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Etiqueta: congreso bc

Diputada propone frenar el despojo de viviendas con sanciones más duras

  • La iniciativa propone que el delito de despojo se considere cometido en grupo desde dos personas, en lugar de cinco.

La diputada Michelle Tejeda presentó una iniciativa para reformar el artículo 226 del Código Penal del Estado de Baja California, con el fin de reforzar las acciones legales contra los grupos delictivos dedicados al despojo de viviendas.

Actualmente, la legislación establece que cuando el despojo de un inmueble sea cometido por grupos de más de cinco personas, se aplicará la pena correspondiente a todos los coautores. Sin embargo, no se ejerce acción penal si el inmueble es devuelto dentro de 72 horas tras el requerimiento de la autoridad investigadora.

La propuesta de la diputada busca reducir de cinco a dos personas el número necesario para considerar el despojo en grupo, y acortar de 72 a 36 horas el plazo para que la persona afectada recupere su vivienda sin iniciar un proceso penal.

“Es urgente fortalecer las acciones legales para proteger el patrimonio de quienes han sido víctimas de despojo”, afirmó la legisladora.

En Baja California, el problema del despojo de viviendas está ligado a la demanda insatisfecha de vivienda, el abandono de inmuebles por falta de servicios, la inseguridad y la lejanía de centros escolares y laborales, factores que facilitan que grupos delictivos invadan propiedades y afecten el patrimonio de las familias.

En 2024, se registraron 1,383 casos de despojo en el estado. De enero a agosto de 2025, se contabilizaron 864 denuncias, siendo agosto el mes con mayor incidencia (133 casos). En Mexicali, se documentaron 245 casos en el mismo periodo, destacando junio con 43 denuncias, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Esta iniciativa busca cerrar el paso a prácticas que afectan la estabilidad y dignidad de las personas; no podemos permitir que grupos organizados sigan arrebatando hogares con impunidad”, enfatizó Michelle Tejeda.

Proponen reforma para que el Estado responda por daños causados por baches en BC

  • La iniciativa del diputado Diego Arregui propone eliminar requisitos como el dictamen pericial, que hoy limita el acceso a la reparación
  • Se busca un procedimiento ágil, uniforme y justo para que los municipios respondan por daños causados a los ciudadanos

Para agilizar y facilitar los procedimientos a favor de los ciudadanos que reclamen una indemnización por daños que les hayan sido causados por una mala actuación o decisión de entidades públicas del Estado y municipios, el diputado Diego Alejandro Lara Arregui presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidad del Estado.

Diego Lara explicó que la responsabilidad patrimonial del Estado constituye un principio esencial del Estado de Derecho, al reconocer que toda persona tiene derecho a ser indemnizada por los daños que le sean causados por la actividad administrativa irregular de las autoridades.

En Baja California, el procedimiento para reconocer la responsabilidad del Estado se ha vuelto excesivamente formalista y poco accesible, especialmente por el requisito de presentar un dictamen pericial, lo cual representa un obstáculo costoso que limita el ejercicio efectivo del derecho a la reparación.

El legislador mencionó el caso particular de los baches, que constituyen un ejemplo cotidiano y tangible de los daños que enfrentan los ciudadanos. En ciudades como TijuanaMexicaliEnsenada o Tecate, muchos autos sufren daños mecánicos como neumáticos reventadossuspensiones averiadas, al transitar sobre calles en mal estado, producto de la falta de mantenimiento vial oportuno.

“Esa situación reduce la confianza ciudadana, porque el municipio genera el riesgo del daño, pero no asume responsabilidad eficaz. Reconocer ese problema fortalece la exigencia de una reforma que elimine barreras al acceso de reparación”.

La propuesta busca consolidar un procedimiento más humano, ágil y eficiente. El dictamen pericial se eliminaría como requisito de procedibilidad, conservándose únicamente como medio probatorio facultativo. Asimismo, se establecen plazos máximos para resolver las reclamaciones, se simplifican los requisitos de admisión y se unifica el procedimiento en todos los municipios.

“La reforma busca consolidar un sistema de responsabilidad patrimonial más justo, en el que la carga probatoria no recaiga en el ciudadano y cada daño encuentre respuesta jurídica plena”, concluyó el congresista.

Propone diputada Araceli Geraldo modernizar mecanismos de participación ciudadana en BC

  • Busca modernizar el marco jurídico estatal y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de forma accesible, segura y eficiente

La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local y a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, con el objetivo de incorporar la participación ciudadana digital para promover, registrar y ejercer los distintos mecanismos de participación.

La propuesta busca modernizar el marco jurídico estatal y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de forma accesible, segura y eficiente mediante herramientas tecnológicas, ya que la legislación vigente no contempla expresamente el uso de medios digitales.

La legisladora señaló que, si bien la Constitución local reconoce mecanismos como consultas, plebiscitos, referéndums, iniciativas ciudadanas y revocación de mandato, no existe una regulación clara que permita realizarlos a través de plataformas digitales, lo que genera una brecha frente a la realidad actual, donde gran parte de la población utiliza internet como medio principal de interacción.

Entre los principales beneficios, destacó la ampliación de la participación ciudadana, especialmente para personas con limitaciones de tiempo, movilidad o distancia; la reducción de costos operativos al sustituir procesos presenciales; y el fortalecimiento de la legitimidad democrática mediante herramientas tecnológicas que facilitan la cercanía entre ciudadanía y decisiones públicas.

En un contexto donde la digitalización permea múltiples ámbitos de la vida social, económica y cultural, los mecanismos de democracia participativa no pueden permanecer al margen. Los modelos tradicionales —basados en la recolección física de firmas, la asistencia a mesas receptoras o las consultas presenciales— han mostrado limitaciones para garantizar un acceso amplio, inclusivo y eficiente.

Con esta reforma, Baja California podría implementar plataformas electrónicas oficiales para el registro de firmas, presentación de solicitudes, organización de consultas y difusión de resultados, bajo reglas claras de seguridad, transparencia y protección de datos personales.

La propuesta plantea modificar el Artículo 5, Apartado C, de la Constitución local, para reconocer la participación digital como un derecho, equiparándola a los mecanismos tradicionales de consulta, plebiscito, referéndum, revocación de mandato e iniciativa ciudadana. Esta incorporación fortalecería la inclusión ciudadana y la corresponsabilidad socialen la toma de decisiones públicas.

Diputada Daylín García Ruvalcaba impulsa reforma para la inclusión laboral de personas con autismo en BC

  • Propone incentivos fiscales para empresas que contraten personas con autismo

Comprometida con las familias y las personas dentro del espectro autista, la diputada Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, presentó una nueva iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado para ampliar los estímulos fiscales a las empresas que contraten personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La legisladora naranja ha impulsado diversas acciones en favor de este sector, como lograr nombrar el 2023 año del Trastorno de Espectro Autista, vincular a las dependencias gubernamentales para que establezcan protocolos amigables a personas con TEA, apoyo a la realización de la Expo Inclusión, y el respaldo a organizaciones dedicadas a la atención de niñas y niños neurodivergentes y la promoción de políticas públicas con enfoque de autonomía y respeto a la diversidad.

Con esta nueva propuesta, busca dar un paso más hacia la independencia económica y la inclusión real de las personas con autismo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 de cada 100 niñas y niños se encuentra dentro del espectro autista, y en México se calcula que más de 400 mil personas viven con esta condición. Sin embargo, menos del 20% accede a un empleo formal, lo que limita su desarrollo personal y profesional.

La reforma a los artículos 172 y 177 de la Ley de Hacienda del Estado busca cambiar esa realidad mediante incentivos fiscales a las empresas incluyentes, reconociendo el valor y talento de todas las personas.

“El autismo no es una limitante, es una forma distinta de ver y aportar al mundo. Nuestro deber es construir un Estadoque abrace esa diversidad y garantice oportunidades reales de vida digna”, expresó García Ruvalcaba, al reafirmar que seguirá trabajando para que en Baja California todas las personas con autismo tengan acceso a una verdadera calidad de vidaindependencia y respeto.

Diputada Tere Ruíz exhorta a CAPUFE a agilizar tránsito en casetas de peaje

  • En periodos de alta movilidad como fines de semana largos, vacaciones y días festivos se generan largas filas en los puntos de cobro
  • Congestiones de automóviles afectan directamente la economía turística del Estado

La Diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza presentó una proposición de carácter urgente, mediante la cual exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a instruir a la Dirección General de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para implementar medidas que agilicen el tránsito vehicular en las casetas de peaje de Baja California.

“Las largas filas en las casetas de peaje no solo generan estrés y pérdidas de tiempo, también desalientan el turismo y afectan a cientos de negocios que dependen del flujo constante de visitantes”, señaló la legisladora del PES.

Entre las rutas más afectadas se encuentran Tijuana–EnsenadaMexicali–Tecate y Tecate–La Rumorosa, donde las congestiones vehiculares prolongadas provocan pérdidas económicas a comercios, hoteles y prestadores de servicios turísticos. La situación se agrava cuando se presentan fallas en los sistemas de cobro electrónico o cuando no se habilitan todas las cabinas disponibles.

Como presidenta de la Comisión de Turismo e Inversión, la diputada subrayó la urgencia de fortalecer la movilidaden los accesos carreteros del estado, especialmente durante fines de semana largosdías festivos y temporadas vacacionales.

“Es mi deber impulsar acciones que protejan la economía turística de Baja California y garanticen un tránsito dignopara residentes y visitantes”, afirmó Tere Ruiz.

La propuesta contempla acciones de gestión operativamantenimiento y personal adicional durante los días de mayor afluencia, así como el mejoramiento de los sistemas de cobro electrónico (IAVE y Telepeaje), en beneficio de la actividad turística y comercial de la entidad.

El exhorto está dirigido al titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, y al director de CAPUFE, Rubén Arturo Hernández Bermúdez, en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Carretera. El llamado contó con el respaldo unánime de la XXV Legislatura, en atención al caos que se genera en los accesos carreteros durante temporadas de alta movilidad.

Diputado Ramón Vázquez propone sancionar el ‘uso de drogas para someter’ como nueva modalidad delictiva en BC

  • La iniciativa busca cerrar una laguna legal y sancionar con claridad el uso de sustancias para anular la voluntad de las víctimas
  • “La sumisión química es una forma de violencia que debe enfrentarse con cero tolerancia”, afirmó el legislador

El diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa de decreto para adicionar el Capítulo IX “Sumisión Química” al Código Penal estatal, con el objetivo de tipificar y sancionar esta conducta como un delito autónomo.

La propuesta define la sumisión química como la acción de administrar sustancias psicoactivas, narcóticas o similares sin consentimiento, con el propósito de anular la voluntad, la memoria y la capacidad de resistencia de la víctima, facilitando así la comisión de otros delitos.

“Estas sustancias suelen disolverse en bebidas o alimentos porque son incoloras e insípidas; producen sedación, amnesia, desorientación y aturdimiento, y desaparecen rápidamente del cuerpo, lo que dificulta su detección y, por ende, su persecución legal”, explicó el legislador.

Ramón Vázquez advirtió que esta modalidad delictiva, inicialmente asociada a agresiones sexuales, hoy se presenta en robossecuestros exprés y otros delitos patrimoniales, y que Baja California, por su ubicación fronteriza y dinámica social, enfrenta un riesgo particular.

“Ciudades como TijuanaMexicali y Rosarito reciben diariamente miles de visitantes, lo que genera un entorno propicio para el consumo de alcohol en baresdiscotecas y conciertos masivos”, indicó.

La iniciativa también contempla agravantes cuando el agente se valga de su profesiónempleocargo o comisión para cometer el delito; la víctima sea persona menor de dieciocho añosadulta mayor o con discapacidad; la conducta tenga como propósito la comisión de otro delito; o se produzca daño permanente a la salud física o psicológica de la víctima.

“El crimen organizado ha evolucionado hacia nuevas formas de violencia y control, siendo la sumisión química una de ellas, y debe enfrentarse con cero tolerancia”, concluyó Ramón Vázquez.

Eliminan requisito de apostilla para registrar a mexicanos nacidos en el extranjero

  • El Congreso de Baja California aprobó reformas para que personas mexicanas nacidas fuera del país puedan ser registradas sin apostilla, además de permitir agregar un segundo apellido en su documentación.

El Pleno del Congreso de Baja California aprobó reformas a la Ley Orgánica del Registro Civil que eliminan el requisito de apostilla o legalización consular para registrar el nacimiento de personas mexicanas nacidas en el extranjero. Además, se establece la posibilidad de incorporar un segundo apellido en la constancia correspondiente, fortaleciendo el ejercicio del derecho a la identidad.

La reforma fue impulsada por las diputadas Maythé Méndez y Araceli Geraldo, cuyas iniciativas coincidieron en propósito, por lo que fueron dictaminadas en un solo proyecto por la Comisión de Justicia.

En su exposición de motivos, Maythé Méndez recordó que la Constitución Federal reconoce como mexicanas por nacimiento a las personas nacidas en el extranjero de madre o padre mexicano, conforme al artículo 35. Señaló que el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos de América ha generado una población creciente de mexicanos por nacimiento que residen en ese país y tienen hijos nacidos allá, quienes enfrentaban obstáculos para su registro en México.

Por su parte, Araceli Geraldo destacó que, aunque en Baja California aún no se ha emitido la declaratoria de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ello no impide armonizar la legislación local conforme a sus disposiciones, a fin de lograr coherencia normativa.

Las legisladoras subrayaron que el derecho a la identidad es un derecho humano reconocido por la Constitución mexicana, la cual establece la obligación del Estado de garantizar el registro inmediato y gratuito de toda persona.

La reforma aprobada se alinea con la modificación realizada el 6 de abril de 2024 al artículo 1144 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mediante la cual se eliminó el requisito de apostilla en todo el país para el registro de mexicanos nacidos en el extranjero.

Pide diputado Diego Echevarría a ayuntamientos presentar Leyes de Ingresos sin nuevos impuestos

  • El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad el exhorto del diputado Diego Echevarría Ibarra, quien llamó a los siete ayuntamientos del estado a presentar Leyes de Ingresos responsables para 2026, evitando aumentos injustificados de impuestos o nueva deuda pública.

En atención a la economía de las familias bajacalifornianas y la necesidad de una política fiscal sensible, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó un exhorto dirigido a los siete ayuntamientos de Baja California, con el objetivo de que presenten Leyes de Ingresos responsables para el ejercicio fiscal 2026.

El llamado busca evitar incrementos injustificados de impuestos, la creación de nuevos gravámenes y la contratación de deuda pública adicional.

La solicitud fue emitida por conducto de las personas titulares de las presidencias municipales: Norma Alicia Bustamante Martínez, Ismael Burgueño Ruiz, Claudia Josefina Agatón Muñiz, Román Cota Muñoz, María del Rocío Adame Muñoz, José Luis Dagnino López y Miriam Elizabeth Cano Núñez.

Echevarría destacó los casos de Ensenada y Tecate, municipios que enfrentan deudas millonarias por adeudos al Issstecali, cuotas de seguridad social y otros compromisos financieros.

El legislador señaló que esta situación no exime a los alcaldes de asumir su responsabilidad institucional, ni justifica trasladar los costos de los errores administrativos a la ciudadanía que cumple con sus obligaciones fiscales.

Con base en ello, pidió que los municipios presenten proyectos de Ley de Ingresos equilibrados, que consideren tanto las necesidades de recaudación como la capacidad económica de la población, evitando cargas financieras excesivas o incrementos desproporcionados en derechos y servicios municipales.

“La ciudadanía no debe pagar el precio de decisiones fiscales que no consideran su realidad económica. Es momento de actuar con sensibilidad y responsabilidad”, expresó el legislador.

El exhorto también insta a los ayuntamientos a abstenerse de contratar nueva deuda pública, privilegiando una política fiscal prudente, transparente y empática con las condiciones sociales de cada municipio.

“Una política fiscal responsable no se construye con más deuda ni con más impuestos, sino con eficiencia, austeridad y empatía hacia la población”, subrayó Echevarría.

El requerimiento fue aprobado por unanimidad por la XXV Legislatura de Baja California, reafirmando el compromiso de impulsar leyes de ingresos responsables que no vulneren la economía familiar.

Inicia el IX Parlamento de las Juventudes en Baja California con enfoque inclusivo y participativo

  • La diputada Michelle Tejeda encabezó la instalación del IX Parlamento de las Juventudes, que busca ser una plataforma real para la participación de los jóvenes.

En el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García”, la diputada Michelle Tejeda, presidenta de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, encabezó el protocolo de instalación del IX Parlamento de las Juventudes, acompañada por las diputaciones Dunnia Murillo, Juan Manuel Molina, Fidel Mogollón y Mayola Gaona, así como familiares, medios de comunicación y público en general.

Tras la votación de las y los jóvenes, se integró formalmente la Mesa Directiva del IX Parlamento, presidida por Karla Jacqueline Moya Romero, con Carlos Culebro Valenzuela como vicepresidente, Mia Monzerrath López Medina como secretaria, Diego Armando Valdez Amparán como prosecretario y Fernanda Chávez Tenorio en la función de secretaria escrutadora.

Además, rindieron protesta como integrantes del Parlamento: Ximena Ochoa Orduño, Paris Renata Encinas Escobar, Anna Karina Hernández Martínez, Luisa Arely Acevedo Garibay, Nitmar Sández Sepúlveda, María Teresa Preciado, Dania Mariela León Tapia, Iberia Alexa García Álvarez, Laura Karina Pérez Oláis, Viridiana Zúñiga Rico, Víctor Manuel Pérez Zúñiga, Vicente Aldebarán Enciso Limón, Andrés Leyva Navarro, Jethro Tare Domínguez González, Felipe de Jesús Hernández Sandoval, Lucio Emiliano Benítez Sánchez, Alejandro Emiliano Chávez Valle, Roberto Emilio García Galván, Martín Medina Burciaga y Luis Froylan Martínez Muñoz.

Durante sus intervenciones, las y los integrantes del IX Parlamento alzaron la voz para defender la inclusión, la salud mental, el liderazgo juvenil y la justicia social, compartiendo experiencias personales y compromisos con sus comunidades. Coincidieron en que este Parlamento no es un simulacro, sino una plataforma real para proponer, debatir y construir un mejor futuro para Baja California.

Por su parte, Michelle Tejeda expresó:
“Es un privilegio poder compartir la máxima tribuna del Estado con todas y todos ustedes. Me siento profundamente orgullosa de este Parlamento, especialmente por haber logrado abrirlo a sectores históricamente olvidados y marginados”.

Agregó que:
“La memoria es una herramienta revolucionaria. No podemos olvidar que en el pasado fuimos ignorados, relegados y pisoteados. Este Parlamento es prueba viva de la diversidad de las juventudes, que no pueden ser encasilladas en un solo molde. Refrendo mi compromiso de abrazar todas las causas que nos motivan, que nos mueven y que nos comprometen a seguir trabajando por una Baja California verdaderamente inclusiva”.

Aprueba Congreso inhabilitación de hasta cinco años para abogados que cometan fraude procesal en BC

  • La reforma penal busca frenar el fraude procesal y proteger el patrimonio de familias bajacalifornianas
  • Diputados Diego Echevarría y Ramón Vázquez los inicialistas

La XXV Legislatura aprobó una modificación al artículo 325 del Código Penal de Baja California, derivada de iniciativas presentadas por los diputados Diego Echevarría Ibarra y Ramón Vázquez Valadez, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer el combate al fraude procesal, con el propósito de proteger el patrimonio de los bajacalifornianos ante maniobras jurídicas fraudulentas que buscan despojarlos de sus bienes.

Como parte de la reforma, se contempla una sanción adicional que aplica cuando la persona responsable del delito es abogado, patrono o litigante. En estos casos, se impondrá la suspensión e inhabilitación para ejercer la profesión por un periodo de hasta cinco años, además de una pena de prisión que puede oscilar entre uno y seis años.

“El fraude procesal se configura cuando se simulan actos jurídicos o se alteran pruebas para engañar a la autoridad y obtener un beneficio indebido; esta conducta representa una amenaza directa al principio de legalidad y al acceso legítimo a la justicia”, señaló Diego Echevarría al presentar su iniciativa.

Agregó que la reforma busca fortalecer el Estado de derecho y combatir la simulación en juicios, incorporando entre otras medidas la posibilidad de imponer suspensión e inhabilitación profesional de hasta cinco años a quienes resulten responsables de esta conducta.

Por su parte, el diputado Ramón Vázquez destacó que el derecho procesal en México ha evolucionado como una herramienta fundamental para garantizar la justicia efectiva y proteger la integridad del proceso judicial. Recordó que desde la incorporación del artículo 249 Bis al Código Penal Federal en 1993, se reconoció la gravedad de las maniobras fraudulentas como una amenaza directa al orden jurídico.

“En una justicia penal acusatoria y con una ciudadanía más exigente en legalidad, el combate al fraude procesal es una prioridad legislativa. Este delito afecta la equidad del proceso y la confianza pública, por lo que se requieren normas claras para sancionar con firmeza las conductas que vulneran la buena fe procesal”, indicó.

Asimismo, los promoventes subrayaron que el propósito de fondo de esta reforma es fortalecer el cuidado y protección de la propiedad de los bajacalifornianos, ante casos en los que grupos de “profesionales del derecho” se involucran en maniobras fraudulentas para despojar a ciudadanos de sus bienes.