Diputada Michel Sánchez propone instalación de nueva Universidad pública en Mexicali
- Exhortan a la UPBC y a la UABC para que en coordinación con el gobierno estatal revisen la viabilidad para la creación o instalación.
El Congreso del estado emitió un atento exhorto a la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC) y a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para que, en coordinación con las dependencias del gobierno estatal correspondientes, revisen la viabilidad para la creación o instalación de un campus de universidad pública en la zona poniente de la ciudad de Mexicali.
El punto de acuerdo fue presentado en tribuna por la diputada morenista Michel Sánchez Allende, quien recordó que en Baja California ya se han hecho esfuerzos para llevar la educación superior pública a quienes más lo necesitan, por ejemplo, la Universidad Intercultural de Baja California, creada en el año 2021 en el municipio de San Quintín.
La congresista expuso la necesidad de establecer un centro de estudios de educación superior como la UPBC o la UABC, en la zona poniente de Mexicali, “para proveer a la comunidad con oportunidades de seguir estudiando en un entorno inclusivo y de calidad, según los estándares de la educación pública superior, consideradas en la Ley General de Educación Superior y el Programa Sectorial Educativo de Gobierno del Estado”.
En el mismo sentido, subrayó que dentro de la presentación del Programa Sectorial Educativo del Gobierno del Estado para el periodo 2022-2027, la Gobernadora Constitucional de Baja California, Mtra. Marina del Pilar Ávila Olmeda, menciona que “…De forma inclusiva, nuestro sistema educativo abraza a todo aquel que reside en el territorio de la entidad, con especial atención a las poblaciones en desventaja social y/o económica, para brindar en todo momento la cobertura y las mismas oportunidades…”.
La diputada Michel Sánchez también destacó que dentro de la zona poniente del municipio de Mexicali no se encuentra ni una sola institución educativa de nivel superior, además de que la población que reside en esta zona -que según el último censo realizado por el INEGI son un total de 158 mil 558 personas mayores de dieciocho años – se presume en una condición desigualdad al momento de buscar acceder a esta garantía individual que debe proveerse como estado.
