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Etiqueta: jorge ramos

¡Adiós al “es la primera vez”! Jorge Ramos propone sanción penal desde la primera falta a conductores alcoholizados o drogados en Baja California

  • Tan solo en 2021 BC registró 13,749 siniestros viales con un saldo de 264 defunciones y 3,405 personas lesionadas
  • Actualmente el Código Penal no sanciona penalmente la primera detección sin daño, limitándose a un apercibimiento administrativo

En respuesta a la magnitud crítica de los siniestros viales, el diputado Jorge Ramos presentó una iniciativa que propone agravar las sanciones penales contra conductores bajo efectos de alcohol o drogas desde la primera detección, además de tipificar la conducción a velocidad excesiva como delito autónomo de peligro, con el objetivo de fortalecer la prevención y proteger la vida de las personas en las vialidades de Baja California.

El Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2022 señala que, aunque las muertes se redujeron ligeramente entre 2016 y 2021, la magnitud del problema sigue siendo crítica.

En ese año, México registró 14 mil 715 defunciones y más de 355 mil accidentes; en Baja California se contabilizaron 264 muertes, 13 mil 749 siniestros y 3 mil 405 personas lesionadas, con una tasa de letalidad de 1.9 por cada 100 accidentes y una tasa de accidentalidad de 7.1 por cada 1,000 vehículos, principalmente en TijuanaMexicali y Ensenada.

“La seguridad vial no es solamente un problema de tránsito, es un problema de derechos humanos. Cada muerte en las vialidades de Baja California es una vulneración del derecho a la vida que el Estado tiene la obligación de prevenir con todos los instrumentos a su alcance, incluido el derecho penal”, expresó el legislador del PVEM.

En su iniciativa plantea reformar el Código Penal de Baja California para que la primera detección sin daño ya tenga consecuencias penales, como la multa y suspensión temporal del derecho a conducir, en lugar de un simple apercibimiento administrativo. Además, incorpora parámetros cuantitativos de alcohol en sangre y aire espirado conforme a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y amplía las hipótesis de agravación con penas más severas.

Asimismo, se adiciona el artículo 255 Bis para tipificar la conducción a velocidad excesiva como delito autónomo, con sanciones que incluyen multa, suspensión del derecho a conducir y, en casos agravados, prisión.

“No podemos seguir tolerando que la primera detección de un conductor bajo efectos de alcohol o drogas quede sin consecuencia penal. La evidencia demuestra que esa omisión cuesta vidas, y es nuestra responsabilidad cerrar esa laguna normativa para proteger a las familias de Baja California”, concluyó Jorge Ramos.

Congreso de BC establece Consejos Municipales de Paz para fortalecer la prevención social de la violencia

  • Estarán integrados mayoritariamente por ciudadanos y serán presididos indelegablemente por alcaldes.
  • “Lo que ahora estamos haciendo es institucionalizar la participación ciudadana y el control del pueblo sobre la política de seguridad más allá de trienios y sexenios”, dijo el diputado inicialista Jorge Ramos.

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el conjunto de reformas impulsadas por el diputado Jorge Ramos Hernández, orientadas a fortalecer la prevención social del delito desde el ámbito municipal mediante la creación de un Consejo Municipal para la Paz y la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en cada ayuntamiento de Baja California.

Estos Consejos serán órganos colegiados encargados de formular programas, diseñar estrategias integrales, dar seguimiento a resultados y fomentar la participación ciudadana en las políticas de prevención.

“El alcance de esta reforma trasciende la manera tradicional de atender la política pública de seguridad; estamos institucionalizando la participación ciudadana y el control del pueblo sobre la política de seguridad más allá de trienios y sexenios”, subrayó el legislador.

Las nuevas instancias municipales estarán integradas mayoritariamente por ciudadanos de reconocida solvencia moral, así como representantes vecinales, de la sociedad civil, del sector académico y autoridades municipales y estatales. Serán presididas de manera indelegable por las y los presidentes municipales, quienes asumirán la responsabilidad política directa de conducir las estrategias de prevención en sus demarcaciones.

Jorge Ramos enfatizó que los alcaldes no podrán delegar su presencia ni participación cuando se trate de actividades relacionadas con el Consejo y las políticas de prevención del delito y de las violencias en sus ayuntamientos.

Entre las atribuciones de los Consejos Municipales de Paz destacan la aprobación de Programas Municipales de Prevención; el diseño de estrategias con metas e indicadores de reducción de violencia; la evaluación de la inversión pública en prevención; la coordinación entre dependencias municipales y estatales; el fomento de comités comunitarios y campañas educativas; y la emisión de recomendaciones a autoridades locales.

Asimismo, se contempla la coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Centro Estatal de Prevención Social, alineando esfuerzos con la Estrategia Nacional de Pacificación en materia de seguridad pública.

Durante la votación del Dictamen No. 3 de Fortalecimiento Municipal, la diputada Yohana Gilvaja presentó una reserva para establecer un catálogo de espacios públicos donde puedan desarrollarse actividades deportivas, culturales, laborales y de prevención social del delito, reportando al Consejo Municipal las condiciones de utilidad y mantenimiento.

La reforma también garantiza la participación de habitantes de colonias y poblados rurales en las acciones impulsadas, así como la planeación, instrumentación y evaluación de programas de administración del tiempo libre dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con invitación a madres y padres de familia.

Con esta aprobación se reformaron diversos artículos de la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana y la Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California, fortaleciendo el marco jurídico para una política de seguridad con enfoque preventivo y participación ciudadana.

Exige Congreso investigación a fondo por atentado con drones contra la Fiscalía en Tijuana

  • El diputado Jorge Ramos advierte que el ataque con explosivos representa un desafío directo al Estado mexicano.

Luego del atentado ocurrido el pasado 15 de octubre en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Playas de Tijuana, donde fueron utilizados artefactos explosivos, el diputado Jorge Ramos Hernández exhortó a la titular de la institución a realizar una investigación exhaustiva, profesional e imparcial para esclarecer los hechos y garantizar justicia ante lo que calificó como un ataque contra el poder público.

El legislador destacó que se trata del primer hecho de esta naturaleza en la historia de Baja California, subrayando que el incidente generó alertas internacionales, incluyendo un comunicado del Consulado General de Estados Unidos en México, además de afectar la tranquilidad de los habitantes de Tijuana.

“El daño ocasionado a la credibilidad ciudadana y el pánico entre los vecinos no pueden quedar impunes. Es indispensable que la Fiscalía actúe con total responsabilidad y profundidad”, expresó Ramos Hernández, quien también preside la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso del Estado.

El diputado advirtió que estos hechos no solo constituyen una agresión directa a las instituciones, sino un reto franco al Estado mexicano, por lo que exigió una respuesta firme y coordinada de las autoridades.

El exhorto fue aprobado por unanimidad en sesión del Pleno de la XXV Legislatura del Congreso, en respaldo a la exigencia de justicia y seguridad para la ciudadanía.

Diputado Jorge Ramos presenta iniciativa para castigar delitos cibernéticos

  • La reforma plantea sancionar delitos como ciberacoso, sextorsión, fraude informático y terrorismo cibernético
  • Las penas van desde seis meses hasta cuarenta años de prisión, dependiendo del tipo de delito y sus agravantes

Con el propósito de enfrentar las nuevas formas de criminalidad que surgen en el entorno digital, el diputado Jorge Ramos Hernández presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Baja California, incorporando un nuevo título dedicado a los delitos cibernéticos y tecnológicos.

“La tecnología ha transformado nuestra vida, pero también ha abierto la puerta a delitos que vulneran la privacidad, el patrimonio y la seguridad de las personas”, señaló el legislador.

La propuesta contempla sanciones para conductas como el acceso no autorizado a datos personales, la divulgación de secretos informáticos, el ciberacoso, la sextorsión y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. También se penaliza el contacto sexual con menores por medios digitales, el grooming y la pornografía infantil en línea.

“Queremos que Baja California cuente con un marco legal moderno, que proteja a nuestras niñas, niños, jóvenes y adultos frente a los abusos digitales”, afirmó Jorge Ramos.

La iniciativa también incluye delitos emergentes como el uso malicioso de inteligencia artificial para crear videos falsos (deepfakes) y el terrorismo cibernético, que busca sembrar miedo o presionar a las autoridades. Las penas van desde seis meses hasta cuarenta años de prisión, dependiendo del tipo de delito y sus agravantes.

“Esta reforma no solo castiga, también previene. Propone medidas como el decomiso de equipos, la prohibición de usar redes sociales y la reparación integral del daño a las víctimas”, subrayó el diputado.

Diputado Jorge Ramos procura reforzar protocolos de búsqueda con alertas inteligentes y coordinación

  • De esta manera la iniciativa de reforma a la Ley Sobre Desaparición y Búsqueda de Personas, fue turnada a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, para su debido análisis y viabilidad.

El diputado Jorge Ramos Hernández presentó una iniciativa que promueve el uso de herramientas tecnológicas y la actualización de protocolos como la Alerta Amber y el Protocolo Alba, bajo una lógica de coordinación inmediata entre autoridades y sociedad, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de respuesta ante la desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

La propuesta contempla que la Comisión Local de Búsqueda en Baja California diseñe acciones urgentes, inmediatas y tecnológicas, en colaboración con ambos protocolos, priorizando la protección de la vida e integridad de las personas desaparecidas.

Asimismo, se solicita que el Mecanismo Estatal de Coordinación firme convenios con instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios de telecomunicación y similares, y actualice sus estándares en relación con el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

“Es indispensable reforzar las medidas tendientes a la búsqueda y localización de personas, aprovechando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las plataformas institucionales de seguridad pública”, sostuvo Jorge Ramos.

Como parte central de la iniciativa, se propone que la Alerta Amber pueda emitirse directamente a dispositivos móviles cercanos al sitio de desaparición mediante sistemas de geolocalización.

El legislador destacó que toda desaparición de menores en situación de peligro grave debe ser atendida sin dilación, eliminando prácticas que retrasen su activación. “Cuando la vida de los menores esté en riesgo, el Estado debe reaccionar de forma inmediata, sin burocracia”, subrayó.

De esta manera la iniciativa de reforma a la Ley Sobre Desaparición y Búsqueda de Personas, fue turnada a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, para su debido análisis y viabilidad.

Proponen castigar con prisión el robo o secuestro de mascotas en Baja California

  • Iniciativa del diputado Jorge Ramos busca sancionar con prisión a quienes sustraigan animales domésticos con fines de lucro o daño.
  • El secuestro de mascotas es una realidad creciente que provoca angustia y dolor tanto a los animales como a sus familias.

El diputado Jorge Ramos Hernández presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, con la que busca tipificar el secuestro de animales domésticos como delito. La propuesta contempla penas de tres meses a dos años de prisión, y parte del reconocimiento de los animales como seres sintientes y como parte integral del núcleo familiar.

“A pesar de los avances legislativos, el maltrato animal sigue en aumento en la entidad. Esta nueva forma de violencia —el secuestro de mascotas para exigir rescate o causar daño— no se encuentra tipificada en el marco penal vigente, lo que impide su atención con la seriedad que merece”, explicó el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

Agregó que, en Baja California, se ha transitado de ver a los animales como objetos a reconocer su capacidad de sentir, lo que implica una obligación moral y legal de ofrecerles un trato digno.

El legislador advirtió que el maltrato y, ahora, el secuestro de mascotas son problemas que siguen creciendo. En México, se reportan más de un millón de casos de maltrato animal al día, y la delincuencia ha comenzado a lucrar con el sufrimiento, exigiendo pagos para devolver a los animales sustraídos.

Asimismo, subrayó que las mascotas no solo forman parte del entorno familiar, sino que también cumplen una función terapéuticaafectiva y de seguridad en muchos hogares del estado.

“El vínculo emocional entre una persona y su mascota es profundo, y cuando un animal es arrebatado con violencia o con fines de lucro, no solo se está causando daño a un ser sintiente, sino también se vulnera la estabilidad emocional del núcleo familiar”, expresó.

Esta propuesta busca cerrar vacíos legales y garantizar que este tipo de conductas no queden impunes, enviando un mensaje firme en favor del respeto y la protección de los animales.

Presenta Diputado Jorge Ramos iniciativas de seguridad en mesa de coordinación de Tijuana

  • El Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, General Héctor Jiménez Báez, reconoció el grado de sensibilidad humana que tienen las iniciativas al estar enfocadas a atender las causas que generan la violencia

El Diputado Jorge Ramos Hernández presentó diversas iniciativas en materia de seguridad ante los integrantes de la Mesa de Coordinación de Seguridad de Tijuana, desde donde se revisa la incidencia delictiva y se establecen estrategias integralesenfocadas a fortalecer la tranquilidad para el beneficio de las familias residentes de esta ciudad fronteriza.

En este sentido, subrayó que dentro de este esfuerzo legislativo impulsado por las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil que le toca presidir, y siguiendo la estrategia nacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum, los legisladores del Congreso de Baja California están trabajando en atender las causas que generan la violencia en Baja California.

Dentro de las iniciativas presentadas esta mañana, sobresalen incorporar el derecho humano a la seguridad en el texto constitucional del Estado de Baja California, porque no es solo una necesidad normativa para actualizar el marco legal a los estándares internacionales, sino una herramienta esencial para orientar las políticas públicas hacia una seguridad centrada en la dignidad humana.

El Diputado Jorge Ramos precisó que dentro de las acciones de dignificación del trabajo policial, desde el Congreso del Estado se impulsa bajar de 30 a 25 años la jubilación de los policías, por el nivel de desgaste y estrés que enfrentan todos los días, incidiendo directamente en su calidad de vida; la tipificación del delito del halconeo y de la simulación de incapacidades médicas para castigar a los policías que la solicitan y los médicos que las expidan; los uso de armas no letales para la intervención de ciertos delitos; uso de tecnologías en materia de seguridad para blindar el sistema de datos en la materia; así como también incorporar las materias obligatorias en prevención del delito en escuelas primarias y secundarias a través de la capacitación efectiva de especialistas en criminología.

Al respecto, el Coordinador Estatal de la Guardia NacionalGeneral Héctor Jiménez Báez, reconoció el grado de sensibilidad humana de las iniciativas presentadas por el Diputado Jorge Ramos, mismas que corresponden a la necesidad de un marco jurídico que no tiene precedentes en el país por los esfuerzos presupuestales que ello representa.

El General sostuvo que la relevancia de estas iniciativas de seguridad que impulsan los legisladores integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civilresulta muy importante porque atiende directamente a las causas que generan la violencia y están acorde a la estrategia nacional que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, razón por la cual en la siguiente reunión nacional la mandataria nacional será informada sobre los grandes esfuerzos que están desarrollando desde el Congreso de Baja California.

Hasta 6 años de cárcel a policías que simulen enfermedades en BC: Diputado Jorge Ramos

  • En su iniciativa plantea prisión de seis meses a seis años a elementos que finjan incapacidades médicas
  • Las falsas enfermedades afectan la seguridad ciudadana y agravan el déficit de agentes

El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para sancionar penalmente a los elementos de instituciones policiales que simulen enfermedades con el objetivo de evadir sus responsabilidades laborales.

Ramos Hernández señaló que la seguridad pública, en los tres niveles de gobierno, ha sido uno de los servicios más cuestionados por la ciudadanía bajacaliforniana en los últimos años, y que no ha cumplido con las expectativas, lo que ha generado una exigencia social cada vez más fuerte y justificada.

Destacó que la simulación de incapacidades físicas o mentales por parte de agentes de seguridad representa una grave forma de corrupción administrativa, que tiene un impacto directo en la operatividad y eficacia de las corporaciones de seguridad.

“Creemos que estas incapacidades médicas que surgen de una enfermedad simulada deben tratarse de manera distinta, ya que el hecho de que un agente de seguridad pública finja estar enfermo para no presentarse a laborar tiene un gran impacto negativo en el servicio de seguridad ciudadana”, expresó el legislador.

La propuesta plantea adicionar los artículos 221 Bis y 273 Ter al Código Penal del Estado, para establecer penas de 6 meses a 6 años de prisión y hasta 200 días multaa quienes deliberadamente finjan una enfermedad para evitar cumplir con su deber en materia de seguridad.

Asimismo, se contempla sancionar a personal médico que, de forma consciente, expida certificados de incapacidad sin justificación médica real, colaborando en la simulación.

El diputado reveló que, tan solo en 2024, el gobierno municipal de Tijuana reportó más de 300 elementos incapacitados, algunos de los cuales presuntamente utilizan este recurso para realizar actividades ajenas o incluso contrarias a la seguridad pública, lo que merma la capacidad de respuesta institucional ante hechos delictivos.

“Si a la baja tasa de policías por cada mil habitantes que ya tiene nuestro estado, se le suma el probable uso indebido de incapacidades médicas, resulta urgente detener esta práctica y sancionar a quien abuse del sistema”, concluyó Jorge Ramos.

Diputado Jorge Ramos propone tipificar el “halconeo” como delito y aplicar sanciones de prisión en BC

  • La iniciativa de reforma al Código Penal plantea hasta 8 años de cárcel para quienes alertan a criminales sobre operativos de seguridad
  • Mientras el halconeo no se castigue como delito, la ciudadanía sigue expuesta a redes delictivas que operan con ventaja

Para sancionar una de las prácticas más comunes que favorecen al crimen organizado, el diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar como delito el “halconeo”, una actividad que por años ha dificultado la efectividad de las autoridades policiales.

El halconeo consiste en observar, vigilar y recolectar información sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad para transmitirla a grupos delictivos. Las personas que realizan esta labor, conocidas como “halcones”, informan sobre patrullajes, operativos o investigaciones, permitiendo que los delincuentes evadan la justicia, oculten evidencia o huyan antes de ser detenidos.

“Con esta iniciativa buscamos establecer una definición clara de esta conducta, para que pueda ser sancionada legalmente”, señaló Jorge Ramos. La propuesta contempla penas de tres a ocho años de prisión para quienes incurran en esta práctica, considerada el primer eslabón dentro de las redes criminales.

Añadió que la participación en el halconeo puede variar, desde individuos que se dedican exclusivamente a esta tarea, hasta miembros de una organización que la realizan como una función adicional. “En algunos casos, incluso se ha documentado la participación de menores de edad, lo que genera graves preocupaciones éticas y sociales”, resaltó.

Actualmente, el halconeo no está claramente definido ni castigado como un delito específico en muchos códigos penales estatales, lo que limita la capacidad de las autoridades para investigarlo y sancionarlo, ya que deben encuadrarlo forzosamente en otros tipos penales que no reflejan su naturaleza ni gravedad reales.

Dip. Jorge Ramos propone fortalecer financiamiento municipal para seguridad en BC

  • Procura reformar la Ley de Hacienda Municipal para generar financiamiento exclusivo en seguridad y prevención de la violencia
  • La propuesta busca compensar la desaparición de FORTASEG y brindar a los municipios recursos propios

Con el objetivo de garantizar que los municipios de Baja California cuenten con los recursos necesarios para atender la seguridad pública y la prevención de la violencia, el diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda Municipal del Estado.

La propuesta contempla la incorporación de una tasa adicional en los ingresos municipales, conforme a lo establecido en el artículo 115 constitucional, para crear una fuente de financiamiento exclusiva destinada a la seguridad. Esto permitirá a los ayuntamientos fortalecer sus estrategias de prevención y mejorar las capacidades operativas de sus cuerpos policiacos.

El legislador explicó que, tras la desaparición del programa federal FORTASEG, los municipios enfrentan importantes dificultades para invertir en infraestructuracapacitación policial y estrategias de proximidad.

Subrayó que, aunque durante su vigencia los fondos federales se orientaban al fortalecimiento de las corporaciones policiales, la prevención social de la violencia y la delincuencia quedó relegada. En este sentido, consideró urgente atender esta deuda pendiente, especialmente ante la actual estrategia de seguridad que busca enfocarse en las causas estructurales de la violencia.

La figura de las tasas adicionales, que ahora se propone integrar de forma estructural a la Ley de Hacienda Municipal, ya ha sido utilizada por algunos municipios del estado en ejercicios fiscales previos, con diversos diseños y fines extrafiscales.

Ramos Hernández destacó que cuatro de los siete municipios de Baja California ya cuentan con alguna sobretasa, y que la mitad de ellos destinan dichos recursos directamente a seguridad pública.

“Es una medida que permitirá dotar de mayor autonomía financiera a los municipios y reforzar su capacidad de respuesta ante el reto de la seguridad”, aseguró el legislador.