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Etiqueta: congreso bc

Avanza aprobación de la Tarjeta Violeta como derecho constitucional para mujeres en BC

  • La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

Las diputaciones integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Manuel Molina García, aprobaron el Dictamen No. 29, mediante el cual se eleva a rango constitucional el derecho de las mujeres autónomas jefas de familia en situación de vulnerabilidad, a recibir un apoyo económico periódico a través de la Tarjeta Violeta.

El dictamen resultó de la coincidencia en la visión de dos iniciativas presentadas, una por la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y otra por la legisladora Liliana Michel Sánchez Allende, las cuales fueron analizadas en un solo proyecto para consolidar el respaldo a las mujeres que más lo necesitan.

Durante la sesión, se destacó que este programa social ha beneficiado a más de 100,000 mujeres jefas de familia en Baja California, con un apoyo bimestral de 2,600 pesos.

Su inclusión en la Constitución garantizará que futuras administraciones no puedan eliminarlo arbitrariamente, fortaleciendo la autonomía económica de las beneficiarias y contribuyendo a la reducción de la pobreza y la desigualdad social.

El diputado Juan Manuel Molina García subrayó la relevancia de este dictamen al señalar que, así como a nivel nacional se instituyeron derechos para adultos mayores y personas con discapacidad, ahora se busca garantizar constitucionalmente un respaldo para madres jefas de familia en situación de vulnerabilidad.

“Este dictamen representa un avance significativo en la eliminación de brechas sociales, asegurando que las mujeres que sostienen solas sus hogares cuenten con un apoyo económico garantizado en la Constitución. Esto permitirá también que haya mayores previsiones presupuestales y ajustes en los criterios de acceso al beneficio, a cargo de la dependencia responsable en el Gobierno del Estado”, afirmó Molina García.

Además del presidente de la Comisión, a la sesión asistieron las diputadas Alejandra Ang, Evelyn Sánchez, Julia González, Maythé Méndez, Michel Sánchez y Daylín García, así como representantes de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Bienestar y de los órganos técnicos del Poder Legislativo, quienes participaron en el análisis y dictaminación del proyecto.

Se espera que el Dictamen aprobado sea presentado en el Pleno del Congreso en los próximos días para su votación definitiva.

¿Adiós a la chancla? Diputados aprueban reforma para prohibir castigos físicos a niños y niñas en BC

  • La Comisión de Bienestar aprobó proyectos que fortalecen la protección de niños, adolescentes
  • Además, respaldan iniciativa que define la vejez, clarifica las formas de violencia contra las personas adultas mayores
  • Golpes y regaños que humillen a la niñez ya no serán opción: buscan erradicar castigos “tradicionales” en la crianza

En Sesión Ordinaria de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, encabezada por la diputada Michelle Tejeda, se analizaron y aprobaron tres proyectos legislativos encaminados a garantizar la protección a niñas, niños y adolescentes y a adultos mayores.

El primero de ellos tiene como objetivo prohibir los castigos corporales y humillantes en contra de niñas, niños y adolescentes, como supuestos métodos correctivos, para lo cual se plantea la reforma al artículo 45 de la Ley para Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, por parte de la legisladora Michelle Tejeda.

La inicialista agradeció el respaldo unánime a su iniciativa y recordó cómo muchos crecieron con castigos como la chancla, regaños y miradas intimidantes, antes vistos como normales. Destacó que, más allá de los golpes, las palabras humillantes también afectan profundamente a la niñez, por lo que subrayó la importancia de erradicar la violencia en todas sus formas y garantizar un entorno de respeto y dignidad para niñas, niños y adolescentes.

También se sometió a consideración de las y los diputados el proyecto legislativo del diputado Ramón Vázquez, que propone incorporar el principio de mínima intervenciónen los procesos judiciales donde niñas, niños y adolescentes participen como víctimas o testigos. Esta iniciativa busca garantizar su derecho a emitir opinión sobre los hechos que les conciernan, minimizando su participación directa para evitar situaciones perjudiciales o traumáticas.

El tercer proyecto dictaminado corresponde a la iniciativa de reforma a la Ley de Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores, presentada por la legisladora Araceli Geraldo, en el sentido de fortalecer la protección de los derechosde las personas adultas mayores mediante la armonización con la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de la Persona Mayor.

Además, introduce definiciones clave sobre envejecimiento y vejez, clarifica las formas de violencia que pueden afectar a este sector de la población e impulsa un enfoque de protección integral basado en la igualdad, la inclusión y la seguridad social. Además, reafirma la responsabilidad del Estado en la implementación de políticas públicas que garanticen su bienestar y derechos fundamentales.

Durante el desarrollo de la sesión, participaron además de la diputada presidenta de la Comisión de Bienestar, las legisladoras Montserrat Murillo, Julia González, Gloria Miramontes, Angélica Peñaloza, Julia Andrea González, y Mayola Gaona, así como el diputado Jaime Cantón, además de la diputada inicialista Araceli Geraldo y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Manuel Molina García.

Diputada Alejandra Ang presenta iniciativa para actualizar la definición de acoso escolar en B.C

• Busca que las autoridades educativas cuenten con herramientas legales más precisas para la identificación, prevención y erradicación del acoso escolar

Con el objetivo de fortalecer el marco legal en materia de protección a niñas, niños y adolescentes, la diputada Alejandra Ang Hernández presentó una iniciativa de reformaal artículo 12 de la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar para el Estado de Baja California.

Esta propuesta busca actualizar la definición de acoso escolar conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2016.

Actualmente, la ley local mantiene un concepto de acoso escolar que ha quedado superado por las nuevas realidades sociales y jurídicas. La falta de una definición acorde a los estándares nacionales puede limitar las estrategias de prevención y atención en las instituciones educativas, por lo que esta reforma pretende garantizar un entorno seguro y libre de violencia para la niñez y adolescencia en Baja California.

La propuesta legislativa reconoce la importancia de adaptar las leyes a la evolución social y las nuevas dinámicas de convivencia en las escuelas, fortaleciendo los derechosde las y los estudiantes.

Con esta reforma, se busca que las autoridades educativas cuenten con herramientas legales más precisas para la identificación, prevención y erradicación del acoso escolaren todos sus niveles.

Al actualizar el concepto de acoso escolar en la legislación estatal, se avanza en la consolidación de un marco normativo que proteja a las infancias y fomente una educación basada en el respeto, la inclusión y el desarrollo integral.

La diputada Alejandra Ang Hernández reafirma su compromiso con la niñez y la adolescencia de Baja California, impulsando iniciativas que contribuyan a garantizar su bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos en un entorno escolar seguro y libre de violencia.

Congreso de BC avala reforma para digitalizar trámites y reducir burocracia

  • Legisladores respaldan la reforma constitucional que impulsa la digitalización y simplificación de trámites
  • La iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum busca mejorar la eficiencia gubernamental y fortalecer la transparencia

En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para avalar la Minuta de reforma constitucional impulsada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual tiene como objetivo digitalizar los trámites gubernamentales y reducir la burocracia en los procesos administrativos.

El diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la JUCOPO, resaltó ante el Pleno la importancia de esta reforma para mejorar la eficiencia gubernamental, combatir la corrupción y garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos.

La reforma modifica los artículos 25 y 73 de la Constitución, con el fin de establecer la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de implementar políticas públicas orientadas a la digitalización y simplificación de trámites.

Además, incluye la adopción de mejores prácticas regulatorias, el fortalecimiento de capacidades tecnológicas en la administración pública y faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley Nacional en la materia.

Esta medida responde a la necesidad de fortalecer la transparencia, la eficiencia y el acceso equitativo a los servicios gubernamentales, adaptándose a los cambios normativos que exige la transformación del Estado y la sociedad.

La digitalización permitirá a los ciudadanos acceder de manera más ágil y sencilla a los servicios públicos, eliminando procesos burocráticos innecesarios y optimizando la relación entre el gobierno y la población.

El modelo burocrático tradicional, si bien fue funcional en su momento, requiere ajustespara responder a las demandas actuales. La digitalización reduce la complejidad de los procesos tanto en el sector público como en el privado, alineándose con acuerdos internacionales que promueven el uso de la tecnología como una herramienta clavepara cerrar brechas sociales.

Con la aprobación de este acuerdoBaja California se suma a las entidades que respaldan este esfuerzo legislativo, el cual busca agilizar los procesos gubernamentales y asegurar un acceso eficiente y transparente a los servicios públicos.

Reforma al Código Civil de BC interrumpe la prescripción de bienes en casos judiciales

  • Se detendrá la adjudicación de un bien inmueble cundo haya denuncia penal o cualquier otra interpelación judicial.

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado, que preside la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, aprobó el dictamen número 5 por el que se reforma el artículo 1155 del Código Civil para el Estado de Baja California, con la finalidad de que se interrumpa la prescripción de un bien inmueble, cuando exista una demanda, denuncia penal o cualquier otro género de interpelación judicial, debidamente notificada al poseedor o al deudor en su caso, respecto del bien poseído.

La prescripción se entiende como el medio de adquirir el dominio de un bien inmueble mediante la posesión pacífica, continua, pública, cierta y en concepto de dueño, pero se logra mediante juicio. La reforma pone candados a la prescripción cuando exista una denuncia penal, demanda o cualquier otro género de interpretación judicial, debidamente notificada.

La Comisión de Justicia enlistó, revisó y votó tres distintos dictámenes, dos de ellos, aunque se consideraron válidos, fueron regresados a comisiones para una mayor valoración y para subsanar algunas inconsistencias. Sólo se aprobó el dictamen 5 de la Reforma al Artículo 1155 del Código Civil, en base a una iniciativa que fue presentada en septiembre del 2024 por el diputado Juan Diego Echavarría Ibarra.

La sesión de trabajo fue efectuada en instalaciones de la Auditoría Superior del Congreso del Estado en la ciudad de Tijuana, en la que participaron los diputados Norma Angélica Peñaloza como presidenta, el inicialista Juan Diego Echavarría Ibarra, Juan Manuel Molina, Araceli Geraldo Núñez, Humberto Valle Ballesteros y Ramón Vázquez Valadez. El dictamen fue aprobado por votación unánime de los diputados presentes.

La Comisión de Justicia, en votación económica también unánime, determinó regresar a comisiones para un mayor análisis, dos iniciativas enlistadas, una de la diputada Daylín García Ruvalcaba para reforma Código Penal del Estado para establecer nuevas medidas de protección a los animales, y la otra de la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, para modificar el Código Civil del Estado, para fijar nuevas disposiciones en favor de los menores cuando estén en medio de un proceso de divorcio de sus padres.

¡Hasta 4 años de prisión! Iniciativa para castigar la violencia contra niños y adolescentes

  • La diputada, Michelle Tejada señala que se pretende no solo castigar, sino también prevenir el maltrato infantil y proteger a las niñas, niños y adolescentes

Con el objetivo de sancionar con penas de seis meses a cuatro años de prisión a quienes ejerzan violencia física o psicológica contra niñas, niños o adolescentes en cualquier ámbito o circunstancia, cuando tengan a su cargo la patria potestad, tutela, custodia o cuidado de menores de edad, la diputada morenista Michelle Tejeda presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado.

La inicialista destacó que la propuesta no solo busca castigar, sino también prevenir el maltrato infantil y garantizar la protección de los menores.

Diputada Michelle Tejeda.

En México, el maltrato infantil ha dejado de ser una práctica cotidiana en los hogares para convertirse en un grave problema social, donde las agresiones y malos tratos a los menores han escalado a actos tipificables como delitos, lo que exige un enfoque más profundo en el ámbito del derecho penal.

“Es muy preocupante que este flagelo siga en aumento de forma alarmante, con consecuencias graves que marcan de por vida a las víctimas y han provocado un número significativo de adultos con una historia de maltrato infantil, lo que incrementa el riesgo de que los patrones de violencia se repitan de una generación a otra”, expuso Michelle Tejeda.

A pesar de los avances legales, apuntó, las violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes siguen siendo grave problemática. Los datos del INEGI reflejan un aumento en delitos como homicidios, feminicidios y abuso sexual, con una mayor vulnerabilidad de las mujeres. Esto resalta la urgencia de endurecer las leyes y sanciones para garantizar la protección de la infancia.

La diputada Tejeda subrayó que con esta reforma se avanzará en la reducción de abusos y maltratos contra menores, lo que garantizará un futuro libre de violencia, y enfatizó que las sanciones penales no excluyen tomar medidas como retirar la custodia a los padres o tutores abusivos para colocar a los niños en entornos seguros.

¡Contra el tráfico en Mexicali! Diputado exige soluciones para mejorar la movilidad

  • Jaime Cantón Rocha exhorta Congreso al IMOS y al Municipio de Mexicali para que convoquen mesas de trabajo conjuntas en materia de movilidad urbana

El Congreso del Estado emitió un atento exhorto al Ayuntamiento de Mexicali y al titular del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California (IMOS) para que por medio de sus atribuciones, convoquen mesas de trabajo conjuntas en materia de movilidad con el objeto de ordenar el tráfico, reducir emisiones contaminantes y disminuir el desgaste de la infraestructura vial.

La propuesta legislativa fue presentada por el diputado, Jaime Cantón Rocha, quien explicó que el incremento del tránsito de vehículos de carga, genera un impacto negativo en las vialidades, la seguridad pública y la calidad del aire.

El legislador Cantón Rocha explicó que la Legislación Federal, Estatal y Municipal, prevén las facultades de las autoridades para regular la movilidad sustentable por lo que, en ese sentido, resulta conveniente la implementación de los conceptos de Zonas de Gestión de la Demanda de Movilidad en el municipio de Mexicali, conforme a lo previsto en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

El IMOS, en el marco de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, tiene la facultad de ajustar los horarios y rutas del transporte de carga conforme a la circulación general, en coordinación con las Autoridades Municipales.

Asimismo, indicó que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana de Mexicali (IMIP), a través de su plataforma geovisor, establece las rutas principales de circulación permitidas para el transporte de carga en el municipio, sin embargo, en estas rutas no se incluyen vialidades clave como el Bulevard Lázaro Cárdenas, Calzada Cetys, Calzada Independencia y Calle Novena, lo que ha generado un vacío en la regulación del tránsito de estos vehículos en zonas de alta circulación.

El Boulevard Lázaro Cárdenas es una de las vialidades más importantes de Mexicali, con un alto flujo vehicular a lo largo del día y la presencia de camiones de carga en esta arteria durante las horas de mayor tránsito genera un impacto negativo en la movilidad urbana; además, el constante paso de estos vehículos pesados acelera el desgaste de la infraestructura vial, incrementando los costos de mantenimiento para el municipio.

Por lo que el Congreso estatal exhorta respetuosamente a la Presidenta Municipal de Mexicali, Norma Bustamante Martínez y al director del IMOS de Baja California, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, a convocar Mesas de Trabajo conjuntas, con el objeto de incorporar los conceptos de Zonas de Gestión conforme a lo previsto en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para la Movilidad en el Municipio de Mexicali, convocando además a la amplitud de actores involucrados por parte de la industria, la academia y la sociedad civil, con el objeto de mejorar la circulación vial, disminuir las emisiones contaminantes a la atmósfera y reducir el desgaste por tránsito pesado.

¡Atención, choferes de Apps! Nuevo requisito obligatorio en Baja California

  • La propuesta fue presentada por la diputada Araceli Geraldo para aumentar la seguridad para las personas usuarias y operarias.
  • La iniciativa reforma la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California y fue aprobado por unanimidad de los presentes.

En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Desarrollo Metropolitano presentó el dictamen número 1, correspondiente a la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, mismo que fue aprobado por mayoría.

La reforma fue presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, con la finalidad de que los vehículos de aplicaciones móviles (UBER, Didi, Cabify, Beat) porten un distintivo visible en el exterior de la unidad, identificando la empresa de transporte a la que pertenece el prestador del servicio, para fortalecer la seguridad de usuarios y operadores.

La Comisión dictaminadora concluyó que la propuesta legislativa tiene fundamentos constitucionales en la Constitución Política de México y la Constitución local.

Se reconoce que el transporte por plataformas digitales ha transformado la movilidad y se ha convertido en una actividad económica creciente. Sin embargo, en años recientes, ha habido un aumento de delitos relacionados con estas plataformas.

Por ello, se aprueba la reforma al artículo 224 de la Ley de Movilidad, con una reserva presentada por la inicialista, estableciendo que el distintivo debe ser visible desde el exterior siempre que el vehículo esté en servicio.

La reserva busca clarificar obligaciones y garantizar seguridad jurídica, asignando al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS) la emisión de la norma técnica que definirá el material, dimensiones y texto del distintivo.

Finalmente, la inicialista subrayó que no se pretende imponer una carga excesiva a los prestadores de servicio, sino brindar certeza al usuario sobre la identidad del vehículo solicitado.

Diputada Maythé Méndez solicita fortalecer la transparencia y facilitar la denuncia ciudadana

  • Presenta exhorto dirigido a la Secretaria de la Honestidad y Función Pública de BC, con el fin de fortalecer la difusión de portales de denuncia ciudadana.

Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado, la Dip. Maythé Méndez presentó un exhorto dirigido a la Lic. María Gabriela Monge Pérez, que encabeza la Secretaría de Honestidad y de la Función Pública de Baja California, con el propósito de fortalecer la transparencia y facilitar la denuncia ciudadana, en el marco del combate a la corrupción y la impunidad.

La legisladora solicitó, se implemente una campaña de difusión sobre el uso de los portales de internet de los entes públicos del estado, con el objetivo de fomentar la presentación de denuncias por medios electrónicos ó digitales.

De verificar que los sitios web de las dependencias gubernamentales cuenten con un acceso claro y amigable para la denuncia digital.

Que garantice la confidencialidad de los datos personales e identidad de las personas denunciantes y promover convenios ó mecanismos de coordinación con las dependencias correspondientes, mencionó la tecatense.

Méndez Vélez destacó que esta recomendación busca facilitar la participación de la ciudadanía en la supervisión y vigilancia ciudadana de la función pública, asegurando que los mecanismos de denuncia sean accesibles, seguros y efectivos.

Con esta acción, la diputada local, confirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado y finalizó lanzando una invitación a hacer uso de estos mecanismos, ejerciendo el poder de la denuncia.

Presenta diputado Diego Lara iniciativa de reforma a la ley Electoral del Estado

  • Personas privadas de su libertad con procesos abiertos deben tener derecho al voto para preservar el principio de presunción de inocencia

Diputado Diego Alejandro Lara Arregui presentó iniciativa de reforma turnada a comisiones para análisis y dictaminación, proponiendo permitir el derecho al voto a personas privadas de la libertad con procesos judiciales abiertos, pero manteniendo la prohibición a quienes tengan sentencia firme.

La reforma modificaría el Artículo 12 de la Ley Electoral del Estado, estableciendo que no podrán votar quienes estén en Centros de Reinserción Social o Centros de Internamiento para Adolescentes con sentencia condenatoria firme, pero sí quienes tengan prisión preventiva o estén vinculados a proceso, bajo el Principio de Presunción de Inocencia.

En Baja California, existen Centros de Reinserción Social en Mexicali, Tijuana, Ensenada, El Hongo I y II, con aproximadamente 13,363 personas privadas de la libertad, ya sea por sentenciavinculación a proceso o medida cautelar.

El Código Nacional de Procedimientos Penales (Artículo 13) establece que toda persona es inocente hasta que se dicte sentencia firme. Por ello, el diputado enfatiza que no debe confundirse a una persona sujeta a proceso con una sentenciada (Artículo 112).

En 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral reconoció el derecho al voto de personas en prisión sin sentencia. Por primera vez en Baja California727 personas en prisión preventiva votaron en las elecciones presidenciales de 2024, gracias a esta determinación.