• Se impondrán de seis meses a doce años de prisión y una multa de treinta a ciento cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización

Con el propósito de garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores al servicio del Estado y los municipios, la diputada Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California para sancionar penalmente a los servidores públicos de las Autoridades Públicas Patronales que omitan el pago de finiquitos laborales o incumplan laudos, sentencias o convenios firmes emitidos por las autoridades laborales.

La propuesta establece que incurre en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades el servidor público que, estando obligado al pago de prestaciones laborales, no las cubra dentro de los 15 días posteriores a la terminación de la relación laboral, o bien, que incumpla sin causa justificada con resoluciones laborales firmes en perjuicio de los trabajadores.

A quien cometa este delito, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, así como una multa de 30 a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión del ilícito.

En su argumentación, la legisladora señaló que, aunque tanto la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California como la Ley Federal del Trabajo contemplan mecanismos de defensa para exigir estos pagos, los procedimientos resultan frecuentemente tediosos y prolongados, afectando el acceso efectivo a la justicia laboral.

“Con esta propuesta buscamos inhibir las malas prácticas arraigadas en algunas administraciones estatales y municipales que, con el fin de evadir su responsabilidad, utilizan artimañas para no cumplir con sus obligaciones, vulnerando así los derechos fundamentales de las y los trabajadores”, subrayó Corral Quintero.

Añadió que el pago íntegro y oportuno de las prestaciones laborales constituye un derecho humano esencial, ya que tiene un impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. “El incumplimiento afecta no solo la estabilidad económica, sino también la salud emocional y las relaciones familiares de quienes han dedicado su servicio al Estado”, concluyó.