• El exhorto pide revisar posibles irregularidades en el uso de 25 unidades compradas con recursos estatales para apoyar la Serie del Caribe 2025.
• Diputado Diego Echevarría advierte uso indebido del patrimonio público en convenio con concesionarios
• La proposición contó con el respaldo de las fuerzas políticas del Congreso del Estado.

El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad un exhorto para que se investiguen las condiciones bajo las cuales fueron entregados 25 camiones de transporte público adquiridos por el gobierno estatal, cuyo valor total asciende a cerca de 75 millones de pesos. La propuesta fue presentada por el diputado Diego Echevarría Ibarra durante la sesión plenaria de este jueves.

El legislador señaló que las unidades fueron compradas inicialmente para apoyar la Serie del Caribe 2025 y trasladar turistas al Estadio del Nido, pero posteriormente se informó que serían incorporadas al sistema urbano en rutas concesionadas, como Lázaro Cárdenas y, en menor medida, Robledo. Indicó que no se ha explicado bajo qué figura jurídica se entregaron estos vehículos estatales a empresas privadas.

Echevarría expuso que durante la glosa de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable cuestionó al director del IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, sobre el convenio “a riesgo” que supuestamente sustentaba la operación. Sin embargo, afirmó que no se logró aclarar en qué consistía dicha figura ni su respaldo legal.

El diputado apuntó que, pese a ser unidades propiedad del Estado, el Gobierno cubre el seguro, el mantenimiento y un pago mensual de 15 mil pesos por camión, lo que representa un gasto total de 375 mil pesos al mes para que concesionarios privados se encarguen del servicio. Según expuso, este esquema beneficia únicamente a particulares mientras el Estado asume todos los costos y riesgos.

Ante estos señalamientos, la XXV Legislatura exhortó a la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, María Gabriela Monge Pérez, a realizar una revisión integral y, de ser necesario, iniciar investigaciones por posibles ilegalidades o actos de corrupción relacionados con el convenio de colaboración.