• La iniciativa de la diputada Araceli Geraldo, busca establecer herramientas que limiten la violencia en contra de este grupo vulnerable
• Aprueban por unanimidad dictamen número 6 de la Comisión de Bienestar

En Sesión Ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad el dictamen número 6 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Adultos Mayores y Discapacidad, el cual reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en la entidad.

La iniciativa, presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, tiene como objetivo prever y definir diversos tipos de violencia contra las personas adultas mayores, incorporando conceptos alineados con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Esta reforma busca dar mayor prioridad al envejecimiento en las políticas públicas, estableciendo mecanismos jurídicos para la protección de este sector y promoviendo un envejecimiento activo y saludable. Entre los cambios destaca la modificación del artículo 6, donde se incorporan los conceptos de envejecimiento, envejecimiento activo y vejez. Asimismo, se establece la obligación de la Secretaría de Salud de llevar a cabo acciones preventivas que fomenten el conocimiento y aplicación de medidas para un envejecimiento digno.

La Comisión dictaminadora respaldó la propuesta al considerar que se sustenta en bases constitucionales establecidas en los artículos 39, 40, 41, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 4, 5, 7 y 11 de la Constitución local.

Además, el Congreso coincidió con el diagnóstico y la propuesta legislativa al reconocer que su objetivo es garantizar los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, incluyendo el derecho a la igualdad, no discriminación, inclusión, integridad personal, salud y seguridad social.

Con esta reforma, Baja California avanza en la consolidación de un marco jurídico más sólido para la protección y bienestar de las personas adultas mayores, asegurando que sus derechos sean reconocidos y protegidos.