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Etiqueta: congreso bc

Diputada Michelle Tejeda presenta iniciativa para mejorar la atención a personas con autismo

  • Busca implementar jornadas de detección temprana del TEA y promover campañas informativas que mejoren la atención a la niñez

Con la finalidad de fortalecer la respuesta institucional ante el incremento de casos detectados de Trastorno del Espectro Autista (TEA), la diputada morenista Michelle Tejeda, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Atención y Protección a Personas con Autismo, para que se realicen campañas informativas permanentes y jornadas de detección temprana, que garanticen atención oportuna en salud y educación.

En su exposición de motivos, la legisladora subrayó que los trastornos del espectro autista (TEA) afectan la forma en que las personas interactúan, se comunican, aprenden y se comportan, siendo crucial su diagnóstico durante los primeros años de vida.

“La detección temprana del autismo es importante porque permite iniciar intervenciones terapéuticas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas afectadas”, puntualizó.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud estatal, en Baja California hay entre 3 mil y 3 mil 500 personas detectadas dentro del espectro autista, mientras que la Secretaría de Educación reporta un aumento del 34% en un año en el número de estudiantes diagnosticados, alcanzando más de 3 mil 600 menores.

En Baja California, la Ley de Atención y Protección a Personas con Autismo prevé la integración de la Comisión Intersecretarial del Poder Ejecutivo Estatal como una instancia permanente encargada de coordinar los programas en la materia. Esta comisión está integrada por las Secretarías de Salud, Educación, Trabajo y Previsión Social, Bienestar, General de Gobierno, y de Hacienda.

Por ello, la propuesta legislativa plantea incluir como acciones prioritarias las campañas informativas sobre el TEA y las jornadas de detección temprana, considerando la necesidad de personal de salud especializado y una mayor aplicación de pruebas para el diagnóstico.

Michelle Tejeda recordó que tanto la ley general como la legislación estatal establecen la obligación de proteger los derechos de las personas con autismo, pero consideró necesario reforzar los mecanismos para una atención más oportuna y coordinada, especialmente desde el ámbito educativo y de salud.

“La detección temprana permite a los educadores y profesionales de la salud adaptar las estrategias de enseñanza y el entorno educativo, y comenzar a trabajar en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que faciliten la relación del menor con su entorno”, subrayó.

Dip. Jorge Ramos propone fortalecer financiamiento municipal para seguridad en BC

  • Procura reformar la Ley de Hacienda Municipal para generar financiamiento exclusivo en seguridad y prevención de la violencia
  • La propuesta busca compensar la desaparición de FORTASEG y brindar a los municipios recursos propios

Con el objetivo de garantizar que los municipios de Baja California cuenten con los recursos necesarios para atender la seguridad pública y la prevención de la violencia, el diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda Municipal del Estado.

La propuesta contempla la incorporación de una tasa adicional en los ingresos municipales, conforme a lo establecido en el artículo 115 constitucional, para crear una fuente de financiamiento exclusiva destinada a la seguridad. Esto permitirá a los ayuntamientos fortalecer sus estrategias de prevención y mejorar las capacidades operativas de sus cuerpos policiacos.

El legislador explicó que, tras la desaparición del programa federal FORTASEG, los municipios enfrentan importantes dificultades para invertir en infraestructuracapacitación policial y estrategias de proximidad.

Subrayó que, aunque durante su vigencia los fondos federales se orientaban al fortalecimiento de las corporaciones policiales, la prevención social de la violencia y la delincuencia quedó relegada. En este sentido, consideró urgente atender esta deuda pendiente, especialmente ante la actual estrategia de seguridad que busca enfocarse en las causas estructurales de la violencia.

La figura de las tasas adicionales, que ahora se propone integrar de forma estructural a la Ley de Hacienda Municipal, ya ha sido utilizada por algunos municipios del estado en ejercicios fiscales previos, con diversos diseños y fines extrafiscales.

Ramos Hernández destacó que cuatro de los siete municipios de Baja California ya cuentan con alguna sobretasa, y que la mitad de ellos destinan dichos recursos directamente a seguridad pública.

“Es una medida que permitirá dotar de mayor autonomía financiera a los municipios y reforzar su capacidad de respuesta ante el reto de la seguridad”, aseguró el legislador.

Comisión de Gobernación respalda reformas en materia laboral, de profesiones y justicia en BC

  • Las iniciativas impulsan la protección a trabajadores expuestos a climas extremos, amplían derechos de pasantes y abren cargos en fiscalías a perfiles externos

La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California, presidida por el diputado Juan Manuel Molina García, celebró sesión ordinaria este lunes, en la que se aprobaron tres dictámenes de iniciativas relevantes en materia laboral, profesional y de justicia, que avanzan en su proceso legislativo.

El primer dictamen corresponde a la iniciativa del diputado Jaime Cantón, que propone al Congreso de la Unión reformas a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y Ley del ISSSTE, con el objetivo de proteger a trabajadoras y trabajadores expuestos a condiciones climáticas extremas. Entre las medidas planteadas se incluyen capacitaciones en primeros auxilios, uso de equipo especializado y una prima adicional por riesgo laboral.

Durante la discusión, el legislador subrayó que se trata de hacer justicia a quienes laboran bajo condiciones adversas, como jornaleros, personal de seguridad o empleados en estaciones de servicio. “Lo que se expone es la salud y la dignidad de las personas. Si realizan un trabajo que conlleva riesgos, debe reconocerse y recompensarse”, afirmó.

El Dictamen No. 30, impulsado por la diputada Adriana Padilla, también fue aprobado. Este plantea una reforma a la Ley de Ejercicio de las Profesiones para el Estado, a fin de ampliar el plazo para que pasantes tramiten su autorización provisional, permitiéndoles ejercer sin afectar su desarrollo académico o laboral, mientras obtienen su cédula profesional definitiva.

Asimismo, se dictaminó el proyecto de reforma al artículo 70 de la Constitución Política de Baja California, promovido por el diputado Diego Echevarría, que busca permitir el acceso de personas externas a la Fiscalía General del Estado —provenientes del sector público o privado— a los cargos titulares de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción y delitos electorales. La propuesta se basa en tres ejes: igualdad de oportunidades, especialización técnica y fortalecimiento institucional, promoviendo así la transparencia y la profesionalización.

En asuntos generales, el diputado Juan Manuel Molina informó que la Comisión tiene en trámite una iniciativa para expedir una ley de consulta a comunidades indígenas y personas afromexicanas, aplicable cuando el Congreso legisle sobre temas que las impacten directamente. El proyecto ya fue elaborado y es jurídicamente viable, sin embargo, requiere de una consulta formal con las comunidades conforme a estándares legales e internacionales. En los próximos días se convocará una reunión para revisar tiempos y mecanismos de implementación.

En la sesión participaron también las diputadas y diputados Alejandra Ang, Michel Sánchez, Julia Andrea González, Evelyn Sánchez, Maythé Méndez y Diego Lara.

Proponen responsabilidad penal por crear o difundir información falsa generada con IA

  • La propuesta de la diputada Araceli Geraldo busca proteger la integridad y dignidad de las personas ante el mal uso de la Inteligencia Artificial (IA)

Con el objetivo de actualizar el marco legal ante los avances tecnológicos, la diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California, para incorporar como modalidad delictiva el uso de inteligencia artificial (IA) dentro del capítulo relativo a los delitos contra la intimidad y la imagen.

La propuesta legislativa establece que se impondrá una pena de prisión de uno a seis añosy una multa de 500 a 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien, haciendo uso de IA, manipule imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual de una persona para crear hechos falsos con apariencia real, con el propósito de exponer, distribuir, difundir o exhibir dicho material sin consentimiento.

En el documento se explica que tecnologías como el “deep learning” permiten que los sistemas informáticos aprendan por sí mismos a través de múltiples capas de algoritmos, logrando tareas humanas como la identificación de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de voz.

La diputada señaló que esta tecnología también permite imitar la apariencia y movimientos de una persona para generar contenidos falsos (deepfakes), donde se le muestra diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron en realidad.

“En ese contexto, los avances tecnológicos están transformando la manera en que se ejercen, se vulneran y se protegen derechos fundamentales como la intimidad, la privacidad y la imagen, lo cual hace indispensable contar con un marco legal actualizado”, expresó.

Araceli Geraldo enfatizó que las leyes deben evolucionar con la era digital, pues las deepfakes representan una de las mayores amenazas actuales para la democracia, la privacidad, la confianza pública y la estabilidad social. Por ello, subrayó la urgencia de establecer una regulación que contemple este fenómeno, así como de fomentar un esfuerzo ético y consciente como sociedad para evitar su propagación.

Muerte fetal o neonatal impacta la salud mental de las madres y padres: Dip. Miramontes

  • Presenta una Iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.

La muerte fetal o neonatal es una experiencia devastadora que impacta profundamente la salud mental de las madres, padres y sus familias, indicó la Legisladora de Morena, Gloria Arcelia Miramontes Plantillas al presentar una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado.

Por ello, dijo que es fundamental que en nuestra Entidad se adopten medidas normativas, para que dicho permiso sea de al menos cinco días laborables con goce de sueldo, a madres y padres trabajadores que enfrenten estas muertes de sus hijas e hijos.

Con estas medidas —dijo— se podrá avanzar hacia un modelo de atención más humanizado que respete la dignidad de las mujeres y sus familias, promoviendo su bienestar integral en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

El duelo perinatal, es un proceso complejo que puede generar trastornos psicológicos graves como depresión, ansiedad y estrés postraumático. Investigaciones han demostrado que la atención psicológica temprana y el acompañamiento adecuado, reducen significativamente las consecuencias negativas a largo plazo.

Sin embargo, en muchos casos, las mujeres y sus familias se enfrentan a la falta de apoyo institucional, la minimización de su pérdida y la ausencia de protocolos adecuados para la atención en estos casos.

A nivel laboral, la falta de un permiso específico de duelo, obliga a los padres y madres a reincorporarse inmediatamente a sus actividades, sin haber recibido apoyo psicológico ni tiempo para procesar la pérdida.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental está influenciada por factores sociales, psicológicos y biológicos, por lo que el acompañamiento en estos casos, es fundamental para mitigar los efectos negativos que esta pérdida puede generar en los individuos y la comunidad.

A pesar de su gravedad, este tema sigue siendo invisibilizado en muchos países, lo que limita el acceso a servicios adecuados de apoyo psicológico y emocional.

Jorge Ramos presenta iniciativas para mejorar la justicia, combatir la corrupción y fortalecer el sistema penitenciario

  • Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, medidas para la reinserción de adolescentes en conflicto con la Ley, entre las propuestas del diputado.

El diputado Jorge Ramos Hernández presentó tres iniciativas con el objetivo de reforzar el sistema de justicia en Baja California, enfocadas en evitar la prescripción de los delitos de corrupción, garantizar un seguimiento adecuado a los adolescentes en conflicto con la ley y fortalecer el Sistema Penitenciario del Estado.

Una de las propuestas más destacadas es una reforma al Código Penal que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos, lo que asegura que los actos de abuso de poder no queden impunes debido al paso del tiempo.

Al respecto Jorge Ramos señaló que la corrupción socava la confianza de la sociedad en las instituciones y el sistema de justicia. “Con esta reforma, buscamos que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, sin importar el tiempo transcurrido desde la comisión del delito”.

Otra de sus iniciativas tiene como objetivo mejorar la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley. Actualmente, muchos jóvenes que cumplen sanciones en centros de reclusión enfrentan riesgos de reincidencia, ya que al ser liberados regresan a los mismos ambientes delictivos.

La propuesta subraya la necesidad de establecer políticas públicas que proporcionen acompañamiento integral a estos jóvenes, incluyendo programas de rehabilitación, apoyo psicológico y educativo, con el fin de evitar que recaigan en comportamientos delictivos y asegurar su derecho a una vida digna y segura.

Además, el legislador presentó una reforma a la Ley que Crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California. Esta reforma busca armonizar las disposiciones de la ley estatal con la Ley Nacional de Ejecución Penal, asegurando que los centros penitenciarios cuenten con un marco legal claro y efectivo para promover una reinserción social más eficiente.

Cabe mencionar que estos y otros proyectos legislativos son producto del ejercicio de Parlamento Abierto que la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de esta Legislatura llevó en cada uno de los municipios de la entidad, con el objetivo de escuchar las propuestas de los bajacalifornianos para mejorar el marco jurídico y las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y protección civil.

Exhorta Congreso de BC a gobiernos a implementar campañas para la detección temprana del autismo

  • A través de Políticas Públicas a favor de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, señala la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo.

A propuesta de la Diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo, el Congreso del Estado aprobó exhortar a la Secretaría de Salud del Estado, así como a los Ayuntamientos de Baja California, para que implementen campañas, estrategias y acciones para la detección temprana e integral del Autismo en niñas, niños y adolescentes, a través de Políticas Públicas a favor de las Personas con Trastorno del Espectro Autista.

En la actualidad, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) constituye una condición que afecta a un número significativo de personas en nuestro país. La Secretaría de Salud informó que 1 por ciento de la población mundial lo padece y se estima que, en México, según datos del INEGI, hay registro de 45 mil niños con el Trastorno, lo cual pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar políticas públicas que garanticen la inclusión, el respeto y el apoyo adecuado a esta población, destacó la diputada Peñaloza en su exposición de motivos.

El TEA es una condición neurodesarrollativa que afecta las habilidades de comunicación, interacción social y comportamiento. Las personas con autismo enfrentan diversos desafíos en su vida cotidiana debido a la falta de infraestructura adecuada, programas educativos inclusivos y acceso a servicios de salud especializados. Esta situación se agrava por la falta de políticas públicas que aborden sus necesidades de manera integral, abundó la legisladora.

El exhorto tiene como finalidad instar al Sector Salud que diseñe, promueva y ejecute políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, fomentando su plena inclusión en el ámbito social, educativo, laboral y comunitario. Así como la integración a los Ayuntamientos del Estado de Baja California a sumarse a estas políticas públicas.

En esta dirección reconoció que el Gobierno del Estado de Baja California que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda, en su conferencia “Miércoles de Mañanera” del pasado 02 de abril de 2023, declaró que ha brindado gran apoyo a la niñez bajacaliforniana al citar que para 2025 en curso, se destinarán 19 millones de pesos para fortalecer estas acciones, lo que permitirá ampliar la atención en más escuelas, capacitar a más docentes y ofrecer terapias a un mayor número de niñas y niños, consolidando un sistema educativo inclusivo y con justicia social.

Propone diputada tipificar alienación parental para cuidar a infancias víctimas de violencia

  • Cuando se les protege en procesos de divorcio, se previenen consecuencias perjudiciales futuras en niñas y niños.

Cuando al menor se le protege de las violencias en los procesos judiciales de divorcio o separación de sus progenitores y en su entorno familiar, se le dan modelos educativos donde la desigualdad y el maltrato no operan o no tienen cabida, y se previenen consecuencias perjudiciales futuras en las infancias.

Esto fue señalado por la Diputada María Yolanda Gaona Medina, al presentar una Iniciativa de reforma al Código Penal local, para que la práctica de la Alienación Parental (AP) sea tipificada como figura punitiva, con el fin de dar protección amplísima a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar.

Dicha práctica consiste en manipular la conciencia de un menor de edad, con la finalidad de provocarle distorsiones graves de la realidad, para producir rechazo contra alguno de los progenitores.

Todo ello, dijo, con el fin de que los menores de edad involucrados rechacen u odien a uno de los padres, con independencia de quien guarde su custodia provisional o definitiva, con lo que también se violenta al padre o la madre.

Lo que afecta trascendentalmente los derechos humanos del niño, niña o adolescente inmerso en la situación, impidiéndole gozar de bienestar, así como de un ambiente sano libre de violencias y de contar con la orientación apropiada para que puedan ejercer sus derechos, como por ejemplo, a no ser separados de sus padres sin causa justificada, o mantener relaciones personales sanas de contacto directo en todo momento con ambos.

Según el principio básico de la teoría de los derechos humanos, los instrumentos internacionales y nacionales pueden ser aplicables a todas las personas independientemente de cualquier particularidad, pero existen ciertos grupos humanos cuyos derechos no están debidamente garantizados en la actualidad, siendo uno de ellos el conformado por las niñas, niños y adolescentes, quienes no deben ser discriminados sino todo lo contrario, ampliamente protegidos.

Es aquí precisamente, donde radica la comprensión del sentido del principio del interés superior de la niñez, lo que significa que para la toma de decisiones de cualquier índole, más aún, en la emisión de resoluciones judiciales o administrativas, y en la creación de políticas públicas, se debe atender este principio constitucional.

Proponen sancionar con cárcel el robo de catalizadores en Baja California

  • Además de afectar a los propietarios de vehículos, el robo de catalizadores incrementa los niveles de contaminación ambiental, señala el diputado, Juan Manuel Molina García.

El diputado, Juan Manuel Molina García presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California, con el objetivo de sancionar con mayor severidad el robo de catalizadores de vehículos automotrices, una problemática creciente que afecta tanto la seguridad de la población como el medio ambiente.

“El robo de catalizadores no solo impacta a los propietarios de los vehículos, sino que también tiene repercusiones en la calidad del aire, ya que los vehículos sin estos dispositivos emiten niveles de gases contaminantes superiores a los establecidos por la ley. Además, la eliminación de los catalizadores contribuye a la contaminación auditiva, lo que agrava aún más el problema ambiental”, expuso Molina García.

Explicó que los catalizadores de vehículos automotrices son dispositivos esenciales para el control de emisiones, ya que están compuestos por metales preciosos como platino, paladio y rodio. Debido al incremento en el valor de estos metales en el mercado, ha aumentado la venta ilegal de catalizadores usados, lo que a su vez ha generado un auge en el robo de esta pieza vital de los vehículos.

Ante esta situación, la propuesta busca no solo sancionar con más rigor el robo de catalizadores, sino también regular el manejo y comercialización. Se propone la adición de un nuevo artículo al Código Penal del Estado de Baja California que castigue con penas de prisión, así como multas que van de 50 a 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a aquellos que gestionen estos residuos sin la debida autorización ambiental.

Juan Manuel Molina sostuvo que lo que se persigue con esta reforma es la protección, el medio ambiente y garantizar la seguridad de la población al castigar a aquellos que causan daños ambientales al no contar con las autorizaciones estipuladas para el manejo integral de estos residuos, así como disuadir a quienes sustraen de forma ilegal esta pieza con intenciones de venderla, derivado del valor de los metales que contiene.

Diputada Alejandrina Coral propone libre tránsito en ampliación del bulevar 2000 para residentes

  • El Pleno del Congreso determinó que el Punto de Acuerdo presentado se turne a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para un mayor análisis

La diputada Alejandrina Corral Quintero presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a fin de que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones necesarias para garantizar un esquema de tránsito libre en el proyecto de ampliación del Corredor 2000, que conecta los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito.

En su intervención, la legisladora destacó que se trata de una vialidad estratégica para la movilidad en Baja California, ya que conecta la Zona Este de Tijuana con Playas de Rosarito, facilitando el tránsito diario de miles de personas y unidades del transporte público y de carga.

Advirtió que la posible concesión del Bulevar 2000 en Tijuana es un tema que requiere de un debate serio, con plena transparencia y participación ciudadana.

“La infraestructura pública es un derecho de la ciudadanía, y su manejo debe responder al interés colectivo, no a negociaciones ocultas que pongan en riesgo el bienestar de nuestra comunidad. Exigimos transparencia, participación y equidad en la toma de decisiones que afectan a las y los bajacalifornianos”, afirmó.

Asimismo, la diputada solicitó que se consulte a la ciudadanía, especialmente a los residentes de los municipios directamente conectados por esta vialidad, en torno a la construcción del proyecto de ampliación, bajo principios de participación social, transparencia y equidad en la toma de decisiones, incluyendo el acceso al proyecto ejecutivo de la obra.

Como resultado, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría de votos turnar el punto de acuerdo a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el fin de solicitar el proyecto completo a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Estado, para realizar un análisis más amplio y detallado.