Sanciones graves para ataques con ácido: Diputada de BC propone reforma
- La reforma busca robustecer la ley y garantizar mecanismos de prevención, protección, atención y reparación del daño a las víctimas.
Con el objetivo de que se amplíen y especifiquen los tipos de violencia química contra la mujer, así como robustecer las obligaciones del Ministerio Público para garantizar la reparación integral del daño y la protección de la víctima con perspectiva de género, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el estado de Baja California.
Señaló que en México esta modalidad de violencia ha ido en aumento y ha evidenciado la necesidad de que los marcos normativos sean más claros, específicos y eficaces en su combate.
Al respecto explicó que, si bien en el Código Penal del Estado de Baja California se contempla este delito, no cuenta con una descripción suficientemente amplia y precisa que permita incluir todas las formas de violencia química, así como las herramientas jurídicas que le concedan facultades al Ministerio Público para actuar con debida diligencia y perspectiva de género.
En ese sentido, se debe visibilizar que los ataques con ácido son una forma extrema de violencia de género que causa daños físicos, psicológicos y sociales severos. Aunque no existen estadísticas específicas sobre este tipo de violencia en Baja California, su gravedad y consecuencias justifican la necesidad de una tipificación clara en el Código Penal del estado.
Destacó que la importancia de esta iniciativa es colocar a Baja California a la par de entidades como la Ciudad de México, donde ya se contempla de forma expresa la violencia ácida como un tipo penal autónomo con agravantes específicas y con un enfoque centrado en la reparación del daño.
Por lo tanto, es fundamental que el Código Penal estatal fortalezca la descripción de la violencia ácida dentro de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, lo que permitiría visibilizar esta grave forma de agresión, garantizar mecanismos de prevención, protección, atención y reparación del daño a las víctimas.
“Al reconocerla legalmente, se fortalecen las políticas públicas enfocadas en erradicar la impunidad y en brindar apoyo integral a las sobrevivientes, asegurando su acceso a la justicia, rehabilitación y reinserción social, con un enfoque centrado en los derechos de las mujeres y la erradicación de toda forma de violencia de género”, detalló.
