• La diputada Maythé Méndez presentó una iniciativa para que el Ministerio Público solicite el tratamiento como parte de la sentencia
• La propuesta también faculta al asesor jurídico de la víctima para solicitar dicho tratamiento en caso de omisión del MP

La diputada de Morena, María Teresa Méndez Vélez, presentó una iniciativa de reforma al artículo 242 Bis del Código Penal del Estado, con el objetivo de reforzar la aplicación del tratamiento integral para agresores de violencia familiar, fomentando su responsabilidady cambio conductual.

Este artículo define la violencia familiar como cualquier acción o comportamiento que implique control, abuso o daño físico, emocional, económico o patrimonial, cometido contra una persona con la que exista una relación de matrimonio, familia, pareja o convivencia.

Actualmente, la legislación establece que quien comete este delito debe someterse a un tratamiento integral psicológico o psiquiátrico especializado, dirigido a su rehabilitación, además de cubrir el costo del tratamiento de la víctima hasta su recuperación total.

No obstante, en la práctica, este tratamiento no siempre se solicita ni impone de manera sistemática durante el proceso penal, lo cual limita su eficacia para prevenir reincidenciasy proteger adecuadamente a las víctimas.

Por esta razón, la legisladora Maythé Méndez propone que sea obligación del Ministerio Público solicitar la imposición del tratamiento como parte de la sentencia integral, evitando que esta medida quede a discreción y asegurando su aplicación efectiva en todos los casos de violencia familiar.

Además, la reforma contempla que, si el Ministerio Público no realiza la solicitud correspondiente, el asesor jurídico de la víctima pueda presentar la petición directamente ante el juez o tribunal competente.

“La erradicación de la violencia familiar es una tarea pendiente que debemos atender desde todas sus vertientes: legislativa, administrativa y presupuestal. Esta reforma busca cerrar los vacíos que impiden la aplicación efectiva de las medidas de rehabilitación, y así proteger la integridad de las familias bajacalifornianas”, expresó la diputada.