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Congreso de BC respalda iniciativa ciudadana para proteger pensión y derechos de trabajadores afiliados a ISSSTECALI

  • Trabajadores activos, jubilados, pensionados y derechohabientes del ISSSTECALI y del Magisterio Estatal buscan preservar la pensión dinámica y el respeto a los derechos adquiridos.

El Congreso del Estado respaldó de manera unánime un punto de acuerdo presentado por la diputada Daylín García Ruvalcaba, mediante el cual se reconoce la trascendencia de una iniciativa ciudadana impulsada por trabajadoras y trabajadores activos, jubilados, pensionados y derechohabientes del ISSSTECALI, así como integrantes del magisterio estatal, para proteger sus derechos en materia de pensiones.

Durante la sesión del Pleno, la legisladora destacó que la propuesta ciudadana busca reformar el artículo 97 de la Constitución de Baja California para establecer de manera expresa que las pensiones y jubilaciones de trabajadores de base, jubilados y pensionados del magisterio estatal y de la burocracia afiliados al ISSSTECALI se rijan por la legislación estatal aplicable.

De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es brindar certeza jurídica y preservar la vigencia de la denominada pensión dinámica como un derecho de seguridad social, evitando incertidumbre respecto a los beneficios adquiridos por quienes han dedicado años de servicio al sector público y educativo.

“Se trata de proteger derechos y eliminar la incertidumbre que durante años ha afectado a miles de familias. Un acuerdo político no es suficiente si no se convierte en una garantía constitucional”, expresó la diputada durante la presentación del acuerdo.

El documento aprobado contempla cuatro acciones principales. La primera es el reconocimiento formal de la iniciativa promovida por trabajadores y representantes del magisterio para fortalecer la protección de las pensiones y jubilaciones.

Asimismo, se solicita a la comisión dictaminadora correspondiente otorgar trámite prioritario y realizar un análisis técnico de la propuesta, con el propósito de atender de manera oportuna la demanda planteada por los sectores involucrados.

Como parte de los acuerdos, también se prevé la instalación de una mesa técnica de trabajo con participación de representantes ciudadanos, integrantes del magisterio, autoridades de la Secretaría de Hacienda y especialistas en derecho constitucional y seguridad social, a fin de evaluar la viabilidad jurídica y financiera de la reforma.

Además, el Congreso reafirmó el compromiso asumido en el acuerdo aprobado el pasado 31 de marzo de 2026, relacionado con la protección de los derechos adquiridos de trabajadores de base, jubilados y pensionados afiliados al ISSSTECALI, así como del magisterio estatal.

Con la aprobación unánime de este punto de acuerdo, las diputaciones integrantes de la XXV Legislatura manifestaron su compromiso de impulsar mecanismos que otorguen estabilidad normativa y certeza jurídica a quienes han desarrollado su vida laboral al servicio de la educación y la administración pública en Baja California.

Aprueban en Baja California que hijos puedan reclamar pensión alimenticia desde su nacimiento

  • La reforma impulsada por la diputada Michel Sánchez reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a exigir el pago retroactivo de alimentos, incluyendo gastos esenciales para su desarrollo.

El Congreso de Baja California aprobó una reforma al Código Civil del Estado para garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan reclamar una pensión alimenticia retroactiva cuando esta obligación no haya sido cumplida por alguno de sus padres.

La iniciativa fue promovida por la diputada Michel Sánchez Allende, quien previo a la votación compartió un mensaje en el que celebró que el tema finalmente llegara al Pleno del Congreso.

“Hoy vamos a votar el pago de alimentos. Ya estará en la ley que puedan reclamarse los alimentos de manera retroactiva, porque es un derecho de nuestras infancias y juventudes”, expresó la legisladora.

La reforma establece de manera explícita que los alimentos podrán reclamarse de forma retroactiva desde el nacimiento de la persona beneficiaria cuando no hayan sido proporcionados en el momento correspondiente.

Además, precisa que el concepto de alimentos no se limita únicamente a la comida, sino que incluye aspectos fundamentales para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, como alimentación, atención médica, medicamentos, educación, útiles escolares, ropa, calzado, vivienda, atención psicológica y actividades recreativas y deportivas.

De acuerdo con datos del INEGI, los hogares monoparentales son encabezados principalmente por mujeres, una situación que refleja una distribución desigual de las responsabilidades de cuidado y manutención.

Por su parte, el Poder Judicial del Estado informó que entre 2021 y 2024 se promovieron 645 juicios relacionados con reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia; sin embargo, solo en 31 casos se determinó una pensión alimenticia retroactiva.

Asimismo, se identificaron 868 expedientes de cuotas de manutención pendientes de pago, promovidos en su mayoría por madres de familia en representación de sus hijas e hijos.

La reforma fue aprobada por unanimidad y contempla modificaciones a los artículos 305, 306 y 308, además de la adición del artículo 333 BIS del Código Civil para el Estado de Baja California.

Con estos cambios, se establece que el pago de alimentos podrá reclamarse desde el nacimiento de la obligación e incluso incluir gastos derivados del embarazo y el parto. También se determina que este derecho es imprescriptible, por lo que podrá exigirse en cualquier momento.

Van contra salarios y pensiones “doradas” en BC; propone Diputado Molina nuevos límites para funcionarios

  • El diputado Juan Manuel Molina presentó una reforma para impedir que servidores públicos ganen más que la persona titular del Poder Ejecutivo estatal y establecer topes a jubilaciones y pensiones.

El diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer límites claros y transparentes a las remuneraciones, jubilaciones y pensiones de las personas servidoras públicas en Baja California.

La propuesta busca armonizar la Constitución de Baja California con el artículo 127 de la Constitución Federal, atendiendo el mandato del Congreso de la Unión para adecuar el marco jurídico estatal.

“La reforma planteada es apremiante desde la perspectiva de la disciplina presupuestal y la justicia social. Tolerar prestaciones que superen los límites constitucionales federales representa un dispendio injustificado”, señaló el legislador.

Entre los cambios propuestos se establece que las remuneraciones de los servidores públicos deberán ser congruentes con la situación socioeconómica del estado y las condiciones de la Hacienda Pública, además de que ningún funcionario podrá recibir un sueldo superior al de la persona titular del Poder Ejecutivo de Baja California.

Asimismo, se plantea prohibir que un servidor público perciba ingresos iguales o superiores a los de su superior jerárquico, salvo en casos específicos de carácter técnico o contractual.

La iniciativa también contempla que los tabuladores salariales sean públicos y detallen todos los componentes de las remuneraciones, tanto en efectivo como en especie, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos estatales y municipales deberán respetar los topes máximos establecidos en el artículo 127 de la Constitución federal.

“Este Congreso tiene la responsabilidad de garantizar remuneraciones justas y transparentes, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones y cerrando espacios a privilegios y excesos en el aparato público”, subrayó Molina García.

Congreso de Baja California avala reforma que permite anular elecciones por intervención extranjera

  • Se incorpora una nueva causal para anular comicios cuando se acredite injerencia externa, reforzando la soberanía nacional.
  • También aprobó que la elección del Poder Judicial se traslade de 2027 a 2028 y se crea una Comisión Coordinadora de Evaluación.

El Congreso de Baja California aprobó por mayoría dos reformas constitucionales impulsadas por el Congreso de la Unión, una relacionada con la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación y otra enfocada en reforzar la protección de los procesos electorales frente a posibles intervenciones extranjeras.

La primera reforma modifica el calendario electoral del Poder Judicial, trasladando la elección prevista para 2027 al primer domingo de junio de 2028. De acuerdo con el dictamen avalado por la XXV Legislatura de Baja California, el cambio busca evitar la coincidencia con elecciones federales, reducir costos operativos y disminuir riesgos de politización.

Como parte de esta reforma, se crea una Comisión Coordinadora de Evaluación, encargada de aplicar lineamientos técnicos homogéneos para la selección de perfiles judiciales. Entre los criterios establecidos destacan la formación jurídica, la honestidad, la buena reputación pública y la experiencia profesional comprobada, además de garantizar la paridad de género en las candidaturas.

Asimismo, la modificación fortalece el mecanismo de revocación de mandato, estableciendo que este ejercicio ciudadano se realice el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional, coincidiendo con procesos electorales federales o locales.

Por otra parte, el Congreso local también respaldó una reforma al artículo 41 de la Constitución que incorpora una nueva causal de nulidad electoral cuando se compruebe la injerencia externa en un proceso comicial.

La propuesta otorga al Tribunal Electoral y a las autoridades jurisdiccionales la facultad de declarar la nulidad de una elección cuando exista evidencia objetiva de injerencia externa, con el propósito de fortalecer la defensa de la soberanía nacional.

De acuerdo con el proyecto de reforma, la medida busca garantizar el respeto a principios constitucionales como la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la defensa de la soberanía nacional.

Con esta aprobación, Baja California se convierte en una de las primeras entidades del país en respaldar ambas reformas constitucionales dentro del proceso legislativo requerido para su entrada en vigor.

Beto Valle propone reforma para fortalecer responsabilidad parental y proteger derechos de la niñez en BC

  • El diputado explicó que la iniciativa incorpora conceptos como el derecho de niñas y niños a ser escuchados y la prohibición del castigo corporal.

El diputado Beto Valle presentó ante el Congreso de Baja California una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado con el objetivo de incorporar la figura de la responsabilidad parental y fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta contempla la adición de diversos artículos al marco jurídico estatal para reconocer a las infancias como sujetos plenos de derechos, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez, la convivencia familiar sana y la corresponsabilidad de madres, padres y tutores.

El legislador explicó que la iniciativa incorpora conceptos como el plan de parentalidad, el derecho de niñas y niños a ser escuchados, la prohibición del castigo corporal y mecanismos judiciales enfocados en resolver conflictos familiares con una perspectiva más humana y centrada en los derechos de la infancia.

Asimismo, Beto Valle destacó que la propuesta toma como referencia estándares internacionales y modelos aplicados en otros países que ya han modernizado sus sistemas familiares, buscando construir entornos más seguros, responsables y afectivos para el desarrollo de las nuevas generaciones.

La iniciativa también plantea brindar mayores herramientas legales al Poder Judicial y fortalecer la mediación familiar, priorizando acuerdos que eviten afectaciones emocionales y sociales a niñas y niños derivadas de conflictos entre personas adultas.

El diputado señaló que esta reforma representa un paso importante para adecuar la legislación de Baja California a las nuevas dinámicas familiares y garantizar una protección más amplia a los derechos de la niñez.

Endurecen castigos por manejar ebrio, drogado o usando el celular en Baja California

  • El Congreso BC aprobó una reforma que establece penas de ocho a quince años de prisión cuando una persona conduciendo en estado inconveniente provoque la muerte de otra persona.

El Congreso de Baja California aprobó una reforma al Código Penal estatal para endurecer las sanciones contra personas que provoquen accidentes viales bajo el influjo del alcohol, drogas, exceso de velocidad o utilizando el teléfono celular mientras conducen.

La modificación fue avalada por unanimidad mediante el Dictamen número 24 presentado por la Comisión de Justicia, derivado de la iniciativa impulsada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, con el objetivo de incorporar la figura jurídica de dolo eventual al marco penal del estado.

Con esta reforma, los hechos viales donde una persona actúe con pleno conocimiento del riesgo que representa su conducta podrán ser considerados como delitos dolosos, especialmente cuando deriven en lesiones graves o la muerte de otra persona.

Entre los cambios aprobados se encuentra la adición de los artículos 124 Bis y 137 Bis del Código Penal estatal, con los que se tipifican específicamente el homicidio y las lesiones ocasionadas bajo esta modalidad.

La reforma establece penas de ocho a quince años de prisión cuando una persona provoque la muerte de otra conduciendo en estado de ebriedad, bajo el influjo de sustancias, a exceso de velocidad o utilizando aparatos telefónicos.

Además, las sanciones podrán incrementarse hasta en dos terceras partes cuando existan múltiples víctimas o cuando las personas afectadas sean menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.

Durante la discusión en el Pleno, la diputada Evelyn Sánchez presentó una reserva para modificar el artículo 137 Bis, con el propósito de otorgar mayor claridad y seguridad jurídica a la redacción del delito de lesiones bajo dolo eventual.

La legisladora explicó que la intención es evitar interpretaciones ambiguas y garantizar una correcta aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales.

Con esta reforma, el Congreso de Baja California busca fortalecer el marco legal para sancionar conductas de alto riesgo al volante y reforzar la protección de las víctimas de accidentes viales.

Por más de 2 mil mordeduras al año en BC, buscan registro obligatorio de perros peligrosos

  • La iniciativa del diputado Ramón Vázquez Valadez busca fortalecer el control, registro y supervisión de perros considerados potencialmente peligrosos en Baja California.

El diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado de Baja California con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, registro y tenencia responsable de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.

Al explicar la propuesta, el legislador señaló que en la entidad se registran en promedio 9 ataques de perros al día, acumulando más de 2 mil casos anuales de mordeduras. Además, indicó que más del 70% de los perros agresores tienen propietario, lo que refleja problemas relacionados con la falta de control y responsabilidad de quienes los poseen.

Ramón Vázquez recordó que la denominada Ley Amparito, aprobada en agosto de 2025 tras un caso ocurrido en Mexicali, representó un precedente importante al establecer sanciones penales severas para propietarios negligentes y tipificar el homicidio por ataque animal como delito autónomo.

No obstante, puntualizó que además de las sanciones legales, es necesario fortalecer los mecanismos preventivos y administrativos para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y reducir riesgos para la población.

La iniciativa propone que durante campañas gratuitas de esterilización y vacunación, las autoridades apoyen en la inscripción de ejemplares potencialmente peligrosos en un registro oficial. También plantea que los albergues verifiquen requisitos legales antes de dar animales en adopción y que los establecimientos comerciales integren la inscripción al registro antes de realizar entregas.

Asimismo, se busca reforzar el artículo 63 de la legislación vigente para facilitar la inscripción y renovación mediante campañas públicas y acciones coordinadas con albergues y expendios.

“Este esfuerzo legislativo busca robustecer un sistema integral de registro que permita a las autoridades contar con información actualizada y confiable, articulando sanción, prevención y responsabilidad”, expresó el diputado.

Proponen fortalecer programas de atención a migrantes y ciudadanos con problemas de adicción

  • Diputada Mayola Gaona dirige su exhorto a diversas autoridades para que se atienda la problemática
  • Los programas pueden realizarse mediante la entrega y distribución de mayores recursos, fondos emergentes, estímulos fiscales y la reinserción social y laboral

La Diputada María Yolanda Gaona Medina exhortó al Secretario de Hacienda y Crédito PúblicoEdgar Amador Zamora, a fortalecer los programas de atención a migrantes, personas en situación de calle y ciudadanos con problemas de adicción, mediante la entrega y distribución de mayores recursos, fondos emergentes, estímulos fiscales y programas de reinserción social y laboral.

Su exhorto también fue dirigido a la titular de la CONASAMAYerania Emireé Enríquez López, y al Secretario de Hacienda del EstadoJosé Andrés Pulido Saavedra, y fue aprobado por el Pleno por mayoría.

Esto, para fortalecer la participación de la Federación mediante programas especiales de atención a estados fronterizos que enfrentan altos índices de migración y problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias ilícitas.

Así como para que se destinen recursos federales extraordinarios durante temporadas de temperatura extrema y lluvias, para proteger a personas en situación vulnerable dentro de refugios temporales, ofrecer brigadas médicas y apoyo alimentario.

De igual forma, solicitó implementar estímulos fiscales federales y estatales para instituciones legalmente constituidas que prestan servicios gratuitos o de bajo costo a personas vulnerables, y crear programas integrales de reinserción laboral y capacitación para personas en proceso de rehabilitación, migrantes y ciudadanos en situación de calle.

Mayola Gaona también solicitó un informe puntual a la CONASAMA para conocer las acciones concretas llevadas a cabo durante los años 2025 y 2026, así como la cantidad de recursos transferidos al Estado para la atención de esta problemática.

Al motivar su punto de acuerdo, señaló que, de manera paralela a los problemas que puede acarrear el constante flujo migratorio en nuestra frontera, no se puede ignorar el incremento en el consumo de drogas como metanfetaminas y fentanilo.

Lo que ha generado una crisis de salud pública y seguridad que afecta particularmente a personas en situación de calle, rebasando la capacidad operativa de albergues, centros comunitarios y asociaciones civiles que actualmente realizan una labor fundamental ante la insuficiencia de apoyos institucionales.

Puntualizó que la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) ha señalado un crecimiento sostenido en la demanda de atención por consumo de fentanilo desde 2018, y que el crecimiento acelerado en la demanda de tratamiento especializado por el uso de esta sustancia en el estado pasó de representar un 3.8 por ciento en 2022 a un 10.9 por ciento en 2024.

Aprueba Congreso del Estado adición a Ley de Coordinación Fiscal del Estado

  • Contempla añadir el procedimiento para distribución de la participación del excedente del Fondo de Fomento Municipal, para municipios coordinados con el Estado en materia del impuesto predial
  • Diputaciones avalan autorizar al Instituto de Infraestructura Vial de Baja California, suscribir el Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social a su personal

En sesión de Pleno se aprobó el Dictamen No. 132 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Iniciativa de Decreto para desincorporar del Patrimonio de Dominio Público del Estado e incorporar al Patrimonio del Dominio Privado del mismo, un predio de Tijuana.

De esta forma, dicho predio ubicado en el fraccionamiento Las Fuentes de la citada ciudad podrá enajenarse a título gratuito en favor de IMSS-BIENESTAR. Siendo aprobado el presente dictamen por catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Otro dictamen de la CHyP avalado por las diputaciones es el No. 133, en este caso por dieciocho votos a favor y ninguno en contra ni abstención, y se refiere a la Iniciativa de Decreto para autorizar al Instituto de Infraestructura Vial de Baja California a suscribir el Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social a su personal, incluyendo al personal transferido del tramo carretero Centinela-Rumorosa al INFRAVI.

Así como la suscripción del Convenio por el Gobierno del Estado, para que se constituya en garante y obligado solidario de dicho instituto, y que otorgue en garantía las participaciones presentes y futuras que del ingreso federal le correspondan al Gobierno del Estado del Fondo General de Participaciones.

Posteriormente, el Pleno aprobó por diecisiete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Dictamen No. 134relativo a la Iniciativa de reforma al Artículo 4 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California.

Su objeto es adicionar el procedimiento mediante el cual se realizará la distribución de la participación del 30 por ciento del excedente del Fondo de Fomento Municipal, para aquellos municipios coordinados con el Estado en materia del Impuesto Predial.

Estos dictámenes fueron aprobados con anterioridad en el seno de la Comisión de Hacienda que preside la Diputada Julia Andrea González Quiroz, con opinión de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.

Congreso BC exige revisar sistemas de protección infantil tras caso “Vicentito” en Mexicali

  • El Congreso del Estado pidió informes al Poder Judicial, FGE y DIF sobre rezagos en custodias, convivencias y valoraciones psicológicas tras la muerte del niño en Mexicali.

El Congreso de Baja California aprobó un exhorto de urgente resolución para exigir una revisión profunda de los mecanismos de protección infantil en la entidad, luego del fallecimiento de Vicente, un niño de 3 años que murió el pasado 2 de mayo en Mexicali tras permanecer por varias horas dentro de un vehículo expuesto al calor.

La propuesta fue impulsada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, quien señaló que el caso evidenció posibles fallas estructurales en las instituciones encargadas de proteger a niñas y niños, así como la necesidad de fortalecer las redes de apoyo familiar y la atención en salud mental.

El exhorto solicita al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Sistema DIF Baja California presentar un informe detallado sobre el estado de los procedimientos relacionados con custodias, convivencias y medidas de protección infantil.

Además, se pide transparentar los tiempos promedio de atención, la carga de trabajo existente y posibles rezagos en áreas como pruebas periciales, valoraciones psicológicas y estudios de trabajo social, considerados fundamentales para determinar entornos seguros para menores de edad.

Durante la sesión, la legisladora advirtió que centrar el debate únicamente en la condena social del caso deja de lado factores como la precarización de los cuidados, la salud mental y la sobrecarga emocional y económica que enfrentan muchas familias.

“Reducir este doloroso caso únicamente a la condena social invisibiliza las condiciones estructurales y nos impide generar cambios reales para proteger a la niñez”, expresó desde tribuna.

La diputada Michel Sánchez subrayó que el objetivo de esta revisión institucional es identificar fallas y fortalecer la capacidad preventiva de las autoridades, para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en Baja California.

Asimismo, hizo un llamado para que todas las actuaciones judiciales y gubernamentales relacionadas con infancias se realicen con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, priorizando siempre el interés superior de niñas y niños.

Con este acuerdo, el Congreso BC busca que las instituciones responsables rindan cuentas sobre el funcionamiento de los sistemas de protección familiar y se implementen acciones que permitan reforzar la atención integral a menores en situación de vulnerabilidad.