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Congreso de BC cierra periodo con reformas en justicia, derechos y pensiones

  • Durante este periodo, se realizaron 13 sesiones de pleno, se turnaron 144 iniciativas a comisiones y se aprobaron 77 dictámenes, consolidando avances legislativos en distintos rubros.

La presidenta del Congreso del Estado, Liliana Michel Sánchez Allende, presentó el informe del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, destacando una agenda enfocada en justicia, derechos y atención ciudadana.

Durante este periodo, se realizaron 13 sesiones de pleno, se turnaron 144 iniciativas a comisiones y se aprobaron 77 dictámenes, consolidando avances legislativos en distintos rubros.

Entre los principales logros, resalta la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el impulso a la reforma al artículo 127 constitucional en materia de pensiones.

El informe también destaca acciones para sancionar la extorsión, fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, penalizar la cohabitación forzada y ampliar la protección de niñas, niños y adolescentes.

En materia de género, se reforzaron medidas contra la violencia con la Ley Daryela, el reconocimiento de la violencia en el noviazgo, la ampliación del concepto de violencia económica y sanciones más severas por violencia ácida.

Además, se impulsó la capacitación obligatoria para diputaciones en temas de igualdad de género, así como actividades dirigidas al personal legislativo.

El Congreso también mantuvo apertura a demandas ciudadanas, atendiendo temas como la regularización de tierras en Maclovio Rojas, denuncias de juicio político en San Quintín y solicitudes de maestros jubilados en torno a la reforma de pensiones.

Finalmente, la legisladora destacó el trabajo conjunto entre fuerzas políticas para fortalecer la labor legislativa y mantener el diálogo permanente.

Se aplaza juicio político contra alcaldesa de San Quintín; Congreso da más tiempo al análisis

  • El juicio fue promovido por 17 ciudadanos, con lo que sebusca que la resolución se base en una valoración exhaustiva del material probatorio y en una correcta argumentación jurídica.

La Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional aprobó una prórroga del plazo legal para dictaminar el juicio político en contra de la presidenta municipal de San Quintín, Miriam Elizabeth Cano Núñez, con el fin de garantizar un análisis objetivo y sustentado del caso.

La solicitud, promovida por 17 ciudadanos, busca que la resolución se base en una valoración exhaustiva del material probatorio y en una correcta argumentación jurídica, evitando decisiones apresuradas que puedan afectar la validez del procedimiento o los derechos de las partes.

La diputada Dunnia Montserrat Murillo López, presidenta de la comisión, destacó la complejidad y trascendencia del caso, así como el volumen de información presentado, incluyendo la denuncia inicial del 10 de febrero y su ampliación el 11 de marzo.

“El juicio político es el instrumento más serio que tiene la ciudadanía para pedir cuentas a quien gobierna”, señaló, al subrayar que ampliar el plazo no implica retraso, sino un análisis responsable.

La prórroga será por el máximo permitido por la ley y será turnada a la JUCOPO para su presentación ante el Pleno del Congreso.

En la sesión participaron también legisladores y representantes técnicos del Poder Legislativo y del Gobierno del Estado.

Diputada Monserrat Murillo respalda plan integral para San Quintín como acto de justicia social

  • El plan integral para San Quintín busca mejorar servicios básicos, desarrollo social y acceso al agua en comunidades de la región.

La diputada Dunnia Montserrat Murillo López expresó su respaldo al Plan de Atención Integral para San Quintín, presentado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, al considerarlo un acto de justicia social para las comunidades del municipio.

Desde la tribuna del Congreso del Estado de Baja California, la legisladora destacó que este esfuerzo se desarrolla en coordinación con la estrategia del Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que permitirá fortalecer su alcance e impacto.

El plan contempla tres ejes principales: la provisión de servicios básicos, el impulso a actividades socioculturales y productivas, así como un diagnóstico territorial que prioriza la participación directa de las comunidades en la definición de soluciones.

Entre las acciones prioritarias, se encuentra el fortalecimiento de la infraestructura hídrica, mediante proyectos como plantas desaladoras y la habilitación de nuevos pozos, con el objetivo de garantizar el acceso al agua y atender una de las principales necesidades de la región.

Asimismo, se incluyen medidas para la regularización de la tenencia de la tierra, la construcción de un cuartel de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana para reforzar la seguridad, y el fortalecimiento de programas sociales enfocados en sectores vulnerables.

La diputada subrayó que este plan busca dignificar la calidad de vida de las familias, al tiempo que promueve el desarrollo económico, educativo y comunitario en la región.

Finalmente, destacó que ya se observan avances con la apertura de un centro integrador del bienestar en la comunidad de Camalú, espacio que impulsa el desarrollo social y la atención a la población.

Proponen liberar servicio social con donación de sangre en Baja California

  • Diputada Gloria Miramontes plantea que la donación voluntaria de sangre pueda liberar total o parcialmente el servicio social profesional en el estado.

La diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas presentó una iniciativa para reformar la Ley de Ejercicio de las Profesiones de Baja California, con el objetivo de permitir que el servicio social pueda liberarse total o parcialmente mediante la donación voluntaria y altruista de sangre.

La legisladora señaló que uno de los principales retos en materia de salud pública es garantizar el abasto suficiente de sangre segura para transfusiones, ya que en México la donación voluntaria ha sido históricamente limitada.

Explicó que más del 90 por ciento de las donaciones son de reposición, es decir, realizadas por familiares o conocidos del paciente, lo que reduce la disponibilidad oportuna del recurso en el sistema de salud.

Asimismo, destacó que organismos internacionales recomiendan que el suministro provenga principalmente de donaciones voluntarias, periódicas y no remuneradas, al considerarse más seguras y sostenibles.

La propuesta plantea que el servicio social profesional pueda acreditarse también mediante la donación de sangre realizada en instituciones de salud públicas o privadas autorizadas, conforme a los lineamientos establecidos en la normativa correspondiente.

Además, se contempla que el servicio social continúe desarrollándose en comunidades de escasos recursos, instituciones públicas, asociaciones civiles y espacios que contribuyan al bienestar social.

Finalmente, la diputada subrayó que la donación de sangre es un acto de solidaridad que puede salvar hasta tres vidas, por lo que esta reforma busca fortalecer la cultura de la donación altruista en Baja California, así como promover un enfoque inclusivo para personas en situación de vulnerabilidad.

Diputada Mayola Gaona propone castigar el acecho como delito en Baja California

  • La reforma busca tipificar el hostigamiento sistemático como delito para fortalecer la protección legal contra la violencia hacia las mujeres.

La diputada Mayola Gaona Medina presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California, con el objetivo de reconocer y sancionar el hostigamiento sistemático o acecho como una forma de violencia que vulnera la seguridad de las mujeres.

La propuesta plantea cerrar vacíos legales para permitir la sanción efectiva de estas conductas, además de enviar un mensaje de cero tolerancia frente a este tipo de violencia.

Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que el acecho representa una alerta temprana de que la violencia puede escalar a niveles más graves si no se atiende oportunamente, por lo que su tipificación es clave para fortalecer la protección de las víctimas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Baja California casi siete de cada diez mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, siendo la violencia psicológica una de las más frecuentes.

En este contexto, el acecho se identifica como una conducta recurrente que actualmente no está tipificada como delito autónomo, lo que dificulta su registro, sanción y atención por parte de las autoridades.

La iniciativa busca no solo castigar a quienes incurran en estas prácticas, sino también visibilizar una problemática que permanece en la sombra de otras figuras legales, permitiendo generar políticas públicas más efectivas en materia de prevención y atención.

Finalmente, la diputada subrayó que esta reforma representaría un avance en la defensa de los derechos humanos

Pide Congreso a CESPT utilizar tecnología para detectar fugas de agua

  • La propuesta fue impulsada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, quien advirtió sobre los retos en el abastecimiento de agua en Tijuana.

El Congreso del Estado emitió un exhorto a la titular de la CESPT, Mónica Vega Aguirre, para reforzar el uso de tecnología en la red de agua potable, con el objetivo de detectar fugas de manera oportuna y mejorar la eficiencia en la distribución del recurso hídrico.

La propuesta fue impulsada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, quien advirtió sobre los retos en el abastecimiento de agua en Tijuana, derivados del crecimiento poblacional, la expansión urbana y la presión sobre las fuentes de suministro, en un contexto de sequía persistente en la región.

Uno de los principales problemas, explicó, es la pérdida de agua por fugas, que puede alcanzar entre el 30% y 40% debido al deterioro de la infraestructura, afectando la disponibilidad del recurso y la calidad de vida de la población.

La legisladora señaló que estas pérdidas generan mayores costos operativos y afectan directamente a las familias, como ocurrió en enero cuando 691 hogares se quedaron sin agua por más de siete días, obligándolos a asumir gastos adicionales.

Aunque actualmente existen sistemas de telemetría, indicó que es necesario avanzar hacia herramientas más avanzadas como sensores acústicos, análisis digital de presión y diagnósticos de infraestructura, que permiten detectar fugas no visibles con mayor precisión.

El exhorto busca impulsar una gestión más eficiente, preventiva y sostenible del agua, priorizando el bienestar de las familias y garantizando el acceso continuo a este recurso esencial.

Diputada Tere Ruíz propone que agresores extranjeros de mujeres enfrenten consecuencias migratorias

  • La reforma obligaría a notificar al INAMI cuando un extranjero sea sentenciado en BC por delitos de violencia contra mujeres
  • El objetivo es asegurar que las condenas penales tengan consecuencias migratorias inmediatas.

La diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, con el propósito de que las sentencias condenatorias contra personas extranjeras por delitos de violencia familiar, violencia de género, abuso sexual, violación o feminicidio en grado de tentativa tengan efectos inmediatos en el ámbito migratorio, mediante la notificación obligatoria al Instituto Nacional de Migración (INAMI).

En su propuesta establece que el órgano jurisdiccional deberá notificar de manera inmediata al INAMI, remitir copia certificada de la resolución judicial y dar seguimiento a las solicitudes de información de las autoridades migratorias federales.

“No podemos permitir que quienes atentan contra la vida y dignidad de las mujeres encuentren refugio en nuestro estado. Esta iniciativa asegura que las sentencias penales activen también las consecuencias migratorias que correspondan”, sostuvo la congresista del PES.

Por otra parte, enfatizó que Baja California, por su condición fronteriza y dinámica migratoria, requiere mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y federales.

La Constitución Política Federal establece que la expulsión de extranjeros corresponde al Ejecutivo Federal, pero las autoridades locales deben colaborar cuando existan conductas que ameriten revisión de la situación migratoria.

“La reforma no expulsa directamente, porque esa es facultad federal, pero sí obliga a que el engrane judicial active el migratorio. Con ello fortalecemos la protección de las víctimas y cerramos espacios de impunidad”, puntualizó la legisladora del PES.

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el proyecto de reforma fue turnado a la Comisión de Justicia para su estudio y análisis correspondiente.

Exigen revisar Seguro Escolar en Baja California para garantizar protección a estudiantes

  • Diputada Alejandra Ang Hernández solicita al titular de la Secretaría de Hacienda de Baja California que informe sobre las condiciones del programa.

El Congreso del Estado de Baja California emitió un exhorto para evaluar la eficacia del programa de Seguro Escolar, ante inquietudes de madres, padres de familia y personal educativo sobre su funcionamiento y cobertura.

La propuesta, impulsada por la diputada Alejandra Ang Hernández, solicita al titular de la Secretaría de Hacienda de Baja California, José Andrés Pulido Saavedra, que informe sobre las condiciones presupuestales, contractuales y operativas del programa.

Entre los aspectos a transparentar se encuentran la cobertura del seguro, los procedimientos para su activación, la red hospitalaria disponible y los montos de atención establecidos en la póliza vigente contratada con Umbrella Compañía de Seguros, S.A. de C.V..

La legisladora explicó que el Seguro Escolar es un instrumento clave para brindar atención médica y respaldo económico a estudiantes de educación básica en escuelas públicas de Baja California, ante accidentes ocurridos dentro de planteles, en actividades escolares o durante el trayecto a sus hogares.

Precisó que el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos es responsable de la operación del programa, mientras que la Secretaría de Hacienda debe garantizar que la contratación y el uso de recursos públicos se realicen conforme a la normatividad vigente.

En ese sentido, destacó que contar con información clara y actualizada permitirá evaluar la eficacia del programa, detectar áreas de mejora y asegurar una atención oportuna a la comunidad estudiantil.

Finalmente, subrayó que la correcta operación y suficiencia del seguro son fundamentales para garantizar entornos escolares seguros y brindar certeza a las familias.

Van por protección constitucional para madres buscadoras en Baja California

  • La Comisión de Derechos Humanos del Congreso impulsa reformas para garantizar el derecho a ser buscado y fortalecer la protección a madres buscadoras.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Baja California, presidida por la diputada Alejandrina Corral Quintero, realizó un conversatorio para analizar propuestas orientadas a fortalecer la protección de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas.

Durante el encuentro, se abordaron iniciativas como la reforma constitucional para reconocer el derecho de toda persona a ser buscada, así como una propuesta para establecer la protección especial de personas buscadoras, con el objetivo de reforzar las políticas públicas en materia de desaparición.

La legisladora destacó que desde el Congreso del Estado de Baja California se impulsa una agenda centrada en las víctimas y sus familias, con el compromiso de fortalecer medidas integrales de atención, protección y acompañamiento institucional.

En este contexto, se expuso la iniciativa ya aprobada por el Pleno para elevar a rango constitucional el derecho a ser buscado, lo que obligaría a todas las autoridades a actuar bajo este principio y alinear leyes, programas y acciones de gobierno.

Asimismo, se analizó una segunda propuesta que busca reconocer a las personas buscadoras como sujetos de especial protección del Estado, contemplando una atención integral con enfoque de derechos humanos, acceso a la información y mecanismos para evitar la revictimización.

Durante el conversatorio, Soraya Anna Villarreal, fundadora de la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California, subrayó la importancia de aplicar protocolos con perspectiva de derechos humanos y reconocer a las familias como actores clave en los procesos de búsqueda.

Entre las propuestas destacadas se encuentra la participación activa de las madres buscadoras en la toma de decisiones, la garantía de protección durante operativos, así como el acceso a programas sociales, atención psicológica, asesoría legal y financiamiento para colectivos.

Finalmente, la Comisión aprobó un acuerdo para presentar el libro “Yo no nací madre buscadora” al personal del Poder Legislativo, como una acción de sensibilización sobre la realidad que enfrentan las familias de personas desaparecidas.

En la sesión participaron también diputadas integrantes de la Comisión, así como representantes de organismos de derechos humanos y colectivos de búsqueda en la entidad.

Maltrato animal podría castigarse con hasta 8 años de prisión en Baja California

  • La reforma aprobada en Comisión de Justicia endurece sanciones por maltrato animal y crea un registro estatal de agresores.

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Baja California, presidida por la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, aprobó por unanimidad el Dictamen No. 24 que reforma el Código Penal del Estado y la Ley de Protección de Animales Domésticos.

La iniciativa fue impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila y plantea equiparar la crueldad y el maltrato animal, además de ampliar los supuestos que pueden ser sancionados como delitos.

Entre los principales cambios, se establece un esquema de sanciones diferenciadas: de uno a cinco años de prisión para casos de menor lesividad y de tres a ocho años para conductas más graves.

Durante la sesión, la legisladora Peñaloza señaló que también se consideraron propuestas de las diputadas Gloria Miramontes y Michelle Tejeda, así como del diputado Humberto Valle, con el objetivo de fortalecer la protección de los animales, en especial los domésticos.

La reforma también contempla la creación del Registro Estatal de Agresores de Animales, una base de datos administrativa que permitirá identificar a personas con sentencia firme por delitos de maltrato o crueldad animal.

De acuerdo con lo expuesto, esta medida busca reforzar la aplicación del marco legal, en concordancia con el artículo 4º constitucional que prohíbe el maltrato a los seres sintientes, además de fortalecer la protección animal en la entidad.

El dictamen aprobado será turnado al Pleno del Congreso para su discusión y eventual votación.