Es necesario que el delito de portación de armas de uso exclusivo del ejército se incorpore al catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, señaló el especialista en derecho penal Álvaro González.
La portación de armas, añadió, no abona a la protección del bien jurídico tutelado de la seguridad pública y la paz social que es una de las virtudes del derecho y las leyes que emanan deben de corresponder a la exigencia social que impera en una comunidad.
“Es decir, el constituyente debe tener claro el pulso ciudadano y qué situaciones son las que más le agravian.
El Senado de la Republica acaba de pronunciar este mes un análisis y la posible reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto al artículo 167, donde se prevé qué delitos merecen prisión preventiva oficiosa o conocidos de manera general como delitos graves, que por lo tanto no merecen algún beneficio para llevar su asunto penal en libertad”, expresó.
Sería conveniente, agregó, que el Congreso aclare todo lo referente a la portación de armas, ya que el tema es controversial y opaco ante los ciudadanos de bien que podrían incurrir en elevadas penas al tratar de defender su integridad o la de sus seres queridos.
“El Senado debería analizar mayores penas en la intromisión a un lugar cerrado conocido como allanamiento de morada, con el fin que sea, ya que se debe de proteger el patrimonio y la integridad de miles de familias mexicanas que se encuentran agobiadas ante la creciente ola a nivel nacional del delito de robo a casa habitación y la imposibilidad de defenderse de los ciudadanos al no entender bien de qué se trata la legítima defensa.
Sin el ánimo de desestimar este nuevo sistema de impartición de justicia, que nada abona o que beneficia a la delincuencia, ya que esto puede incidir en el ánimo del delincuente para cometer delitos y más aquellos que pegan al bolsillo de los mexicanos como es el caso de robo y que cabe destacar que este delito utilizando la violencia a través de un arma o explosivo continúa siendo delito grave u hoy conocido como prisión preventiva oficiosa”, mencionó.
Refirió que hoy por mandato constitucional, los jueces de control deben proteger los derechos humanos, el debido proceso y los tratados internacionales donde antes la excepción era la libertad y la regla la prisión.
Consagrando el artículo primero Constitucional, comentó, no se puede retroceder en la presunción de inocencia que tanto tiempo fue el clamor y angustia al primero encarcelarse y después investigarse.
“Se debe estudiar qué se debe pulir en este nuevo sistema, para que llegue a un punto medio y la sociedad se sienta protegida por esas leyes sin dejar de recordar que la policía sigue siendo el eslabón más débil de este proceso desgraciadamente.
El restablecimiento de la seguridad y evitar la puerta giratoria de delincuentes en los procesos judiciales, será a través de la capacitación de los cuerpos de seguridad pública asertiva y adecuada a su ámbito de competencia siempre apostando al capital humano que en tiempos anteriores con todo el apoyo y voluntad política han podido estar a la altura de la sociedad”, declaró.