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Etiqueta: congreso bc

Exhorta Congreso de BC a gobiernos a implementar campañas para la detección temprana del autismo

  • A través de Políticas Públicas a favor de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, señala la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo.

A propuesta de la Diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, el Congreso del Estado aprobó exhortar a la Secretaría de Salud del Estado, así como a los Ayuntamientos de Baja California, para que implementen campañas, estrategias y acciones para la detección temprana e integral del Autismo en niñas, niños y adolescentes, a través de Políticas Públicas a favor de las Personas con Trastorno del Espectro Autista.

En la actualidad, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) constituye una condición que afecta a un número significativo de personas en nuestro país. La Secretaría de Salud informó que 1 por ciento de la población mundial lo padece y se estima que, en México, según datos del INEGI, hay registro de 45 mil niños con el Trastorno, lo cual pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar políticas públicas que garanticen la inclusión, el respeto y el apoyo adecuado a esta población, destacó la diputada Peñaloza en su exposición de motivos.

El TEA es una condición neurodesarrollativa que afecta las habilidades de comunicación, interacción social y comportamiento. Las personas con autismo enfrentan diversos desafíos en su vida cotidiana debido a la falta de infraestructura adecuada, programas educativos inclusivos y acceso a servicios de salud especializados. Esta situación se agrava por la falta de políticas públicas que aborden sus necesidades de manera integral, abundó la legisladora.

El exhorto tiene como finalidad instar al Sector Salud que diseñe, promueva y ejecute políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, fomentando su plena inclusión en el ámbito social, educativo, laboral y comunitario. Así como la integración a los Ayuntamientos del Estado de Baja California a sumarse a estas políticas públicas.

En esta dirección reconoció que el Gobierno del Estado de Baja California que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda, en su conferencia “Miércoles de Mañanera” del pasado 02 de abril de 2023, declaró que ha brindado gran apoyo a la niñez bajacaliforniana al citar que para 2025 en curso, se destinarán 19 millones de pesos para fortalecer estas acciones, lo que permitirá ampliar la atención en más escuelas, capacitar a más docentes y ofrecer terapias a un mayor número de niñas y niños, consolidando un sistema educativo inclusivo y con justicia social.

Propone diputada tipificar alienación parental para cuidar a infancias víctimas de violencia

  • Cuando se les protege en procesos de divorcio, se previenen consecuencias perjudiciales futuras en niñas y niños.

Cuando al menor se le protege de las violencias en los procesos judiciales de divorcio o separación de sus progenitores y en su entorno familiar, se le dan modelos educativos donde la desigualdad y el maltrato no operan o no tienen cabida, y se previenen consecuencias perjudiciales futuras en las infancias.

Esto fue señalado por la Diputada María Yolanda Gaona Medina, al presentar una Iniciativa de reforma al Código Penal local, para que la práctica de la Alienación Parental (AP) sea tipificada como figura punitiva, con el fin de dar protección amplísima a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar.

Dicha práctica consiste en manipular la conciencia de un menor de edad, con la finalidad de provocarle distorsiones graves de la realidad, para producir rechazo contra alguno de los progenitores.

Todo ello, dijo, con el fin de que los menores de edad involucrados rechacen u odien a uno de los padres, con independencia de quien guarde su custodia provisional o definitiva, con lo que también se violenta al padre o la madre.

Lo que afecta trascendentalmente los derechos humanos del niño, niña o adolescente inmerso en la situación, impidiéndole gozar de bienestar, así como de un ambiente sano libre de violencias y de contar con la orientación apropiada para que puedan ejercer sus derechos, como por ejemplo, a no ser separados de sus padres sin causa justificada, o mantener relaciones personales sanas de contacto directo en todo momento con ambos.

Según el principio básico de la teoría de los derechos humanos, los instrumentos internacionales y nacionales pueden ser aplicables a todas las personas independientemente de cualquier particularidad, pero existen ciertos grupos humanos cuyos derechos no están debidamente garantizados en la actualidad, siendo uno de ellos el conformado por las niñas, niños y adolescentes, quienes no deben ser discriminados sino todo lo contrario, ampliamente protegidos.

Es aquí precisamente, donde radica la comprensión del sentido del principio del interés superior de la niñez, lo que significa que para la toma de decisiones de cualquier índole, más aún, en la emisión de resoluciones judiciales o administrativas, y en la creación de políticas públicas, se debe atender este principio constitucional.

Proponen sancionar con cárcel el robo de catalizadores en Baja California

  • Además de afectar a los propietarios de vehículos, el robo de catalizadores incrementa los niveles de contaminación ambiental, señala el diputado, Juan Manuel Molina García.

El diputado, Juan Manuel Molina García presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California, con el objetivo de sancionar con mayor severidad el robo de catalizadores de vehículos automotrices, una problemática creciente que afecta tanto la seguridad de la población como el medio ambiente.

“El robo de catalizadores no solo impacta a los propietarios de los vehículos, sino que también tiene repercusiones en la calidad del aire, ya que los vehículos sin estos dispositivos emiten niveles de gases contaminantes superiores a los establecidos por la ley. Además, la eliminación de los catalizadores contribuye a la contaminación auditiva, lo que agrava aún más el problema ambiental”, expuso Molina García.

Explicó que los catalizadores de vehículos automotrices son dispositivos esenciales para el control de emisiones, ya que están compuestos por metales preciosos como platino, paladio y rodio. Debido al incremento en el valor de estos metales en el mercado, ha aumentado la venta ilegal de catalizadores usados, lo que a su vez ha generado un auge en el robo de esta pieza vital de los vehículos.

Ante esta situación, la propuesta busca no solo sancionar con más rigor el robo de catalizadores, sino también regular el manejo y comercialización. Se propone la adición de un nuevo artículo al Código Penal del Estado de Baja California que castigue con penas de prisión, así como multas que van de 50 a 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a aquellos que gestionen estos residuos sin la debida autorización ambiental.

Juan Manuel Molina sostuvo que lo que se persigue con esta reforma es la protección, el medio ambiente y garantizar la seguridad de la población al castigar a aquellos que causan daños ambientales al no contar con las autorizaciones estipuladas para el manejo integral de estos residuos, así como disuadir a quienes sustraen de forma ilegal esta pieza con intenciones de venderla, derivado del valor de los metales que contiene.

Diputada Alejandrina Coral propone libre tránsito en ampliación del bulevar 2000 para residentes

  • El Pleno del Congreso determinó que el Punto de Acuerdo presentado se turne a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para un mayor análisis

La diputada Alejandrina Corral Quintero presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a fin de que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones necesarias para garantizar un esquema de tránsito libre en el proyecto de ampliación del Corredor 2000, que conecta los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.

En su intervención, la legisladora destacó que se trata de una vialidad estratégica para la movilidad en Baja California, ya que conecta la Zona Este de Tijuana con Playas de Rosarito, facilitando el tránsito diario de miles de personas y unidades del transporte público y de carga.

Advirtió que la posible concesión del Bulevar 2000 en Tijuana es un tema que requiere de un debate serio, con plena transparencia y participación ciudadana.

“La infraestructura pública es un derecho de la ciudadanía, y su manejo debe responder al interés colectivo, no a negociaciones ocultas que pongan en riesgo el bienestar de nuestra comunidad. Exigimos transparencia, participación y equidad en la toma de decisiones que afectan a las y los bajacalifornianos”, afirmó.

Asimismo, la diputada solicitó que se consulte a la ciudadanía, especialmente a los residentes de los municipios directamente conectados por esta vialidad, en torno a la construcción del proyecto de ampliación, bajo principios de participación social, transparencia y equidad en la toma de decisiones, incluyendo el acceso al proyecto ejecutivo de la obra.

Como resultado, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría de votos turnar el punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el fin de solicitar el proyecto completo a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Estado, para realizar un análisis más amplio y detallado.

Dueños irresponsables de mascotas en BC enfrentarían hasta 8 años de cárcel por ataques en vía pública

  • Esta iniciativa ciudadana es un cambio en la perspectiva legal sobre la responsabilidad de dueños de animales que ocasionen daños o lesiones
  • Proponen sancionar con penas de hasta 8 años de cárcel a quien cause lesiones a otra persona a través del ataque de un animal

En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la diputada morenista Michel Sánchez Allende se pronunció a favor de la “Ley Amparito”, una iniciativa ciudadana que busca castigar a personas propietarias de perros que, de manera irresponsable, permiten que sus mascotas deambulen en la vía pública sin medidas de seguridad, poniendo en riesgo a la ciudadanía.

Desde la Tribuna, la legisladora recordó que en Baja California se han reportado diversos casos de ataques de caninos, siendo el más reciente el ocurrido el 18 de agosto de 2024, cuando Amparo Romero Gálvez perdió la vida tras el ataque de una jauría en el fraccionamiento Villas del Rey IV.

A raíz de esta tragedia, expresó su respaldo a la iniciativa promovida por su hija, la Lic. Ana Lidia Soto Romero:

“Me dirijo a ustedes con la firme convicción de que el cambio sólo es posible cuando se asume con compromiso, respeto y acompañamiento. Hoy, más que nunca, debemos trabajar por un presente y un futuro en los que la justicia sea una realidad para todas las personas en nuestro estado”.

La diputada manifestó que existe una grave problemática derivada de la falta de responsabilidad de muchas personas dueñas de perros. Estos descuidos —señaló— han provocado lesiones considerables e incluso homicidios, tragedias que justifican la necesidad de fortalecer el marco legal para proteger la vida como bien jurídico tutelado.

Detalló que las reformas al Código Penal contemplan sanciones para casos de lesiones u homicidios causados por ataque animal, particularmente cuando estos hechos deriven de dolo o negligencia por parte del dueño. Las penas propuestas alcanzarían hasta 8 años de prisión.

“Las reformas planteadas por la Licda. Soto Romero reflejan un cambio en la perspectiva legal sobre la responsabilidad de las personas dueñas de animales, principalmente perros, y buscan proteger la integridad física, la vida y la salud de todas las personas”.

Añadió que la exigencia de justicia no es simbólica, sino una necesidad urgente impulsada por la lucha en torno a la Ley Amparito.

Su familia —dijo— ha alzado la voz contra la impunidad y la violencia institucional, recibiendo el respaldo de la ciudadanía a través de firmas y protestas.

“El caso de Amparito no debe repetirse”.

Iniciativa para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en el Congreso de BC

  • Presentó una iniciativa para garantizar espacios legislativos accesibles y personal capacitado.

Durante la sesión ordinaria del Congreso local, la diputada Michelle Tejeda presentó un posicionamiento para respaldar su iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el objetivo de garantizar una atención verdaderamente accesible, inclusiva y respetuosa hacia las personas con discapacidad, en los Módulos de Atención Ciudadana de las Diputadas y Diputados.

La propuesta legislativa plantea que en estos espacios públicos se tenga personal capacitado para atender las peticiones de personas con discapacidad auditiva, mental, motriz, visual, y/o múltiple. Además de la implementación de ajustes razonables y la eliminación de barreras físicas que impiden el acceso pleno de este sector a los servicios legislativos.

Para ello, se contempla que la Comisión Estatal de Derechos Humanos imparta la capacitación correspondiente, en colaboración con la Secretaría de Inclusión y la Secretaría del Bienestar, instituciones que participaron en el proceso de consulta a personas con discapacidad.

Desde la máxima tribuna, la legisladora subrayó que esta iniciativa no es una reforma administrativa más, sino un compromiso con la justicia social y la dignidad humana.

“No podemos exigir inclusión si nuestros propios espacios no son accesibles. La igualdad no se alcanza con discursos, sino con acciones que eliminen obstáculos, que generen condiciones y que abran puertas”, expresó.

En su exposición de motivos, consideró que las personas con discapacidad han dado innumerables muestras de un alto espíritu de participación y de compromiso social, contribuyendo significativamente con las causas ciudadanas, no solo en lo relacionado a las políticas públicas que inciden directamente en su desarrollo como población vulnerable, sino que permanentemente aportan ideas, fijan posturas y debaten sobre temas de la agenda pública en general.

Michelle Tejeda afirmó que esta medida representa un paso necesario para que el Congreso sea un espacio que refleje los principios de accesibilidad y derechos humanos que promueve en su labor legislativa, al destacar que “debemos empezar a poner el ejemplo desde casa, desde este Congreso. Porque la dignidad no se debe debatir, se debe garantizar. Una sociedad justa empieza desde las instituciones”.

Jorge Ramos presenta iniciativas para fortalecer la seguridad y la igualdad

  • Bajo la promoción del congresista, las nuevas propuestas legislativas recogen las voces de la ciudadanía de los foros realizados en el estado.

Como parte del paquete de propuestas recabadas durante los foros ciudadanos realizados en los distintos municipios del estado, el diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso del Estado, presentó tres iniciativas de reforma orientadas a fortalecer la prevención de la violencia desde una perspectiva educativa, social y de igualdad de género.

La primera de estas iniciativas propone reformar el artículo 6 de la Ley de Educación del Estado para incluir la figura del criminólogo educativo como parte del personal que contribuye a la formación de las y los estudiantes.

Esta figura tendría la función de diseñar e implementar programas para la prevención del bullying, la violencia de género, la ciberdelincuencia, el maltrato animal y otras conductas antisociales, promoviendo ambientes escolares seguros y de sana convivencia.

Al respecto, Jorge Ramos señaló que la escuela es el mejor lugar para sembrar una cultura de paz y prevención, por lo que es fundamental que las instituciones educativas cuenten con herramientas profesionales para identificar y atender los factores de riesgo desde una etapa temprana.

En una segunda propuesta, se plantea reformar diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de dejar explícito que los actos de violencia política también pueden ocurrir dentro de los sindicatos.

El legislador explicó que, históricamente, los sindicatos han estado dirigidos por hombres, y es hora de que la ley reconozca y proteja el liderazgo político de las mujeres en estos espacios, toda vez que la militancia sindical también representa una forma legítima de participación política.

La tercera iniciativa propone reformas a la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el objetivo de establecer de manera permanente el Programa de Restauración del Tejido Social en Comunidades Prioritarias. Esta medida busca empoderar a las comunidades con altos índices delictivos, fortaleciendo su cohesión interna, su resiliencia y su capacidad de organización.

El proponente enfatizó que la reconstrucción del tejido social es una tarea de largo aliento, por lo que necesitamos políticas estables que trasciendan los ciclos electorales y garanticen continuidad en los esfuerzos de prevención y que estas propuestas legislativas son resultado directo del diálogo con la ciudadanía, especialistas y sectores sociales, y buscan traducir las inquietudes ciudadanas en acciones legislativas concretas.

Presenta Maythé Méndez iniciativa de reforma a Ley de Responsabilidades

  • Con esta reforma se fortalece y se respeta su autonomía municipal hacendaria, concluyó Méndez Vélez.

La diputada Maythé Méndez Vélez presentó ante la XXV Legislatura del Congreso del Estado una Iniciativa de Reforma que propone modificar el párrafo segundo del artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, misma que será analizada en comisiones y, posteriormente, en el Pleno.

Como Presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, la legisladora tecatense subrayó su compromiso con el respeto a la autonomía municipal, entendida como la capacidad de los Ayuntamientos para administrar y gestionar sus propios asuntos, sin la injerencia de otras instancias de gobierno.

“Esto incluye la facultad de crear normasadministrar servicios públicos y controlar el gasto, aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de un municipio”, expresó Méndez Vélez.

El objetivo de esta reforma es que, en el caso de contrataciones que se pretendan realizar durante los últimos tres meses de gestión de un Ayuntamiento, sea el Cabildo municipal, primero en comisiones y luego en sesión formal, quien tenga la facultad de autorizar dichas acciones, y no el Congreso del Estado.

Con ello —concluyó— se busca fortalecer la autonomía hacendaria de los municipios y garantizar que las decisiones administrativas y financieras de cierre de administración sean tomadas desde el ámbito local, respetando el principio de gobernanza y responsabilidad municipal.

Propone Diputada Araceli Geraldo exhorto para reforzar seguridad en Centros Escolares en BC

  • Dirigido a las personas titulares de las dependencias de Seguridad Ciudadana y de las Direcciones de Seguridad Pública municipales

Con el propósito de reforzar la vigilancia y prevención en centros escolares, en beneficio y protección de niñas, niños y adolescentes, la diputada Araceli Geraldo Núñez presentó un exhorto dirigido a las personas titulares de las dependencias de Seguridad Ciudadana y de las Direcciones de Seguridad Pública municipales.

En su intervención, la legisladora subrayó que la prevención es clave para garantizar la seguridad en el entorno educativo, al señalar que no se trata solo de reaccionar ante incidentes, sino de anticiparse a ellos. “Debemos avanzar en programas de concienciación sobre acoso escolarviolencia y el uso responsable de la tecnología”, expresó.

Durante su exposición, recordó dos lamentables hechos ocurridos recientemente en el estado. El primero, el 16 de marzo en el Colegio de Bachilleres Plantel Mexicali 1, donde se reportó un intento de abuso, posiblemente sexual, frustrado por la intervención de estudiantes. Aunque el agresor logró huir antes del arribo de las autoridades, el caso provocó temor e indignación entre alumnos y padres de familia.

El segundo hecho, ocurrido el 27 de marzo en Tijuana, involucró el asesinato de un estudiante de 14 años, a las afueras de la Escuela Secundaria Josefina Rendón. “Aún llevaba su mochila y uniforme escolar cuando fue privado de la vida. Lo más alarmante es que el presunto agresor también era menor de edad y tenía acceso a armas de fuego”, explicó.

Ante este panorama, la diputada consideró esencial capacitar al personal educativo en temas de seguridad, manejo de crisis y detección de señales de alerta, con el objetivo de prevenir incidentes que puedan poner en riesgo a la comunidad estudiantil.

Finalmente, exhortó a las corporaciones policiacas municipales y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado a reforzar los protocolos preventivos que garanticen la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

“No queremos que estos lamentables hechos sigan ocurriendo. Como legisladores y ciudadanos, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestra niñez y juventud, con acciones concretas y un compromiso real con su bienestar”, concluyó.

Aprueban contemplar al personal de carácter administrativo en caso de violencia obstétrica en BC

  • El Pleno aprueba Dictamen No. 3 de la Comisión de Igualdad de Género de la iniciativa de la Diputada Montse Murillo
  • Se refiere su iniciativa a una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California

En sesión de Pleno, fue aprobado el dictamen relativo a la iniciativa de la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, con la que se fortalece el marco jurídico de Baja California, al contemplar también al personal administrativo en los casos de violencia obstétrica.

Dicha iniciativa —una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California— se encuentra contenida en el Dictamen No. 3 de la Comisión de Igualdad de Género y fue aprobada por 22 votos a favorcero en contra y cero abstenciones.

El órgano dictaminador coincidió con el planteamiento de la legisladora inicialista en cuanto a que la violencia por razón de género constituye una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, sustentadas en estructuras de desigualdad profundamente arraigadas en la sociedad.

En su exposición de motivos, la Diputada Montse Murillo subrayó la importancia de sumar esfuerzos para visibilizar esta problemática, implementar protocolos de actuación y erradicar este tipo de violencia en los servicios de salud. “Debemos trabajar para que, con el tiempo, este tipo de actos dejen de presentarse”, enfatizó.

La violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres, generada dentro de los servicios de salud públicos y privados, con consecuencias devastadoras en su salud física, mental y su desarrollo social.

Por lo anterior, la Diputada Michel Sánchez, presidenta de la Comisión dictaminadora, destacó que la iniciativa es procedente, ya que fortalece las políticas públicas para brindar servicios de salud de calidad, protegiendo así el derecho a la salud y a una vida libre de violencia de las mujeres y personas gestantes, en concordancia con los artículos 1° y 4° de la Constitución Mexicana.

A nivel internacional, el derecho a la salud también se encuentra reconocido en instrumentos como:

  • la Declaración Universal de los Derechos Humanos
  • el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
  • y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Con base en estos principios, se aprobó la reforma al artículo 6 de la citada Ley, que quedará de la siguiente manera:

VI. Violencia Obstétrica. — Toda conducta, acción u omisión que ejerza el personal de salud o personal administrativo, de manera directa o indirecta, y que afecte a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o puerperio, mediante la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres, que se exprese en un trato deshumanizador, omisión de atención oportuna y eficaz, abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, prácticas sin consentimiento como esterilización o realización de una cesárea sin justificación médica, o cualquier otra que tenga como resultado la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo y sexualidad, impactando su calidad de vida.