• Busca abrir espacios para que las personas participen, sean escuchadas y sean parte de las decisiones que transforman a sus comunidades

Con el propósito de consolidar el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones públicas, la diputada Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa para crear la Ley de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana para el Estado de Baja California, que sustituiría el marco normativo vigente por un modelo más moderno, transparente, participativo y centrado en las personas.

Esta propuesta busca acercar el gobierno a la ciudadanía y abrir más espacios para que la gente pueda involucrarse en los asuntos públicos. Michel Sánchez explicó que la iniciativa pretende actualizar esta legislación que fue publicada hace 25 años y que no responde a las necesidades actuales del pueblo bajacaliforniano que merece ser escuchado en las decisiones que impactan su vida diaria, sus colonias y sus comunidades.

“La participación ciudadana no debe quedarse solamente en el voto. Todos los días hay personas que tienen ideas, soluciones y ganas de contribuir para mejorar nuestra ciudad y estado, desde el gobierno tenemos la responsabilidad de escucharlas y de trabajar en conjunto con ellas”, expresó la legisladora.

Esta nueva ley fortalece las herramientas para que todas las personas puedan participar de manera más activa, por ejemplo, fortalece las consultas populares, el presupuesto participativo, las audiencias públicas, los cabildos abiertos, las iniciativas ciudadanas, entre otros mecanismos que permiten que la opinión de las personas tenga un papel más importante en las decisiones del gobierno.

Además, se plantea la creación del Sistema Estatal de Participación Ciudadana, un Consejo Estatal de Participación Ciudadana y una Plataforma Digital de Participación Ciudadana, para facilitar que cualquier persona pueda conocer, utilizar y dar seguimiento a estos mecanismos de participación sin importar en que municipio viva.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es que más juventudes, mujeres y personas pertenecientes a grupos históricamente excluidos puedan involucrarse en los asuntos públicos y ejercer plenamente su derecho a participar. También reconoció el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas que contribuyeron con propuestas durante la elaboración de la iniciativa, al considerar que las mejores leyes nacen del diálogo y del trabajo conjunto.

“Cuando el gobierno escucha, las políticas públicas funcionan mejor, nadie conoce más las necesidades de una colonia o comunidad que quienes viven ahí, no debemos olvidar que con el pueblo todo y sin el pueblo nada, esos son los principios por los que participamos en la vida pública y para los que fuimos electas y electos”, indicó.