• El Congreso del Estado pidió informes al Poder Judicial, FGE y DIF sobre rezagos en custodias, convivencias y valoraciones psicológicas tras la muerte del niño en Mexicali.

El Congreso de Baja California aprobó un exhorto de urgente resolución para exigir una revisión profunda de los mecanismos de protección infantil en la entidad, luego del fallecimiento de Vicente, un niño de 3 años que murió el pasado 2 de mayo en Mexicali tras permanecer por varias horas dentro de un vehículo expuesto al calor.

La propuesta fue impulsada por la diputada Liliana Michel Sánchez Allende, quien señaló que el caso evidenció posibles fallas estructurales en las instituciones encargadas de proteger a niñas y niños, así como la necesidad de fortalecer las redes de apoyo familiar y la atención en salud mental.

El exhorto solicita al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Sistema DIF Baja California presentar un informe detallado sobre el estado de los procedimientos relacionados con custodias, convivencias y medidas de protección infantil.

Además, se pide transparentar los tiempos promedio de atención, la carga de trabajo existente y posibles rezagos en áreas como pruebas periciales, valoraciones psicológicas y estudios de trabajo social, considerados fundamentales para determinar entornos seguros para menores de edad.

Durante la sesión, la legisladora advirtió que centrar el debate únicamente en la condena social del caso deja de lado factores como la precarización de los cuidados, la salud mental y la sobrecarga emocional y económica que enfrentan muchas familias.

“Reducir este doloroso caso únicamente a la condena social invisibiliza las condiciones estructurales y nos impide generar cambios reales para proteger a la niñez”, expresó desde tribuna.

La diputada Michel Sánchez subrayó que el objetivo de esta revisión institucional es identificar fallas y fortalecer la capacidad preventiva de las autoridades, para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en Baja California.

Asimismo, hizo un llamado para que todas las actuaciones judiciales y gubernamentales relacionadas con infancias se realicen con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, priorizando siempre el interés superior de niñas y niños.

Con este acuerdo, el Congreso BC busca que las instituciones responsables rindan cuentas sobre el funcionamiento de los sistemas de protección familiar y se implementen acciones que permitan reforzar la atención integral a menores en situación de vulnerabilidad.