• La iniciativa busca sancionar a quien administre o haga ingerir sustancias a otra persona con el propósito de disminuir o anular su voluntad para cometer robo, agresiones sexuales, secuestro o feminicidio.

La diputada Adriana Padilla Mendoza presentó una iniciativa en el Congreso del Estado que busca tipificar la sumisión química como delito en Baja California, con penas de cinco a diez años de prisión para quienes administren sustancias sin consentimiento con el propósito de disminuir o anular la voluntad de una persona.

La propuesta plantea reformas al Código Penal de Baja California para fortalecer las herramientas de prevención, investigación y sanción de este tipo de conductas, que en los últimos años han generado preocupación por su relación con delitos de alto impacto.

De acuerdo con la iniciativa, se impondrían además multas de entre 500 y mil 500 días a quien suministre o haga ingerir sustancias a una persona con el objetivo de facilitar la comisión de actos ilícitos.

La diputada Padilla Mendoza señaló que la condición fronteriza del estado, la movilidad poblacional y la intensa actividad turística y de entretenimiento nocturno incrementan los factores de riesgo asociados a este fenómeno.

En la exposición de motivos se destaca que existen denuncias de mujeres jóvenes que refieren haber sido víctimas de la administración no consentida de sustancias en bebidas o alimentos, situación que presuntamente ha derivado en agresiones sexuales, robos, desapariciones temporales y otras formas de violencia.

La propuesta contempla agravantes cuando la víctima sea una mujer, una niña, niño o adolescente, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad. También se endurecerían las sanciones cuando exista una relación de confianza, autoridad o subordinación entre la víctima y el agresor.

Asimismo, se prevén penas más severas cuando los hechos ocurran en establecimientos abiertos al público, se utilicen sustancias de difícil detección toxicológica o cuando la conducta tenga como finalidad la comisión de delitos como trata de personas, secuestro, robo, delitos sexuales o feminicidio.

La iniciativa también establece reglas para evitar vacíos legales cuando, como consecuencia de la sumisión química, se cometan otros delitos, garantizando una respuesta integral por parte del sistema de justicia.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación.