• La modificación incorpora principios de inclusión, accesibilidad y perspectiva de género en el marco jurídico estatal.
• La reforma planteada por la diputada Araceli Geraldo responde a la tendencia normativa que busca fortalecer la participación desde un enfoque de derechos humanos y equidad social.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el Dictamen No. 77 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se reforman la Constitución Política del Estado de Baja California y la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de fortalecer los principios rectores de los mecanismos de participación democrática.

El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, en la que se establecen como principios rectores la accesibilidad, inclusión, interculturalidad, no discriminación y perspectiva de género, a fin de garantizar una participación ciudadana plena, efectiva y en condiciones de igualdad sustantiva.

La reforma constitucional genera la necesidad de armonizar la legislación secundaria, particularmente la Ley de Participación Ciudadana, para evitar vacíos normativos y asegurar la coherencia jurídica que permita el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía.

De acuerdo con el análisis de la Comisión dictaminadora, la incorporación de estos principios rectores permitirá fortalecer la legitimidad de los instrumentos de participación, ampliar su alcance y consolidar una democracia más representativa, incluyente y con enfoque de derechos humanos y equidad social.

Asimismo, se subrayó que la participación ciudadana debe garantizarse eliminando barreras físicas, sociales, culturales y normativas que históricamente han limitado el acceso de diversos sectores de la población a los procesos democráticos.

Una vez aprobada por el Pleno, la reforma constitucional será turnada a los Ayuntamientos del Estado para su análisis y votación, y de obtenerse la aprobación de la mayoría de los Cabildos, se procederá a realizar la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.