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Exhorta Congreso al Poder Judicial para implementar salas de escucha para niñas, niños y adolecentes

  • Que se garantice a niñas, niños y adolescentes su derecho a la participación infantil de forma más efectiva: diputada Michel Sánchez

El Congreso del Estado emitió un atento exhorto al Presidente del Poder Judicial del Estado, para impulsar la implementación de Salas de Escucha para niñas, niños y adolescentes, en todos los Partidos Judiciales en los juzgados que atiendan materia familiar y penal o de competencia mixta, así como la emisión de los protocolos correspondientes para su funcionamiento.

La propuesta fue presentada por la diputada Michel Sánchez Allende, quien refirió que “la justicia no puede existir si no es sobre la base mínima de los derechos humanos, una de las premisas fundamentales para llegar a una sentencia justa, es que todas las personas involucradas en un asunto sean escuchadas en juicio”, con lo que se garantiza a niñas, niños y adolescentes su derecho a la participación infantil de forma más efectiva.

Sin embargo, explicó que, en el caso particular de niñas, niños y adolescentes, las necesidades de participación y escucha están determinadas por su edad, su grado de desarrollomadurez y sus circunstancias particulares, por lo que, en reconocimiento de esta situación, el principio de igualdad exige que las autoridades realicen todas las acciones necesarias, incluyendo tratos diferenciados, para asegurar que los derechos puedan ejercerse plenamente por todas las personas.

Destacó que actualmente, el propio Poder Judicial del Estado de Baja California ya considera la operación de dichas salas en su Plan de Desarrollo 2024–2026, donde señala en la Política Pública “1.6 Servicio de calidad y humanizado”, la acción “Habilitar espacios destinados a salas de escucha, dando cumplimiento a los Protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con niñas, niños y adolescentes”.

En ese sentido, informó que en seguimiento de la instrumentalización de dicha acción y con el propósito de acelerar su proceso de cumplimiento, “el Colectivo CESODI ISARAALE A.C. entregó al Poder Judicial un oficio en el mes de abril del 2025, en el que ofrece el apoyo técnico y material para la implementación de dichas salas, mismo al que el día de hoy nos sumamos desde el Congreso del Estado”.

En Baja California, el Colectivo ha impulsado este tema con el propósito de que las participaciones de las niñas, niños y adolescentes se puedan desarrollar en espacios seguros que garanticen la no revictimización y una mayor justicia.

Entrega diputado Juan Manuel Molina apoyo a combatientes de incendios en Tecate

  • También se reunió con el alcalde de Tecate, Román Cota Muñoz, en el Centro de Mando, donde se presentaron actualizaciones sobre la situación.

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Manuel Molina García, acudió al cuartel de la CONAFOR en el poblado El Hongo, donde hizo entrega de víveres e hidratación destinados a las y los elementos que participan en el combate al incendio forestal en Tecate.

Durante su visita, el legislador fue recibido por personal operativo y aprovechó para expresar su reconocimiento al esfuerzo del equipo de brigadistas, bomberos y voluntarios que trabajan en condiciones de alto riesgo para contener el fuego y proteger a las comunidades afectadas.

Molina García también se reunió con el alcalde de Tecate, Román Cota Muñoz, en el Centro de Mando, donde se presentaron actualizaciones sobre la situación, así como las estrategias operativas y proyecciones de control del incendio.

Al concluir su recorrido, el diputado agradeció la labor de quienes atienden esta emergencia, destacando el trabajo conjunto entre instituciones de los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana en tareas de apoyo logístico y humanitario.

23 de 25 diputados se aplican antidoping y dan negativo

  • Los diputados Diego Lara Arregui y Jorge Ramos Hernández justificaron su inasistencia.

23 de las 25 diputadas y diputados del Congreso del Estado de Baja California se sometieron a exámenes toxicológicos (antidoping) como parte de un ejercicio de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, en cumplimiento al artículo 92, apartado A, último párrafo de la Constitución Política del Estado.

La jornada se llevó a cabo los días 18 y 19 de junio de 2025, en la Sala Francisco Dueñas Montes del Congreso, con una muestra total programada de 69 servidoras y servidores públicos, incluyendo a las 25 diputaciones de la XXV Legislatura, así como titulares de direcciones, personal de la Unidad de Contraloría Interna, la Auditoría Superior del Estado, resguardo parlamentario y jefaturas administrativas.

Los diputados Diego Lara Arregui y Jorge Ramos Hernández justificaron su inasistencia y serán convocados en una nueva fecha para cumplir con esta obligación constitucional.

Es relevante destacar que las 23 diputadas y diputados evaluados, junto con el personal directivo, obtuvieron resultados negativos en la detección de sustancias consideradas como drogas de abuso.

El procedimiento fue coordinado por la Unidad de Contraloría Interna, que estableció lineamientos para garantizar la certeza jurídica, el respeto a los derechos humanos y la confidencialidad del proceso. Las pruebas fueron aplicadas por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), del Poder Judicial del Estado.

Propone Dip. Maythé Méndez que iniciativas ciudadanas sean dictaminadas en 30 días naturales

  • La propuesta busca establecer que el término sea improrrogable, también para las iniciativas de organizaciones civiles y universidades
  • Actualmente, estos procesos pueden tardar más de 75 días, lo que contraviene el principio de eficacia legislativa

Con el propósito de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y garantizar un proceso legislativo ágil y efectivo, la diputada María Teresa Méndez Vélez presentó una iniciativa de reforma al artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

La propuesta busca establecer de manera clara que, tratándose de Iniciativas Ciudadanas, de Organizaciones de la Sociedad Civil y de Instituciones de Educación Superior, el plazo para su dictaminación será de 30 días naturales sin posibilidad de prórroga.

Maythé Méndez subrayó que, si bien la Ley de Participación Ciudadana ya contempla un plazo de 30 días hábiles para que las Comisiones Legislativas evalúen la procedencia de estas iniciativas, una vez admitidas, ingresan al trámite legislativo ordinario previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, donde actualmente se permite una prórroga de hasta 15 días.

“Esto puede generar que, en la práctica, una iniciativa ciudadana demore más de 75 díasdesde su presentación hasta su dictaminación, lo cual contraviene el principio de eficacia legislativa que debe regir en los procesos impulsados por la ciudadanía”, puntualizó la congresista.

Por ello, consideró necesario que, una vez admitidas, dichas iniciativas sean dictaminadas en un plazo improrrogable de 30 días naturales, con el fin de no dilatar su resolución y garantizar el respeto a la participación activa de la sociedad en la vida pública.

La diputada agregó que esta misma lógica debe aplicarse a las iniciativas promovidas por Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Educación Superior, pues también son sometidas a un proceso de revisión previa similar al de las iniciativas ciudadanas.

Debemos cerrar la puerta a servidores públicos que buscan un enriquecimiento ilícito: Dip. Montse Murillo

  • Presenta Iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas con el objeto de inhabilitarlos
  • Hay servidores públicos que realizan una labor honrada y transparente, pero por otro lado existen quienes desempeñan sus funciones sin apego a la Ley

La diputada Dunnia Montserrat Murillo López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas, con el objeto de inhabilitar a servidores públicospor actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.

Esto en razón de los funcionarios que hayan sido sentenciados en un juicio político por acciones u omisiones que perjudiquen los intereses públicos o la buena administración, según la modificación que la legisladora de Morena busca adicionar.

Mencionó en su exposición de motivos que, en Baja California, el juicio político es un procedimiento mediante el cual se puede sancionar a servidores públicos por los actos señalados.

Dicho proceso, definido en la Constitución y en la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, busca garantizar la correcta actuación de los funcionarios y la protección de los intereses del Estado.

Por ello, consideró que existe una necesidad evidente de reforzar el marco normativo, ya que en la entidad se han presentado diversos oficios con la petición formal de iniciar un procedimiento administrativo contra quienes no han actuado con transparencia, causando un detrimento al erario público.

En ese sentido, indicó que es preciso fortalecer el marco legal local para permitir cambios significativos: “para que, al paso de los años, dejemos un acercamiento positivo con la ciudadanía, ya que hay servidores públicos que realizan una labor impecablehonrada y transparente con los recursos que les son asignados”.

Añadió que, por otro lado, existen personas que desempeñan sus funciones sin apego a la ley, haciendo crecer su patrimonio personal con recursos públicos.

Finalmente, puntualizó: “Debemos cerrar la puerta en las próximas administraciones a servidores públicos que buscan un enriquecimiento ilícito, realizando acciones que solo perturban las buenas prácticas”.

Turismo seguro y digital: Diputada propone plataformas confiables y actualizadas

  • Diputada Mayola Gaona presenta adición a la Ley en la materia para que se incluyan acciones de seguridad que garanticen a los usuarios compras seguras

Con el objeto de dar certeza en la contratación de servicios turísticos a través de plataformas digitales, la Diputada María Yolanda Gaona Medina, presentó una Iniciativa de adición a la Ley de Turismo Estatal.

Estas son una importante herramienta tanto para los turistas, como para los prestadores del servicio. Y para los viajeros no solo facilitan la planificación de los viajes al permitir buscar información por esta vía, sino que con el análisis de datos de las mismas, pueden arrojar recomendaciones personalizadas que mejor se adapten a sus preferencias.

Se propone en la presente iniciativa en primer lugar, adicionar al catálogo de definiciones la de “plataforma digital”, entendiéndose por esta la herramienta tecnológica mediante la cual una persona física o moral administradora, opera en su carácter de gestora, intermediaria, promotora, facilitadora o cualquier otra actividad análoga, que permite a las y los usuarios contratar servicios turísticos.

Añade en segundo lugar dos obligaciones más a las ya señaladas en la Ley, a cargo de los prestadores de servicios turísticos, para que incluyan en sus plataformas digitales, acciones de seguridad que garanticen a los usuarios compras seguras, y tomen precauciones ante los robos de información y posibles hackeos de datos personales y bancarios.

Y, en tercer lugar se propone establecer la obligación a cargo de los prestadores de servicios turísticos, consistente en: “Mantener actualizados sus sitios web, con la finalidad de que contengan de manera detallada su ubicación, los servicios, costos, restricciones y demás aspectos que sean de interés para el turista”.

Como se observa, las tres medidas propuestas, son en favor del turismo en Baja California, beneficiando a turistas y prestadores de servicios turísticos para consolidar al Estado en un destino de primer nivel, que genere seguridad respecto de los datos personales insertos en las páginas web de los proveedores, y certeza de la constante actualización de los datos de las mismas, para continuar atrayendo el turismo.

Finalmente, Mayola Gaona puntualizó que, con esta iniciativa se pretende que los turistas encuentren en las páginas web información confiable, que les permita comparar a diferentes prestadores de servicios turísticos, y tomar una decisión informada, con la certeza de que la información contenida en las mismas esté actualizada.

IMACTE reprueba en fiscalización 2023; detectan fallas en pagos, contratos y seguridad social

  • La falta de pago o retención de ISR; falta de emisión de CFDI por pagos de liquidaciones y finiquitos, son algunas de las observaciones de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tecate (IMACTE) fue una de las dos dependencias estatales que no aprobaron su cuenta pública 2023, de acuerdo con el último dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, presidida por la diputada Alejandra Ang Hernández.

Durante la Novena Sesión Ordinaria, la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) presentó los Informes Individuales de varias instituciones, entre ellas el IMACTE, donde se detectaron irregularidades administrativas y financieras que derivaron en una calificación no aprobatoria.

Entre las observaciones más relevantes al IMACTE se encuentran:

  • Falta de pago o retención del ISR
  • Ausencia de comprobantes fiscales (CFDI) en pagos por liquidaciones y finiquitos
  • Errores y deficiencias en la Matriz de Indicadores
  • Saldos pendientes por cobrar sin justificación
  • Pasivos con más de un año de antigüedad
  • Falta de afiliación a seguridad social para empleados
  • Servicios prestados sin contratos formales

En la misma sesión se revisaron las cuentas públicas del Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM), COPLADEM Rosarito, IMMUJER Tijuana, IMCUDHE Ensenada, CONALEP, UABC, TJEBC, IMJUVER Rosarito y la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), siendo esta última también dictaminada como no aprobatoria.

En contraste, COPLADEM Rosarito y CONALEP obtuvieron la calificación máxima (100 puntos) en la evaluación cuantitativa, destacando como ejemplos de cumplimiento en el manejo financiero.

A la sesión asistieron, además de la presidenta de la comisión, las diputadas Dunnia Murillo, Liliana Sánchez, Norma Peñaloza, Mayola Gaona, Teresita Ruiz, el diputado Jaime Cantón Rocha, el Auditor Superior del Estado, Arnulfo Zárate Chávez, y representantes de los entes fiscalizados.

El caso del IMACTE resalta entre los informes presentados, al evidenciar falta de control interno y omisiones clave en la administración pública, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas si no se corrigen a tiempo.

Presenta Dip. Fidel Mogollón iniciativa para apoyar a familiares de personas desaparecidas en BC

  • Propone que se brinde atención psicosocial y económica a familiares y se castiguen omisiones de autoridades
  • Respaldo, apoyo material y de seguridad a colectivos de búsqueda, otro de los temas en la propuesta de reforma

Con el objetivo de fortalecer el marco normativo en materia de derechos humanos y brindar atención efectiva a las familias de personas desaparecidas, el diputado Danny Fidel Mogollón Pérez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas del Estado de Baja California.

La propuesta busca establecer protocolos específicos para la atención de familiares de personas desaparecidas, contemplando un programa de atención psicosocial y económica, el reconocimiento y respaldo a los colectivos de búsqueda, así como la tipificación de omisiones o actos de revictimización por parte de autoridades como faltas graves.

Para garantizar la aplicación de estas medidas, el legislador propone la creación de una partida presupuestal específica destinada a la atención integral de las víctimas indirectas, que incluya un apoyo económico temporal.

Mogollón Pérez subrayó que la desaparición de personas en Baja California constituye una grave crisis humanitaria, la cual exige respuestas institucionales sensibles, articuladas y eficaces.

“Las familias enfrentan múltiples violencias: la incertidumbre ante la ausencia, la indiferencia institucional y, en muchos casos, la revictimización. Es urgente reconocer sus derechos, garantizar apoyos concretos y coordinar esfuerzos entre instituciones”, señaló el legislador.

Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentran:

  • Reconocer a familiares como víctimas indirectas sin necesidad de resolución judicial.
  • Establecer principios rectores como la presunción de vida, la búsqueda inmediata y la participación activa de las víctimas.
  • Instruir a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para implementar un Programa Especial de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas, que contemple:
  • Atención psicológica, médica y psiquiátrica.
  • Acompañamiento jurídico integral.
  • Apoyo económico temporal.
  • Acceso preferente a programas sociales estatales.
  • Mecanismos de protección personal cuando exista riesgo asociado a la búsqueda.

La iniciativa propone reformar los artículos 4, 5 y 15, así como adicionar los artículos 27 Bis, 28 Bis, 28 Ter y 41 Bis de la citada ley.

Con esta propuesta, el diputado busca sentar bases legales para una respuesta institucional humanitaria, digna y comprometida con las víctimas, en una problemática que afecta profundamente el tejido social del estado.

Propone Diputada reforzar la protección del patrimonio de adultos mayores en Baja California

  • Gloria Miramontes presenta iniciativa con el fin de que cuenten con asesoría jurídica para la salvaguarda de su patrimonio personal y familiar, y en su caso testar sin coacción o violencia.

La diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas destacó la importancia de brindar asesoría legal especializada a las personas adultas mayores para garantizar su bienestar financiero y emocional conforme avanza su edad.

Subrayó que la protección del patrimonio personal y familiar debe abordarse de forma integral, contemplando aspectos legales, financieros y de salud, ajustados a las necesidades y deseos específicos de este sector.

Miramontes Plantillas recalcó que la asesoría jurídica adecuada, especialmente en el derecho a testar sin coacción ni violencia, ha cobrado relevancia en un contexto donde es común que familiares busquen despojarlos de sus bienes, sin dejarles beneficios directos.

También señaló que es urgente revisar el marco normativo que rige los juicios sobre estos casos, ya que en la práctica jurisdiccional se presentan acciones abusivas que vulneran sus derechos patrimoniales.

Como ejemplo, mencionó al Estado de México, donde la situación demográfica y social refleja buena parte de la problemática que vive el país respecto a la protección jurídica de los adultos mayores. Casos como la falsificación de firmas para vender bienes o la falta de testamento que brinde certeza jurídica, son algunas de las situaciones más frecuentes.

Recordó que, desde 2015, el Semanario Judicial de la Federación reconoce a las personas adultas mayores como un grupo que requiere protección especial por parte del Estado.

En respuesta a esta realidad, la congresista de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en Baja California, con el objetivo de fortalecer su defensa patrimonial y garantizar una vejez digna.

Hasta 8 años de cárcel a quienes instalen retenes falsos en Baja California: Diputado

  • Diego Echevarría Ibarra señala que se busca sancionar con mayor severidad la simulación de retenes por personas ajenas a instituciones de seguridad pública.

Ante el incremento de denuncias por retenes falsos en caminos y carreteras estatales, principalmente en zonas rurales de Mexicali, Tecate y Ensenada, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó una iniciativa de reforma para sancionar con hasta ocho años de prisión a quienes, sin pertenecer a una institución de seguridad, instalen retenes simulados, limiten el paso y aparenten un control oficial.

Estos puntos falsos de revisión no solo suplantan funciones del Estado, sino que representan un grave riesgo para la ciudadanía, advirtió Echevarría, al señalar que han sido utilizados para extorsionar, robar e incluso cometer delitos mayores.

La propuesta legislativa busca adicionar el artículo 318 Bis al Código Penal de Baja California, con una agravante cuando la usurpación de funciones implique la instalación de este tipo de retenes.

El diputado explicó que los puntos de control oficiales, como los retenes de alcoholímetro o los relacionados con operativos contra el crimen organizado, están regulados por ley y deben contar con protocolos claros y personal debidamente acreditado.

No podemos permitir que delincuentes suplanten a nuestras instituciones para delinquir. Por eso proponemos una pena más severa cuando se simule un retén sin pertenecer a una corporación autorizada, subrayó.

Durante el último año, se han registrado casos donde falsos agentes, disfrazados de policías o militares, han instalado estos puntos de revisión ilegales, usando uniformes apócrifos, vehículos clonados y cometiendo delitos como extorsión y robo.

Actualmente, el Código Penal ya contempla penas de uno a seis años de prisión por usurpación de funciones públicas (artículo 318), así como sanciones por uso indebido de insignias, uniformes o condecoraciones oficiales (artículo 319).

Esta iniciativa responde al reclamo ciudadano de vivir sin miedo. Queremos que cada persona que transite por nuestras carreteras tenga la certeza de que quien los detiene realmente representa la ley, no a la delincuencia, concluyó Echevarría.