.

Finalmente, indicó que la iniciativa contempla en sus disposiciones transitorias un periodo de vacatio legis, es decir, un lapso entre la publicación y la entrada en vigor de la reforma, para que tanto los establecimientos de venta de comida rápida como la Secretaría de Saludrealicen las acciones necesarias para su cumplimiento.

Plantea Diputada Montse Murillo adición a la ley de educación en BC

  • Su objeto es que se implementen programas de orientación vocacional y tutorías, desde la educación secundaria y media superior
  • En un mundo donde las opciones académicas y laborales son cada vez más amplias, se convierte en una herramienta indispensable para tomar decisiones informadas y construir un camino hacia el éxito

Con el objetivo de que se implementen programas de orientación vocacional y tutoríasdesde la educación secundaria y media superior, la diputada Montse Murillo Lópezpresentó una iniciativa de adición a la Ley de Educación del Estado.

La congresista de Morena afirmó que dichos programas son una herramienta valiosa para guiar a los estudiantes en la elección de una carrera, mejorar su autoconocimientotomar decisiones informadas y prepararse para el futuro profesional.

Destacó que lograr que más jóvenes accedan a la universidad es crucial para el desarrollo individual, social y económico, ya que la educación superior brinda habilidades, conocimientos y oportunidades que mejoran la calidad de vida.

Asimismo, subrayó que elegir una carrera es un reto significativo, ya que esta decisión marca el rumbo de vida de cada persona. Indicó que se deben considerar múltiples factores como prioridades, intereses, capacidades y el impacto familiar de dicha elección.

Murillo López puntualizó que, en un mundo con opciones académicas y laborales cada vez más amplias, la orientación vocacional es una herramienta indispensable para construir un camino hacia el éxito.

Finalmente, recordó que, de acuerdo con el artículo 3° de la Constitución, toda persona tiene derecho a la educación, y corresponde al Estado, Federación, entidades federativas y municipios impartir y garantizar la educación en todos sus niveles: inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Transporte público inclusivo en BC: Propone Diputada estímulos fiscales para empresas

  • La diputada, Gloria Miramontes presenta reforma a Ley en la materia, fundamentada en un marco jurídico que reconoce la movilidad como un derecho humano.

La Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas presentó una iniciativa, con el objeto de implementar un programa de estímulos fiscales o de otra naturaleza, a las empresas de transporte público que realicen acciones que permitan el uso integral de sus servicios, por parte de personas con discapacidad.

Afirmó que la reforma a la Ley en la materia que propone no es una concesión graciosa, sino una deuda histórica con las personas con discapacidad, que deben ser reconocidas como ciudadanas plenas, sujetas de derechos y no como excepciones administrativas.

Por ello, garantizar su acceso al transporte público, representa una acción concreta que da contenido real al discurso de igualdad e inclusión, agregó la Congresista de Morena en su exposición de motivos.

Además, expuso que, al establecer un sistema de estímulos fiscales y administrativos para empresas de transporte público, Baja California envía un mensaje contundente: que la equidad no es solo un principio ético, sino una política pública activa que permea en todos los ámbitos, desde el transporte hasta el reconocimiento social de las diversidades humanas.

Para una mejor comprensión —dijo— la implementación de dicho programa podría permitir que, en un plazo de cinco años, al menos el 80 por ciento de las unidades del transporte público estén adaptadas con criterios de accesibilidad universal. Esta meta no solo es alcanzable, sino estratégica.

Por tales motivos, presentó una iniciativa que adiciona la fracción XVI y se recorre la subsecuente del artículo 8 de la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California, y se fundamenta en un marco jurídico robusto que reconoce el derecho a la movilidad como un derecho humano.

Contempla esta propuesta: Deducciones o exenciones en impuestos estatales (como el Impuesto sobre Nómina o derechos de renovación de concesiones); Subsidios directos o cofinanciamiento para la compra o adaptación de unidades accesibles; Reconocimiento oficial o certificaciones de responsabilidad social para empresas incluyentes.

Este enfoque busca cambiar el paradigma tradicional de fiscalización sancionadora por uno de colaboración e incentivo positivo, alineado con prácticas exitosas en otros estados y países.

Según el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), más del 60 por ciento de las personas con discapacidad en México enfrentan algún tipo de barrera para acceder al transporte público, y esto influye directamente en que solo el 39 por ciento participe en actividades laborales remuneradas.

BC podría quitar a su gobernante: Reforman para la revocación de mandato ¡En marcha!

  • Indicó que en el país la figura de la revocación de mandato fue incorporada a nivel constitucional en el año 2019.

La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en materia de revocación de mandato de la persona Titular del Poder Ejecutivo estatal.

La legisladora refirió que el objetivo principal de esta reforma es establecer en la ley el derecho de las y los bajacalifornianos de participar en los procesos de revocación de mandato; además dijo que, en un contexto fronterizo, la participación ciudadana es esencial para construir políticas públicas sensibles a las necesidades reales de la población.

Asimismo, indicó que en el país la figura de la revocación de mandato fue incorporada a nivel constitucional en el año 2019 y con este mecanismo se permite que la ciudadanía decida si, a la mitad de su mandato, la Presidenta o el Presidente de la República debe continuar o no en el cargo.

En ese sentido, la diputada Alejandrina Corral señaló que los mecanismos de control contemplados en nuestra legislación local, como el juicio político, la declaración de procedencia y los procedimientos de responsabilidad administrativa, no han sido suficientes para remover a los servidores públicos de elección popular que no cumplen con sus obligaciones constitucionales, debido a que las decisiones en la resolución se encuentran sujetas a la voluntad política y no a la voluntad de la ciudadanía.

Abundó que, con la presente iniciativa, se atiende lo establecido en la reforma constitucional federal en materia de consulta popular y revocación del mandato publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableciendo en la Constitución local que la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado pueda ser sujeta a la revocación de mandato; así mismo, contemplar las características que deben de tener los procesos de revocación de mandato.

Por lo que la intención legislativa es reformar el artículo 5; adicionar un Capítulo III denominado “De la Revocación del Mandato del Gobernador del Estado” conformado por la incorporación de los artículos 12 BIS y 12 TER; así mismo se reforman los artículos 44 y 46, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

“Considero al ejercicio de la revocación del mandato, como un instrumento democrático y un derecho fundamental de la ciudadanía para decidir si la persona Titular del Poder Ejecutivo del Estado debe de continuar o no el cargo, por lo que no puede ser restringido por ninguna situación específica de naturaleza jurídica o política”, precisó la inicialista.

La iniciativa debe ser aprobada por el pleno del Congreso del Estado para poder entrar en vigor.