Congreso garantiza transparencia y protección de datos personales con nuevo marco legal en BC
- Legisladores aprueban la creación de dos nuevas leyes que sustituyen el marco normativo anterior, a propuesta del Poder Ejecutivo Estatal
Con el objetivo de garantizar los derechos de transparencia y acceso a la información pública, así como la protección de datos personales, el Congreso del Estado aprobó una reforma integral que actualiza el marco jurídico local a los nuevos lineamientos federales. La medida busca consolidar un sistema estatal que privilegie la transparencia activa, la apertura institucional y la participación ciudadana.
La reforma corresponde al Dictamen No. 57 de la Comisión de Gobernación, presentado ante el Pleno por el diputado Juan Manuel Molina, en seguimiento a la iniciativa enviada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
El pasado 29 de agosto de 2025, la mandataria estatal presentó la propuesta que contempla la abrogación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, además de modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
Como parte del mismo proyecto, también se propuso la expedición de dos nuevos ordenamientos: la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Apertura Institucional y la Ley de Protección de Datos Personales para el Sector Público, ambas aplicables en Baja California.
La reforma se fundamenta en principios de simplificación orgánica, optimización de recursos públicos y fortalecimiento institucional. Entre los cambios, se asignan nuevas responsabilidades a órganos internos de control y órganos desconcentrados, con el propósito de garantizar independencia funcional, rendición de cuentas y participación ciudadana en el ejercicio del derecho a la información.
Las nuevas leyes integran criterios jurisprudenciales emitidos por el extinto INAI, estándares de lenguaje incluyente y accesible, principios de gobierno abierto y un enfoque de transparencia social.
De igual manera, se incorpora un apartado sobre apertura institucional como modelo de colaboración entre sociedad y Estado, y se fijan nuevas obligaciones en materia de Gobierno Abierto, fomentando la reutilización de la información pública conforme a metodologías del Sistema Nacional.
Finalmente, las nuevas autoridades garantes en el ámbito local estarán conformadas por: Transparencia para el Pueblo, propuesto como órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; la Contraloría Interna del Poder Legislativo; el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial; y los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos.
