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El diputado Edgar Benjamín Gómez Macías, en su calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en conjunto con todos sus integrantes, presentó por Oficialía de Partes del Congreso del Estado, una Iniciativa para crear la Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado.

“En Baja California estamos comprometidos en legislar en materia de responsabilidad, por daños ocasionados al ambiente, indemnización y compensación de las víctimas de la contaminación”, indicó el legislador. Subrayó que esta Entidad, se precia de sus riquezas en biodiversidad, fuentes hídricas, diversidad cultural, aves, insectos, entre otros, los cuales, se encuentran en peligro; su patrimonio ambiental, su soberanía y su supervivencia.

Por ello, dijo que nace la obligación de implementar la cultura de la responsabilidad ambiental. Consideró que, el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales, es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda y que deberá́ proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el de resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.

Para el legislador Benjamín Gómez, es impostergable construir un sistema de justicia que posibilite la acción corresponsable del gobierno y la sociedad civil en la protección del ambiente; que garantice la efectiva reparación de los daños, la atención a las víctimas de la contaminación y al mismo tiempo que desincentive económicamente a quienes no han optado por el cumplimiento de la normatividad que tutela el ambiente.

Resaltó que, en los últimos años, se han registrado en nuestro País y en nuestro Estado, un sin número de acontecimientos que han tenido como resultado la contaminación de cuerpos de agua, suelos, subsuelo y acuíferos. Así mismo, se han hecho públicos casos de emisiones puntuales de contaminantes que han impactado a sectores amplios de la sociedad, como: descargas ilícitas de aguas residuales y desecho clandestino de residuos peligrosos, por mencionar algunos.

De lo anterior, deviene la necesidad de contar con una Ley de Responsabilidad Ambiental al alcance de la ciudadanía, en el cual la autoridad pueda allegarse de elementos probatorios, valerse de las opiniones de las instituciones administrativas ambientales, e incluso de instituciones académicas y de investigación especializadas. Finalmente expresó que las políticas públicas realizadas en la materia, estipulan lo que considera constituyen las más importantes propuestas para el desarrollo conceptual y práctico de esta rama del ordenamiento jurídico que debe buscar la prevención, regulación y reparación de las conductas que atentan contra el ambiente.