• La diputada, Dunnia Montserrat Murillo López, presenta iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.

Robo de vehículo sigue siendo uno de los delitos más comunes en Baja California, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha implementado diversas estrategias para reducir su incidencia, señaló la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, al presentar una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, con el objetivo de aumentar las penas cuando el delito afecte a grupos prioritarios.

Durante su exposición de motivos, la legisladora destacó que el robo de vehículo es el segundo delito más cometido en la entidad, con 9 mil 157 denuncias registradas en lo que va de 2024. Según información de la Plataforma Nacional de Transparencia, en casi dos años se han capturado 14 bandas delictivas dedicadas a esta actividad.

El municipio con mayor número de detenciones de estas bandas ha sido Mexicali, donde se registraron tres capturas en 2022, cinco en 2023 y tres más en lo que va de 2024. Aunque se ha registrado una disminución del 35 % en el número de casos en Mexicali durante el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior, el problema persiste.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, el mes de enero fue el más crítico, con 178 robos de vehículo, seguido de 171 en febrero y 176 en marzo.

Como parte de su argumentación, la diputada citó un caso ocurrido en mayo, donde una mujer de 27 años y su hija menor de edad fueron amagadas en el fraccionamiento Infonavit Cucapah, por un hombre que se había ocultado en el asiento trasero de su vehículo. La víctima había descendido de su Ford Fusion gris, modelo 2010, para hacer un trámite en una casa de cambio.

A raíz de este tipo de casos, Murillo López propuso una reforma al Artículo 208 BIS del Código Penal de Baja California, con el objetivo de agravar la pena para quienes cometan este delito en perjuicio de grupos vulnerables.

“Es cierto que, en el caso anterior, se encontraba una mujer y una menor de edad, pero no podemos olvidarnos de los demás grupos de atención prioritaria, por lo que también los estamos considerando para la presente reforma”, señaló.

La iniciativa plantea agregar el siguiente párrafo al artículo mencionado: “Además de la pena prevista en el primer párrafo de este artículo, si a bordo del vehículo se encuentran mujeres, menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad o personas de pueblos y comunidades indígenas, la pena se aumentará de cuatro a ocho años más de prisión.“