Hasta 8 años de prisión por ataques de animales bajo responsabilidad humana en BC, dictamina Comisión de Gobernación
- Impulsan participación ciudadana y fortalecen transparencia institucional
La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para tipificar el homicidio y las lesiones causadas por ataques de animales, cuando la conducta de una persona —ya sea por acción directa o por descuido— derive en daño a terceros. Esto incluye casos en los que el animal es azuzado, soltado deliberadamente o por omisión del deber de cuidado.
Durante la sesión, se otorgó el uso de la voz a la inicialista ciudadana, además de otras diputaciones, quienes expusieron sus consideraciones.
Como parte del resolutivo del Dictamen, se establece que si un ataque de animal causa la muerte de una persona, se impondrá una pena de 4 a 8 años de prisión al propietario o garante del animal.
Se señaló que esta primera etapa busca establecer el tipo penal con claridad, para evitar impugnaciones y avanzar posteriormente en agravantes y sanciones. Se aclaró que la reforma sanciona directamente las conductas humanas relacionadas con los ataques caninos.
Con el objetivo de que las personas que presenten iniciativas ciudadanas participen en la discusión de proyectos legislativos, también se aprobó un proyecto para reformar la Ley de Participación Ciudadana, específicamente el artículo 72.
De la misma forma, se dictaminó como favorable una iniciativa cuyo propósito es establecer la obligación del Congreso del Estado de publicar en su portal oficial la información y el acceso para su consulta respecto a las iniciativas ciudadanas que han sido presentadas.
Se envió un proyecto de reforma constitucional que armoniza la norma local con el decreto federal sobre simplificación orgánica, contempla la desaparición del ITAIP BC y transfiere sus funciones a los órganos de contraloría.
Además, fueron respaldadas iniciativas para reformar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante las cuales se plantea desclasificar información reservada bajo criterios claros y obligar al Poder Judicial a difundir versiones públicas de todas sus sentencias.
