• El Tesoro de EE.UU. sancionó a empresarios y a la ex alcaldesa de Rosarito por presuntos vínculos con la red de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a varios individuos y empresas en Playas de Rosarito por presuntos vínculos con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, encabezada por los hermanos Alfonso y René Arzate García.

De acuerdo con el comunicado oficial, René Arzate mantiene el control de Rosarito mediante asociados como Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, quienes operan junto al empresario Jesús González Lomelí, señalado como operador financiero de alto rango del cártel. González es propietario de bares, restaurantes y resorts en Rosarito y otras partes de México, entre ellos Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, negocios presuntamente usados para lavar millones de dólares en ganancias del narcotráfico.

El Tesoro estadounidense también identificó a Candelario Arcega Aguirre, operador político con presunta influencia en el gobierno municipal de Rosarito, quien mantenía relación cercana con la exalcaldesa Hilda Araceli Brown Figueredo. Según la investigación, tanto González como Arcega habrían servido como intermediarios entre Brown y los hermanos Arzate, gestionando pagos de extorsión y protegiendo operaciones del cártel a través del Departamento de Seguridad Pública municipal.

Como parte de la acción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a 14 empresas vinculadas a González, incluyendo Grupo Hotelero JJJ, Complejo Turístico JJJ, Operadora de Espectáculos, Alimentos y Bebidas J&R, Sunset Servicios Gastronómicos y Coco Beach Bar, entre otras. También se sancionó a la empresa de transporte Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. de C.V., propiedad de Arcega.

Las sanciones fueron emitidas bajo la Orden Ejecutiva 14059 y la Orden Ejecutiva 13224 (en su forma enmendada), lo que implica el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, además de restringir operaciones financieras internacionales para las personas y empresas designadas.