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Etiqueta: congreso bc

Comparece presidente del Poder Judicial ante la Jucopo; legisladores cuestionan implementación del CNPCyF y operación de SEMEFO

  • El magistrado Alejandro Isaac Fragozo López presentó su informe anual y respondió a señalamientos sobre rezago judicial, intérpretes, perspectiva de género y procesos internos.

En sesión ampliada de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a la que fueron convocadas todas las diputaciones de la XXV Legislatura, compareció el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJEBC), para rendir su informe de actividades correspondiente al periodo octubre de 2024 a octubre de 2025.

De acuerdo con la Jucopo, tras la exposición inicial del magistrado, legisladoras y legisladores plantearon cuestionamientos sobre la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), la atención con perspectiva de género y de niñez, así como la capacitación a juzgadores en feminicidio y violencia vicaria.

También solicitaron precisiones sobre la cobertura de intérpretes en lenguas indígenas y de señas, el rezago de expedientes, el uso de nuevas tecnologías, la atención a personas con discapacidad y el avance del modelo de juzgados sin expediente físico (“cero papel”). Asimismo, señalaron inquietudes relacionadas con SEMEFO, la experiencia de algunos juzgadores y el funcionamiento de la infraestructura forense en Rosarito.

Entre quienes participaron se encuentran las diputadas y diputados Ramón Vázquez, Angélica Peñaloza, Maythé Méndez, Alejandrina Corral, Evelyn Sánchez, Diego Lara, Gloria Miramontes, Tere Ruiz, Jorge Ramos, Michelle Tejeda, Fidel Mogollón, Yohana Gilvaja, Araceli Geraldo, Adriana Padilla, Michel Sánchez, Daylín García, Dunnia Murillo y Diego Echevarría.

El diputado presidente de la Jucopo, Juan Manuel Molina García, solicitó información puntual sobre los diferimientos de audiencias, el protocolo aplicado en los Centros de Convivencia Familiar (CECOFAM) cuando una niña, niño o adolescente rechaza convivir, y el proceso de designación de espacios en el Poder Judicial, exhortando a garantizar la paridad de género.

En sus respuestas, Fragozo López afirmó que el Poder Judicial está listo para solicitar formalmente al Congreso del Estado el inicio de la implementación del CNPCyF, y destacó el fortalecimiento de la justicia familiar mediante la apertura de más juzgados y la operación de los Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM).

Añadió que existe un convenio para contar con traductores de lenguas indígenas y afromexicanas, y que el modelo cero papel opera ya en Ensenada, con expansión prevista para Tijuana, Rosarito y Tecate. También se comprometió a gestionar la contratación de intérpretes de lengua de señas.

Respecto a SEMEFO, aclaró que no existe censura mediática, sino un protocolo para proteger la identidad de las víctimas. Informó que se supervisa de manera especial el desempeño de jueces con menor experiencia y que, en algunos casos, la actuación depende de la información aportada por la Fiscalía.

Sobre SEMEFO Rosarito, indicó que actualmente opera mediante una funeraria, pero que ya se trabaja con DIF en la instalación de un cuarto frío, con un plazo estimado de 90 días.

También señaló que todas las áreas del Poder Judicial reciben capacitaciones internas obligatorias cada viernes. En cuanto a los diferimientos, explicó que en materia penal éstos se deben principalmente a la falta de fiscales, mientras que en materia familiar cerca del 80% de las audiencias se posponen por responsabilidad de las partes. Para los casos de rechazo a convivencias familiares, dijo que fueron contratados psicólogos por honorarios.

Sobre la designación de once nuevas plazas, detalló que alrededor de 80 aspirantes fueron evaluados para verificar requisitos y calificaciones, y que un número significativo no alcanzó el puntaje mínimo, lo que deberá considerarse antes de los nombramientos.

Al cierre de la comparecencia, diversas diputaciones reconocieron la comunicación entre poderes, los avances en los Centros de Convivencia Familiar y la atención brindada a San Quintín.

Con ello, la Jucopo dio por concluida la sesión, en un ejercicio de diálogo institucional y rendición de cuentas.

Toman protesta a integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión Local de Búsqueda en Baja California

  • El órgano consultivo quedó formalmente instalado para fortalecer las acciones de búsqueda de personas en el estado.

En sesión extraordinaria del Congreso del Estado, diputadas y diputados tomaron protesta a las personas que integrarán el Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, responsable de acompañar y fortalecer las tareas institucionales en la materia.

De acuerdo con el Congreso, la ceremonia fue encabezada por la diputada presidenta Liliana Michel Sánchez Allende, quien tomó protesta a Mónica Gabriela Mariscal Rodríguez, Eddy Carrillo Lepe, Raúl Cornejo Carvajal, Adriana Jaén Manuel, Elizabeth Nataly Rosas Rábago, José Luis Pérez Canchola, María Teresa Figueroa Chacón e Irma Leyva Sosa, quienes integrarán el cuerpo consultivo de manera honorífica.

Los integrantes provienen de colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones civiles y espacios especializados en derechos humanos, lo que, según se destacó en la sesión, permitirá fortalecer el análisis, la propuesta y el acompañamiento ciudadano en los trabajos de búsqueda.

El Congreso BC informó que Antonio Irán Muñoz Lara no pudo asistir por motivos personales, por lo que rendirá protesta en una sesión posterior.

Con la integración formal del Consejo Estatal Ciudadano, el órgano consultivo queda oficialmente instalado para contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda y al seguimiento de las acciones implementadas en Baja California.

Piden análisis exhaustivo para construir el Presupuesto de Egresos 2026 en Baja California

  • La diputada Mayola Gaona exhortó a secretarías estatales a identificar rezagos, necesidades y ahorros para elaborar una propuesta presupuestal sólida y justificada.

La diputada María Yolanda Gaona Medina planteó ante el Pleno del Congreso del Estado la necesidad de que el Presupuesto de Egresos 2026 se construya a partir de un análisis minucioso del gasto ejercido en 2024 y 2025, con el objetivo de garantizar que los recursos públicos se asignen donde realmente se necesitan. La proposición fue aprobada por mayoría.

Durante su intervención, la legisladora señaló que, cada año, la discusión presupuestal obliga a responder una pregunta de fondo: si el Estado está destinando de manera adecuada los recursos públicos para atender asuntos esenciales como la salud, la educación, el campo, la pesca y la acuacultura. “Esta no es una pregunta teórica; tiene efectos reales en la calidad de vida de las familias”, afirmó.

La diputada del Partido Acción Nacional dirigió su exhorto al secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas; a la secretaria de Educación, Irma Martínez; a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Mónica Vargas; y a la secretaria de Pesca y Acuacultura, Rosa García, todos del Gobierno del Estado.

Los llamó a revisar de manera detallada el comportamiento del presupuesto previo, identificar rezagos operativos, ahorros, desahorros y necesidades institucionales, y elaborar con base en ello una propuesta presupuestal para 2026 que sea “significativamente mayor, suficiente y técnicamente justificada”, orientada a fortalecer infraestructura, servicios, programas, equipamiento, personal y atención ciudadana.

La diputada Gaona también subrayó que la distribución del presupuesto debe ser equitativa y considerar las necesidades específicas de los siete municipios del Estado, a fin de que la justificación técnica se tome en cuenta durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2026.

Finalmente, la legisladora exhortó al secretario de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, a atender con diligencia las necesidades planteadas por las dependencias involucradas y facilitar la obtención de recursos adicionales para fortalecer los programas públicos en beneficio de la ciudadanía bajacaliforniana.

Aprueban en BC penas de hasta 7 años por robo o alteración de catalizadores automotrices

  • También se sanciona con 1 a 3 años a quien recolecte, transporte o almacene residuos de catalizadores sin permiso ambiental.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado Juan Manuel Molina García, que establece penas de 1 a 7 años de prisión para quienes retiren, destruyan o alteren dolosamente los catalizadores automotrices, dispositivos clave para el control de emisiones contaminantes.

La reforma también contempla sanciones de 1 a 3 años para quienes, sin autorización de la autoridad ambiental competente, manejen catalizadores usados como residuos sujetos a manejo especial.

El diputado Molina García destacó que el robo y alteración de catalizadores se ha convertido en un problema creciente que afecta tanto a los propietarios de vehículos como al medio ambiente.

“El retiro de catalizadores aumenta la emisión de gases contaminantes y contribuye a la contaminación auditiva, agravando el impacto ambiental”, señaló.

Los catalizadores contienen metales preciosos como platino, paladio y rodio, cuyo valor en el mercado ha aumentado, incentivando su venta ilegal y el robo de estas piezas. Por ello, la reforma a los artículos 340 y 341 BIS del Código Penal los incorpora al capítulo de delitos contra el medio ambiente, sancionando conductas que afectan los sistemas de control de emisiones.

Molina García enfatizó que la reforma busca fortalecer el marco jurídico, disuadir la comercialización ilícita de catalizadores y garantizar la seguridad de la población, castigando tanto la sustracción como la alteración o eliminación de estos dispositivos esenciales.

Congreso aprueba reforma para frenar abusos del Buró de Crédito y proteger a usuarios financieros

  • La iniciativa del diputado Jorge Ramos busca garantizar trato justo, corregir errores crediticios y fortalecer la supervisión de datos personales.

El Congreso de Baja California aprobó la iniciativa presentada por el diputado Jorge Ramos Hernández, orientada a reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, con el fin de reforzar la protección de los usuarios del sistema financiero y evitar abusos por parte de las sociedades de información crediticia, en particular del Buró de Crédito.

La propuesta responde a diversas problemáticas que enfrentan los usuarios, entre ellas errores en historiales, créditos no reconocidos, pagos mal registrados, duplicación de cuentas o demoras en la eliminación de deudas, situaciones que afectan de manera injusta su calificación y limitan sus oportunidades financieras.

El proyecto plantea medidas específicas, como reducir el tiempo de permanencia de las deudas menores a 8,500 pesos mexicanos, que solo podrán mantenerse por dos años; y, una vez liquidadas, deberán eliminarse del historial en un plazo máximo de 15 días. Con ello se busca frenar prácticas abusivas y devolver certeza a quienes utilizan servicios financieros.

El diputado Jorge Ramos afirmó que “no podemos permitir que errores o abusos en los historiales crediticios sigan afectando la vida financiera de miles de familias”, subrayando que la reforma coloca los derechos de los ciudadanos por encima de intereses particulares.

De forma adicional, la iniciativa incorpora la protección de datos personales como eje central del esquema regulatorio. Se establece que las sociedades de información crediticia estarán exceptuadas de ciertos servicios, salvo lo relacionado con datos personales, lo que fortalece el resguardo legal de información sensible.

Asimismo, se refuerzan las facultades de supervisión de la CONDUSEF, para garantizar mecanismos ágiles de verificación y corrección de errores en los historiales crediticios, asegurando que los usuarios puedan defender su información con mayor certeza y eficiencia.

Al tratarse de modificaciones a leyes federales, la minuta será remitida al Congreso de la Unión para su análisis y trámite legislativo correspondiente.

Aprueban reforma para fortalecer el acceso cultural de las personas adultas mayores en Baja California

  • El Pleno avaló una iniciativa que obliga a la Secretaría de Cultura del Estado a promover y facilitar actividades culturales para quienes tienen más de 60 años.

El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por la diputada Gloria Miramontes, mediante la cual se refuerza la atención cultural hacia las personas adultas mayores del estado. El Dictamen No. 10 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultas Mayores recibió 16 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

La reforma adiciona disposiciones a la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores, con el fin de establecer que la Secretaría de Cultura del Estado atienda y promueva actividades culturales dirigidas a quienes superan los sesenta años.

En su exposición, la legisladora de Morena señaló que la participación cultural aporta beneficios significativos al bienestar físico, emocional y cognitivo de este sector. Explicó que actividades como la lectura, la música, el teatro o la pintura ayudan a mantener habilidades cognitivas y pueden reducir la sensación de soledad o depresión al fomentar la interacción social.

Agregó que estas dinámicas ofrecen una salida emocional y contribuyen a mantener una actitud positiva ante la vida, al tiempo que fortalecen la salud mental y la integración comunitaria.

Con la reforma aprobada, el nuevo artículo 44 TER establece que corresponde a la Secretaría de Cultura: estimular la creación y el disfrute cultural mediante talleres, exposiciones, concursos y eventos en distintos niveles; coordinar políticas culturales con el INAPAM y el DIF estatal y municipal; promover accesibilidad, gratuidad o descuentos en actividades culturales; e impulsar el uso de bibliotecas públicas con préstamo a domicilio para las personas adultas mayores.

La medida busca ampliar las oportunidades de participación y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos culturales en Baja California.

Congreso BC exige investigar entrega opaca de 25 camiones del transporte público en Mexicali

  • El exhorto pide revisar posibles irregularidades en el uso de 25 unidades compradas con recursos estatales para apoyar la Serie del Caribe 2025.
  • Diputado Diego Echevarría advierte uso indebido del patrimonio público en convenio con concesionarios
  • La proposición contó con el respaldo de las fuerzas políticas del Congreso del Estado.

El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad un exhorto para que se investiguen las condiciones bajo las cuales fueron entregados 25 camiones de transporte público adquiridos por el gobierno estatal, cuyo valor total asciende a cerca de 75 millones de pesos. La propuesta fue presentada por el diputado Diego Echevarría Ibarra durante la sesión plenaria de este jueves.

El legislador señaló que las unidades fueron compradas inicialmente para apoyar la Serie del Caribe 2025 y trasladar turistas al Estadio del Nido, pero posteriormente se informó que serían incorporadas al sistema urbano en rutas concesionadas, como Lázaro Cárdenas y, en menor medida, Robledo. Indicó que no se ha explicado bajo qué figura jurídica se entregaron estos vehículos estatales a empresas privadas.

Echevarría expuso que durante la glosa de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable cuestionó al director del IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, sobre el convenio “a riesgo” que supuestamente sustentaba la operación. Sin embargo, afirmó que no se logró aclarar en qué consistía dicha figura ni su respaldo legal.

El diputado apuntó que, pese a ser unidades propiedad del Estado, el Gobierno cubre el seguro, el mantenimiento y un pago mensual de 15 mil pesos por camión, lo que representa un gasto total de 375 mil pesos al mes para que concesionarios privados se encarguen del servicio. Según expuso, este esquema beneficia únicamente a particulares mientras el Estado asume todos los costos y riesgos.

Ante estos señalamientos, la XXV Legislatura exhortó a la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, María Gabriela Monge Pérez, a realizar una revisión integral y, de ser necesario, iniciar investigaciones por posibles ilegalidades o actos de corrupción relacionados con el convenio de colaboración.

Congreso BC aprueba reforma que garantiza apoyos prioritarios para niños y adolescentes en orfandad

  • La modificación legal asegura acceso preferente a programas y servicios sociales para menores sin madre, padre o cuidadores en Baja California.
  • “Representa un paso firme hacia la justicia social y el bienestar de quienes más nos necesitan”, señaló la diputada Norma Angélica Peñaloza.

El Pleno del Congreso de Baja California aprobó la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presentada por la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, con una votación de 16 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

La propuesta fue analizada previamente en la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores mediante el Dictamen 12.

Durante la sesión, Peñaloza Escobedo destacó que la reforma busca fortalecer los mecanismos de protección integral para niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad, garantizando que reciban atención preferente en los programas y apoyos sociales del Estado de Baja California.

Señaló que la modificación representa un paso hacia la justicia social para quienes han enfrentado la pérdida de sus cuidadores.

La reforma establece que en el artículo 15, fracción II, las personas menores de edad deberán ser atendidas antes que las personas adultas en igualdad de condiciones en todos los servicios. En la fracción III, se determina que deberán ser consideradas en el diseño y ejecución de políticas públicas para la protección de sus derechos.

Finalmente, la fracción IV estipula que, en casos de orfandad, deberán tener acceso prioritario a los programas de desarrollo social con los que cuente el Estado.

Con la aprobación del dictamen, el Congreso de Baja California subrayó la importancia de fortalecer las medidas institucionales para garantizar condiciones de acceso, atención y protección a la niñez más vulnerable de la entidad.

San Quintín proyecta ingresos por 445.6 mdp en su propuesta de Ley de Ingresos 2026

  • Diputaciones cuestionan salarios, costos de nómina, DAP y gestión administrativa durante la comparecencia de la alcaldesa Miriam Elizabeth Cano.

El Ayuntamiento de San Quintín presentó ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto su propuesta de Ley de Ingresos 2026, en la que estima una recaudación total de 445 millones 686 mil pesos, derivados del impuesto predial, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones.

Durante su exposición, la alcaldesa Miriam Elizabeth Cano Núñez destacó que la iniciativa mantiene una orientación de responsabilidad social al no considerar incrementos en impuestos, además de incluir subsidios destinados a los sectores prioritarios del municipio.

Las diputaciones realizaron diversos señalamientos relacionados con el Derecho de Alumbrado Público (DAP), la falta de un tabulador salarial, el funcionamiento de la Dirección de Asuntos Indígenas, la devolución de aguinaldos del Concejo Fundacional, los ingresos de regidores, el supuesto gasto de 600 mil pesos en ambigús y arreglos florales, así como el costo total de la nómina municipal. También plantearon dudas sobre la seguridad social de policías, la compra directa de un software, la atención a las mujeres, la regularización vehicular, el porcentaje de cumplimiento del predial y los apoyos a la diversidad sexual, junto con anomalías en permisos de alcoholes y acciones ante la violencia de género.

Acompañada por funcionariado municipal, Cano Núñez respondió que el tabulador salarial está contemplado en el próximo Presupuesto de Egresos 2026, bajo criterios de austeridad y con eliminación de compensaciones; respecto al DAP, detalló que la fórmula se ajusta con base en UMAs, fijando un monto de 58.83 pesos, inferior al aplicado en 2025. Aclaró además que no existió un gasto de 600 mil pesos en ambigús, que la nómina representa el 60% del presupuesto, y que el sueldo neto de regidores asciende a 64 mil 648 pesos mensuales.

En materia de seguridad, confirmó que los elementos cuentan con servicios médicos, incapacidades, seguro de vida, vivienda, fondo para retiro y guardería. Sobre la compra del software, indicó que se financió mediante el Fondo de Fortalecimiento Municipal, con el objetivo de agilizar trámites y fortalecer la transparencia. Informó también que el Instituto de la Mujer fue elevado a Secretaría de la Mujer, y que el decreto federal de regularización vehicular no incluyó a San Quintín, por lo que no han recibido recursos por este concepto.

La alcaldesa agregó que el 44% de los contribuyentes cumple con el pago del predial, lo que representa el 32.8% de los ingresos por impuestos, y anunció que para 2026 se contempla la creación de una unidad especializada para atención a la comunidad de la diversidad sexual. Señaló que existe una mesa interinstitucional para atender casos de violencia de género conforme a los protocolos establecidos.

En la sesión participaron diputaciones integrantes de la XXV Legislatura, quienes continuarán el análisis técnico de la propuesta antes de integrar el dictamen que será turnado al Pleno.

Tijuana proyecta ingresos por más de 12.7 mil mdp para 2026 en propuesta ante el Congreso

  • El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, presentó su Ley de Ingresos sin creación de nuevos impuestos ni incrementos a los existentes.

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, presentó este jueves ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado su propuesta de Ley de Ingresos 2026, la cual estima una recaudación total de 12 mil 701 millones de pesos.

De acuerdo con la exposición del presidente municipal, la iniciativa mantiene un enfoque “con sentido humanista” en la recaudación, al señalar que no se crearán nuevos impuestos ni se incrementarán las tasas vigentes.

Burgueño destacó que, durante el primer año de su administración, la ciudadanía ha visto reflejadas sus contribuciones en programas como Tijuana Limpia, Tijuana Saludable y el esquema de Tijuana Iluminada, donde se han trabajado senderos seguros y mejoras en servicios públicos.

Durante la etapa de preguntas, diputaciones consultaron al Alcalde sobre temas como la recuperación del impuesto predial, el pago a Issstecali y las estrategias de seguridad. Explicó que la transparencia en el uso de los recursos ha incentivado el cumplimiento de los contribuyentes; además, aseguró que el municipio no mantiene deuda con Issstecali y que se han invertido cerca de 400 millones de pesos en patrullas y equipamiento.

Diputaciones también abordaron asuntos como la rehabilitación de Playas de Tijuana, la regulación de vidrios polarizados, la operación de la Oficialía Conciliadora y Calificadora en materia de propiedad en condominio, así como los 40 minutos gratuitos en estacionamientos de plazas comerciales. Respecto a estos últimos, se informó que el Ayuntamiento de Tecate mantiene reuniones con comercios ante los amparos presentados contra la reforma legal.

Otros temas planteados fueron la demanda de servicios públicos, mejoras salariales para policías municipales, el proyecto de cruce ágil, movilidad en zona costa —desde Tijuana hasta San Quintín—, calidad del aire, estímulos fiscales, apoyos para niñas, niños y jóvenes, bienestar animal, políticas de género, atención a adicciones, permisos de espectáculos, y recursos para comunidades indígenas y afromexicanas.

En la sesión participaron diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, así como legisladores de la XXV Legislatura, quienes continuarán con el análisis técnico de la propuesta para su posterior dictaminación.