• La diputada explica que la legislación delega a los ayuntamientos la regulación de estos mecanismos sin establecer estándares obligatorios.

La diputada Araceli Geraldo Núñez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y vecinal en el ámbito municipal mediante bases mínimas obligatorias que garanticen su ejercicio efectivo.

En la exposición de motivos, la legisladora señaló que, si bien la autonomía municipal está reconocida en la Constitución, esta no debe generar vacíos normativos que limiten derechos fundamentales como la participación ciudadana, la cual también está respaldada por disposiciones en materia de derechos humanos.

Actualmente, explicó, la legislación delega a los ayuntamientos la regulación de estos mecanismos sin establecer estándares obligatorios, lo que ha derivado en disparidades en reglamentos, falta de claridad en procedimientos y ausencia de herramientas digitales accesibles.

Entre los cambios propuestos, destaca la reforma al artículo 74, que obligaría a los ayuntamientos a regirse bajo principios como legalidad, equidad, inclusión, accesibilidad, perspectiva de género y no discriminación, garantizando un ejercicio más amplio de la participación ciudadana.

Asimismo, se plantea modificar el artículo 75 para que los reglamentos municipales contemplen procedimientos claros, integración paritaria, mecanismos digitales accesibles, reglas de transparencia y rendición de cuentas, así como medidas dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad.

En cuanto al artículo 76, la iniciativa propone que el Instituto Estatal Electoral brinde asistencia técnica obligatoria en mecanismos vinculantes y desarrolle plataformas digitales homologadas en coordinación con los municipios.

Finalmente, Araceli Geraldo Núñez destacó que esta reforma permitirá armonizar criterios, fortalecer la transparencia, promover la inclusión social y modernizar la participación ciudadana, sin afectar la autonomía municipal ni generar nuevas cargas burocráticas.