• La iniciativa plantea elevar las penas por falsedad ante autoridades de uno a cinco años a un rango de cuatro a ocho años de prisión, además de incrementar las multas.

Mentir deliberadamente ante una autoridad podría castigarse con hasta ocho años de prisión en Baja California, si prospera la iniciativa presentada por el diputado Beto Valle Ballesteros para aumentar las sanciones por el delito de falsedad ante autoridades.

La propuesta busca reformar el artículo 320 del Código Penal de Baja California, con el objetivo de endurecer las penas contra quienes, teniendo la obligación legal de decir la verdad ante una autoridad, proporcionen información falsa u oculten deliberadamente hechos.

¿Cuáles serían las nuevas penas por mentir ante autoridades?

Actualmente, el artículo 320 establece sanciones de uno a cinco años de prisión y hasta cien días multa para quienes incurran en esta conducta.

La iniciativa de Beto Valle plantea elevar la pena a un rango de cuatro a ocho años de prisión, además de establecer multas de 100 a 300 días.

De acuerdo con el legislador, la falsedad deliberada puede provocar investigaciones innecesarias, decisiones equivocadas, afectaciones a terceros, uso indebido de recursos públicos y retrasos en los procedimientos judiciales.

La iniciativa no busca sancionar opiniones, señala el diputado

Valle, integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aclaró que la propuesta no pretende sancionar opiniones, posturas ideológicas ni establecer una prohibición general para expresar información.

El legislador explicó que la conducta que se busca castigar está relacionada con una condición específica: que exista una obligación legal de conducirse con verdad ante una autoridad y que, aun así, la persona mienta u oculte información de manera deliberada.

Según la iniciativa, el propósito es proteger el funcionamiento de las instituciones públicas y la veracidad de las actuaciones en las que la ley exige decir la verdad.

La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de que pueda convertirse en una modificación al Código Penal estatal.