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Jorge Ramos propone hasta siete años de prisión por utilizar vehículos ajenos como “mulas ciegas” en Baja California

  • La iniciativa plantea crear un nuevo delito para sancionar a quienes introduzcan drogas, mercancías ilícitas o personas en vehículos ajenos sin conocimiento de sus propietarios o conductores.

Ante los casos en los que personas son utilizadas como “mulas ciegas” por grupos delictivos para trasladar drogas, mercancías ilícitas o personas sin su conocimiento, el diputado Jorge Ramos Hernández presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Víctimas de Baja California, con el propósito de sancionar esta práctica y fortalecer la protección de quienes resulten afectados.

Buscan sancionar el uso clandestino de vehículos

Durante la exposición de motivos, el legislador señaló que la propuesta busca evitar que ciudadanos pierdan su libertad, empleo o permisos de cruce fronterizo por hechos ilícitos que desconocían y en los que fueron involucrados sin su consentimiento.

Explicó que esta iniciativa responde a casos en los que grupos delictivos utilizan vehículos particulares para ocultar drogas, mercancías ilícitas o personas, sin que sus propietarios o conductores estén enterados.

Entre las consecuencias que pueden enfrentar las víctimas se encuentran detenciones, investigaciones penales, cancelación de permisos y programas de cruce fronterizo, pérdida de oportunidades laborales, afectaciones patrimoniales y daños a su reputación.

Plantean penas de hasta siete años de prisión

La propuesta contempla la creación del delito de utilización clandestina de vehículo ajeno, que sancionaría a quienes oculten o introduzcan deliberadamente objetos, sustancias o personas en vehículos de terceros para trasladarlos sin el conocimiento de sus propietarios o conductores.

También establece sanciones agravadas cuando la víctima sea detenida o pierda sus permisos de cruce fronterizo; cuando la conducta sea cometida por personas responsables del resguardo de vehículos, como trabajadores de estacionamientos, talleres mecánicos o servicios de lavado; cuando se utilicen ofertas falsas difundidas en redes sociales para engañar a las víctimas, o cuando participe algún servidor público.

Proponen reconocer a los afectados como víctimas

Asimismo, la iniciativa propone reconocer expresamente como víctimas a las personas afectadas por esta práctica y fortalecer los mecanismos de apoyo institucional para facilitar la recuperación de documentos, permisos y programas de cruce fronterizo que pudieran resultar afectados.

De acuerdo con los puntos presentados en el comunicado, las sanciones podrían alcanzar hasta siete años de prisión para quienes involucren a personas inocentes en actividades ilícitas mediante esta conducta.

Ramos Hernández señaló que la propuesta busca cerrar vacíos legales, sancionar a los responsables y brindar respaldo institucional a las personas afectadas para que puedan recuperar su estabilidad.

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