Skip to main content

Etiqueta: congreso bc

Aprueban exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre cámaras de videovigilancia

  • “La seguridad no se limita a la ausencia de delitos graves, debemos insistir en que se nos proporcione la información”: diputada Alejandrina Corral


El Congreso del Estado emitió un atento exhorto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que informe respecto a la cantidad de cámaras instaladas actualmente en el estado, así mismo cuántas han sido instaladas en cada uno de los municipios, de acuerdo con lo que contemplaba el proyecto presentado y que informe puntualmente cuándo se finalizaría con la primera etapa de este proyecto y se iniciaría con la segunda etapa.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada panista Alejandrina Corral Quintero. Cabe mencionar que ya se había presentado con anterioridad, el 20 de junio del 2024 en Sesión Ordinaria de la XXIV Legislatura de este H. Congreso, sin embargo, no se ha dado contestación a la información solicitada.

La inicialista expuso que “es de suma importancia insistir en que se nos proporcione la información, es crucial reconocer que la seguridad no se limita únicamente a la ausencia de delitos graves como el robo, la violencia o el narcotráfico, sino que abarca un espectro más amplio de aspectos que influyen en la calidad de vida de los habitantes”.

Por lo que se emite un atento y respetuoso exhorto, en vía de recordatorio, al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja CaliforniaGral. Brig. D.E.M. Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, a efecto de que informe cuántas cámaras están instaladas actualmente, cuántas se encuentran funcionando, los beneficios y resultados en materia de seguridad pública que se han obtenido con la instalación de éstas y las fechas de inicio y terminación de la primera y segunda etapa de instalación.

Cabe mencionar que, en sesión ordinaria del 12 de mayo de 2022, se aprobó el dictamen No. 85 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre la autorización al Poder Ejecutivo del Estado, para celebrar contrato de servicio plurianual para el “Servicio Integral de Equipamiento, Instalación, Mantenimiento e Integración Tecnológica para el Sistema Estatal de Videovigilancia en el Estado de Baja California”, para reforzar el sistema de videovigilancia en el Estado, ampliando las cámaras de 200 a 4 mil en los siete municipios.

Legisladores evalúan resultados de seguridad en Baja California durante la glosa del Tercer Informe

  • Diputado Jorge Ramos convoca a trabajar en conjunto para atender temas de inseguridad y fortalecer la prevención.


En sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, presidida por el diputado Jorge Ramos Hernández, se analizaron los resultados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo del General Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, en el contexto del Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal.

Durante la actividad, las y los legisladores de la ComisiónRamón VázquezJaime CantónAraceli Geraldo NúñezDaylín García y Fidel Mogollón, así como los demás diputados que se adhirieron a la comparecencia, formularon diversos cuestionamientos sobre el reporte presentado.

Se abordó el tema del seguimiento a mujeres víctimas de violencia, especialmente cuando el agresor tiene poder político. El secretario Aguilar Durán explicó que el protocolo de atención es igual para todas las mujeres, sin importar el estatus del agresor, y aseguró que se brinda alojamiento en albergues o custodia en sus hogares para protegerlas de manera efectiva.

Sobre la percepción ciudadana de inseguridad que manifestaron algunos legisladores, Leopoldo Aguilar aseguró la importancia de abordar el problema de manera integral, con la colaboración de los tres niveles de gobierno y la ciudadanía.

A pesar de que las estadísticas muestran una baja en los delitos, la seguridad no mejorará mientras exista la venta y consumo de drogas y la portación de armas.

Otro punto de discusión fue sobre posibles cambios en la estrategia de seguridad para el próximo año, a lo que el compareciente informó que se planean ajustes en la estrategia con un enfoque en la prevención en zonas marginadasdel estado. Indicó que existen 53 áreas identificadas para recibir atención en seguridad, educación, cultura y salud.

Asimismo, se le cuestionó si cuentan con un diagnóstico preciso en torno a la delincuencia en Tijuana. Ante esto el titular de la secretaría explicó que el consumo de drogas es uno de los principales problemas, generando disputas entre grupos criminales. Además, destacó que la población flotante y la diversidad cultural complican la situación, y subrayó la necesidad de coordinar esfuerzos con el gobierno municipal, algo que la administración anterior no asumió.

En cuanto a los programas de prevención del delito, refirió que han demostrado ser efectivos para reducir conductas de riesgo, especialmente a través de iniciativas como el programa Virtus, que este año alcanzó a más de 100,000 estudiantes, se busca generar conciencia desde temprana edad, al permitir a los jóvenes experimentar en un entorno virtual, las consecuencias de tomar malas decisiones sin que se presenten efectos negativos reales.

El servidor público en su opinión sobre el “cobro de piso”, expuso que esta acción es una evolución del delito de secuestro, que se tiene que tipificar para perseguirlo y acotarlo legalmente para fortalecer la denuncia.

Con respeto a los ciberdelitos reconoció que es un tema con un espacio muy amplio, poco legislado y poco conocido.

En su intervención el legislador Jorge Ramos expresó su preocupación por el alto índice de violencia intrafamiliar en Baja California y planteó las siguientes preguntas. Primero, consultó sobre el estado ideal de coordinación con los gobiernos municipales, quienes concentran el 80% de la fuerza policial, para combatir eficazmente este problema.

En segundo lugar, destacó el desfasado crecimiento de la policía en Tijuana, donde el número de agentes se ha mantenido igual pese al crecimiento poblacional en los últimos 15 años, y preguntó qué medidas podrían impulsar el aumento de aspirantes y graduados en las fuerzas policiales.

Para dar respuesta Leopoldo Tizoc precisó que cinco de los siete municipios están ya en el programa Escuadrón Violeta, y dos más se incorporarán pronto. Además de la prevención, es esencial intervenir a nivel cultural y educativo, reeducando a la población. Si bien las denuncias de violencia familiar han aumentado, no significa necesariamente que el problema crezca, sino que hay mayor conciencia y denuncia al respecto.

Además, destacó que el crecimiento de las policías municipales está limitado por la politización de la seguridad y la falta de recursos, lo que dificulta la creación de una estructura sólida de seguridad pública.

Finalmente, el diputado Ramos Hernández extendió una invitación al secretario de seguridad para participar en mesas de trabajo y abordar las iniciativas surgidas durante la comparecencia, que incluyen la legislación sobre el registro de agentes de seguridad privada, la incorporación de la prevención del delito en la Secretaría de Educación, el ciberdelito, la creación de la policía cibernética, el tema del cobro de piso, y el establecimiento de bases de coordinación.

4o

Propone Diputada Araceli Geraldo reformar el código civil para incluir figura de divorcio incausado

• Realizar la adecuación del marco jurídico acorde a las nuevas directrices constitucionales emitidas por la SCJN

Con el objeto de adecuar el marco legal para prever el divorcio sin expresión de causa y establecer un fundamento para que los jueces den certeza a las resoluciones que dicten, la diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Baja California.

Al sustentar su iniciativa, la inicialista indicó que es necesario realizar la adecuación de nuestro marco jurídico acorde a las nuevas directrices constitucionales, así como la jurisprudencia obligatoria emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que en el estado aún se impone la carga procesal de acreditar los hechos y la de acreditar las excepciones opuestas al demandado.

Abundó que, en nuestra legislación civil aplicable en materia familiar, se establece una relación de causales, lo que genera un camino difícilcostoso y perjudicial tanto para los cónyuges, como para sus hijos o familiares ya que, en muchas ocasiones, utilizan a las y los menores para causar daño a la parte contraria o como moneda de cambio, por capricho o venganzas personales, dependiendo del tipo de causal invocada.

Asimismo, indicó que se genera un problema mayor a los jueces y servidores públicos de los juzgados familiares y abogados litigantes, pues al exigir la comprobación de una causal es necesario presentar los medios de prueba y desahogar un sinfín de notificacionesdiligencias y audiencias en el proceso, lo que implica una carga laboral para los juzgados familiares con requerimientos económicos y humanos para la impartición de justicia.

Subrayó que cuando existan acciones relativas a la pensión alimenticiacustodia y convivencia con hijos menores de edad, así como lo referente a liquidación de la sociedad conyugalmedidas precautorias y todas aquellas que tiendan a proteger el interés superior de los menores, dichas acciones quedarán a salvo para el cónyuge que tenga derecho a ejercerlas a través de los medios establecidos en la Ley de la materia.

La Suprema Corte, mediante jurisprudencia, ha dado la pauta para que se puedan sustanciar esos procedimientos, inclusive 19 de 32 Estados ya adecuaron su marco legal para incluir el divorcio sin expresión de causa, por lo que se propone reformar los artículos 263 y 264 del Código Civil para el Estado de Baja California, para que sea incorporada dicha figura.

XXV Legislatura recibe a la titular de la Fiscalía General del Estado para desglosar su informe

  • Legisladores reconocen la labor de la FGE y llaman a intensificar el combate a la delincuencia
  • Ma. Elena Andrade expone avances en seguridad, reducción de delitos patrimoniales y acciones frente a la corrupción policial

Ante la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y demás diputaciones de la XXV Legislatura, compareció la Titular de la Fiscalía General del Estado (FGE)Ma. Elena Andrade Ramírez, para desglosar su primer informe de actividades correspondiente al periodo del 23 de agosto de 2023 al 22 de agosto de 2024, con el objetivo de rendir cuentas sobre su gestión y proporcionar información más detallada sobre los logros obtenidos.

Durante la sesión, las y los legisladores expresaron sus inquietudes sobre diversos temas relacionados con la seguridad y la administración de justicia en el estado. Entre los principales cuestionamientos destacó la solicitud de información sobre los avances en la reducción de robos a comercios y vehículos. En respuesta, la Fiscal informó que el robo de vehículos ha disminuido un 53% y el robo a casa habitación un 43%, como resultado de operativos específicos y de la intervención en chatarreras y recicladoras informales.

Otro de los temas relevantes abordados fue la propuesta de crear una fiscalía especializada para combatir la corrupcióndentro de las fuerzas policialesAndrade Ramírez explicó que se ha fortalecido el Centro de Control y Confianza, y anunció que próximamente se implementará un programa de evaluación de los elementos policiales en todo el Estado.

En cuanto al estado administrativo en que recibió la FGE, detalló que realizó un análisis del esquema anterior, dirigido por el exfiscal Ricardo Carpio, detectando diversas situaciones que fueron notificadas a Asuntos Internos y la Visitaduría para su investigación.

Respecto a la incidencia del delito de homicidio en el estado, la titular de la FGE aseguró que, aunque la situación es estable, aún se enfrenta a grandes retos debido a que más del 90% de los homicidios violentos están vinculados al narcotráfico, un tema que es competencia del orden federal. La titular enfatizó que la condición fronteriza de Baja California complica el control de bandas del crimen organizado que operan en la entidad.

Además, ante las preguntas sobre elementos de la Agencia Estatal de Investigación comisionados como escoltas a empresarios o artistas, la funcionaria indicó no tener conocimiento de tales casos, y subrayó que ha instruido a los comandantes para evitar estas prácticas. Agregó que, de encontrarse alguna irregularidad en este sentido, se tomarán las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva.

En su mensaje final, la servidora pública reiteró su compromiso para continuar trabajando con el mismo esfuerzo desde el primer día, con el objetivo de alcanzar juntos los programas previstos, especialmente en materia de género, en la atención a los delitos mencionados, en el combate a los delitos de alto impacto, y en la protección de los grupos más vulnerables.

En este ejercicio legislativo participaron por parte de la JUCOPO, el diputado presidenteJuan Manuel MolinaJorge RamosDiego LaraAlejandrina CorralYohana GilvajaTere RuizDaylín García y Humberto Valle, además las y los congresistas, Montserrat MurilloAraceli GeraldoMichelle TejedaAngélica PeñalozaEvelyn SánchezMaythé MéndezAdriana PadillaAlejandra AngMayola GaonaJaime CantónRamón Vázquez y Diego Echevarría.

Diputadas y diputados reconocieron la labor y el esfuerzo de todas las personas que forman parte de la institución responsable de la investigación y persecución de delitos, así como de la protección de los derechos de las víctimas y de la sociedad en general, bajo la dirección de Ma. Elena Andrade Ramírez.

Asimismo, instaron a la Fiscalía a continuar trabajando con determinación y compromiso para mejorar las condiciones de seguridad en la entidad, reiterando su disposición para colaborar en el fortalecimiento de la justicia en Baja California.

Presenta Diputada Yohana Gilvaja iniciativa para garantizar las pensiones de las y los trabajadores

  • Es obligación de los municipios y dependencias garantizar la sostenibilidad del ISSSTECALI
  • Intentos de los municipios para saldar deudas mediante terrenos, es una medida insuficiente.

La diputada del Partido del TrabajoYohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de ISSSTECALI, con el propósito de asegurar el pago de las próximas pensiones, en beneficio de las y los trabajadores en la última etapa de su vida laboral.

La inicialista considera necesario que las fuentes de trabajo, es decir, las dependencias y organismos del Estado y Municipios, reasuman la obligación de brindar las pensiones frente a la imposibilidad evidente por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado, producida por el prolongado incumplimiento de los propios sujetos obligados.

En Baja California, al igual que en otras entidades, surgieron direcciones de pensiones civiles que luego se transformaron en organismos públicos descentralizados, con autonomía y recursos propios.

Al principio, estos institutos gozaron de finanzas sólidas y una gestión adecuada, guiada por normas de administración, actuaría y auditoría estándar.

“Con el tiempo, los institutos de pensiones se desviaron de su función principal debido a intereses políticos; las juntas de gobierno aprobaron gastos ajenos a su propósito, como eventos y celebraciones, mientras que municipios y dependencias estatales dejaron de cumplir con sus aportaciones, lo que provocó atrasos y finalmente un incumplimiento total que comprometió la sostenibilidad de las pensiones”, destacó la legisladora.

En los últimos años, los municipios han intentado saldar su deuda con ISSSTECALI mediante la entrega de terrenos, pero agotaron sus reservas territoriales sin cubrir los adeudos.

Las dependencias estatales, por su parte, no pudieron recurrir a este método, lo que ha llevado al Instituto a una situación disfuncional.

A razón de lo anterior, la alternativa de solución propuesta por Yohana Gilvaja sugiere que, mediante medidas de austeridad y una administración rigurosa, los municipios puedan generar recursos necesarios para cumplir sus obligaciones con los trabajadores.

“Asumir directamente estas responsabilidades motivará a encontrar una solución permanente, ya que los costos crecientes de los pagos directos impactarán significativamente en sus finanzas”.

Congreso de BC avala proyecto de reforma que establece la supremacía constitucional

  • Con 19 votos a favor y 5 en contra se aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto emitida por la Cámara Federal de Diputados.
  • Las reformas a la Carta Magna reflejan la voluntad del pueblo y necesitan un proceso democrático para convertirse en la norma suprema del orden jurídico.

En sesión extraordinaria, las legisladoras y legisladores locales, aprobaron por votación mayoritaria la Minuta con proyecto de decreto remitida por la Cámara Federal de Diputados para establecer la impugnabilidad de las acciones o reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Manuel Molina García, presentó el Acuerdo Parlamentario que contiene el proyecto legislativo que propone añadir un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución.

Este párrafo tiene como objetivo declarar improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que intenten impugnar las modificaciones a la constitución aprobadas mediante el proceso legislativo correspondiente.

También se plantea reformar la fracción segunda del artículo 107 para señalar la no procedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Carta Magna.

Entre las principales motivaciones de los senadores y diputados inicialistas, se destaca que las reformas a la Constitución representan la voluntad soberana del pueblo y requieren un proceso democrático en el que el Congreso y las legislaturas estatales debaten y votan sobre su procedencia.

Este ejercicio no solo permite expresar diversas posturas, sino que también implica acatar la decisión que se convierte en la norma suprema del orden jurídico, diferenciándose de los actos legislativos ordinarios.

El Poder Judicial no puede impedir o modificar las reformas, según el artículo 135 de la Constitución; la Suprema Corte de Justicia ha determinado que las reformas son inmunes a la revisión jurisdiccional y no pueden ser impugnadas por medios de control constitucional.

Así, el Poder Revisor tiene la potestad exclusiva de reformar la Constitución, garantizando su autonomía frente a cualquier control externo.

Con esta aprobación, el estado de Baja California, a través de la XXV Legislatura, se convierte en la sexta entidad en fortalecer la voluntad del pueblo.

Propone Diputado Molina penalizar a ‘Diputados faltistas’ para que no cobren sueldo

  • La asistencia a las sesiones y comisiones es clave para cumplir su deber constitucional y decidir asuntos que impactan a la ciudadanía.
  • También se contempla la obligación de habilitar Módulos en los distritos para atender a la población en sus demandas y solicitudes.

Con el objetivo de asegurar la responsabilidad de las diputadas y diputados en su asistencia en el Pleno y las Comisiones del Congreso, el diputado Juan Manuel Molina García presentó una iniciativa que propone penalizar las ausencias injustificadas con la suspensión proporcional del salario.

Además, sugiere que aquellos que falten a dos sesiones consecutivas sin justificación sean sustituidos por sus suplentes.

El promovente consideró en su exposición que el proyecto de nación de MORENA se centra en una gestión austera, responsable y honesta del gasto público, evitando despilfarros y desvíos.

“La ciudadanía rechaza a los funcionarios que no asisten a trabajar, pero reciben un salario cubierto por sus impuestos, exigiendo que los legisladores actúen con la misma responsabilidad que se espera de ellos”.

La asistencia de las y los legisladores a las Sesiones de Pleno y a las Comisiones constituye una de las más importantes funciones que desempeñan, pues en estas se plantean, discuten y debaten los asuntos en el ejercicio de legislar, fiscalizar y decidir sobre situaciones que impactan en la vida del Estado y en consecuencia de los ciudadanos.

“Desde el momento en que aceptamos este cargo, éramos conscientes de lo que implicaba la asistencia y participación, ya que son elementos fundamentales de la responsabilidad que asumimos al ser elegidos, por ello es importante reforzar nuestro compromiso con nuestra labor, así, enviaremos un claro mensaje al pueblo de que: aquí venimos a trabajar”, precisó Molina García.

Por otra parte, la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, también plantea que cada diputada y diputado, tengan la obligación de abrir Módulos de Atención Ciudadana accesibles en horario y ubicación que correspondan a su distrito, para atender adecuadamente las demandas y solicitudes de la población.

En este respecto, Juan Manuel Molina argumentó: “Esto obedece a que cada legislador cuenta con una partida presupuestal para ello, y se deben evitar situaciones del pasado donde la misma ciudadanía se quejaba del alejamiento irresponsable de aquellos que alguna vez les pidieron el voto”.

Exhorta Congreso a regular cobros por servicios no prestados en instituciones educativas

  • La propuesta presentada por la diputada Araceli Geraldo va dirigida al Secretario de Educación del estado y al representante de PROFECO en la entidad.

El Congreso del estado emitió un atento exhorto al Secretario de Educación en el estado y al representante de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Baja California, para que en coordinación con las autoridades correspondientes, realicen las acciones y/o gestiones pertinentes a efecto de que se impida el cobro desmedido por servicios no prestados por las instituciones educativas privadas.

La propuesta fue presentada por la diputada morenista, Araceli Geraldo Núñez, quien argumentó que la educación en México es un derecho protegido constitucionalmente tal cual dispone el artículo Tercero que toda persona tiene derecho a la educación y que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades con apego a los mismos fines y criterios que la educación pública.

Motivo por el cual la legisladora considera necesario establecer que los particulares que otorguen el servicio de educación, lo hagan dentro de un marco legal más apegado al bienestar social, por lo que debe protegerse a los particulares para que no se les realicen cobros por un servicio que no es prestado.

“Tal es el caso muy reiterado de ciudadanos que acuden a nuestros módulos, madres y padres de familia de diversos colegios de las ciudades de Tijuana y Mexicali, en donde se nos informa que es una práctica muy arraigada en los colegios particulares, que cobren la mensualidad o colegiatura por los meses de julio y agosto, cuando en realidad los educandos no acuden a clases durante dichos meses”, indicó.

Subrayó que en ocasiones sí entran a clases los últimos dos o tres días de agosto y salen de vacaciones los primeros días del mes de julio, sin embargo, se cobra la colegiatura completa por un servicio de educación que no están recibiendo, “por lo que consideramos que el cobro por un servicio no otorgado va más allá y vulnera los apartados y el espíritu y naturaleza que se plasmó en el numeral tercero de nuestra Carta Magna Federal”.

Por lo que se emite un atento y respetuoso exhorto a Luis Gilberto Gallego Cortez, Secretario de Educación del Estado y a Oscar Zárate Chavez, Director de la Oficina de PROFECO Zona Metropolitana de Tijuana, para que realicen las acciones y/o gestiones correspondientes a efecto de se impida el cobro desmedido por servicios no prestados y se lleven a cabo las visitas o inspecciones necesarias para la revisión de estos conceptos aplicados por las instituciones privadas de educación que tienen actividad en el Estado.

Congreso de BC aprueba reforma para sancionar a quienes falsifiquen y usen indebidamente insignias policiales

  • Se establece de dos a seis años de prisión, y se agrava cuando el infractor fue o es miembro de un cuerpo policial.
  • La conducta indebida de algunos miembros de seguridad ha causado desconfianza en la ciudadanía y ha reducido las denuncias contra ellos.

Con el propósito de sancionar a quienes falsifiquen elementos de identificación de instituciones de seguridad pública, así como el uso indebido de estos, de información y tecnología de dichas instituciones, las y los legisladores aprobaron por votación unánime la iniciativa de reforma al Código Penal, presentada por la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda.

Correspondió al diputado Juan Manuel Molina García, en su carácter de presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, exponer ante el Pleno el Dictamen No. 1 de dicha comisión que contiene el total del resolutivo de la reforma.

La inicialista señaló en la exposición de motivos que algunos miembros de instituciones de seguridad policial han llegado a actuar de forma indebida en beneficio propio, abusando de la autoridad que les confiere su investidura, uniforme y equipo. Lo cual ha afectado la percepción de desconfianza ciudadana y ha provocado la abstención de las denuncias contra ellos.

Por otro lado, la mandataria estatal reiteró que la imagen y reputación de las instituciones también se ven dañadas por personas ajenas o no autorizadas, que hacen uso indebido de uniformes y condecoraciones para cometer delitos, lo cual es inaceptable ya que afecta la credibilidad de las instituciones con respecto a la ciudadanía.

Con respecto a la falsificación de elementos de identificación la reforma dispone una pena de prisión de 2 a 6 años y multa de cien a quinientos días a quien, sin la debida autorización, realice cualquiera de las siguientes acciones: produzca, fabrique, confeccione o imprima uniformes, insignias, distintivos, condecoraciones, divisas, siglas, placas o credenciales de identificación de uso exclusivo de dichas instituciones.

Asimismo, para quien aplique balizaje, colores o equipamiento con imágenes o elementos de identificación de dichas instituciones; o almacene, distribuya, adquiera o enajene por cualquier medio o título los elementos mencionados, así como vehículos con balizaje o equipamiento similar.

Si el responsable de las conductas mencionadas es o fue servidor público o miembro de una institución de seguridad o policial, las penas se incrementarán hasta en dos terceras partes.

Por cuanto al uso indebido de dichos elementos se estableció que se impondrá prisión de 1 a 6 años a quien, con el fin de dañar el respeto o la dignidad de una institución de seguridad o policial, obtener un beneficio indebido o cometer un delito, utilice todos los elementos referidos anteriormente.

La pena se aumentará hasta en una tercera parte si el autor es o fue servidor público o integrante de una institución de seguridad pública, hasta un año después de haber dejado el cargo.

De esta manera las diputadas y diputados que integran la XXV Legislatura asumen su compromiso de coadyuvar con la administración estatal, en la búsqueda de la paz y la erradicación de conductas delictivas, al sancionar severamente la falsificación y el uso indebido de uniformes, insignias y otros elementos de identificación, se protege la credibilidad de estas instituciones y se refuerza la confianza ciudadana.

Buscamos avances en materia de derechos humanos: Diputado Jaime Cantón

  • “La lucha por los derechos de la comunidad LGBT ha sido significativa, sin embargo, persisten desafíos y la inclusión plena sigue siendo una prioridad”.

En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, el diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha, presentó un posicionamiento referente a los avances históricos en materia de derechos humanos para la comunidad LGBT en el estado de Baja California.

Durante su exposición en tribuna, el legislador indicó que “como representante del segundo distrito de Mexicali y como el primer diputado de la diversidad del estado, es mi deber moral rendir homenaje y recordar quienes a lo largo de la historia han hecho lo difícil, lo valiente, lo correcto en la lucha por derechos humanos y la igualdad, particularmente de la comunidad de la diversidad sexual, porque no ha sido fácil.

“No fue fácil para el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria salir a marchar por primera vez en nuestro país en 1979, para la Comunidad LGTB en 1995 salir a marchar por primera vez en Tijuana, para Patria Jiménez convertirse en la primera Diputada Federal y para Benjamín Medrano el primer Alcalde abiertamente integrantes de la diversidad sexual en México, la lucha de Víctor Aguirre y Fernando Urías, de Martha Lizárraga y Bertha Llanos”.

Subrayó también que la lucha por los derechos de la comunidad LGBT ha sido significativa, sin embrago, aunque se han logrado avances como el matrimonio igualitario y leyes contra la discriminación, persisten desafíos y la inclusión plena sigue siendo una prioridad.

Asimismo, reconoció la lucha de las diputadas Julia Andrea González Quiroz por lograr hacer ley el matrimonio igualitario en Baja California y Michel Sánchez Allende por lograr el cambio de género en las actas de nacimiento, Miriam Cano por la Ley de adopción para personas del mismo sexo, la lucha de Kenia Cuevas por la memoria y la dignidad de Paola Buenrostro.

No ha sido fácil para Altagracia Tamayo, Juan Álvarez, Alfredo Wong, Mónica Medina, José Luis Márquez, Liam Diaz, Lorenzo Herrera, Vladimir Fernández, Carlos Valenti, María Teresa Diaz Estrada, Jaime López, Raúl Ureña, Salma Luevano, Javier Russell Palazuelos, ni para Susana Barrales, a quien le mandamos nuestra expresión de respaldo desde este Congreso del Estado, nuestra exigencia de justicia a las autoridades correspondientes.

Ha sido tenaz la lucha de la comunidad LGBT, ha obligado a revaluar sistemas de valores, reconfigurar interacciones sociales y avanzar hacia nuevas reivindicaciones. No ha sido fácil y es el momento de revisar el marco jurídico, a fin de robustecer los derechos humanos de la población de la diversidad.

“Rendimos este homenaje a manera de tributo y haciendo un compromiso a luchar por la igualdad y defender el derecho a la felicidad de todas, de todos y de todes, somos herederos de grandes luchas que habremos de honrar, para lograr que mañana sea aún mejor”, agregó.