Diputada Tere Ruíz alza la voz: Las playas son del pueblo, no de la élite
- Presentó un exhorto urgente a SEMARNAT para garantizar el acceso libre y gratuito a las playas del estado
- Exige la revisión de las concesiones otorgadas a particulares en la franja litoral, ante el creciente cierre indirecto de espacios públicos
En defensa del derecho ciudadano a un medio ambiente sano y al uso libre de los bienes nacionales, la diputada Teresita del Niño Jesús Ruiz Mendoza, integrante del PES, presentó ante el Pleno de la XXV Legislatura un punto de acuerdo solicitando a la SEMARNAT medidas urgentes para garantizar el acceso libre y gratuito a las playas del estado, así como la revisión de concesiones privadas en la zona costera.
El exhorto fue dirigido a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena Ibarra, a quien se solicita instruir al personal de su dependencia para instalar señalética visible cada tres kilómetros a lo largo de las carreteras costeras, con el fin de asegurar el acceso público a las playas de Baja California, en cumplimiento de la Ley General de Bienes Nacionales.
“Las playas son bienes nacionales, no propiedad privada, no podemos permitir que se conviertan en espacios exclusivos para quienes pueden pagar”, expresó la legisladora.
La diputada Tere Ruiz también solicitó que se ordene una revisión exhaustiva de las concesiones otorgadas a particulares en la zona costera, para verificar el cumplimiento de las condiciones legales, ambientales y sociales que rigen dichos permisos.
“La elitización de nuestras playas es una forma silenciosa de exclusión social. Baja California merece espacios públicos accesibles para todas y todos”, añadió.
La legisladora denunció que, aunque la ley prohíbe bloquear el paso a las playas, en la práctica muchos desarrollos turísticos, hoteles y residencias privadas impiden el acceso mediante bardas, vigilancia privada o cobros indebidos, afectando especialmente a sectores vulnerables.
Con el respaldo del Pleno, este exhorto representa un paso firme hacia la restitución del derecho de las y los bajacalifornianos al disfrute de su patrimonio natural.
