• Colectivas feministas, familiares y ciudadanas marcharon este domingo en Tecate para exigir justicia, prevención de feminicidios y apoyo a las hijas e hijos de mujeres asesinadas.

Con consignas, pancartas y una gran manta con la leyenda “Tecate Feminicida”, mujeres de distintas edades, adolescentes, niñas y familiares de víctimas marcharon este domingo 17 de agosto desde la Plaza de la Juventud hasta la Plaza Bicentenario para exigir justicia por los feminicidios en el municipio y en Baja California.

Al llegar al punto final de la marcha, las participantes leyeron un posicionamiento público dirigido a las autoridades municipales, estatales y legislativas, entre ellas al presidente municipal Román Cota Muñoz, a la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Mariana Mena, a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, y a la diputada Michell Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local.

En el pronunciamiento, denunciaron que Baja California ocupa el segundo lugar nacional en muertes violentas de mujeres y el sexto en violencia familiar, además de contar desde 2021 con una Alerta de Violencia de Género en sus siete municipios. Señalaron que en Tecate los feminicidios no se reconocen como tales y son catalogados como homicidios, lo que invisibiliza la problemática.

Las colectivas también acusaron que el Instituto Municipal de la Mujer permanece ausente en la formulación de políticas de prevención, mientras que la Fiscalía General del Estado no aplica la debida diligencia ni la perspectiva de género en sus investigaciones.

Durante la lectura, se rindió homenaje a 24 mujeres y niñas asesinadas en Tecate, cuyos nombres fueron pronunciados uno a uno, mientras las asistentes respondían al unísono: “¡Justicia!”.

Entre las exigencias planteadas a las autoridades se encuentran:

• Crear un programa de apoyo económico para hijas e hijos de víctimas de feminicidio.
• Elaborar e implementar un plan municipal de prevención de la violencia feminicida con presupuesto asignado.
• Fortalecer y financiar la Unidad de Violencia Familiar (UNIFA).
• Transparentar los recursos destinados a estas acciones.
• Que la Fiscalía realice investigaciones con debida diligencia y perspectiva de género.
• Que el Congreso estatal legisle para que el incumplimiento de obligaciones alimentarias sea considerado delito de oficio.

Las colectivas concluyeron con un llamado:
“No más violencia, no más discriminación, no más invisibilidad, no más feminicidios. ¡Por una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas!”