• La iniciativa de la diputada plantea que la Presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política asuman la responsabilidad de dar seguimiento a los exhortos aprobados por el Pleno.

Al señalar la reiterada falta de respuesta por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno y de organismos autónomos a los exhortos emitidos por el Congreso del Estado, la diputada María Teresa Méndez Vélez presentó una iniciativa que busca fortalecer el seguimiento de estos llamados mediante un órgano interno del Poder Legislativo.

Maythé Méndez destacó que, al ser aprobadas por el Pleno, las Proposiciones de Acuerdo Económico se convierten en resoluciones de un Poder del Estado, por lo que deben tener el mismo seguimiento y seriedad que cualquier otro acto legislativo.

“Esta herramienta parlamentaria ha sido ampliamente utilizada para dirigir exhortos a diversas autoridades, pero se ha observado una constante falta de respuesta, lo que refleja una preocupante desatención a las solicitudes formales aprobadas por el Congreso del Estado”, señaló.

Actualmente, el artículo 145 BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo regula los requisitos y el trámite de estas proposiciones, permitiendo su presentación y aprobación en una misma sesión. A su vez, el artículo 27 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo obliga a los servidores públicos a responder los exhortos en un plazo no mayor a 30 días naturales.

La iniciativa plantea que la Presidencia de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política asuman la responsabilidad de dar seguimiento a los exhortos aprobados por el Pleno.

En caso de no obtener respuesta en un plazo razonable, estos órganos podrían enviar recordatorios, informar al superior jerárquico del servidor público implicado o dar por concluido el asunto y archivarlo.

También se propone elaborar un informe detallado con el estado de los exhortos aprobados, que será enviado a los mencionados órganos con apoyo de la Dirección de Procesos Parlamentarios.

Con esta reforma, se busca garantizar el respeto a las resoluciones del Congreso y asegurar su cumplimiento efectivo, en beneficio de las comunidades bajacalifornianas que esperan atención a sus demandas.