• La diputada Alejandra Ang propuso reforzar la ley para garantizar que los espacios destinados a personas con discapacidad sean utilizados únicamente por quienes realmente los necesitan.

Con el propósito de fortalecer la inclusión y garantizar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, la diputada Alejandra María Ang Hernández presentó una iniciativa de reforma a la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California para reconocer de manera expresa su derecho al uso exclusivo de espacios y servicios destinados a este sector de la población.

La propuesta plantea modificar el artículo 5 de la legislación estatal para establecer que los lugares y servicios diseñados para personas con discapacidad, como cajones de estacionamiento accesibles, rampas, espacios preferenciales e infraestructura adaptada, sean utilizados únicamente por quienes los requieren, evitando prácticas que limiten o vulneren su acceso.

La legisladora señaló que la inclusión debe entenderse como un derecho humano fundamental y no como una concesión, por lo que consideró indispensable fortalecer el marco jurídico para eliminar las barreras físicas y sociales que aún enfrentan miles de personas en su vida cotidiana.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Baja California más de 151 mil personas viven con alguna discapacidad visual, motriz, auditiva u otra condición que requiere medidas adecuadas de accesibilidad y movilidad para garantizar su participación plena en la sociedad.

En ese sentido, reconoció que recientemente el Cabildo de Mexicali aprobó que personas con autismo puedan acceder al denominado Tarjetón Azul, documento que permite el uso de espacios de estacionamiento para discapacidad. Sin embargo, advirtió que aún persisten conductas que afectan el acceso y aprovechamiento de áreas reservadas para este sector de la población.

La congresista destacó que el reconocimiento expreso de este derecho permitirá fortalecer las acciones de prevención y protección frente al uso indebido de espacios accesibles, además de brindar mayores herramientas a las autoridades para promover una cultura de respeto, accesibilidad e inclusión, en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias.