Muchos restaurantes locales, especialmente pequeños establecimientos con una o dos locaciones, se pronunciaron contra la prohibición pidiendo a la ciudad que en su lugar concentrara los esfuerzos en el reciclaje del poliestireno, conocido comúnmente como hule espuma (foam).
En noviembre pasado un grupo de fabricantes de poliestireno le ofreció a San Diego casi 2 millones de dólares para impulsar su incipiente programa de reciclaje de poliestireno, pero la oferta estaba supeditada a que la ciudad no siguiera adelante con la prohibición propuesta.
El Concejo Municipal votó 5 a 3 en octubre en favor de la prohibición, pero una segunda votación requerida para finalizar la aprobación de la nueva ley se pospuso el otoño pasado y ahora está programada para una audiencia pública el martes 8 de enero a las 10 a.m.
El Concejo Municipal de nueve miembros que votó en octubre ya no es el mismo, tres miembros fueron reemplazados en la elección del 6 de noviembre por los recién llegados Dr. Jen Campbell, Mónica Montgomery y Vivian Moreno.
Pero los tres nuevos miembros son demócratas progresistas que dicen apoyar firmemente la legislación y las iniciativas a favor del medio ambiente.
Además de los envases de alimentos utilizados por los restaurantes, la prohibición se aplicaría a los cartones de poliestireno para huevo, hieleras, cámaras de hielo, juguetes para piscinas, flotadores de muelle y boyas de amarre. Las tiendas de venta al menudeo también tendrían prohibido vender dichos productos.
La legislación también les exigiría a los restaurantes que no den utensilios de plástico y popotes sólo si el cliente los solicita, en aras de reducir la cantidad de productos de plástico desechables en los vertederos locales.
Una ley estatal que entró en vigencia el primero de enero requiere que los restaurantes de servicio completo proporcionen popotes sólo si el cliente los pide, por lo que parte de la legislación de la ciudad sería redundante.
Las prohibiciones al poliestireno han sido aprobadas previamente por otras tres ciudades locales como Encinitas, Solana Beach e Imperial Beach.
Casi todas las cadenas de restaurantes nacionales y regionales dejaron de usar poliestireno como respuesta al cabildeo que se hizo por parte de grupos ambientales, además de considerar la preocupación de los clientes acerca de que el hule espuma no es biodegradable.
Pero muchos comercios de tacos, pizzerías, tiendas de conveniencia y otras pequeñas empresas continúan usando productos de hule espuma debido a los costos.
Ante la inquietud de cómo afectaría la prohibición a esas empresas, la legislación incluye exenciones de hasta dos años para empresas con ingresos brutos anuales de menos de 500 mil dólares.
Las exenciones de dos años también aplicarían para las empresas que utilizan productos de poliestireno para los cuales no hay un reemplazo amigable con el medio ambiente, y para las empresas que previamente hayan hecho acuerdos a largo plazo con proveedores de productos de poliestireno.
De aprobarse el próximo 8 de enero, la nueva ley entrará en vigor 30 días después. Sin embargo, la legislación estipula que la prohibición para los restaurantes de usar envases de poliestireno para alimentos no entrará en vigor sino hasta 90 días después de la fecha en que se haga vigente, lo cual sería a mediados de mayo.
La Cámara Regional de Comercio de San Diego y la Asociación de Restaurantes de California continúan oponiéndose a la prohibición. Ambos grupos presionaron a los funcionarios de la ciudad en noviembre para considerar la oferta de los fabricantes de poliestireno, mismo que se autonombra Consejo Americano de Química.
Si San Diego no avanza con la prohibición, los fabricantes pagarán a la ciudad 250 mil dólares para cubrir los costos de envío a Los Ángeles de todo el poliestireno que los transportistas de basura de San Diego han estado recolectando de los contenedores azules.
San Diego comenzó a permitir que los envases de poliestireno se coloquen en los contenedores azules de reciclaje a fines de 2014, y amplió el programa para permitir envases de poliestireno para alimentos en julio de 2017.
Debido a que existe una demanda relativamente baja de poliestireno reciclado, el programa de reciclaje le costó a la ciudad 124 mil dólares en el año fiscal que terminó en junio pasado y se proyecta que le costará a la ciudad 180 mil dólares adicionales en el año fiscal en curso.
Los fabricantes están ofreciendo otro millón y medio de dólares para ayudar a la ciudad a mejorar su tecnología para impulsar el procesamiento y reciclaje del poliestireno.
No obstante, los partidarios de la prohibición dicen que el reciclaje del poliestireno no es la respuesta.
El capítulo local de la Fundación Surfrider dice que el poliestireno no se biodegrada, sino que se descompone en pedazos más pequeños que la vida marina confunde fácilmente con alimento.
El 5 Gyres Institute, otro grupo ambientalista, dice que los productos de poliestireno contaminan los océanos del mundo.
“Nuestra creciente confianza en el plástico desechable para alimentar nuestra ‘cultura de comodidad’ no es gratuita”, afirmó el otoño pasado Roger Kube, asesor de políticas del Instituto. “En el ámbito mundial, un promedio de ocho millones de toneladas de plástico termina en el océano”.
Si bien muchos restaurantes pequeños se oponen a la prohibición, algunos restaurantes locales la apoyan, incluidos varios miembros de un grupo llamado Business for Good San Diego.
“La conveniencia de un refresco frío no supera la necesidad de un planeta sano”, afirmó Mikey Knab, presidente del grupo. “Como propietarios de negocios, necesitamos un campo de juego equilibrado donde nuestras prioridades sean la salud a largo plazo de nuestros clientes y empleados”.
Sin embargo, la Asociación de Restaurantes de California dice que los productos de poliestireno son superiores a los productos de papel u otros reemplazos, cuando se trata de mantener calientes o fríos los alimentos como el café y las sopas, entre otros.
La asociación también sostiene que San Diego ha apresurado la anuencia de la prohibición, que fue propuesta por primera vez en mayo pasado por el concejal Chris Ward, argumentando que son necesarios más análisis para saber efectivamente cómo afectaría a los negocios locales.
El concejal Chris Cate, quien emitió uno de los tres votos en contra de la prohibición en octubre, dijo que el Concejo debe tener empatía con las pequeñas empresas que se verían afectadas por un fuerte aumento en los costos.
La concejala Bárbara Bry, quien votó a favor de la prohibición, dijo que las exenciones demuestran que la ciudad está manejando la prohibición de manera equitativa y justa.
“A final de cuentas, los pequeños trozos de hule espuma entran en el pescado y eso no es bueno para nadie”, dijo en noviembre.
Si se aprueba la prohibición las multas serían de 200 dólares por una primera infracción. La multa aumentaría a 350 dólares por una segunda infracción dentro del mismo periodo de 12 meses, y a 500 dólares por una tercera infracción durante ese periodo.
Todavía no se sabe de qué manera la ciudad haría cumplir la prohibición. El Departamento de Servicios Ambientales que maneja la recolección de basura dice que se necesitarían tres empleados de tiempo completo que costarían alrededor de 150 mil dólares al año, y por lo tanto el Concejo necesitaría aprobar ese presupuesto para los trabajadores.
Fuente: The San Diego Union-Tribune
