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Maythé Méndez impulsa la creación del Centro de Justicia para las Mujeres en Tecate

  • El Congreso respaldó un exhorto de la diputada para conocer los avances del proyecto del Centro de Justicia para las Mujeres víctimas de violencia en Tecate.

La diputada Maythé Méndez Vélez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un exhorto para solicitar información sobre los avances en la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Tecate, con el objetivo de fortalecer la atención integral a mujeres víctimas de violencia en el municipio.

La legisladora, representante del Distrito VI, dirigió la solicitud al secretario general de Gobierno de Baja California, Juan José Pon Méndez, para que informe sobre el estatus del proyecto, el inicio de la construcción y la fecha estimada para su puesta en operación.

Durante la presentación del exhorto, destacó que actualmente Baja California cuenta con tres Centros de Justicia para las Mujeres en funcionamiento, ubicados en Tijuana, San Quintín y Mexicali, donde se brinda atención gratuita en materia jurídica, psicológica y médica, además de acompañamiento para la presentación de denuncias ante el Ministerio Público.

“Estos centros representan un avance fundamental para garantizar que las mujeres reciban acompañamiento especializado y multidisciplinario, con la certeza de que sus derechos serán protegidos”, señaló la diputada.

Maythé Méndez reconoció además los esfuerzos realizados por el Gobierno del Estado para ampliar este modelo de atención en distintos municipios de la entidad, al considerar que se trata de una herramienta clave para fortalecer la protección de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Sin embargo, subrayó la importancia de que Tecate cuente con un espacio de estas características, ya que permitiría acercar servicios especializados y atención digna a mujeres que actualmente deben trasladarse a otros municipios para recibir apoyo.

La propuesta fue respaldada por unanimidad de las diputaciones integrantes de la XXV Legislatura, así como por representantes de diversas fuerzas políticas que se sumaron al exhorto.

Con esta acción, el Congreso del Estado refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la atención, protección y acceso a la justicia para las mujeres en Baja California.

Daylín García exige destitución de funcionarios de Salud ante crisis hospitalaria en Baja California

  • El Congreso respaldó un exhorto para solicitar la destitución del delegado estatal de IMSS-Bienestar y del secretario de Salud, además de pedir la intervención de un equipo técnico federal por diversas carencias en hospitales de Baja California.

Ante las denuncias por desabasto de medicamentos, cancelación de cirugías y deficiencias en hospitales públicos, la diputada Daylín García Ruvalcaba presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un exhorto para solicitar la destitución del coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Miguel Bernardo Romero, y del secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas.

Durante su intervención, la legisladora señaló que miles de pacientes enfrentan diariamente dificultades para acceder a medicamentos, atención médica oportuna y servicios hospitalarios en condiciones adecuadas, situación que calificó como una crisis de salud pública que requiere atención inmediata.

De acuerdo con la diputada, pacientes, familiares y personal médico han denunciado de manera reiterada diversas carencias en hospitales de la entidad, entre ellas fallas en elevadores, sistemas de refrigeración fuera de servicio, falta de insumos médicos y deficiencias en la infraestructura hospitalaria.

García Ruvalcaba recordó que durante los últimos años se han presentado diversos puntos de acuerdo y exhortos relacionados con la situación del sistema de salud en Baja California, los cuales han sido aprobados por el Congreso sin que, afirmó, se hayan generado soluciones de fondo.

“La ciudadanía merece funcionarios que reconozcan los problemas de la salud, que atiendan las denuncias de la sociedad y que generen soluciones de la mano del personal médico”, expresó la legisladora durante la sesión.

El resolutivo aprobado por unanimidad contempla exhortar al director general de IMSS-Bienestar para separar del cargo al coordinador estatal del organismo; asimismo, solicita a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda la destitución del titular de la Secretaría de Salud del Estado.

Además, el Congreso pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruir la intervención de un equipo técnico especializado del Gobierno Federal para evaluar las condiciones de los hospitales, verificar el abasto de medicamentos y establecer un plan emergente de atención en la entidad.

La diputada sostuvo que la situación exige decisiones inmediatas y responsables para restablecer la confianza de la ciudadanía y garantizar el acceso a servicios médicos de calidad.

Con la aprobación del exhorto, la XXV Legislatura manifestó la necesidad de fortalecer la atención hospitalaria y atender de manera prioritaria las demandas de pacientes y trabajadores del sector salud en Baja California.

“Ninguna víctima de violencia digital debe perder oportunidad de obtener justicia, solo por tardar en denunciar”: Gloria Miramontes

  • Aprueban reforma de la Dip. Gloria Miramontes que establece su imprescriptibilidad, cuando se cometa en contra de menores de edad, o sin capacidad para comprenderlo
  • De esta forma, se combate la impunidad, fortalece la protección de la niñez y grupos vulnerables; y reconoce el impacto emocional y psicológico de este tipo de violencia


El Pleno del Congreso de Baja California aprobó por unanimidad el Dictamen No. 30 de la Comisión de Justicia, correspondiente a una iniciativa presentada por la diputada Gloria Acelia Miramontes Plantillas, con la que se reforma el Código Penal del Estado para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia digital.

La modificación al artículo 113 Bis establece que los delitos de violencia digital cometidos contra menores de edad y personas que no puedan comprender o resistir la conducta serán imprescriptibles, permitiendo que las víctimas puedan presentar una denuncia en cualquier momento, sin que el paso del tiempo limite su acceso a la justicia.

Al dar lectura al dictamen desde la máxima tribuna del Congreso, la legisladora destacó que esta reforma busca garantizar que las víctimas tengan la oportunidad de denunciar cuando se encuentren en condiciones emocionales y personales para hacerlo.

Entre los principales beneficios de la iniciativa se encuentran el combate a la impunidad, el fortalecimiento de la protección a la niñez y a los grupos vulnerables, el reconocimiento del impacto emocional y psicológico que genera la violencia digital, así como la salvaguarda de la dignidad, la privacidad y la integridad de las víctimas.

El dictamen señala que las personas menores de 18 años y aquellas que no cuentan con la capacidad para comprender o resistir este tipo de conductas enfrentan importantes obstáculos para denunciar, entre ellos el miedo, la vergüenza, la manipulación por parte del agresor, la dependencia emocional o económica y el desconocimiento de sus derechos.

Asimismo, se expone que en México la problemática de la violencia sexual y digital contra menores ha sido ampliamente documentada, motivo por el cual diversas reformas al Código Penal Federal y a legislaciones estatales han eliminado la prescripción en este tipo de delitos, reconociendo que existe un alto nivel de subregistro y denuncias tardías.

El Dictamen No. 30, aprobado con 20 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, fue elaborado por la Comisión de Justicia, presidida por la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, y contiene la propuesta legislativa impulsada por la diputada Gloria Miramontes para reforzar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia digital.

¡Hasta 5 años de cárcel por robar autopartes en Baja California!

  • Se adiciona el Artículo 201 Quater al Código Penal, para sancionar el robo de partes de vehículos estacionados en la vía pública o en lugares destinados a su guarda o reparación
  • El diputado Juan Diego Echevarría Ibarra es el inicialista de la propuesta, avalada por unanimidad del Pleno


El Pleno de la XXV Legislatura aprobó por unanimidad, con 20 votos a favor y cero en contra, una reforma al Código Penal de Baja California impulsada por el diputado Diego Echevarría Ibarra, con el objetivo de sancionar con hasta cinco años de prisión el robo de autopartes de vehículos estacionados en la vía pública o en lugares destinados para su resguardo o reparación.

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador señaló que el robo de autopartes se ha convertido en uno de los delitos patrimoniales más recurrentes, debido a la facilidad con la que puede cometerse y a las dificultades que existen para su detección y persecución.

Explicó que la sustracción de componentes vehiculares suele realizarse en cuestión de minutos, generalmente sin violencia directa, lo que ha favorecido altos niveles de impunidad y ha permitido que este tipo de conductas se reproduzcan con mayor frecuencia e incluso de manera organizada.

El diputado del PAN destacó que numerosas familias bajacalifornianas han sido afectadas por el robo de bateríascatalizadorescomputadoras automotricesrinesespejosmicas y otras piezas, situación que además de representar pérdidas económicas, incrementa la sensación de inseguridad entre la población.

En ese sentido, la reforma contempla la incorporación del Artículo 201 Quater al Código Penal del Estado, mediante el cual se crea una figura específica para castigar el robo de partes y componentes de vehículos de motor, independientemente del robo total de la unidad.

“Como legisladores tenemos que dar respuesta a una problemática que afecta de manera recurrente a las familias bajacalifornianas, fortaleciendo el marco jurídico para proteger su patrimonio y recuperar la confianza ciudadanafrente a este tipo de ilícitos”, expresó Diego Echevarría Ibarra.

Aprueba Congreso iniciativa de Beto Valle para endurecer castigos por violencia familiar

  • Las penas aumentarán hasta en una mitad cuando los actos se cometan en presencia de niñas, niños o adolescentes.

El Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Baja California para incrementar las penas por el delito de violencia familiar cuando los hechos sean cometidos en presencia de niñas, niños o adolescentes.

La iniciativa fue presentada por el diputado Beto Valle y tiene como objetivo fortalecer la protección de las personas menores de edad que son expuestas a entornos de violencia dentro del hogar, al reconocer las consecuencias emocionales y psicológicas que estas situaciones pueden generar en su desarrollo.

Con la aprobación de la reforma, se establece que cuando los actos de violencia familiar ocurran frente a niñas, niños o adolescentes, las sanciones podrán incrementarse hasta en una mitad.

De esta manera, la pena mínima pasará de seis meses a un año de prisión, mientras que la máxima aumentará de cuatro a ocho años.

Además, la modificación contempla que, dependiendo de la gravedad de la conducta, la autoridad podrá suspender o retirar el ejercicio de la patria potestad a la persona responsable.

La agravante también será aplicable en casos de reincidencia y cuando las víctimas sean personas con discapacidad, mujeres embarazadas o personas adultas mayores.

Durante la presentación de la propuesta, Beto Valle destacó que esta reforma forma parte de una estrategia orientada a fortalecer el marco jurídico de protección para los sectores más vulnerables de la sociedad, particularmente la niñez.

La medida busca reconocer que la violencia familiar no solo afecta de manera directa a la víctima principal, sino también a quienes presencian estas conductas, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Con esta aprobación, el Congreso de Baja California refuerza las herramientas legales para combatir la violencia dentro del núcleo familiar y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes expuestos a este tipo de entornos.

Exigen acelerar identificación de cuerpos de personas desaparecidas en Baja California

  • La diputada Alejandrina Corral impulsó un exhorto para transparentar el rezago forense y fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el estado.

El Congreso de Baja California aprobó un exhorto dirigido a la Comisión Local de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial de Baja California (PJBC) para fortalecer las acciones de localización e identificación de personas desaparecidas, así como mejorar la atención a las familias buscadoras mediante criterios de transparencia, coordinación institucional y respeto a los derechos humanos.

La propuesta fue presentada por la diputada Alejandrina Corral Quintero, quien señaló que el objetivo es garantizar respuestas efectivas a las familias de personas desaparecidas y reforzar las capacidades institucionales en materia de búsqueda e identificación humana.

Destacó que en Baja California cientos de familiares continúan realizando labores de búsqueda ante la ausencia de respuestas definitivas por parte de las autoridades.

La legisladora advirtió que la desaparición de personas representa una de las crisis humanitarias más dolorosas del país, ya que detrás de cada caso existen familias que enfrentan diariamente la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos.

Entre los planteamientos del exhorto se encuentra la revisión de los expedientes pendientes de identificación forense, ante la preocupación expresada por colectivos de búsqueda sobre el rezago existente y la posibilidad de que haya cuerpos o restos humanos sin identificar bajo resguardo institucional.

Asimismo, se solicita a la FGE informar públicamente cuántos cuerpos permanecen sin identificar, así como el avance en los perfiles genéticos, estudios periciales, confrontas realizadas y procesos de identificación concluidos.

La propuesta también contempla fortalecer las áreas de antropología forense, arqueología forense, genética, criminalística y medicina forense, mediante la contratación y capacitación de personal especializado, además de la incorporación de herramientas científicas y tecnológicas que permitan agilizar los procesos de búsqueda e identificación.

Finalmente, Alejandrina Corral sostuvo que las familias buscadoras no deben asumir responsabilidades que corresponden al Estado y llamó a las autoridades a redoblar esfuerzos para reducir el rezago forense y garantizar el acceso a la verdad, la justicia y una atención digna para quienes buscan a sus familiares.

Congreso de BC respalda iniciativa ciudadana para proteger pensión y derechos de trabajadores afiliados a ISSSTECALI

  • Trabajadores activos, jubilados, pensionados y derechohabientes del ISSSTECALI y del Magisterio Estatal buscan preservar la pensión dinámica y el respeto a los derechos adquiridos.

El Congreso del Estado respaldó de manera unánime un punto de acuerdo presentado por la diputada Daylín García Ruvalcaba, mediante el cual se reconoce la trascendencia de una iniciativa ciudadana impulsada por trabajadoras y trabajadores activos, jubilados, pensionados y derechohabientes del ISSSTECALI, así como integrantes del magisterio estatal, para proteger sus derechos en materia de pensiones.

Durante la sesión del Pleno, la legisladora destacó que la propuesta ciudadana busca reformar el artículo 97 de la Constitución de Baja California para establecer de manera expresa que las pensiones y jubilaciones de trabajadores de base, jubilados y pensionados del magisterio estatal y de la burocracia afiliados al ISSSTECALI se rijan por la legislación estatal aplicable.

De acuerdo con la iniciativa, el objetivo es brindar certeza jurídica y preservar la vigencia de la denominada pensión dinámica como un derecho de seguridad social, evitando incertidumbre respecto a los beneficios adquiridos por quienes han dedicado años de servicio al sector público y educativo.

“Se trata de proteger derechos y eliminar la incertidumbre que durante años ha afectado a miles de familias. Un acuerdo político no es suficiente si no se convierte en una garantía constitucional”, expresó la diputada durante la presentación del acuerdo.

El documento aprobado contempla cuatro acciones principales. La primera es el reconocimiento formal de la iniciativa promovida por trabajadores y representantes del magisterio para fortalecer la protección de las pensiones y jubilaciones.

Asimismo, se solicita a la comisión dictaminadora correspondiente otorgar trámite prioritario y realizar un análisis técnico de la propuesta, con el propósito de atender de manera oportuna la demanda planteada por los sectores involucrados.

Como parte de los acuerdos, también se prevé la instalación de una mesa técnica de trabajo con participación de representantes ciudadanos, integrantes del magisterio, autoridades de la Secretaría de Hacienda y especialistas en derecho constitucional y seguridad social, a fin de evaluar la viabilidad jurídica y financiera de la reforma.

Además, el Congreso reafirmó el compromiso asumido en el acuerdo aprobado el pasado 31 de marzo de 2026, relacionado con la protección de los derechos adquiridos de trabajadores de base, jubilados y pensionados afiliados al ISSSTECALI, así como del magisterio estatal.

Con la aprobación unánime de este punto de acuerdo, las diputaciones integrantes de la XXV Legislatura manifestaron su compromiso de impulsar mecanismos que otorguen estabilidad normativa y certeza jurídica a quienes han desarrollado su vida laboral al servicio de la educación y la administración pública en Baja California.

Aprueban en Baja California que hijos puedan reclamar pensión alimenticia desde su nacimiento

  • La reforma impulsada por la diputada Michel Sánchez reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a exigir el pago retroactivo de alimentos, incluyendo gastos esenciales para su desarrollo.

El Congreso de Baja California aprobó una reforma al Código Civil del Estado para garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan reclamar una pensión alimenticia retroactiva cuando esta obligación no haya sido cumplida por alguno de sus padres.

La iniciativa fue promovida por la diputada Michel Sánchez Allende, quien previo a la votación compartió un mensaje en el que celebró que el tema finalmente llegara al Pleno del Congreso.

“Hoy vamos a votar el pago de alimentos. Ya estará en la ley que puedan reclamarse los alimentos de manera retroactiva, porque es un derecho de nuestras infancias y juventudes”, expresó la legisladora.

La reforma establece de manera explícita que los alimentos podrán reclamarse de forma retroactiva desde el nacimiento de la persona beneficiaria cuando no hayan sido proporcionados en el momento correspondiente.

Además, precisa que el concepto de alimentos no se limita únicamente a la comida, sino que incluye aspectos fundamentales para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, como alimentación, atención médica, medicamentos, educación, útiles escolares, ropa, calzado, vivienda, atención psicológica y actividades recreativas y deportivas.

De acuerdo con datos del INEGI, los hogares monoparentales son encabezados principalmente por mujeres, una situación que refleja una distribución desigual de las responsabilidades de cuidado y manutención.

Por su parte, el Poder Judicial del Estado informó que entre 2021 y 2024 se promovieron 645 juicios relacionados con reconocimiento de paternidad y pensión alimenticia; sin embargo, solo en 31 casos se determinó una pensión alimenticia retroactiva.

Asimismo, se identificaron 868 expedientes de cuotas de manutención pendientes de pago, promovidos en su mayoría por madres de familia en representación de sus hijas e hijos.

La reforma fue aprobada por unanimidad y contempla modificaciones a los artículos 305, 306 y 308, además de la adición del artículo 333 BIS del Código Civil para el Estado de Baja California.

Con estos cambios, se establece que el pago de alimentos podrá reclamarse desde el nacimiento de la obligación e incluso incluir gastos derivados del embarazo y el parto. También se determina que este derecho es imprescriptible, por lo que podrá exigirse en cualquier momento.

Van contra salarios y pensiones “doradas” en BC; propone Diputado Molina nuevos límites para funcionarios

  • El diputado Juan Manuel Molina presentó una reforma para impedir que servidores públicos ganen más que la persona titular del Poder Ejecutivo estatal y establecer topes a jubilaciones y pensiones.

El diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca establecer límites claros y transparentes a las remuneraciones, jubilaciones y pensiones de las personas servidoras públicas en Baja California.

La propuesta busca armonizar la Constitución de Baja California con el artículo 127 de la Constitución Federal, atendiendo el mandato del Congreso de la Unión para adecuar el marco jurídico estatal.

“La reforma planteada es apremiante desde la perspectiva de la disciplina presupuestal y la justicia social. Tolerar prestaciones que superen los límites constitucionales federales representa un dispendio injustificado”, señaló el legislador.

Entre los cambios propuestos se establece que las remuneraciones de los servidores públicos deberán ser congruentes con la situación socioeconómica del estado y las condiciones de la Hacienda Pública, además de que ningún funcionario podrá recibir un sueldo superior al de la persona titular del Poder Ejecutivo de Baja California.

Asimismo, se plantea prohibir que un servidor público perciba ingresos iguales o superiores a los de su superior jerárquico, salvo en casos específicos de carácter técnico o contractual.

La iniciativa también contempla que los tabuladores salariales sean públicos y detallen todos los componentes de las remuneraciones, tanto en efectivo como en especie, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, las pensiones y jubilaciones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos estatales y municipales deberán respetar los topes máximos establecidos en el artículo 127 de la Constitución federal.

“Este Congreso tiene la responsabilidad de garantizar remuneraciones justas y transparentes, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones y cerrando espacios a privilegios y excesos en el aparato público”, subrayó Molina García.

Congreso de Baja California avala reforma que permite anular elecciones por intervención extranjera

  • Se incorpora una nueva causal para anular comicios cuando se acredite injerencia externa, reforzando la soberanía nacional.
  • También aprobó que la elección del Poder Judicial se traslade de 2027 a 2028 y se crea una Comisión Coordinadora de Evaluación.

El Congreso de Baja California aprobó por mayoría dos reformas constitucionales impulsadas por el Congreso de la Unión, una relacionada con la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación y otra enfocada en reforzar la protección de los procesos electorales frente a posibles intervenciones extranjeras.

La primera reforma modifica el calendario electoral del Poder Judicial, trasladando la elección prevista para 2027 al primer domingo de junio de 2028. De acuerdo con el dictamen avalado por la XXV Legislatura de Baja California, el cambio busca evitar la coincidencia con elecciones federales, reducir costos operativos y disminuir riesgos de politización.

Como parte de esta reforma, se crea una Comisión Coordinadora de Evaluación, encargada de aplicar lineamientos técnicos homogéneos para la selección de perfiles judiciales. Entre los criterios establecidos destacan la formación jurídica, la honestidad, la buena reputación pública y la experiencia profesional comprobada, además de garantizar la paridad de género en las candidaturas.

Asimismo, la modificación fortalece el mecanismo de revocación de mandato, estableciendo que este ejercicio ciudadano se realice el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional, coincidiendo con procesos electorales federales o locales.

Por otra parte, el Congreso local también respaldó una reforma al artículo 41 de la Constitución que incorpora una nueva causal de nulidad electoral cuando se compruebe la injerencia externa en un proceso comicial.

La propuesta otorga al Tribunal Electoral y a las autoridades jurisdiccionales la facultad de declarar la nulidad de una elección cuando exista evidencia objetiva de injerencia externa, con el propósito de fortalecer la defensa de la soberanía nacional.

De acuerdo con el proyecto de reforma, la medida busca garantizar el respeto a principios constitucionales como la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la defensa de la soberanía nacional.

Con esta aprobación, Baja California se convierte en una de las primeras entidades del país en respaldar ambas reformas constitucionales dentro del proceso legislativo requerido para su entrada en vigor.