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Etiqueta: congreso bc

Beto Valle propone reforma para fortalecer responsabilidad parental y proteger derechos de la niñez en BC

  • El diputado explicó que la iniciativa incorpora conceptos como el derecho de niñas y niños a ser escuchados y la prohibición del castigo corporal.

El diputado Beto Valle presentó ante el Congreso de Baja California una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado con el objetivo de incorporar la figura de la responsabilidad parental y fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta contempla la adición de diversos artículos al marco jurídico estatal para reconocer a las infancias como sujetos plenos de derechos, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez, la convivencia familiar sana y la corresponsabilidad de madres, padres y tutores.

El legislador explicó que la iniciativa incorpora conceptos como el plan de parentalidad, el derecho de niñas y niños a ser escuchados, la prohibición del castigo corporal y mecanismos judiciales enfocados en resolver conflictos familiares con una perspectiva más humana y centrada en los derechos de la infancia.

Asimismo, Beto Valle destacó que la propuesta toma como referencia estándares internacionales y modelos aplicados en otros países que ya han modernizado sus sistemas familiares, buscando construir entornos más seguros, responsables y afectivos para el desarrollo de las nuevas generaciones.

La iniciativa también plantea brindar mayores herramientas legales al Poder Judicial y fortalecer la mediación familiar, priorizando acuerdos que eviten afectaciones emocionales y sociales a niñas y niños derivadas de conflictos entre personas adultas.

El diputado señaló que esta reforma representa un paso importante para adecuar la legislación de Baja California a las nuevas dinámicas familiares y garantizar una protección más amplia a los derechos de la niñez.

Endurecen castigos por manejar ebrio, drogado o usando el celular en Baja California

  • El Congreso BC aprobó una reforma que establece penas de ocho a quince años de prisión cuando una persona conduciendo en estado inconveniente provoque la muerte de otra persona.

El Congreso de Baja California aprobó una reforma al Código Penal estatal para endurecer las sanciones contra personas que provoquen accidentes viales bajo el influjo del alcohol, drogas, exceso de velocidad o utilizando el teléfono celular mientras conducen.

La modificación fue avalada por unanimidad mediante el Dictamen número 24 presentado por la Comisión de Justicia, derivado de la iniciativa impulsada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, con el objetivo de incorporar la figura jurídica de dolo eventual al marco penal del estado.

Con esta reforma, los hechos viales donde una persona actúe con pleno conocimiento del riesgo que representa su conducta podrán ser considerados como delitos dolosos, especialmente cuando deriven en lesiones graves o la muerte de otra persona.

Entre los cambios aprobados se encuentra la adición de los artículos 124 Bis y 137 Bis del Código Penal estatal, con los que se tipifican específicamente el homicidio y las lesiones ocasionadas bajo esta modalidad.

La reforma establece penas de ocho a quince años de prisión cuando una persona provoque la muerte de otra conduciendo en estado de ebriedad, bajo el influjo de sustancias, a exceso de velocidad o utilizando aparatos telefónicos.

Además, las sanciones podrán incrementarse hasta en dos terceras partes cuando existan múltiples víctimas o cuando las personas afectadas sean menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.

Durante la discusión en el Pleno, la diputada Evelyn Sánchez presentó una reserva para modificar el artículo 137 Bis, con el propósito de otorgar mayor claridad y seguridad jurídica a la redacción del delito de lesiones bajo dolo eventual.

La legisladora explicó que la intención es evitar interpretaciones ambiguas y garantizar una correcta aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales.

Con esta reforma, el Congreso de Baja California busca fortalecer el marco legal para sancionar conductas de alto riesgo al volante y reforzar la protección de las víctimas de accidentes viales.

Por más de 2 mil mordeduras al año en BC, buscan registro obligatorio de perros peligrosos

  • La iniciativa del diputado Ramón Vázquez Valadez busca fortalecer el control, registro y supervisión de perros considerados potencialmente peligrosos en Baja California.

El diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado de Baja California con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, registro y tenencia responsable de ejemplares caninos potencialmente peligrosos.

Al explicar la propuesta, el legislador señaló que en la entidad se registran en promedio 9 ataques de perros al día, acumulando más de 2 mil casos anuales de mordeduras. Además, indicó que más del 70% de los perros agresores tienen propietario, lo que refleja problemas relacionados con la falta de control y responsabilidad de quienes los poseen.

Ramón Vázquez recordó que la denominada Ley Amparito, aprobada en agosto de 2025 tras un caso ocurrido en Mexicali, representó un precedente importante al establecer sanciones penales severas para propietarios negligentes y tipificar el homicidio por ataque animal como delito autónomo.

No obstante, puntualizó que además de las sanciones legales, es necesario fortalecer los mecanismos preventivos y administrativos para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y reducir riesgos para la población.

La iniciativa propone que durante campañas gratuitas de esterilización y vacunación, las autoridades apoyen en la inscripción de ejemplares potencialmente peligrosos en un registro oficial. También plantea que los albergues verifiquen requisitos legales antes de dar animales en adopción y que los establecimientos comerciales integren la inscripción al registro antes de realizar entregas.

Asimismo, se busca reforzar el artículo 63 de la legislación vigente para facilitar la inscripción y renovación mediante campañas públicas y acciones coordinadas con albergues y expendios.

“Este esfuerzo legislativo busca robustecer un sistema integral de registro que permita a las autoridades contar con información actualizada y confiable, articulando sanción, prevención y responsabilidad”, expresó el diputado.

Proponen fortalecer programas de atención a migrantes y ciudadanos con problemas de adicción

  • Diputada Mayola Gaona dirige su exhorto a diversas autoridades para que se atienda la problemática
  • Los programas pueden realizarse mediante la entrega y distribución de mayores recursos, fondos emergentes, estímulos fiscales y la reinserción social y laboral

La Diputada María Yolanda Gaona Medina exhortó al Secretario de Hacienda y Crédito PúblicoEdgar Amador Zamora, a fortalecer los programas de atención a migrantes, personas en situación de calle y ciudadanos con problemas de adicción, mediante la entrega y distribución de mayores recursos, fondos emergentes, estímulos fiscales y programas de reinserción social y laboral.

Su exhorto también fue dirigido a la titular de la CONASAMAYerania Emireé Enríquez López, y al Secretario de Hacienda del EstadoJosé Andrés Pulido Saavedra, y fue aprobado por el Pleno por mayoría.

Esto, para fortalecer la participación de la Federación mediante programas especiales de atención a estados fronterizos que enfrentan altos índices de migración y problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias ilícitas.

Así como para que se destinen recursos federales extraordinarios durante temporadas de temperatura extrema y lluvias, para proteger a personas en situación vulnerable dentro de refugios temporales, ofrecer brigadas médicas y apoyo alimentario.

De igual forma, solicitó implementar estímulos fiscales federales y estatales para instituciones legalmente constituidas que prestan servicios gratuitos o de bajo costo a personas vulnerables, y crear programas integrales de reinserción laboral y capacitación para personas en proceso de rehabilitación, migrantes y ciudadanos en situación de calle.

Mayola Gaona también solicitó un informe puntual a la CONASAMA para conocer las acciones concretas llevadas a cabo durante los años 2025 y 2026, así como la cantidad de recursos transferidos al Estado para la atención de esta problemática.

Al motivar su punto de acuerdo, señaló que, de manera paralela a los problemas que puede acarrear el constante flujo migratorio en nuestra frontera, no se puede ignorar el incremento en el consumo de drogas como metanfetaminas y fentanilo.

Lo que ha generado una crisis de salud pública y seguridad que afecta particularmente a personas en situación de calle, rebasando la capacidad operativa de albergues, centros comunitarios y asociaciones civiles que actualmente realizan una labor fundamental ante la insuficiencia de apoyos institucionales.

Puntualizó que la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) ha señalado un crecimiento sostenido en la demanda de atención por consumo de fentanilo desde 2018, y que el crecimiento acelerado en la demanda de tratamiento especializado por el uso de esta sustancia en el estado pasó de representar un 3.8 por ciento en 2022 a un 10.9 por ciento en 2024.

Aprueba Congreso del Estado adición a Ley de Coordinación Fiscal del Estado

  • Contempla añadir el procedimiento para distribución de la participación del excedente del Fondo de Fomento Municipal, para municipios coordinados con el Estado en materia del impuesto predial
  • Diputaciones avalan autorizar al Instituto de Infraestructura Vial de Baja California, suscribir el Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social a su personal

En sesión de Pleno se aprobó el Dictamen No. 132 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Iniciativa de Decreto para desincorporar del Patrimonio de Dominio Público del Estado e incorporar al Patrimonio del Dominio Privado del mismo, un predio de Tijuana.

De esta forma, dicho predio ubicado en el fraccionamiento Las Fuentes de la citada ciudad podrá enajenarse a título gratuito en favor de IMSS-BIENESTAR. Siendo aprobado el presente dictamen por catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Otro dictamen de la CHyP avalado por las diputaciones es el No. 133, en este caso por dieciocho votos a favor y ninguno en contra ni abstención, y se refiere a la Iniciativa de Decreto para autorizar al Instituto de Infraestructura Vial de Baja California a suscribir el Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social a su personal, incluyendo al personal transferido del tramo carretero Centinela-Rumorosa al INFRAVI.

Así como la suscripción del Convenio por el Gobierno del Estado, para que se constituya en garante y obligado solidario de dicho instituto, y que otorgue en garantía las participaciones presentes y futuras que del ingreso federal le correspondan al Gobierno del Estado del Fondo General de Participaciones.

Posteriormente, el Pleno aprobó por diecisiete votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Dictamen No. 134relativo a la Iniciativa de reforma al Artículo 4 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California.

Su objeto es adicionar el procedimiento mediante el cual se realizará la distribución de la participación del 30 por ciento del excedente del Fondo de Fomento Municipal, para aquellos municipios coordinados con el Estado en materia del Impuesto Predial.

Estos dictámenes fueron aprobados con anterioridad en el seno de la Comisión de Hacienda que preside la Diputada Julia Andrea González Quiroz, con opinión de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.

Congreso BC exige revisar sistemas de protección infantil tras caso “Vicentito” en Mexicali

  • El Congreso del Estado pidió informes al Poder Judicial, FGE y DIF sobre rezagos en custodias, convivencias y valoraciones psicológicas tras la muerte del niño en Mexicali.

El Congreso de Baja California aprobó un exhorto de urgente resolución para exigir una revisión profunda de los mecanismos de protección infantil en la entidad, luego del fallecimiento de Vicente, un niño de 3 años que murió el pasado 2 de mayo en Mexicali tras permanecer por varias horas dentro de un vehículo expuesto al calor.

La propuesta fue impulsada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, quien señaló que el caso evidenció posibles fallas estructurales en las instituciones encargadas de proteger a niñas y niños, así como la necesidad de fortalecer las redes de apoyo familiar y la atención en salud mental.

El exhorto solicita al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Sistema DIF Baja California presentar un informe detallado sobre el estado de los procedimientos relacionados con custodias, convivencias y medidas de protección infantil.

Además, se pide transparentar los tiempos promedio de atención, la carga de trabajo existente y posibles rezagos en áreas como pruebas periciales, valoraciones psicológicas y estudios de trabajo social, considerados fundamentales para determinar entornos seguros para menores de edad.

Durante la sesión, la legisladora advirtió que centrar el debate únicamente en la condena social del caso deja de lado factores como la precarización de los cuidados, la salud mental y la sobrecarga emocional y económica que enfrentan muchas familias.

“Reducir este doloroso caso únicamente a la condena social invisibiliza las condiciones estructurales y nos impide generar cambios reales para proteger a la niñez”, expresó desde tribuna.

La diputada Michel Sánchez subrayó que el objetivo de esta revisión institucional es identificar fallas y fortalecer la capacidad preventiva de las autoridades, para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en Baja California.

Asimismo, hizo un llamado para que todas las actuaciones judiciales y gubernamentales relacionadas con infancias se realicen con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, priorizando siempre el interés superior de niñas y niños.

Con este acuerdo, el Congreso BC busca que las instituciones responsables rindan cuentas sobre el funcionamiento de los sistemas de protección familiar y se implementen acciones que permitan reforzar la atención integral a menores en situación de vulnerabilidad.

Propone diputada Maythé Méndez suprimir plazo de 72 horas para iniciar búsqueda de personas desaparecidas

  • La diputada Maythé Méndez propuso eliminar la espera de 72 horas para iniciar búsquedas de personas desaparecidas y emitir fichas de localización de manera inmediata.

La diputada Maythé Méndez Vélez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de Baja California una proposición para eliminar la práctica de esperar 72 horas antes de iniciar la búsqueda de personas desaparecidas y emitir fichas de localización.

La legisladora señaló que la Ley sobre Desaparición y Búsqueda de Personas para el Estado de Baja California establece que las autoridades deben brindar atención prioritaria desde el momento en que se presenta una denuncia, sin importar si han transcurrido horas o días desde la desaparición.

“Esperar 72 horas para emitir una ficha de búsqueda e iniciar la investigación es una acción injustificada legalmente”, afirmó Méndez Vélez.

La diputada destacó que la intervención inmediata de las autoridades puede ser determinante para fortalecer los primeros actos de investigación y brindar acompañamiento oportuno a las familias durante la crisis.

Como antecedente, mencionó el caso reciente de cuatro jóvenes desaparecidos en distintos puntos de Tecate, donde familiares señalaron que se aplicó el protocolo de espera antes de iniciar formalmente la búsqueda.

En ese sentido, exhortó a la titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, y al titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Baja California, Jorge Alberto Aguirre Carbajal, a realizar reuniones de coordinación para revisar los criterios que mantienen este procedimiento.

La propuesta también plantea considerar a los siete ayuntamientos de Baja California como primeros respondientes en casos de desaparición y armonizar acciones institucionales para eliminar cualquier barrera de tiempo que retrase el inicio de investigaciones.

Pide Diputada investigar posibles abusos y maltrato en albergues del DIF Baja California

  • La diputada Alejandrina Corral exhortó a la Fiscalía, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la CEDHBC a investigar presuntas violaciones a derechos humanos tras denuncias sobre violencia, hacinamiento e insalubridad.

La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó un exhorto dirigido a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), para que investiguen de manera coordinada posibles violaciones a derechos humanos de menores internados en albergues del Sistema DIF Estatal y casas hogar operadas.

La legisladora señaló que la protección integral de niñas, niños y adolescentes constituye una obligación ineludible del Estado mexicano, particularmente bajo el principio del interés superior de la niñez, por lo que las instituciones responsables de su resguardo deben garantizar espacios seguros, libres de violencia, abuso, negligencia y cualquier forma de vulneración a su integridad.

En el punto de acuerdo, indicó que recientemente se han difundido materiales audiovisuales, reportajes y testimonios relacionados con presuntas irregularidades al interior de albergues del DIF Baja California, donde se documentan posibles actos de violencia física entre menores, condiciones de hacinamiento, insalubridad y omisiones en los deberes de cuidado por parte del personal responsable.

Alejandrina Corral advirtió que la reiteración de denuncias y testimonios podría evidenciar patrones de violencia, negligencia u omisión que representarían una grave falla estructural en el sistema de protección institucional.

“Es inadmisible cualquier conducta, ya sea por acción u omisión, que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo resguardo del Estado”, expresó.

En ese sentido, solicitó a la titular de la FGE, Ma. Elena Andrade Ramírez, realizar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales con perspectiva de niñez.

Asimismo, pidió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes fortalecer las acciones de supervisión, protección y restitución de derechos de menores bajo resguardo institucional.

También planteó que la CEDHBC lleve a cabo una investigación integral con enfoque de derechos humanos y dé seguimiento puntual a las acciones implementadas.

Finalmente, propuso que las autoridades involucradas informen al Congreso del Estado, en un plazo no mayor a 30 días naturales, sobre las acciones emprendidas para atender las denuncias, garantizar la integridad física, psicológica y emocional de niñas, niños y adolescentes internados en casas hogar del DIF y prevenir cualquier forma de maltrato o vulneración de derechos.

Diputada Maythé Méndez propone que el IEEBC cuente con su propio Programa de Resultados Electorales (PREP)

  • La diputada Maythé Méndez presentó una reforma para que el IEEBC opere un PREP propio y reduzca el gasto público en procesos electorales.

La diputada Maythé Méndez Vélez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral de Baja California para que el Instituto Estatal Electoral de Baja California cuente con un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) propio y deje de depender de proveedores externos.

La legisladora señaló que el costo del PREP ha registrado incrementos importantes en los últimos procesos electorales, al pasar de 11.6 millones de pesos en la elección de 2015-2016 a casi 34 millones de pesos en el proceso 2022-2023.

“No podemos permitir que el PREP siga representando aumentos exorbitantes para las finanzas públicas; es una obligación legal que el IEEBC lo implemente con recursos propios”, expresó.

La propuesta establece que el Consejo General del IEEBC deberá aprobar una instancia interna encargada del desarrollo, implementación y operación del PREP, permitiendo la contratación de terceros únicamente en casos justificados y mediante aprobación por mayoría calificada.

Maythé Méndez indicó que la medida busca fortalecer la austeridad, reducir costos y aumentar la confianza ciudadana en los resultados electorales.

Además, durante la sesión ordinaria presentó un exhorto dirigido al rector de la Universidad Autónoma de Baja California y al consejero presidente del IEEBC para retomar los trabajos de coordinación enfocados en desarrollar un PREP estatal propio rumbo al proceso electoral 2026-2027.

La diputada recordó que anteriormente existieron acercamientos entre ambas instituciones para impulsar el proyecto, aunque éste fue suspendido por falta de seguimiento institucional.

Presidenta de la República reconoce recorte de 52 millones en presupuesto del Congreso de BC

  • Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum destacó que Baja California adelantó la aplicación del denominado Plan B de austeridad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la decisión del Congreso del Estado de Baja California de reducir 52 millones de pesos de su Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal fue cuestionada sobre la medida aprobada por el Poder Legislativo estatal, destacando que Baja California adelantó la aplicación del denominado Plan B de austeridad, cuya obligatoriedad comenzará en 2027.

“Qué bueno que lo hicieron, el objetivo es que los congresos estatales disminuyan sus presupuestos, que no haya tantos regidores en los municipios, que los consejeros electorales no tengan salarios mayores al de la presidenta, que no haya bonos, en fin, todo lo que tiene que ver con los privilegios de los representantes populares”, expresó Sheinbaum Pardo.

La reducción presupuestal representa un ahorro de 52 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026 y, de acuerdo con el comunicado, fue aplicada en partidas administrativas y operativas sin afectar el funcionamiento legislativo ni las actividades parlamentarias.

Con ello, Baja California se posiciona como una de las primeras entidades en implementar ajustes alineados a las políticas federales de austeridad y contención del gasto público impulsadas por el Gobierno de México.