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Etiqueta: congreso bc

Comparece Secretario de Hacienda ante comisiones del Congreso por uso de financiamiento público

  • Presentan el Tercer Informe sobre la aplicación de recursos destinados a obras de infraestructura en Baja California

Ante las Comisiones Unidas de Fiscalización del Gasto Público y Hacienda y Presupuesto, presididas por la diputada Alejandra María Ang Hernández, compareció el secretario de Hacienda del Estado, Andrés Pulido Saavedra, para presentar el Tercer Informe sobre la aplicación de recursos derivados del Decreto 192, que autoriza deuda pública productiva por hasta 3 mil 500 millones de pesos.

El funcionario acudió acompañado por titulares de la SEPROA, Bienestar, el CEJUM, el Escuadrón Violeta, así como directivos de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Tijuana (CESPT), Ensenada (CESPE) y Tecate (CESPTE).

Durante la ronda de preguntas, la diputada Dunnia Montserrat Murillo López solicitó detalles sobre la rehabilitación de pozos en la zona sur del estado, donde se han invertido 44.7 millones de pesos. El Secretario explicó que se analiza la rentabilidad social para la viabilidad de los proyectos y que en San Quintín está por iniciar la construcción de una planta desaladora, respaldada por la recalibración de una línea de transmisión de 67 kilómetros.

En su intervención, el diputado Jaime Cantón cuestionó el tiempo de garantía para el abasto de agua en la zona costa, la estrategia del bono verde y las obras en el distrito 2 de Mexicali. Ante ello, la Secretaría señaló que las desaladoras proyectan suministro por 30 años, que la ampliación del bono verde será más económica por las condiciones de la tasa de referencia, y que este instrumento permitió iniciar la red pluvial en la colonia La Alianza.

Por su parte, el diputado Juan Manuel Molina pidió incorporar criterios de pavimentación en las obras de drenaje del Valle de Mexicali. Hacienda indicó que se ejecuta una solución integral de alcantarillado sanitario, con un avance del 84%, así como la ampliación próxima de la red pluvial.

La diputada Michel Sánchez Allende consultó sobre los procesos de las Comisiones del Agua en materia de deuda pública, los impactos presupuestales de sus modificaciones, el bono de género y el emisor Voluntad para bombeo de aguas residuales. La Secretaría explicó que los proyectos se rigen por un marco de sostenibilidad publicado en el Periódico Oficial del Estado, y que el bono de género se analiza de manera interinstitucional para definir prioridades.

En su participación, el diputado Fidel Mogollón abordó el cumplimiento del Decreto 192 y los nuevos plazos para ejercer los recursos. La Secretaría aclaró que, conforme a la disciplina financiera, los contratos deben estar debidamente registrados, y que se proyecta una disminución en el costo financiero debido a las tasas efectivas.

Respecto a los proyectos hídricos, la diputada Adriana Padilla solicitó información sobre los mecanismos de seguimiento para garantizar beneficios sociales y ambientales. El funcionario refirió que existen indicadores de gestión por organismo que miden dotación de agua, saneamiento y cobertura de alcantarillado sanitario.

La diputada Julia Andrea González consultó sobre el impacto del bono violeta en la reducción de desigualdades de género y sobre las obras hídricas en Tijuana. La Secretaría informó que el bono impulsa infraestructura como los CEJUM y el equipamiento del Escuadrón Violeta, y que en la zona sureste de Tijuana avanzan obras de rehabilitación de colectores.

La diputada Alejandra Ang reconoció la transparencia en el ejercicio de recursos aplicados en las 69 obras desarrolladas en todo el estado. Solicitó además información sobre la adquisición de equipos y vehículos. La Secretaría señaló que se destinaron cerca de 133 millones de pesos para equipos de desazolve y que la atención a la ciudad se organiza en siete polígonos.

En la sesión participaron las diputadas Julia Andrea González Quiroz, Liliana Michel Sánchez Allende, Dunnia Montserrat Murillo López, Adriana Padilla Mendoza, así como los diputados Jaime Cantón Rocha, Juan Manuel Molina García y Fidel Mogollón Pérez.

Eliminan reelección inmediata y prácticas de nepotismo en Baja California

  • El Pleno aprobó reformas que prohíben la reelección consecutiva y establecen restricciones para impedir ventajas familiares en cargos de elección popular.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó el Dictamen No. 65 de la Comisión de Gobernación, que contiene la iniciativa presentada por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, orientada a prohibir la reelección inmediata y establecer restricciones contra el nepotismo en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Municipal.

De acuerdo con el dictamen, en el ámbito legislativo las diputaciones no podrán ser reelectas de manera consecutiva, sin importar si fueron postuladas por partidos, coaliciones o como candidaturas independientes. Se precisa que las suplentes únicamente podrán postularse como propietarias si no ejercieron el cargo, mientras que las propietarias no podrán registrarse como suplentes en el periodo inmediato posterior.

En materia municipal, la reforma establece que la Presidencia, la Sindicatura y las Regidurías tampoco podrán ser electas de manera consecutiva, aplicándose reglas idénticas a las de las diputaciones respecto a suplencias y postulaciones.

El dictamen incorpora además un marco transversal para impedir el nepotismo electoral, señalando que ninguna persona podrá ser elegida para un cargo de elección popular si, en los tres años previos al proceso, ha sostenido relación de matrimonio, unión civil, parentesco o convivencia con quienes desempeñen funciones en los poderes Legislativo, Ejecutivo o Municipal.

Estas disposiciones entrarán en vigor al inicio del proceso electoral 2029–2030, y se puntualiza que las personas que en dicho periodo estén ejerciendo alguno de los cargos involucrados no podrán postularse para reelección inmediata ni registrarse si incurren en los supuestos de nepotismo establecidos.

El dictamen aprobado contempla reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado, de la Ley Electoral, de la Ley que Regula las Candidaturas Independientes, así como la derogación del artículo 9 TER de la Ley del Régimen Municipal.

Con estas modificaciones, la XXV Legislatura reafirma su compromiso con la equidad democrática, la eliminación de privilegios familiares en la función pública y el fortalecimiento de un modelo institucional más plural, ético y representativo.

Congreso aprueba tope a los aumentos en rentas habitacionales en Baja California

  • Reforma al Código Civil limita incrementos conforme a la inflación.
  • La reforma no limita la libertad para fijar el monto inicial de la renta, pero regula las actualizaciones o renovaciones de contratos: diputado Jaime Cantón

El Pleno del Congreso del Estado aprobó el Dictamen 20 de la Comisión de Justicia, referente a la iniciativa del diputado Jaime Cantón Rocha, que reforma el Código Civil de Baja California para poner límites claros y equilibrados a los incrementos de rentas en inmuebles de uso habitacional.

La reforma establece que la renta solo podrá incrementarse al término del periodo convenido, sin exceder el porcentaje de la inflación acumulada reportada por el Banco Nacional de México durante el año anterior. El objetivo —explicó el legislador — es brindar certeza jurídica tanto a arrendadores como a arrendatarios y evitar ajustes arbitrarios o desproporcionados en los montos de alquiler.

De acuerdo con datos del INEGI, el 46% de las viviendas rentadas en Baja California se ocupa por falta de acceso a crédito o recursos para adquirir vivienda propia. Aunque la cifra es menor al promedio nacional (51.4%), refleja que casi la mitad de las familias que rentan lo hacen por necesidad y requieren mecanismos de protección que eviten incrementos que comprometan su estabilidad económica.

La reforma vincula los aumentos al índice inflacionario con el fin de proteger especialmente a sectores vulnerables, considerando que en muchos casos las rentas incrementan más rápido que los salarios, incluso en periodos de crecimiento salarial.

La Comisión dictaminadora señaló que regular el alza de rentas conforme a la inflación fortalece la relación contractual y evita abusos, sin limitar la libertad del arrendador para fijar el monto inicial. La regulación aplica únicamente a actualizaciones y renovaciones de contrato, buscando ajustes proporcionales y objetivos.

El dictamen también incorporó una reserva presentada por el diputado Diego Echevarría Ibarra, para agregar en el artículo 2273 que, aun considerando la inflación, el aumento nunca podrá exceder el 10%.

Con ello, el Congreso aprobó las reformas a los artículos 2273 y 2359 del Código Civil para el Estado de Baja California, al considerar que la propuesta no contraviene disposiciones locales o federales y es jurídicamente procedente.

Diputada Araceli Geraldo pide frenar cobros indebidos en traslados forenses en Rosarito

  • La legisladora Araceli Geraldo solicitó al Poder Judicial y a la FGE revisar protocolos y eliminar abusos en el manejo de personas fallecidas.

La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó un exhorto dirigido al Poder Judicial de Baja California y a la Fiscalía General del Estado para atender de manera urgente la problemática relacionada con el levantamiento, traslado y resguardo de personas fallecidas en Playas de Rosarito.

De acuerdo con la legisladora, en diversos casos se han ordenado traslados hacia instalaciones del SEMEFO sin justificación médica o legal, aun cuando se trata de muertes por causas naturales que no requieren esa intervención. Señaló que estos traslados han sido realizados por funerarias privadas sin autorización familiar, generando cobros que superan los 16 mil pesos, una cifra inaccesible para muchas familias.

Geraldo Núñez indicó que el propio Poder Judicial ha reconocido que en Rosarito no existen instalaciones propias del SEMEFO y que actualmente se utilizan espacios prestados por una funeraria privada, situación que provoca confusión y facilita prácticas indebidas.

El exhorto de la legisladora solicita a ambas instituciones revisar los protocolos y garantizar que los procedimientos forenses se realicen únicamente cuando correspondan y mediante personal e infraestructura institucional. Además, pide que se cuente con unidades y personal propio para levantar y trasladar cuerpos, eliminando la dependencia de particulares.

También se requirió gestionar recursos para dotar a Rosarito de instalaciones forenses adecuadas, con el fin de asegurar un trato digno a las personas fallecidas y evitar cobros indebidos. Finalmente, se solicitó que se informe al Congreso BC sobre las acciones y avances en beneficio de la comunidad.

Congreso de BC designa a integrantes del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda

  • Nueve personas fueron nombradas para periodos de uno, dos y tres años, todas con cargo honorífico.

El Congreso de Baja California aprobó la designación de las nueve personas que integrarán el Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, en cumplimiento con la normativa federal y estatal en materia de desaparición, así como con la convocatoria emitida por la XXV Legislatura.

De acuerdo con el Congreso BC, para esta integración se registraron trece aspirantes provenientes de colectivos, organizaciones civiles y espacios especializados en derechos humanos, quienes fueron evaluados mediante revisión documental y entrevistas realizadas por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Todas las personas postulantes cumplieron con los requisitos de elegibilidad.

Por el grupo de familiares de personas desaparecidas fueron designados María Teresa Figueroa Chacón, de Armadillos Rastreadores Ensenada, y Raúl Cornejo Carbajal, de Enlace y Restauración, quienes ejercerán funciones durante tres años.

Además, Mónica Gabriela Mariscal Rodríguez, del colectivo Madres Hasta Encontrarte Tecate; Eddy Carrillo Lepe, de Todos Somos Erick Carrillo; e Irma Leyva Sosa, de Madres Unidas y Fuertes, participarán por un periodo de un año.

En el apartado de especialistas en protección y defensa de derechos humanos, se nombró a Antonio Irán Muñoz Lara, especialista en medicina legal y criminalística, por tres años; y a Adriana Jaén Manuel, experta en análisis de desaparición y atención a víctimas desde un enfoque psicosocial, por dos años.

Por parte de organizaciones civiles, fueron seleccionados Elizabeth Nataly Rosas Rábago y José Luis Pérez Canchola, integrantes de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. La primera ejercerá funciones durante tres años y el segundo por dos años.

El Congreso BC precisó que todas las personas designadas desempeñarán su encargo de manera honorífica, es decir, sin recibir remuneración, y durante ese tiempo no podrán ocupar puestos en el servicio público.

Congreso llama al Ayuntamiento de Mexicali a liberar derechos de vía para agilizar obra de interconexión

  • Diputada Michel Sánchez exhorta a liberar los derechos de vía para conectar la Calzada Manuel Gómez Morín con el Boulevard Anáhuac.

La diputada Michel Sánchez Allende, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Pleno un exhorto dirigido a la presidenta municipal de Mexicali para que realice las gestiones necesarias que permitan liberar los derechos de vía requeridos para la interconexión de la Calzada Manuel Gómez Morín y el Boulevard Anáhuac.

La legisladora recordó que esta petición ha sido reiterada desde la XXIV Legislatura, mediante un exhorto aprobado el 29 de febrero de 2024 y diversos oficios posteriores. Señaló que se trata de una obra fundamental para garantizar el derecho a la movilidad de habitantes del suroeste de Mexicali, una zona con creciente necesidad de infraestructura vial eficiente.

Durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Arturo Espinoza Jaramillo, se informó que el avance del proyecto depende directamente de la colaboración del Ayuntamiento para liberar el derecho de vía en el área donde se desarrollará la interconexión.

Sánchez Allende subrayó que esta obra permitirá reducir tiempos de traslado, agilizar el tránsito vehicular y mejorar la calidad de vida de miles de residentes de colonias y fraccionamientos como Hacienda de los Portales, Barcelona Residencial, Fundadores, Casa Magna, Vicente Guerrero y La Encantada, quienes desde 2024 han solicitado esta solución vial.

La diputada advirtió que la urgencia radica en que el Ayuntamiento de Mexicali está por aprobar su presupuesto de egresos; si no se asignan los recursos necesarios, la obra podría retrasarse nuevamente, afectando a cientos de familias que requieren una movilidad más eficiente para sus actividades diarias.

Finalmente, solicitó a la Asamblea aprobar el exhorto a fin de fortalecer la coordinación entre órdenes de gobierno y avanzar en una obra prioritaria para esta zona de Mexicali, destacando la necesidad de atender con oportunidad una demanda ciudadana ampliamente documentada.

Jucopo fija postura ante actitudes que vulneran el respeto institucional en comparecencias

  • La Jucopo expresó preocupación por la negativa de Kurt Honold, titular de Economía e Innovación, a responder cuestionamientos durante su comparecencia.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la XXV Legislatura manifestó su desaprobación por la actitud mostrada por el titular de la Secretaría de Economía e Innovación, Kurt Ignacio Honold Morales, durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico, en un ejercicio que exige respeto, claridad y disposición a responder.

El posicionamiento, leído por la diputada Daylín García Ruvalcaba, advirtió que la falta de respuesta a diversos cuestionamientos desvirtúa un mecanismo esencial para la transparencia y la rendición de cuentas, al tratarse de un deber constitucional y una responsabilidad pública frente a la representación popular.

El acuerdo de la Jucopo señala que el Congreso del Estado es la casa del pueblo bajacaliforniano, donde se revisa, analiza y cuestiona el ejercicio gubernamental conforme a la Constitución y las leyes. En ese sentido, subraya que cualquier titular del Poder Ejecutivo o dependencia estatal debe conducirse con respeto, claridad y seriedad, especialmente en ejercicio de comparecencia.

La diputada García enfatizó que en el Poder Legislativo no se permitirán conductas que vulneren la esencia democrática de la rendición de cuentas, tales como evasivas, desplantes o negativas injustificadas. “La ciudadanía exige y merece claridad, respeto y sensibilidad”, destacó.

Ante lo ocurrido, la Jucopo hizo un llamado firme a evitar que este tipo de actitudes se repitan y a que en futuras comparecencias prevalezca la seriedad, el profesionalismo y la apertura al diálogo institucional.

Finalmente, el Congreso del Estado reiteró que continuará cumpliendo con su función de supervisión, vigilancia y análisis riguroso de la administración pública, en apego a la ley y al interés superior de Baja California.

Instalan paneles solares en el Congreso de Baja California para reducir impacto ambiental

  • El Congreso instalará 118 paneles solares para disminuir costos operativos y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

Con el propósito de disminuir el gasto en electricidad y fortalecer el compromiso institucional con el medio ambiente, el diputado Jaime Cantón Rocha informó la instalación de 118 paneles solares en el edificio del Poder Legislativo, como parte de una estrategia integral de modernización sostenible.

De acuerdo con el legislador, el proyecto busca reducir la huella de carbono del Congreso y colocar a Baja California como referente en la adopción de soluciones energéticas limpias desde los órganos públicos. Señaló que esta acción representa un mensaje claro sobre la importancia de impulsar infraestructura responsable con el entorno.

Cantón Rocha explicó que la inversión destinada a esta primera etapa tiene una proyección de recuperación en un periodo estimado de año y medio, gracias al ahorro que generará la nueva infraestructura.

Agregó que los paneles cuentan con una vida útil de 10 a 15 años, lo que permitirá un ahorro energético completo durante aproximadamente ocho años y medio.

Con la instalación inicial se cubrirá alrededor del 70% del consumo eléctrico del edificio legislativo. La meta —indicó— es alcanzar el abastecimiento total mediante fuentes renovables, por lo que en el ejercicio fiscal 2026 se contempla ampliar el equipamiento en el área del estacionamiento para lograr una cobertura del 100%.

El legislador recordó que este proyecto se suma a la capacidad instalada previamente en el estacionamiento del Centro de Gobierno, fortaleciendo la infraestructura pública con tecnologías limpias.

Además, estimó que el ahorro anual será cercano a 450 mil pesos, recursos que podrán destinarse a mejoras en accesibilidad y a la operación eficiente del recinto legislativo.

Finalmente, destacó que la transición hacia energías renovables debe ser una prioridad institucional ante los retos actuales de protección ambiental. El uso de energía solar en Mexicali —subrayó— contribuye a reducir emisiones contaminantes, mejorar la salud pública y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sustentable para el estado.

Avanzan reformas para proteger a la niñez, juventudes y personas adultas mayores en Comisión de Bienestar

  • La Comisión aprobó iniciativas en materia de violencia digital, inclusión cultural, primer empleo juvenil y atención prioritaria a la orfandad infantil.

La Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la diputada Michelle Tejeda, aprobó por unanimidad cuatro proyectos enfocados en fortalecer la protección de la niñez, ampliar oportunidades laborales para juventudes y garantizar derechos para personas adultas mayores.

El primero de los proyectos integró las iniciativas de la diputada Araceli Geraldo y del diputado Ramón Vázquez, quienes coincidieron en impulsar reformas a la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el objetivo de enfrentar las nuevas manifestaciones de violencia digital que afectan a este sector.

La propuesta incorpora el reconocimiento del derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de agresiones cibernéticas, así como de aquellas derivadas del uso de inteligencia artificial, y establece obligaciones para que las autoridades implementen medidas preventivas y de combate desde sus respectivos ámbitos de competencia.

Durante la sesión también se dictaminó la iniciativa de la diputada Gloria Miramontes, destinada a garantizar que las personas adultas mayores accedan a actividades culturales que favorezcan su bienestar físico, emocional y cognitivo. Para ello, propone incorporar a la Secretaría de Cultura en la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores.

Asimismo, se avaló la propuesta de la diputada Mayola Gaona para reformar la Ley de la Juventud del Estado, a fin de fortalecer los mecanismos que permitan a las juventudes acceder a su primer empleo, mediante medidas que faciliten su inserción laboral y contribuyan a su desarrollo profesional.

Finalmente, fue aprobada la iniciativa de la diputada Angélica Peñaloza, que reforma la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de garantizar que niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad cuenten con acceso prioritario a los programas de desarrollo social del Estado.

En la sesión participaron las diputadas Dunnia Murillo, Julia González, Mayola Gaona, Adriana Padilla y Angélica Peñaloza, quienes refrendaron su compromiso con una agenda legislativa centrada en la dignificación y protección de la niñez, las juventudes y las personas adultas mayores.

Proponen incorporar el C5 a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para mejorar la coordinación operativa

  • La iniciativa de la diputada Mayola Gaona plantea reordenar atribuciones entre la Fiscalía y la Secretaría para evitar duplicidades y fortalecer la respuesta ante emergencias.

La diputada María Yolanda Gaona Medina presentó una iniciativa para incorporar el C5 como unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mediante reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana y a dos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la legisladora, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano coordina la atención de emergencias, opera la red tecnológica y facilita la reacción de los cuerpos de auxilio y seguridad.

Recordó que el C5 no realiza actos de investigación penal ni integra carpetas, sino que funciona como una plataforma técnica y logística al servicio de la seguridad pública.

Señaló que mantener el C5 bajo la estructura de la Fiscalía General del Estado genera duplicidades administrativas y limita su vinculación con la planeación estratégica del Poder Ejecutivo.

Por ello, consideró necesario que la administración de recursos tecnológicos y humanos quede alineada con el órgano responsable del diseño y ejecución de la política de seguridad pública.

La iniciativa plantea que la transferencia del C5 permitirá integrar la planeación, el personal y los programas técnicos bajo una sola dirección, en cumplimiento de los principios de unidad de mando y coordinación interinstitucional previstos en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana.

La diputada Gaona destacó que el cambio fortalecerá la cooperación con las policías municipales, la Guardia Nacional y Protección Civil, mediante protocolos unificados y mayor capacidad de respuesta.

Afirmó que la propuesta no afecta la autonomía constitucional de la Fiscalía ni su presupuesto, ya que su finalidad es reordenar atribuciones: la Fiscalía en la investigación y procuración de justicia, y la Secretaría en la operación, prevención y atención de emergencias.

Añadió que integrar el C5 al Ejecutivo consolidará una estructura de planeación y evaluación continua, permitiendo actualizar tecnología, optimizar recursos y garantizar trazabilidad en las decisiones operativas.

Esto derivaría en un sistema de seguridad más eficiente, con reducción de tiempos de respuesta, mejor coordinación con municipios, uso racional del gasto público y mayor confianza ciudadana.

Finalmente, subrayó que cada llamada al 911, cada alerta procesada y cada imagen analizada representan la voz de una persona que deposita su confianza en el Estado, por lo que deben ser atendidas desde una institución capaz de coordinar, responder y proteger bajo una política pública coherente y centrada en la prevención.